23-F: TU CITA CON LA VIDA

febrero 21, 2010

Hace ya más de 30 años, el pueblo español se dotó de una Constitución que da por cerrada la dictadura franquista y restituía la legitimidad democrática, que el dictador quebró con un largo y sangriento golpe de Estado, que arrancó, una a una, extirpando hasta la raíz, cualquier planta democrática, convirtiendo el país en un páramo de pertinaz sequía para las libertades.

El 23-F fue el día en el que el último intento de pronunciamiento militar, encabezado por los fantasmas del franquismo, se demostró incapaz de torcer el designio democrático que los españoles se habían dado aprobando la Constitución.

Aquella Constitución, en su artículo 50 establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Leído esto sobrarían palabras, si no fuera porque son muchos los que intentan ignorar el artículo 50, anunciando el fin de la seguridad social y de las pensiones. Cada cual que se pague su pensión futura y el que no pueda hacerlo que se pudra.

La Constitución es muy clara. No son los bancos, la bolsa, ni las aseguradoras privadas las que tienen que garantizar las pensiones de nuestros mayores, sino los poderes públicos, el Estado. Pensiones, por ciento, que deben ser dignas, suficientes y actualizadas.

Cabe extraer, así pues, una primera conclusión. Si las cuotas de trabajadores y empresas no fueran algún día suficientes para costear las pensiones, los poderes públicos deberían asumir su responsabilidad y pagar pensiones decentes, como pagan carreteras, sanidad, educación, o ayudas ingentes al sistema bancario. Con la diferencia de que el sistema bancario no tiene el carácter de derecho constitucional.

Sobran, así pues, consideraciones interesadas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones porque sería tanto como afirmar que no es viable la Constitución, ni sostenible la democracia en este país.

Sostener las pensiones es obligación constitucional del Estado, de los poderes públicos. Nada indica, por lo tanto, que las pensiones tengan que ser pagadas exclusivamente a costa de las cotizaciones de los trabajadores. Dicho lo cual, con un sistema de seguridad social saneado como el que tenemos (nadie olvide que en plena crisis ha seguido generando superávit y que cuenta con un importante Fondo de Reserva que hemos ido dotando desde que se puso en marcha el Pacto de Toledo), sería imprudente detraer recursos del Estado, absolutamente necesarios para potenciar la economía, salvar empresas y empleo, proteger a los parados y fortalecer la protección social, para evitar fracturas sociales.

No viene a cuento, por lo tanto, empezar la casa por el tejado y anunciar recortes en las pensiones, por la vía de alargar la edad de jubilación a los 67 años o ampliando los años de cómputo para cobrar una pensión. Aún menos cuando el argumento que se utiliza, el mismo de siempre, el mismo que auguraban hace quince años, es que habrá muchos mayores dentro de veinte años.

La experiencia ha demostrado que el sistema de Seguridad Social y las pensiones, no dependen del número de mayores que haya en cada momento, sino de la riqueza del país, del empleo que tengamos, de la calidad de ese empleo y la dignidad de los salarios que tengamos.

Dicho de otra manera, da igual cuántos mayores haya dentro de veinte años. Si somos un país pobre, con pocos trabajadores y mal pagados, el sistema actual de Seguridad Social será inviable. Pero en ese caso, muy probablemente, todo el país será inviable.

Nada puede hacernos pensar que ese será nuestro futuro. Si hacemos los deberes y fortalecemos nuestra economía, nuestro empleo, nuestra riqueza y nuestros salarios, el sistema de Seguridad Social seguirá gozando de buena salud.

Claro que habrá que adaptar y acometer reformas en el sistema. Pero hay muchas fórmulas negociables y acordables que no tienen por qué suponer recortes.

Por ejemplo, si la Seguridad Social no tuviera que pagar los complementos de las pensiones mínimas, cada año la Seguridad Social ahorraría cerca de 5.000 millones de euros y sería aún más solvente.

Por ejemplo, en un escenario de personas que vivimos más años, incentivar la prolongación de la vida laboral de forma más intensa, permitiría que un mayor número de personas optasen por jubilarse unos años más tarde de forma voluntaria.

Son solo algunas ideas que hemos aportado y que habría que tomar en consideración antes de prolongar hasta los 67 años la edad para poder jubilarse.

Es cierto que es sólo una “propuesta” del Gobierno, pero apunta en la mala dirección, de forma innecesaria, alimentando un miedo infundado y alentando a cuantos ansían hincarle el diente a los cuantiosos recursos de la Seguridad Social para sus fines e interés privados.

Por eso, para defender una vida digna, para defender las pensiones, CCOO y UGT hemos convocado a toda la ciudadanía a participar en Manifestaciones que recorrerán las calles de toda España.

En Madrid el 23 de Febrero a las 7 de la tarde, entre Neptuno y Sol. Una cita con la vida y el derecho constitucional a una pensión digna.

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Reforma laboral sin sustento

febrero 21, 2010


Joan Coscubiela reflexiona sobre las insostenibles teorías, sin soporte alguno, que alientan una reforma laboral aún más precarizada del empleo en nuestro país.