Nosotros y la cultura prohibida, censurada, perseguida

Poco podía pensar, hace medio año, cuando escribí un artículo con motivo de la entrega del Premio Abogados de Atocha a nuestros cantautores, aquellos que defendieron la libertad en la negra dictadura franquista, que iba a tener que volver sobre el asunto. Luís Pastor, uno de los cantautores que recogió el galardón, ha sido sometido a la censura, la suspensión y la prohibición de un concierto, por parte de los nuevos gobernantes de la capital.

No es la primera vez que ocurre algo así en los últimos tiempos. Ya ocurrió con César Strawberry, el cantante del grupo Def Con Dos y ahora vuelve a ocurrir con Luís Pastor y su hijo Pedro, entre el silencio del “popular” alcalde, el pio-pío que yo no he sido de la ciudadana vicealcaldesa, el mirar para otro lado de la concejala de Cultura y el aplauso de la ultraderecha rampante y enaltecida. Todo ello viene a poner de relieve quién va a mandar de verdad en Madrid durante los próximos cuatro años.

La reacción de los tertulianos de la derecha, los creadores de tendencia a sueldo de los poderosos, esos mismos que defienden el pelotazo inmobiliario en Chamartín, al tiempo que la libre contaminación en Madrid Central, no puede ser más estrambótica.

Justifican la prohibición del concierto de Strawberry, no en función del grupo musical, sino en base a una sentencia del Supremo, que revisa el archivo anterior de la causa por parte de la Audiencia y le condena a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Una sentencia, por cierto, pendiente de los tribunales de Derechos Humanos y cuestionada por Amnistía Internacional como una vulneración más de la libertad de expresión en España.

Con respecto a Luís Pastor, como no hay sentencia de la que echar mano, vienen a decir que se trata de una decisión acertada y hasta le viene bien, porque va a tener como consecuencia el aumento de sus conciertos. Escuchando este argumentario redactado en el despacho de algún coach en comunicación al servicio del partido de turno y pagado con el dinero de todos los contribuyentes, cuando no con alguna caja B, la desolación del tiempo pasado se apodera del más pintado.

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El fraude de la renta mínima

Tras la Huelga General del 14-D, aquella primera gran huelgona de la España democrática, CCOO y UGT presentaron una Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) en la que incorporaban las principales reivindicaciones sindicales dirigidas al gobierno de Felipe González.

Una de aquellas propuestas de los sindicatos reivindicaba la instauración de una Renta Mínima que, junto a las pensiones contributivas, no contributivas,  las prestaciones por desempleo, o de atención a la dependencia, se constituyera en la última red de protección para aquellas personas que carecían otro tipo de ingresos.

El gobierno socialista, de la mano de la ministra Matilde Fernández, se embarcó en un tortuoso debate sobre la caña y el pez. Si era preferible dar peces, o enseñar a pescar. Dieron curso a la exigencia de crear las pensiones no contributivas para quienes no hubieran cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral y dejaron en manos de las Comunidades Autónomas la instauración de la Renta Mínima, dando lugar a modelos muy distintos y aplicados a ritmos muy dispares. Hubo que esperar al gobierno Zapatero para ver aprobada una Ley de Atención a las situaciones de dependencia.

Pero a principios de los 90, Navarra, Euskadi, Cataluña y Madrid fueron los primeros en dar el paso de crear programas de rentas mínimas en España. En Madrid los sindicatos comenzamos a negociar la Propuesta Sindical Prioritaria, madrileñizada, con el gobierno de Joaquín Leguina. Elena Vázquez era entonces la Consejera responsable del Bienestar Social y los Servicios Sociales.

La revolución que se avecina

Pese a lo que digan los diccionarios, la revolución no se define por una explosión violenta y radical que convulsiona las instituciones y produce bruscos cambios políticos, sociales, económicos y culturales.

A toro pasado, tendemos a identificar la revolución con un día, un mes y un año, en el que ha ocurrido un hecho extraordinario, inesperado, impulsivo, con frecuencia sangriento, que altera el curso de la Historia. Sin embargo, esa fecha es sólo la explosión que acelera unos cambios que ya estaban ahí, que eran consecuencia de una crisis desencadenada, pero cuyos síntomas más alarmantes no habían dado aún la cara.

Ese proceso consiste, tal como nos enseñó Antonio Gramsci, en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo todavía no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Lo peor es que la muerte no se ve, o no se quiere ver venir. Lo viejo se aferra a la vida que conoce, sin darse cuenta de que un volcán está a punto de explotar.

Abramos los ojos para ver, o cerremos los ojos para imaginar, un mundo sometido a profundas transformaciones y acelerados cambios tecnológicos. Un mundo en el que el cambio climático y los efectos devastadores de la insostenibilidad del modelo de crecimiento producen no sólo malas cosechas, sino el abandono de los campos, el éxodo a las ciudades, el desplazamiento de millones de personas hacia lugares desconocidos y extraños, en busca de un futuro para ellos y sus familias.

Un mundo en el que la crisis económica se convierte en permanente, aunque los ricos siguen siendo muy ricos y en su día a día no se dan cuenta de que los pobres son cada vez más pobres. Los centros urbanos se encuentran cada vez más congestionados. La delincuencia, la sensación de vivir en inseguridad, los disturbios ocasionales, la contaminación e insalubridad del aire se convierten en lo habitual y cotidiano.

La seguridad es cosa de izquierdas

No es lo mismo estar seguros que sentirse seguros. La seguridad que percibimos es tan importante como la seguridad que realmente tenemos. La seguridad, como la pobreza, siempre tiene un componente subjetivo importante. No es lo mismo ser pobre en un país donde la mayoría de las personas vive en situación de pobreza, que ser pobre de solemnidad en un país como el nuestro. Probablemente la sensación de pobreza es menor en el primer caso que en el segundo.

Si comparamos el estado de la seguridad ciudadana en España, no sólo con el de África, o el de América Latina, sino con el de Estados Unidos, ganamos por goleada, tanto en porcentajes de delitos cometidos, de asesinatos que se producen, de personas encarceladas, o en libertad provisional. En el consumo de drogas, o las muertes por arma de fuego

La sensación de seguridad, no obstante, depende de más factores, en los que tampoco tenemos nada que envidiar a los estadounidenses. Sentirse seguro depende de elementos que preservan el entorno personal, familiar y social de la ciudadanía.

Aunque nuestras tasas de paro son las más elevadas de Europa, después de Grecia, los niveles de protección de las personas que no tienen trabajo, o carecen de ingresos, son bastante mejores que los de los EEUU. Hasta el porcentaje de personas que duermen en las calles, sin alojamiento y techo, es menor en nuestro país.

Si enfermamos, nuestra sanidad pública asegura que podemos hacer frente a los tratamientos médicos sin jugarnos la ruina económica para pagar una sanidad privada. Si estás embarazada tienes derecho a baja y permisos por maternidad y paternidad.

La sanidad privada estadounidense es muy cara y muy poco eficiente en su relación calidad-precio, mientras que la española, pese a los recortes aplicados con la justificación de la crisis y las operaciones privatizadoras, al calor de la corrupción y tráfico de influencias, favores y puertas giratorias en demasiadas Comunidades Autónomas, figura entre la mejores del mundo y aparece como  la mejor de Europa en los informes internacionales.

Refugiados, mucho ruido y pocas nueces

Y luego, in continente,

caló el chapeo, requirió la espada,

miró al soslayo, fuese y no hubo nada.

Miguel de Cervantes

 

A la vista del debate que se produce en torno a los refugiados y solicitantes de asilo en nuestro país bien pudiera parecer que hay algo importante que debatir. Las imágenes del Mediterráneo convertido en cementerio inmenso y las playas en las que aparecen cadáveres de todas las edades, procedencia y edad han movido muchas conciencias.

Los Ayuntamientos progresistas, del cambio o no, se apresuraron a colocar visibles pancartas con el lema Welcome Refugees. Los Ayuntamientos del eterno retorno de la España de charanga y pandereta se han apresurado a retirar las pancartas de inmediato y sustituirlas por banderas nacionales. Algunas razones supongo que tendrán para oponer enseñas nacionales contra bienvenidas a los refugiados. Ya las iremos conociendo por esperpénticas que terminen siendo.

Sin embargo el debate no tiene motivo alguno, es patético, pura filfa. España es uno de los países que menos esfuerzo ha realizado en toda Europa, en términos absolutos y relativos, para acoger a demandantes de asilo y refugio. Sobre los más de 333.000 demandantes de asilo que han sido acogidos en la Unión Europea durante 2018, tan sólo 2.965 fueron acogidos por España. No llega al 1 por ciento.

En Alemania fueron acogidos más de 139.000, en Francia más de 41.000, en Italia casi 48.000, o en Suecia casi 20.000. En términos relativos, Austria ha acogido más de 2.300 por cada millón de habitantes, Alemania, más de 1.600, Suecia más de 1.900, Luxemburgo 1.660, por poner algunos ejemplos, frente a una España que ha acogido 65 por cada millón de habitantes.

La revolución Premium

La teoría del colapso gana adeptos en cualquier lugar del mundo. Son muchos los que piensan que el modelo de crecimiento del planeta y sus efectos sobre el medio ambiente son ya insostenibles y conducen a la destrucción de la especie humana. Que el crecimiento desbocado del consumo es ya imposible desde hace tiempo.

Que los empleos que creamos desprecian el nivel de cualificación de las personas y nos condenan a empleos inseguros, inestables, precarios, mal pagados y sin derechos. Empleos que no se corresponden con el nivel de cualificación y las expectativas personales. Que son demasiadas las personas que quedan al margen, excluidos, condenados a la pobreza. Que los precios del suelo y la compra y alquiler de vivienda son inaceptables, alimentados por  la burbuja especulativa inmobiliaria y que habrá cada vez más personas que no puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna.

Que la crisis iniciada en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y sus consecuencias sobre la economía, la producción, el empleo y las brutales lacras sociales, no sólo ha sido larga y tremendamente dura, sino que el fin de la recesión no ha acabado con ella. La crisis sigue ahí, como si hubiera venido para quedarse, dejando demasiadas víctimas por el camino y evidenciando la desnudez y la incapacidad del sistema financiero para enfrentar la realidad de una deuda impagable y en aumento.

Intuir el mañana

Pudiera parecer que este artículo se dirige a los políticos del país, que se mueven como personajes desnortados en una comedia que va adquiriendo tientes dramáticos. Pero no. Justo después del segundo fracaso de Pedro Sánchez en dos días, mientras nuestra clase política se embarca en unas cosas que llaman relatos y bandas, yo sigo dándole vueltas a la Formación.

La Formación Profesional se encuentra en el centro de la encrucijada sobre nuestro futuro, no sólo como país, sino como miembros de la Unión Europea. Nuestro pasado, los cambios tecnológicos acelerados, el modelo económico, las expectativas empresariales y las de las personas deberán ser tomadas muy en cuenta para encontrar las respuestas y adoptar las decisiones más adecuadas.

En España la Formación Profesional (FP) ha sido considerada tradicionalmente como una opción educativa marginal y devaluada. Según esa visión, quien puede debe ir a la universidad, quien puede menos debe optar por un Ciclo de Formación Profesional y los fracasados deben ir directamente a buscar empleos de baja cualificación.

Las altas y estructurales tasas de paro en España, que duplican la media de la Unión Europea y sólo son superadas por Grecia, han determinado que la Formación Profesional para el Empleo (FPE) se haya constituido como un sistema paralelo, vinculado al Ministerio de Empleo y separado del Ministerio de Educación.

Un denominado subsistema de FPE, que funciona al margen de los criterios educativos y que ha sido utilizado como un instrumento para intentar ajustar aceleradamente las competencias de los empleados a las nuevas necesidades, o de los desempleados, a las nuevas oportunidades de empleo. Ni aún por esas el empleo ha mejorado.

Una red paralela de formación surgida al calor de los recursos de la cuota de formación, equivalentes al 0´7 por ciento del salario de cada trabajador, o trabajadora. Miles de millones de euros dedicados cada año a la formación, de los que no se beneficiaban ni las universidades, ni los centros públicos de FP, ni los Centros de Educación de Personas Adultas.