URGENTE REFORMA DE LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Hablamos con muchos trabajadores y trabajadoras en los Ayuntamientos, o en empresas que trabajan para los Ayuntamientos. Negociamos intensamente con muchos empresarios convenios o acuerdos de viabilidad de empresas que trabajan con los ayuntamientos. Escuchamos los temores que acosan a muchos responsables municipales para el inmediato futuro, por la incapacidad de acometer los pagos de las deudas y hasta el mantenimiento de los servicios municipales y su empleo.

Es bien conocido el caso del Ayuntamiento de Madrid. Sus conversaciones con el Gobierno Central, más bien infructuosas. El acogotamiento presupuestario por la imposibilidad establecida de refinanciar su deuda. Pero no es caso único. Muy al contrario. El endeudamiento municipal es mayor o menor, en función de las necesidades y de la decisiones de los políticos al frente de cada Ayuntamiento, pero la crisis está golpeando duramente a todos los municipios.

En Madrid son varios ya los Ayuntamientos que estudian Expedientes de Regulación de Empleo, con pérdidas de puestos de trabajo. Quien más, quien menos, en los Ayuntamientos, asume que intentarán llegar como puedan a las elecciones municipales del mes de Mayo y luego, quien se haga cargo del gobierno municipal, ya verá cómo se las apaña.

Abundan los retrasos sine die, en el pago a los proveedores y en el pago de los salarios a los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos municipales entregados a gestión privada.

Se habla mucho de las Reformas Estructurales que necesita este país. Sin embargo, cuando se habla de esas Reformas, casi nadie hace referencia a la Reforma de la Financiación Municipal. Y sin embargo, este país se juega mucho en los espacios locales. La descentralización administrativa, la transferencia de recursos y competencias ha pasado de la Administración central a la autonómica, pero los ayuntamientos siguen estancados en el suelo, el ladrillo, las recalificaciones, las licencias de obras, como fuente importante para su financiación.

El problema es que esta situación reproducida en miles de Ayuntamientos del país, unido al boom inmobiliario, ha producido problemas muy importantes en la gestión municipal. Clarificar y regular la financiación de los Ayuntamientos es una tarea prioritaria. Por eso hemos decidido apoyar iniciativas municipales encaminadas a acometer los problemas de financiación municipal en tiempos de crisis.

La declaración que hemos firmado con el Ayuntamiento de la capital reclama al Gobierno Central que permita la refinanciación de los vencimientos de la deuda de cada año en un importe igual o inferior a las amortizaciones realizadas a lo largo del año, siempre que las nuevas operaciones no incrementen la deuda.

De otra parte sería conveniente aprobar una línea de crédito ICO dedicada a resolver los problemas de morosidad en las operaciones comerciales de los Ayuntamientos.

Por último, reclamamos el inicio inmediato de los trabajos encaminados a negociar un nuevo modelo de financiación municipal que asegure los recursos municipales necesarios para hacer frente a las competencias reales que los Ayuntamientos gestionan, con el objetivo de que entre en vigor en 2012.

Creemos que adoptar este tipo de medidas tendría efectos muy positivos sobre la estabilidad económica de los Ayuntamientos. Sobre la viabilidad de empresas que, de mantenerse la situación actual, se verán obligadas a cerrar sus puertas. Tendría efectos positivos sobre el empleo directo de los Ayuntamientos, y sobre el empleo en contratas y subcontratas, cuyos trabajadores y trabajadoras sufren retrasos en los pagos de sus nóminas y amenazas sobre su empleo.

Tendría efectos positivos sobre las políticas sociales, hoy en riesgo y efectos políticos muy importantes, si tenemos en cuenta que la mayoría de los escándalos que afectan a la política municipal tienen que ver con la gestión del suelo e inmobiliaria.

La crisis económica será larga y sus efectos sobre el empleo seguirán siendo dolorosos. Los conflictos serán inevitables. Pero encontrar para ellos soluciones negociadas dependerá, en buena medida, de la voluntad de reforzar a los Ayuntamientos, despejando y haciendo transparente y suficiente la financiación municipal.

Francisco Javier López Martín.
Secretario General de CCOO de Madrid.

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