DE HORMIGAS Y CIGARRAS. 30 AÑOS DE CEIM

Francisco Javier López Martín
Secretario General CCOO-Madrid

Lo cortés no quita lo valiente. Vaya por delante nuestra sincera felicitación a la patronal madrileña CEIM por la conmemoración de su 30 aniversario.

La Constitución Española, en su título Preliminar, reconoce en su artículo 6 el papel de los partidos políticos, como expresión del pluralismo político para formar y manifestar la voluntad popular. Como instrumento fundamental para la participación política.

Inmediatamente después, el artículo 7, reconoce el papel de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

La Constitución deposita en partidos políticos, empresarios y sindicatos la tarea de vertebrar política, económica y socialmente el estado social y democrático de Derecho que define en su primer artículo. Entre los derechos fundamentales se reconoce el de constituir cualquier tipo de asociaciones salvo las secretas o paramilitares, pero todo ello no obvia la responsabilidad de partidos, empresarios y sindicatos, en la defensa de los derechos y libertades.

Expresada la felicitación y el reconocimiento, quiero detenerme en el Decálogo de Propuestas contra la “desaceleración” o el “momento económico difícil” que atravesamos, enunciado por el Presidente de la Patronal madrileña en su discurso. Coincidimos en siete, discrepamos en tres.

De acuerdo en adoptar medidas negociadas para estabilizar la economía. De acuerdo en la necesidad de integrar y aprovechar la formación de mujeres y jóvenes en las empresas lo cual pasa por corregir la alta temporalidad, la precariedad laboral y la discriminación salarial en ambos casos.

De acuerdo en invertir en formación de los trabajadores, en innovación, en Desarrollo Tecnológico, porque el futuro pasa por la calidad de nuestros productos y servicios, por el mayor valor añadido, por el Desarrollo Tecnológico.

De acuerdo con consolidar el comercio, y los servicios, apostar decididamente por la industria, evitar el desplome de la construcción. Fortalecer el turismo que es el único sector que resiste, aunque comienza a debilitarse el turismo interior. De acuerdo con apoyar ese amplio tejido de pequeñas y medianas empresas para hacerlas viables y generadoras de empleo.

De acuerdo con intentar compensar la caída del consumo interno con mayor proyección y presencia de nuestros productos y servicios en el exterior.

De acuerdo con reflexionar sobre el futuro energético de Madrid porque somos un agujero negro de alto consumo y casi nula producción de energía. Así enunciados los temas de diálogo sobre los que podemos coincidir no son pocos y merece la pena que Gobierno, empresarios y sindicatos los exploremos.

Hay, sin embargo otros temas que en el enunciado llevan la trampa. Así ocurre con la apuesta por el Diálogo Social para “flexibilizar” el mercado de trabajo. Si eso significa más temporalidad, más facilidad de despido, más dualización laboral y discriminación salarial, más externalización y subcontratación, no vamos por el buen camino. Si hablamos de flexibilidad interna de las empresas, de mejor organización del trabajo, de mayor seguridad del trabajo, de mayor seguridad laboral y mayor protección por desempleo, podemos empezar a negociar.

En cuanto a la propuesta de fomentar la libre competencias, una mera declaración de intenciones, porque todos sabemos que el libre mercado no lo arregla todo y menos cuando una parte importante es mercado cautivo y permite la fijación artificial de los precios que pagamos los consumidores, como hemos podido comprobar abundantemente. Detrás del libre mercado se esconde en muchos casos la intención de convertir los recursos públicos que los contribuyentes ponemos en manos de las Administraciones, en fuente segura de negocio para unos pocos espabilados que manejan información privilegiada y bien avenidos con el poder político de turno.

En cuanto a la cantinela permanente de bajadas de impuestos y cotizaciones sociales, no podemos olvidar que los regalos fiscales de Esperanza Aguirre en IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones o impuesto sobre el patrimonio, además de beneficiar fundamentalmente a las rentas más altas, han privado a la Hacienda Autonómica de más de 1.700 millones de euros que ahora, con vacas flacas, serían esenciales para mejorar la sanidad, la educación, la aplicación de la Ley de Dependencia o fomentar la vivienda con protección pública. Además hay que tomar en cuenta que la presión fiscal en España supone el 36,5 por ciento, cuando la media europea se encuentra en el 40,8 por ciento y en el 41,2 por ciento en la zona euro. Recaudamos por impuestos casi cinco puntos menos que nuestros socios europeos. España figura a la cola de Europa en presión fiscal. Convertir el país en un paraíso fiscal no nos va a hacer más competitivos, aunque algunos pocos consideren que les hará mucho más ricos, a costa del debilitamiento del empleo y la cohesión social.

Hasta aquí acuerdos y desacuerdos. Entre las ausencias, nada sobre los problemas de los inmigrantes que comienzan a pagar la factura en forma de desempleo más allá de un genérico reconocimiento de la aportación del trabajo de los inmigrantes al crecimiento de la riqueza empresarial. Nada sobre el necesario fortalecimiento de los servicios públicos, esenciales para la igualdad y la cohesión en tiempos de crisis, más allá de reclamar mayor presencia del sector privado en la gestión de recursos y servicios públicos.

En definitiva sí diálogo para superar la crisis, pero desde la premisa de que los trabajadores no seamos, una vez más, los parientes pobres de esta democracia y desde la convicción de que ni lo salarios, ni las condiciones laborales, son en manera alguna responsables del deterioro de una situación económica que tenía pies de barro y en la que los altos beneficios, no se vieron correspondidos por las mayores inversiones empresariales para estabilizar y consolidar las empresas.

Las hormigas no vamos a pagar los excesos veraniegos de las cigarras.

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