JÓVENES: MAL EMPLEO, MAL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN


El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno a finales de Agosto deroga el contrato para la formación y lo sustituye por un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje. Un contrato que aparentemente pretende alternar la inserción laboral con la formación, bien en la formación profesional para el empleo, o en el propio sistema educativo.

Sin embargo, el efecto real es que se amplía la edad para este tipo de contratos de los 21 años a los 30, en el caso de carecer de cualificación profesional. Esto significaría que algunos jóvenes podrían terminar su contrato de empleo y formación con 33 años. Unos contratos que no tienen porqué tener control alguno desde la negociación colectiva, dando así mayor poder a la decisión unilateral de los empresarios.

La retribución del aprendiz se calcula proporcionalmente al tiempo efectivo trabajado, durante el primer año del contrato. Goza, además, de reducciones entre el 75 por ciento y el 100 por cien de las cuotas empresariales si el contrato termina transformándose en fijo.

El gobierno, ante el fracaso de la Reforma Laboral, que nos llevó a convocar la Huelga General del 29-S de 2010, ha optado por huir hacia adelante, aún sabiendo que de sólo el 3,8 por ciento de los trabajadores menores de 30 años están contratados con este tipo de contrato. Es muy dudoso que este mismo contrato permita contratar a más jóvenes. Y aún menos cuando este contrato se ve complementado con la posibilidad de encadenar indefinidamente contratos temporales.

Además este modelo sólo funciona cuando el nuevo sistema cuenta con el compromiso de empresarios y sindicatos. No es el caso.

Ni el empleo de los jóvenes, ni los problemas del sistema educativo para vincularse con las necesidades de nuestras empresas, tienen solución por esta vía.

Una vez más, el Gobierno lanza mensajes dispersos a los mercados, enmaraña aún más el mercado laboral, debilita el diálogo social, precariza más el empleo y no aporta soluciones a un problema que no tiene que ver con el tipo de contratos, sino con elementos como el sistema financiero, el sistema fiscal, o el debilitamiento del sistema público de protección social

El empleo es el principal problema que tiene este país. El paro es el drama que más compromete nuestro futuro. Debería ser también nuestra prioridad política y social. No es así y ni el Gobierno del PSOE, ni los gobiernos del PP en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, parecen haber entendido que la política tiene la obligación de responder cuanto antes a los problemas y demandas de la sociedad y los trabajadores.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

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