LEY DE DEPENDENCIA (III): LAS VARIABLES MADRILEÑAS.

El Consejo Territorial compuesto por el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas, aprobó que el plazo máximo para ser valorado y recibir una prestación no debe superar los 6 meses. Un plazo que en Madrid oscila entre los 18 y 24 meses. Madrid es la Comunidad del Retraso en la Ley de Dependencia.

Retraso al que hay que sumar opacidad, ocultamiento, confusión y oscurantismo en los datos. La falta de transparencia es una de las características de nuestra Comunidad.

Una situación que se intenta compensar con propaganda y publicidad. Así acaban de publicar un folleto que nos cuenta que hay 115.000 personas que reciben teleasistencia, pese a que los datos oficiales constatan que sólo 1.457 personas dependientes reciben este servicio. O anuncian 75.000 ayudas a domicilio, cuando los datos reconocen tan sólo 2.936. O hablan de 45.000 plazas en residencias o centros de día, cuando no pasan oficialmente de las 22.800.

Además los datos que presenta la Comunidad en su propaganda son los mismo que publicó en 2007, antes de entrar de lleno la aplicación de la ley. No es lo mismo ser mayor que ser dependiente, aunque sí son contabilizados de la misma forma por la Comunidad de Madrid.

Desde el principio, las normas aplicadas son una demostración de gestión irresponsable. Por ejemplo, si solicitas abrir una residencia y no te contestan, ese silencio se debe entender como una aprobación de la solicitud. Si eres una persona que solicita una prestación de atención a la dependencia y no te contestan, ese silencio es negativo y supone, por lo tanto, una denegación de la solicitud.

De otra parte, en Madrid se aplica la “pasarela”. Quien estaba siendo atendido por los servicios sociales es contabilizado como dependiente y santas pascuas. Así el número de atendidos es alto aunque no se hayan incorporado nuevos dependientes, dando una apariencia de que se prestan muchos servicios y pocas prestaciones económicas. Un mero efecto óptico, porque la realidad es que la gran mayoría de nuevas prestaciones reales, obedecen al criterio de dar un cheque-servicio, o tarjeta-monedero, que no superará nunca los 830 euros como máximo, cuando el precio de una plaza residencial cuesta entre 1.500-2.000 euros como mínimo.

Pese a que la ley impide la externalización de servicios, la Comunidad de Madrid utiliza Empresas de Trabajo Temporal para realizar las valoraciones, lo cual es irregular e ilegal.

En cuanto a los Ayuntamientos, el desprecio es absoluto y no se les toma en cuenta. Y en cuanto a sindicatos y empresarios, en nuestra Comunidad no hay instrumento alguno de participación como el Comité Consultivo estatal.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid.

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