Aquí no paga nadie. O mejor dicho sólo pagamos los asalariados. Cada vez es más evidente que la carga fiscal en España recae sobre los que tenemos una nómina. Sobre los asalariados.
El grueso del fraude fiscal se encuentra en las grandes fortunas, bien asesoradas por despachos de abogados especializados en ingeniería financiera y economía sumergida.
Son numerosos los estudios que ponen de relieve que unos 245.000 millones de euros, el 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), se mueven en la economía sumergida. Si el fraude bajase a la media europea, podríamos recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales.
Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, debería ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno. El del Estado, los autonómicos y las Administraciones Locales. Sin embargo, pese a los Planes de Lucha contra el Fraude, presentados a bombo y platillo, los resultados son más bien modestos. 160 millones de euros más recaudados en Madrid a causa del fraude descubierto entre 2006 y 2009.
Para conseguir resultados más sustanciosos sería necesario incrementar los expedientes investigados, aumentar las inspecciones y combatir la economía irregular. Pero para ello sería necesario que los organismos de inspección contasen con más recursos humanos y materiales.
Mientras esto no ocurra viviremos en el cinismo permanente de ver como se producen regalos y rebajas fiscales, precisamente a quienes más facilidades tienen para evadir sus responsabilidades fiscales. Nuestro sistema fiscal seguirá siendo injusto y desequilibrado.
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid