18-D: CONTRA LA LEY MORDAZA


La participación social no está de moda en el Madrid de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid lleva más de 25 años de vida política, e institucional. Hemos tenido gobiernos de Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.

Durante todos estos años hemos ido construyendo una arquitectura institucional para garantizar la participación de la sociedad en las políticas públicas, que contempla el artículo 9 de la Constitución.

De un plumazo, Esperanza Aguirre, esgrimiendo la bandera del ahorro y la austeridad, ha suprimido prácticamente todos los organismos de participación que no son obligados por leyes estatales. El Consejo de la Mujer, el de la Juventud, el de Economía Social, el de turismo, el de Promoción Económica, o los instrumentos de participación en materia medioambiental, desaparecen.

Las organizaciones sociales han denominado como “ley mordaza” a la ley de acompañamiento de los Presupuestos que contempla estas medidas. Explican que el coste de estos organismos es mínimo y que las razones de “ahorro” no se sostienen.

Opinan que se trata de silenciar la opinión de la ciudadanía, eliminar la participación en materias como medio ambiente, sanidad, educación y formación, mujer, violencia de género, integración, desarrollo sostenible, ordenación del territorio, suelo y vivienda, o cooperación al desarrollo.

Acusan al Gobierno regional de despotismo, al no tomar en cuenta los derechos, necesidades, inquietudes e intereses de la ciudadanía.

Haría bien Esperanza Aguirre en escuchar la voz de la sociedad, máxime cuando hablamos de organismos que deben ser preceptivamente consultados, pero cuyos informes y conclusiones no son de obligado cumplimiento. Aún así parecen resultar incómodos para quien considera, desde el ejercicio del poder político, que la información y la consulta suponen una intromisión inaceptable.

La participación social, sin embargo, no puede ser obviada en las democracias, en las cuales el poder político debe contar siempre con la propuesta, la opinión, de la sociedad vertebrada.

La Ley de acompañamiento de los Presupuestos se convierte así en una ley antidemocrática, que apunta al núcleo central de un Estado Social y democrático de derecho. Una ley que no debería pasar la criba del debate parlamentario. Su aprobación supondría un paso atrás en una participación social, que, sin cauces institucionales para expresarse, se encontraría ante una situación preconstitucional como la existente en el franquismo.

La sensatez que reclaman las organizaciones sociales debería abrirse paso en la mentalidad de nuestro Gobierno Regional cuanto antes.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

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