Empezó Arturo Fernández, el Presidente de la Patronal madrileña, CEIM, planteando la necesidad de un nuevo contrato de crisis, con una indemnización de 20 días por año trabajado.
Parecía una ocurrencia del patrón madrileño, encaminada a que se sumase de inmediato el gobierno Aguirre y el problema de la crisis en Madrid pasase a ser un problema del gobierno Zapatero, porque modificar la legislación sobre contratación es competencia del Estado y no de la Comunidad de Madrid.