YO, JESUS GÓMEZ RUIZ, ALCALDE PRESIDENTE DE LEGANÉS.

noviembre 16, 2011


El Comité Unitario de los Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés cuenta con dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que representan al 85 por ciento de la plantilla municipal. Han comparecido en rueda de prensa para salir al paso de las declaraciones del Alcalde y su equipo de Gobierno que, de forma reiterada, viene atacando el empleo público, desacreditando a los trabajadores del ayuntamiento , vertiendo insultos y amenazas de cientos de despidos. Todo ello, mientras desprecia la negociación, el diálogo, e incumple el convenio colectivo.

Ante esta situación, los trabajadores del Ayuntamiento decidieron convocar esta rueda de prensa y diversas movilizaciones informativas con paros parciales el 15 de Noviembre.

El Señor Jesús Gómez Ruiz, investido por la autoridad que le confiere ser Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, ha venido manifestando que, en esta Comunidad campeona del paro, y en un Municipio trabajador como Leganés, sobran 800 empleados municipales y afirma esto desde la altura de miras que confieren los 72.628 Euros que cobra de las arcas municipales, es decir unos 5.000 menos que el Presidente del Gobierno, pero más que cinco presidentes de Comunidades Autónomas.

Nuestras representantes unitarias de los trabajadores, venían a pedirle que modifique su actitud y comportamiento. Que dialogue desde el respeto al trabajo de los empleados públicos y sus representantes, tan legítimos y legales como él. Que no intente enfrentar a la ciudadanía de Leganés con el personal municipal. Que no tenemos otro objetivo que prestar servicios públicos de calidad con empleo público de calidad.

La respuesta no se ha hecho esperar en forma de comunicado oficial, al estilo bando, donde “Yo, Jesús Gómez Ruiz, como Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, quiero poner de manifiesto de forma oficial mi postura y opinión”. Hasta aquí, todo correcto. A partir de ahí el improperio propio de quien no mide sus palabras, como cargo público que es.

“Yo, Jesús Gómez Ruiz, como alcalde-presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, quiero poner de manifiesto de forma oficial mi postura y opinión al respecto de las afirmaciones vertidas en la rueda de Prensa que esta misma mañana han ofrecido las representantes de CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Leganés”.

“Lamento decir que la cúpula de CCOO más UGT, que en Leganés se hace llamar CUT, no me merece ningún respeto en lo concerniente a su actividad sindical. ¿Puede hablar en nombre de los trabajadores una señora (Ana María Ruiz Lucas, CCOO) que obtuvo su plaza de funcionaria para toda la vida en una oposición ‘amañada’ y que, por tanto, ‘estafó’ a más de 900 opositores que no pudieron competir con ella en igualdad de condiciones?

¿Puede hablar en nombre de los trabajadores del Ayuntamiento de Leganés otra señora (María Jesús Hidalgo, UGT) que, trabajando con la concejal de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento, que ha sido víctima de un aviso mafioso en forma de robo de documentos, en lugar de contribuir a esclarecer este hecho delictivo y salvaguardar el buen nombre de los funcionarios honrados que trabajan en esa delegación, se dedica a pedir la dimisión de la citada concejal, convirtiendo a la víctima en verdugo?

Me da la impresión de que CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Leganés no están persiguiendo ni la mejora de las condiciones laborales ni la promoción profesional de los trabajadores; más bien, lo que persiguen, y lo hacen desde hace muchos años, es la conservación y aumento de los privilegios de unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría de sus propios compañeros.

A su vez, quiero dejar muy claro que el equipo de gobierno del Partido Popular no tolerará huelgas políticas en campaña electoral, ni mucho menos coacciones y presiones de dos representantes sindicales que no son dignas de erigirse en portavoces de unos sindicatos tan respetables como lo son UGT y CCOO.

Por tanto, y en lo sucesivo, mientras Dª María Jesús Hidalgo no pida disculpas públicas a la concejal de la delegación en la que trabaja por sus injuriosas y desproporcionadas declaraciones contra ella y colabore a esclarecer el delito perpetrado en su propio ámbito laboral; y mientras Dª Ana María Ruiz Lucas no explique cómo es posible que el Partido Popular, estando en la oposición, adivinase con cuatro meses de antelación que las plazas de funcionario a las que ella y otras nueve compañeras suyas aspiraban iban a ser suyas 120 días antes de que los candidatos concurriesen a los exámenes; insisto, mientras no se satisfagan estas dos peticiones, no reconozco como interlocutoras válidas a estas dos señoras y apelo a la responsabilidad de las centrales sindicales mayoritarias para que pidan explicaciones a estas dos personas, ofreciendo al mismo tiempo a sus superiores en CCOO y UGT la máxima colaboración y lealtad en la negociación del próximo convenio colectivo”.

Un comunicado oficial que no merece comentario, o merece comentarios aparte.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


MADRID: PARO SIN SOLUCIÓN

noviembre 15, 2011

Nefastos fueron los datos del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA): 573.000 personas paradas en Madrid.

Pocos días después conocíamos los datos de personas paradas inscritas en las listas del paro: 497.025 personas, con un crecimiento de 11.819 sobre el mes anterior. 25.637 parados más que hace un año.

La situación para muchas familias madrileñas es dramática, porque todos sus miembros están en paro. Para otras muchas, llegar a fin de mes se ha convertido en un imposible. Para no pocas, hacer frente al pago de la hipoteca de su primera vivienda, constituye una amenaza permanente y un riesgo de verse arrojados a la calle.

Parece una obviedad que las instituciones internacionales consideren el paro como el primer y principal problema de España. Parece evidente que, ni la Reforma Laboral que abarató el despido y precarizó el empleo, ni la Reforma de la Negociación Colectiva, han contribuido a crear ni un solo puesto de trabajo.

Es lógico, si pensamos que un empresario contrata trabajadores si hay actividad económica. Si no hay actividad, ni contrata, ni invierte. El tipo de contrato, o el coste del despido son elementos subsidiarios secundarios. Si hay actividad económica, hay empleo. Hay actividad económica cuando consumimos y vendemos lo que producimos.

Por eso llama tanto la atención la actitud irresponsable de algunos dirigentes empresariales como Arturo Fernández que, ante la situación y aún reconociendo que el problema de los empresarios es la falta de financiación de los bancos, se siguen empeñando en que lo importante es un “gobierno fuerte” y reformas laborales más duras. Ignora Arturo que, cuanto más deteriora las rentas y los derechos de los trabajadores, más debilita el consumo, retrasando la recuperación económica y aumentando el desempleo.

En cuanto a la Presidenta de la Región donde más crece el paro, es preocupante que, ante la dura crisis, reduzca los presupuestos para políticas de empleo y suprima organismos como el Servicio Regional de Empleo. No parece de recibo que esgrima recetas como “facilitar la contratación, dificultada por una jungla de normativa absurda”. Es decir “una reforma laboral en serio”. Gobierno fuerte y reforma laboral en serio. Las recetas del que no sabe cómo salir de ésta y sólo se preocupa de la mano dura con quienes nada tuvimos que ver con la llegada de esta crisis y parece que debamos ser sus únicos costaleros.

CCOO llevamos años planteando que, para salir de esta crisis, hay que unir esfuerzos de Gobiernos, empresarios y sindicatos para abordar la reforma de un sistema productivo demasiado centrado en el sector inmobiliario. Proteger el empleo y a las personas golpeadas por el paro. Reformar nuestro sistema fiscal y nuestro sistema financiero. Asegurar la cantidad y calidad de nuestros servicios públicos para evitar fracturas y garantizar la cohesión social.

Se pueden ganar o perder elecciones pero las personas necesitan respuestas negociadas. Necesitamos sentirnos parte del problema y de la solución.

El paro es un drama que no admite andar echando la culpa al empedrado. Cuanto más tarden en negociar un Plan de Choque contra el paro en Madrid, más desilusión e indignación seguirán generando.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


LA BATALLA DEL BIENESTAR EN EUROPA

noviembre 13, 2011

Hemos construido una unidad más monetaria que económica de Europa. Sin embargo, la unidad de derechos laborales y sociales deja aún mucho que desear. Pese a ello, ya desde los Tratados fundacionales, se reconocía cierta voluntad de avanzar también en el campo de la prestación de servicios públicos.

Un paso adelante a mediados de los 90 supuso la definición de Servicios de Interés General, que se constituyen como referencia y vínculo de pertenencia de los ciudadanos de la Unión, así como base de nuestra identidad cultural.

El Tratado de la Unión se refiere a los servicios económicos de interés general. Son esos servicios que cubren misiones de interés general y que pueden someterse a obligaciones de servicio público o servicio universal, en cuanto a acceso sin discriminaciones, con criterios exigibles de calidad y precio asequible.

El mercado y su libre competencia no pueden en ningún caso entorpecer o impedir la prestación de servicios de interés general como la sanidad, la educación, el agua, la vivienda, o la protección social.

Son muchos los desarrollos que se han producido de este concepto de servicio de interés general. Sin embargo siempre ha constituido un escenario de confrontación entre los defensores de un Estado regulador, supervisor, agente económico y prestador de servicios sociales, frente a los defensores de un Estado Mínimo, minimalista, sometido a las exigencias del mercado.

Esta batalla se desarrolla ahora en un momento de dura crisis, cuando los ajustes, el saneamiento y la estabilidad económica se sitúan en el centro de los objetivos de los gobiernos europeos.

Este es el motivo por el cual CCOO hemos impulsado una Iniciativa a favor del Estado del bienestar y la calidad de los Servicios Públicos. Ahí se encuentra el caballo de batalla en una Europa sometida a los efectos de una dura crisis.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


ESTADO SOCIAL, EUROPA Y SINDICATOS

noviembre 11, 2011

Escucho, en una de esas televisiones cavernícolas, a una tránsfuga a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre que los sindicatos estamos anticuados y respondemos a modelos de hace dos siglos, es decir el siglo XIX.

Debe ser porque, en tiempos de crisis, aún con más firmeza, nos empeñamos en mantener y ampliar los servicios públicos de calidad como factor de cohesión social y creación de empleo.

La evolución democrática en Europa, especialmente tras la I Guerra Mundial, ha estado vinculada al desarrollo del denominado Estado del Bienestar, eso que en el planeta global se conoce como Modelo Social Europeo, que consiste en que los poderes públicos están obligados a crear y sostener sistemas de protección, como la Seguridad Social, articulados en torno a derechos ciudadanos básicos.

Es un sistema distinto al del sálvese quien pueda de otros modelos liberales, donde los derechos no existen, la protección se la compra quien puede y quien no puede acude a la beneficencia pública o privada.

No obstante no hay un único modelo de bienestar. Depende de factores históricos, culturales, económicos o sociales. Por ejemplo, una España sometida a 40 años de dictaduras presenta retrasos históricos en muchos aspectos constitutivos del Estado de Bienestar en el resto de Europa, como ocurre con el reconocimiento de derechos como la atención a la dependencia.

El pacto constitucional español ya recogía estas carencias cuando afirmaba la voluntad europeísta al definirnos como Estado Social y Democrático de Derecho.

Es Estado Social sólo es posible si existe una redistribución de riqueza que no garantiza por sí misma la libertad de mercado y que depende de dos cosas: Un sistema fiscal equitativo, justo y progresivo en el reparto del esfuerzo recaudatorio y un gasto público y social eficiente y que persigue la igualdad.

Muchos de esos derechos han sido fruto de la lucha de los trabajadores. No habría pensiones, prestaciones por desempleo, salud laboral, educación y sanidad públicas, atención a la discapacidad y la dependencia, vivienda con protección pública, convenios colectivos, si los sindicatos de clase no hubieran existido. Porque no son regalos, sino conquistas.

Ahora, aprovechando la crisis, la caverna mediática y política, soez y faltona, quiere conducirnos cincuenta años atrás, allí donde los derechos laborales y sociales no existían, utilizando la crisis como argumento para sustentar la imposibilidad de sostener los derechos garantizados por el Estado Social.

Lo han intentado antes, con escaso éxito, pero llevan años en el intento, y ahora, con la disculpa de la crisis, creen que pueden llevarse el bocado entre los dientes.

Mal que le pese a la tertuliana a sueldo del Gobierno de Aguirre, y a los títeres y marionetas que la acompañan, a buen precio por tertulia, con los trabajadores organizados han topado. Con los sindicatos de clase, que van a defender el Estado Social con firmeza, porque donde no hay derechos, no hay Estado.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


EL ACCIDENTE LABORAL COMO DELITO

noviembre 10, 2011


CCOO hemos organizado una Jornada para presentar el estudio realizado por Antonio García y Alejandro Domínguez, que hemos publicado bajo el título “Los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores”.
CCOO, hemos hecho de la lucha contra la siniestralidad laboral y en defensa de la salud de los trabajadores una de nuestras principales preocupaciones y un objetivo irrenunciable en todos nuestros ámbitos de actuación, porque creemos que sin una decidida y clara apuesta de todos los agentes implicados, los accidentes laborales seguirán llevándose vidas de trabajadores y truncando las ilusiones de miles de personas. Esto es sencillamente inaceptable y existen medios para impedir que esta situación se siga viendo como algo normal, inevitable, un tributo que hay que pagar al progreso social, una fatalidad con la que hay que convivir.
En lo que llevamos de año han fallecido 77 trabajadores en accidente laboral, 350 han sufrido un accidente grave o muy grave y más de 70.000 los que han sufrido un accidente leve y nos enfrentamos a la Tentación de entender la prevención como gasto y no como inversión, reduciendo ese gasto en tiempos de crisis.
Disponemos de una abundante legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Códigos, leyes, normas, decretos, órdenes…, todo un arsenal normativo que, en apariencia, debería bastar para prevenir e impedir los accidentes de trabajo. Tenemos también autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, inspectores, técnicos, organismos, jueces, fiscales, policías etc. Y disponemos igualmente de normas que castigan y reprimen las infracciones, que son delitos en muchos casos.
La principal responsabilidad en la prevención recae en el empresario. Ello sin soslayar el mandato constitucional a los “poderes públicos”. Ese imperativo legal no puede diluirse y esa atribución de responsabilidades tiene su traducción en normas y leyes como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Código Penal.
Sin que en ningún caso se trate de “criminalizar” a todos los empresarios, como a veces se escucha, no hay duda de que las leyes están para aplicarse y cumplirse.
Si hasta hace pocos años era difícil encontrar sentencias penales condenatorias por incumplir la normativa laboral en materia de riesgos laborales, actualmente la situación ha cambiado y son numerosas las que condenan a personas y a empresas por la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores.
No hay duda de que estas sentencias tienen que ver con esa conciencia social a la que antes mencionamos, pero también de las denuncias que veníamos realizando CCOO contra lo que era una extendida sensación de impunidad frente a los incumplimientos, que en la mayoría de los casos se saldaba con multas en la vía administrativa, hasta el punto que resultaba rentable arriesgarse a esas multas y no implantar las medidas de seguridad obligatorias.
Desde el momento en que hablamos de delito y de sanción penal, la situación cambia porque se traslada a la sociedad y a los responsables de verdadera naturaleza y entidad de la falta de medidas de seguridad en el trabajo, una naturaleza delictiva que se debe enjuiciar y en el orden penal. Y que lleva aparejadas penas de privación de libertad y de inhabilitación para la profesión.
La creación de fiscalías especializadas en siniestralidad laboral, la personación de CCOO en las diligencias penales de instrucción han contribuido sin duda a un mayor rigor en la exigencia del cumplimiento de la ley. Y de la sanción, incluso penal, cuando se incumple de forma dolorosa.
La política de personación que nuestra organización lleva realizando desde 1.998 ha dado 86 sentencias condenatorias que suman penas de más de 100 años de prisión.
Estas políticas, renovadas con un nuevo acuerdo confederal, deben permitir una mayor eficacia e implicación de toda la organización en estas materias.
Potenciaríamos los acuerdos que como el de la Fiscalía de Madrid y la Policía Municipal de Madrid hacen, que se sumen esfuerzos y medios a la lucha contra la siniestralidad.
El Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid constituye, sin duda, una importante expresión de ese compromiso social contra la siniestralidad laboral. Debemos consolidarlo e incluso ampliar sus objetivos. El asesoramiento permanente a pequeñas y medianas empresas que se viene desarrollando lo consideramos imprescindible para fomentar esa “cultura de la prevención” que aún es insuficiente, así como la formación de los trabajadores junto con la de sus representantes legales, los delegados de prevención. Por eso el Plan Director debe reforzarse y extenderse y debemos firmar y acordar con el Gobierno Regional, la organización de empresarios CEIM y la UGT el IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.
En esta jornada, además de conocer nuestras actuaciones plasmadas en el libro “Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores”, hemos contado con la presencia de la Fiscalía, Inspección de Trabajo y Policía Municipal para que nos den su visión y su implicación en esta materia.

La formación, el debate y la participación son cada día más esenciales en nuestra lucha sindical, el mejor antídoto contra el uso sistemático e indiscriminado de la propaganda.

Estas jornadas son un paso más en esta tarea de reflexión, formación, debate y participación en un tema prioritario para CCOO como la prevención de riesgos laborales en las empresas y el combate contra los accidentes laborales y, de forma especial, los que producen la muerte de los trabajadores.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


COPAGO-REPAGO SANITARIO

noviembre 8, 2011

Antes de la celebración de las elecciones generales del 20-N, ningún partido político va a incurrir en el riesgo de anunciar que, si gobiernan, impondrán el “copago” sanitario. Hasta Esperanza Aguirre se muestra prudente en este tema.

El famoso “copago” consiste en que el usuario de la Sanidad Pública tiene que pagar una parte del coste del servicio. Cuando hablan de “copago”, no explican que ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos, con lo cual, el famoso “copago” sería en realidad un repago o doble pago.

Pero aunque algunos partidos nieguen que vayan a implantar el copago sanitario en España, son muchos los intereses creados en sectores empresariales privados, que siguen exigiendo que los usuarios paguemos una parte del servicio sanitario cuando lo utilizamos.

Los argumentos son variopintos. Por ejemplo, un argumento socorrido es que la sanidad es cara, y no se puede sostener en tiempos de crisis. Otro argumento es que no pagar nada anima a acudir al médico de forma innecesaria.

Sin embargo la intención encubierta de quienes pretenden privatizar la sanidad es contar con más recursos públicos para transferir al sector privado empresarial que accede cada vez a más concesiones administrativas para gestionar servicios de la sanidad pública.

Para empezar el gasto público en España sigue siendo inferior a la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Dentro del gasto público, el gasto social es también más bajo en España. La presión fiscal sobre las rentas altas y rentas del capital, es, sin embargo, más baja, mientras que el fraude fiscal alcanza un 23 por ciento y duplica la media de fraude en Europa.

El Pacto de Toledo dejó claro que la Sanidad debe correr a cargo de los impuestos y no de la Seguridad Social, creándose para ello un Sistema Nacional de Salud.

Además hay que recordar que los españoles pagamos una buena parte de las necesidades sanitarias, si tomamos en cuenta que la atención bucodental, los productos ópticos, una parte de las prótesis, o el copago, ya existen en el caso de los medicamentos recetados.

Incluso cuando algunos hablan de la excesiva utilización de las consultas médicas, ocultan que una parte importante de esa utilización procede de consultas burocráticas y evitables, como renovación de bajas laborales, recogida de recetas, certificaciones, etc…

Otra parte del gasto es gasto farmacéutico sobre el que se podría actuar de manera eficaz, adoptando acuerdos que unifiquen las compras y racionalicen el uso y los precios de los medicamentos.

Otro gasto que se puede moderar es el de uso de tecnología, que según estudios tan sólo en el 30 por ciento de su utilización está justificada.

La instauración del copago supone un golpe sobre los sectores más débiles y más vulnerables por la crisis. Son muchos los estudios realizados que ponen de relieve que el copago, ni contiene la demanda, ni abarata costes. Tan sólo trabaja en contra de la solidaridad y crea mayores desequilibrios en el sistema sanitario.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


LOS BANQUEROS NO NOTAN LA CRISIS

noviembre 6, 2011


Nuestra Federación de COMFIA ha presentado en rueda de prensa un informe demoledor sobre las remuneraciones de los altos ejecutivos y directivos del sector bancario español.

El Estudio constata que la remuneración total de la alta dirección en la banca española creció un 69 por ciento y en las Cajas de Ahorros un 80 por ciento. Desde luego muy por encima de lo que han crecido salarialmente los trabajadores y trabajadoras del sector financiero y los propios beneficios del sector.

Pero bueno, me pregunto ¿no eran estos señores los que con su avaricia, su imprevisión y su imprudencia, provocaron la crisis financiera internacional? Y sigo preguntándome ¿no fueron en España aún más avaros, más imprudentes, menos previsores, y por eso la crisis es aquí aún mayor?, y termino preguntándome ¿no son estos mismos señores los que han consumido decenas de miles de millones de euros del Estado, es decir de todos, para salir adelante?.

No es posible que sean estos señores los que más poder adquisitivo ganan con la crisis. No pueden ser los que exigen moderación salarial, facilidades para el despido, precariedad laboral, ejecuciones hipotecarias, que hacen perder su vivienda a cientos de miles de familias. Los que exigen menos impuestos, menos protección social y más privatizaciones, amenazando la sanidad, la educación, los servicios sociales, las prestaciones por desempleo.

Pagar a las cúpulas directivas de la banca nos cuesta 500 millones de euros al año. El sueldo anual medio de los altos ejecutivos bancarios es de 670.000 euros anuales. El sueldo medio de los altos ejecutivos en las Cajas es de 190.000 euros.

Tan sólo la remuneración de las cúpulas empresariales de bancos y Cajas consumen un 2,4 por ciento de los beneficios del sector financiero. Se da el caso de que, precisamente en las entidades que han recibido ayudas, las remuneraciones de altos cargos, suponen casi el 9 por ciento del beneficio.

La conversión en bancos de algunas Cajas de Ahorros han sido aprovechadas para multiplicar sus remuneraciones, al tiempo que la Obra Social de las mismas sufre recortes considerables.

Todo esto lo sabe el Banco de España y su Gobernador Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO). Pero no queda ahí la cosa. Además de las remuneraciones, existen cláusulas de blindaje de los contratos de estos altos ejecutivos, acuerdos sobre indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, despidos. Existen accesos privilegiados a créditos. Nos constan 1.062 millones de euros en préstamos a Consejeros y Alta Dirección.

Se pueden hacer cosas pero hay que tener voluntad para hacerlas. Se puede mejorar el conocimiento y la transparencia sobre cuantías de retribución o clausulas de blindaje. Se pueden fijar límites en función de los beneficios. Se pueden establecer topes como se ha hecho en Alemania o Estados Unidos. Se puede combatir los episodios socialmente repugnantes que se producen en algunas entidades, escandalizando a la sociedad y socavando la credibilidad del sistema financiero.

Se puede reestructurar el sistema financiero para asegurar sostenibilidad económica, social y laboral. Es hora, en definitiva de fortalecer la transparencia, la información, el control social y la regulación social de nuestro sistema financiero.

No podemos salvar las rentas de quienes trajeron la crisis, mientras sus lacayos siguen exigiendo recortes salariales, y pérdida de derechos laborales y sociales para la mayoría de la población. No podemos permitir el deterioro del Estado Social y Democrático, mientras los especuladores se benefician de la crisis que ellos produjeron

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid