AGUIRRE O EL MIEDO A LA LIBERTAD

Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. El refrán viene que ni pintado para una Esperanza Aguirre cuya personalidad política se reclama liberal y, en nombre de la libertad perpetúa, justifica y comete toda clase de desaguisados contra el Estado Liberal allí donde es más importante defenderlo, en el centro y capital del propio Estado.

El Estado liberal se define como democrático y se caracteriza por la separación de Iglesia y Estado. El poder viene del pueblo y no de Dios y, por lo tanto, una cosa es la política y otra la Iglesia. Además, la Administración del Estado y la Sociedad no son la misma cosa. La sociedad tiene vida propia y su vertebración y participación son esenciales para el buen funcionamiento democrático. Cualquier liberal sabe estas cosas esenciales.

La Constitución Española en su artículo 9 mandata a los poderes públicos a promover la participación social en las políticas públicas. Pero esto es mucho pedirle a Esperanza Aguirre, que sólo entiende de libertad si tiene que ver con la suya y la de los suyos.

Así, aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos ha recortado 103 organismos y empresas públicas de la Comunidad de Madrid. No seré yo quien diga que todas sin excepción están mal eliminadas. Es probable que, a lo largo de estos más de 25 años de Comunidad Autónoma, para conseguir más eficacia y eficiencia, haya que fusionar organismos, suprimir algunos y crear otros. Incluso ajustar el gasto puede ser una buena razón para modificar la estructura administrativa de la Comunidad.

Pero muchos, obviamente organismos suprimidos no tienen dotación económica y su coste es mínimo. Son otras, las razones que alientan a Aguirre y me temo que la principal no es el ahorro, ni la racionalización, sino cercenar la participación social.

Esperanza Aguirre aprovecha de nuevo la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para introducir cambios profundos que quedan diluidos en el debate presupuestario.

Suprime, en plena crisis, el Consejo de la Mujer, cuando las políticas de igualdad son más importantes y cuando la voz de la mitad de la sociedad es esencial.

Cuando los jóvenes son los más damnificados por la crisis suprime el Consejo de la Juventud.

Cuando hay que repensar el Madrid del futuro, suprime el Consejo de Política Territorial.

Cuando la economía va mal, muy mal, elimina la Agencia Financiera, la Sociedad Capital Riesgo, el Consejo Consultivo de la Industria y el Observatorio Industrial, el Consejo de Promoción Económica y el Consejo de Promoción Turística. Después de las piedras inauguradas en el Campus de la Justicia, el mismo desaparece.

Después de la publicidad desplegada contra la violencia de género, se suprime el Consejo Asesor del Observatorio de la Violencia de Género.

En una Comunidad muy poblada, que necesita proteger el Medio Ambiente, desaparecen las Juntas Rectoras y Patronatos de los Parques Regionales, así como el Consejo del Fuego, y los de Caza y Pesca o el Consejo Forestal.

Después de la lucha contra la anorexia y la bulimia que dio muchas páginas de periódico, se elimina el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentaciones.

Desaparece el Observatorio de Drogodependencia, el Consejo de Servicios Sociales, el Consejo de Salud, o el Defensor del Paciente.

En un momento en el que es necesario abordar el tema de las cualificaciones profesionales, desaparece el Instituto Regional de las Cualificaciones, homónimo del Instituto Nacional. Instrumentos económicos como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Mercado Puerta de Toledo, Turismo de Madrid, Aeropuertos de Madrid. La Comunidad vende sus acciones en empresas como el Centro de Transportes de Coslada, PROMOMADRID, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, o el Parque científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá. Una cosa es reordenar y otra vender al sector privado, suponiendo que el sector privado, en estos tiempos, quiera comprar esas iniciativas.

Desaparecen los Consejos de Cooperativismo y el de Economía Social, el Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo de Fundaciones, el Observatorio Regional de Empleo y formación o el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Así, uno tras otro, de golpe, hasta 103 empresas y organismos públicos. Cuanto se había construido en los mandatos de Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón y en la primera etapa de Esperanza Aguirre. Ese delicado equilibrio de relación entre Instituciones autonómicas y sociedad organizada, queda dinamitado.

Primero se dejan de reunir los Consejos durante años, incumpliendo sus leyes y reglamentos de funcionamiento y al final se justifica su inexistencia y desaparición.

Con estas prácticas políticas, Esperanza Aguirre demuestra su escasa coincidencia con las concepciones del Estado Liberal y aún menos con el Estado Social y Democrático de Derecho que aparece en nuestra Constitución.

Estas políticas de dinamitar la participación social se corresponden más con Estados autocráticos y absolutistas del siglo XVIII, o como mucho a sistemas conservadores de democracia vigilada y controlada. Un régimen asentado en el miedo a la libertad y a la autonomía de la sociedad.

Una democracia en riesgo, asediada por el abuso de poder y la corrupción en la gestión de los recursos públicos.

El 18-D, la ciudadanía madrileña, en las calles, volverá a lanzar un NO rotundo, alto y claro a estas prácticas que nos debilitan como sociedad ante la crisis económica y el paro.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

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