7 FEBRERO: LAS UNIVERSIDADES SE VISTEN DE VERDE.

El malestar educativo generado por las instrucciones de inicio de curso en la Enseñanza Secundaria madrileña originó una marea verde en el profesorado madrileño que veía desaparecer de un plumazo miles de puestos de trabajo ocupados por profesores interinos, con el consiguiente debilitamiento e imposibilidad de mantener programas y actividades en los centros educativos.

Las familias madrileñas han entendido perfectamente que las promesas electorales de priorizar la educación eran sólo eso, promesas para tiempo de elecciones y nada más y se sumaron al profesorado en las movilizaciones.

Sólo era cuestión de tiempo que las iniciativas de Esperanza Aguirre en materia de recorte de gasto mientras se mantienen los privilegios fiscales para los más ricos, llegaran a colmar la paciencia en las Universidades madrileñas.

Los Presupuestos 2012 de la Comunidad de Madrid vuelve a romper los compromisos firmados por Esperanza Aguirre con las Universidades y suponen de nuevo una pérdida del 2 por ciento en la subvención del Gobierno y una caída espectacular del 29,8 por ciento de los recursos para inversiones, lo cual supone que se abandonan las inversiones de todo tipo en mantenimiento e infraestructuras.

Pero estos recortes vienen a sumarse a los realizados desde 2008, año en el que comenzamos a sufrir la crisis en Madrid. Además se producen recortes en otros capítulos como las becas universitarias.

Las consecuencias de los recortes, unida a las medidas del Gobierno Regional en materia de personal o pago de la Incapacidad Temporal, comienzan a dejarse sentir y tendrán amplio recorrido, ante la imposición a los Rectores de los ajustes que la Comunidad de Madrid pretende realizar con sus propios trabajadores.

Se desprecia el derecho y respeto a la negociación colectiva. Se dificulta el funcionamiento diario de los centros universitarios, se recortan programas de investigación, se aleja a nuestras universidades de su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, se masifican las aulas, se recortan las becas, obligando a incrementar las tasas universitarias y con subidas espectaculares de hasta el 30 por ciento en el precio de los Máster.

Uno de los principales motores de investigación, formación e inteligencia de Madrid se pone en riesgo, con la disculpa de la crisis, pero mucho nos tememos que con la intención real de promover las Universidades Privadas que no terminan de despegar y con unos niveles de valoración de calidad muy inferiores a las públicas.

La crisis no puede ser la disculpa para estas burdas operaciones. Es necesario que el Gobierno de Madrid mire y atienda las potencialidades reales de nuestra Región, entre las que se encuentra nuestra fortaleza en materia de formación superior.

Nuestras Universidades, quienes trabajas y estudian en ellas, van a defender su futuro, si es posible de forma negociada y si no lo es en la vía democrática de la movilización. Por eso las Universidades madrileñas estarán presentes en la Manifestación del 7 de Febrero, convocada para rechazar los recortes sociales y defender lo que es de todos y todos.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

7 FEBRERO: PARADOS EN LUCHA

España entera temía el primer dato de paro de la Encuesta de Población Activa (EPA). El primer dato, tras el acceso del PP al poder en España. Un Gobierno que cierra, casi completamente, el círculo azul PP en el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Los datos del paro no dependen del color del gobierno, sino de la crisis económica desgobernada en Europa, aunque los gobiernos si pueden contener o acelerar sus efectos sobre la ciudadanía.

El dato ha sido demoledor, brutal: 5.273.600 personas paradas en España. 623.300 personas paradas en Madrid. En tan sólo un trimestre, el paro ha crecido en España un 5,9 por ciento, mientras que Madrid ha visto crecer el paro más que en la media española un 8,8 por ciento.

En Madrid, cada día del último trimestre de 2011, más de 550 personas fueron al paro, perdieron su empleo. Lo más grave para muchas familias madrileñas es que son ya 330.000 personas paradas las que carecen de todo tipo de prestaciones por desempleo.

Mientras esto ocurre, mientras perdemos ocupación y vemos crecer brutalmente el paro, la Comunidad de Madrid ha suprimido el Servicio Público de Empleo, junto a los instrumentos de participación social en las políticas de empleo en la Región.

En sólo tres meses hemos acumulado 50.300 parados más. A lo largo del año Madrid ha perdido 155.000 personas ocupadas. Son ya 287.600 las personas que llevan más de dos años paradas. Es decir, el 46 por ciento de quienes se encuentran parados llevan más de dos años en el paro.

Las políticas centradas en combatir el déficit público a base de ajustes y recortes en las inversiones, políticas públicas y gasto social, sólo consiguen agravar la crisis, deteriorar el consumo, destruir el empleo y debilitar la calidad y capacidad protectora de los servicios públicos.

Cuando empezó esta crisis Madrid superaba ligeramente la cifra de 200.000 personas paradas. Cuatro años de crisis han multiplicado por tres esa cantidad. El Gobierno Regional de Esperanza Aguirre no puede seguir instalado en la indolencia, en una espiral desquiciada de publicidad engañosa. Ni ampliar los horarios de apertura de los comercios, ha creado los 25.000 empleos prometidos, ni traer los casinos de Las Vegas a Madrid creará 200.000 empleos.

Es urgente atender a las personas desempleadas, asegurando unos recursos y rentas básicas que permitan su subsistencia en Madrid. Es urgente inyectar inversión pública en una economía madrileña muy debilitada. Es necesario defender nuestras empresas y su empleo. Es importante poner en marcha nuevas iniciativas de empleo, como las derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Las personas paradas tienen una cita el próximo 7 de Febrero, manifestándose en defensa del Empleo y los Servicios Públicos en Madrid, porque sólo perdemos lo que no defendemos, lo que nos dejamos arrebatar, lo que no peleamos.

El 7 de Febrero defendemos nuestro empleo y la calidad de nuestras vidas.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

7 DE FEBRERO:LA CRISIS COMO ARGUMENTO DE NEGOCIO

La situación que vivimos en Madrid no es distinta de la que viven los trabajadores y trabajadoras del resto del Estado. Los compañeros de otras organizaciones confederadas en CCOO nos informan de procesos muy similares a los nuestros. Describir pormenorizadamente estos procesos consumiría muchas más páginas de las requeridas en este artículo. Tan sólo constatar dos especificidades madrileñas: Madrid es Región capital del Estado y lo que aquí ocurre se difunde inmediatamente por toda España de forma inmediata. Además, el Gobierno Regional madrileño, encabezado por Esperanza Aguirre, mantiene una tensión permanente para corregir al Gobierno de España y marcar el camino que debe emprender en cada momento.

Antes de que el Gobierno de España acuerde el aumento de jornada de los empleados públicos, Esperanza Aguirre introduce enmiendas en la Ley de Acompañamiento de sus Presupuestos Regionales para 2012, ampliando la jornada y eliminando las mejoras en prestaciones económicas por Incapacidad Temporal. 8.000 empleos públicos interinos y temporales son puestos en riesgo, como ya fueron cercenados 3000 empleos de interinos de la enseñanza secundaria madrileña al ampliar las horas de docencia, con consecuencias nefastas sobre la calidad de la educación en los centros públicos. Seis meses de movilización y diez jornadas de huelga, han obligado a reunir la Mesa Sectorial de Educación para abordar el problema, pero sin compromisos ciertos de solucionar el mismo.

Los ataques al empleo público y la calidad de los servicios, se ven acompañados por una campaña permanente de desprestigio de los trabajadores públicos, en la que participan tertulianos, responsables de la administración y el potente entramado de medios de comunicación e intereses empresariales que Esperanza Aguirre ha ido conformando en torno a ella y que se benefician de cada externalización, privatización y cuantiosos recursos manejados en publicidad institucional.

La congelación salarial de los empleados públicos, justificada propagandísticamente en la estabilidad de su empleo, ha supuesto la pérdida de un 12% del poder adquisitivo de los empleados públicos desde que se iniciaron los recortes salariales.

Madrid es la segunda Región industrial del Estado, muy por detrás de Cataluña y muy cerca de otras Comunidades como País Vasco, Andalucía o Valencia. Sin embargo, nuestro Gobierno Regional parece más centrado en configurar una Región de Servicios, al calor de la liberalización absoluta de los horarios de apertura de los comercios madrileños. Una nueva vuelta de tuerca se ha producido en este camino, provocando las protestas no sólo de los trabajadores, que hemos puesto de relieve que ni aumentan las ventas, ni se crea empleo, sino de las propias organizaciones de pequeños comerciantes, que han reclamado, cuando menos, una moratoria en la aplicación de la norma para evitar la destrucción del pequeño comercio.

Esperanza Aguirre actúa como punta de lanza en la conversión de lo público en espacio de negocio privado. Si los servicios sociales se implantaron con un modelo de concesiones al sector privado en materias como centros residenciales, centros de día, teleasistencia, o ayuda a domicilio, las transferencias de competencias sobre la educación pública, han ido derivando hacia un aumento de recursos para la enseñanza privada concertada, al tiempo que se reducen las partidas asignadas a la educación pública y a las universidades públicas madrileñas. Centros públicos han sido entregados a gestión privada y parcelas de suelo público concedidas para la construcción de colegios concertados.

Otro tanto ha ocurrido con las transferencias sanitarias. La sanidad madrileña se ha convertido en un inmenso campo de experimentación sobre modelos de gestión en el que conviven los hospitales públicos transferidos por el Gobierno Central, con Fundaciones, empresas públicas hospitalarias, empresas mixtas, publico-privadas, hospitales privados sobre suelo público con compromiso de ser concertados, aumento de los conciertos sanitarios con clínicas privadas y privatizaciones de servicios como laboratorio.

Ahora nos enfrentamos a la privatización de la gestión del agua del Canal de Isabel II, consensuando con la entrada de capital privado y nuevas amenazas que se ciernen sobre la privatización del Metro de Madrid, unido a la vieja idea acariciada y hoy ya decidida, por el nuevo Gobierno de España, de modificar la Ley de Terceros Canales, facilitando la privatización de Telemadrid. De este empeño de privatización programada y clientelar no se libran, los transportes públicos, con nuevas líneas de Metro privatizadas, autopistas radiales de peaje o autovía, como la M-45, en peaje en sombra, es decir que pagan los presupuestos y no el usuario de la misma. Todas ellas operaciones en las que se establecen las garantías suficientes de aportación de recursos públicos, en el caso de que no se produzcan los beneficios empresariales estimados.

La entrega de recursos públicos al sector privado se encuentra en el corazón de las políticas del Gobierno Regional Madrileño. La crisis que parece justificar ajustes y recortes presupuestarios del gasto público, es tan sólo un nuevo instrumento en sus manos. Los recortes no se justifican, cuando Madrid recibirá más recursos del Estado, en función del nuevo sistema de financiación autonómica, muy beneficioso para la Región. De hecho, el Gobierno Regional amplía su política desfiscalizadota de las rentas más altas, con nuevos regalos fiscales a los más ricos que privan a las arcas regionales de 3.000. millones de euros anuales. La ingeniería presupuestaria del Gobierno madrileño llega al punto de dotarse de un “Fondo de Contingencia”, una especie de ladrillo o reserva, bajo el que se esconden 2.300. millones de euros para su posterior libre adjudicación a lo largo de 2012.

Todo ello, mientras se desmonta toda la arquitectura institucional de participación, eliminando organismos y Consejos como el de la Mujer, la Juventud, la Promoción Económica y hasta el Servicio Regional de Empleo, que puedan actuar como testigos incómodos de la gestión económica y política del Gobierno.

CCOO tenemos por delante un duro escenario, al que vienen a sumarse las dificultades que atraviesan numerosos ayuntamientos de la Región que sufren una merma importante de sus ingresos y que plantean reducciones de gasto en su empleo directo o indirecto, a través de las contratas que gestionan servicios en los mismos. Las fórmulas son bien distintas, pero siempre con efectos negativos sobre el empleo.

Un escenario en el que deberemos reforzar nuestra capacidad de defender y representar a los trabajadores, especialmente a los más precarizados en sus condiciones laborales y salariales. En el que debemos seguir apostando por la negociación, el diálogo y la movilización para alcanzar acuerdos cuyo objetivo prioritario sea mantener el empleo.

Nuestras propuestas sobre modelo productivo, empleo, protección a las personas desempleadas, fortalecimiento del Estado Social, reforma fiscal, o reforma del sistema financiero, junto a la necesidad de regeneración democrática, son una buena base para abordar estos retos, a condición de que seamos capaces de reforzar nuestra capacidad de organización, información y comunicación en las empresas y con la sociedad.

Por último, CCOO aborda un periodo en que debemos reflexionar sobre la eficacia y la eficiencia en la utilización de nuestros recursos, para acometer en las mejores condiciones la defensa de los trabajadores y sus familias, en los difíciles momentos que se avecinan.

CCOO saldremos a la calle el 7 de Febrero para combatir los injustos recortes, para defender el empleo, para luchar por lo que es de todos y todas, para defender los servicios públicos. Marcharemos junto a decenas de miles de personas convencidas de que hay otra forma de salir y superar esta crisis.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCO de Madrid.

UN ACUERDO POR EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS DE CRISIS.

CCOO acabamos de firmar un II Acuerdo con la UGT y la CEOE sobre Empleo y Negociación colectiva para los años 2012 a 2014. Un Acuerdo que adapta el anterior a una situación de crisis cada vez más grave, con efectos dramáticos sobre el empleo, con un paro que supera con creces los 5 millones de personas paradas y una actividad económica que vuelve a entrar en recesión. Todo apunta a que la economía española caerá de forma importante a lo largo de 2012.
Podemos seguir asistiendo al recurso fácil para muchos empresarios de despedir a trabajadores, o podemos abrir las puertas para negociar en las empresas los cambios en horarios, la distribución de la jornada, o la movilidad interna, respetando el grupo profesional y la titulación requerida, con la cualificación y adaptación que dichos cambios requieran en la formación.

Flexibilizar la distribución de la jornada laboral y el tiempo de trabajo de forma negociada, en función de las necesidades razonadas y con los controles laborales y judiciales necesarios, pretende evitar los despidos como la vía habitual de los ajustes empresariales.

Las rentas de los trabajadores vienen sufriendo pérdidas durante la crisis por varias vías como la supresión de retribuciones variables, o por la vía de bloqueo de la negociación de los convenios. En estos momentos, más de cuatro millones de trabajadores no han negociado su convenio colectivo, con las consiguientes pérdidas salariales.

Son no pocos los sectores empresariales y supuestos expertos tertulianos, que vienen planteando la desaparición del convenio colectivo para convertir las relaciones laborales en una selva en la que cada trabajador o trabajadora negocie sus condiciones de trabajo y salario con el empresario. Otros insisten en que los convenios se negocien empresa a empresa, sin que exista el paraguas protector de un convenio sectorial. Si tenemos en cuenta que el tejido empresarial se encuentra muy fragmentado en pequeñas y muy pequeñas empresas, las condiciones leoninas se convertirían en regla general para la inmensa mayoría de los trabajadores.

Por eso el Acuerdo incorpora el papel esencial del convenio de sector, sin perjuicio de que el mismo pueda ser adaptado, mediante negociación, a las empresas en sus necesidades productivas concretas.

En cuanto a salarios, el Acuerdo recoge, el crecimiento moderado de los mismos en torno al 0,5 por ciento en 2012, el 0,6 por ciento en 2013 y entre el 0,6 y el 1,5 por ciento, en función de un crecimiento de la economía española en 2014 que se mueva entre el 1 y el 2 por ciento.

El Acuerdo incorpora clausulas de actualización salarial si los precios crecen por encima del 2 por ciento fijado como objetivo por el Banco Central Europeo.

Los trabajadores y trabajadoras sufrimos de forma generalizada y desregulada, recortes de rentas en salarios y por subidas artificiales de los precios. Por eso, junto a la moderación en el crecimiento de los salarios el Acuerdo conlleva un esfuerzo en reinvertir beneficios empresariales en inversiones de reposición y ampliación de la actividad de las empresas, adecuación de los escandalosos sueldos de los altos directivos y ejecutivos y el necesario control de precios desde las Administraciones públicas.

Estos son algunos de los contenidos del Acuerdo firmado por UGT, CEOE, CEPYME y CCOO sobre Empleo y Negociación Colectiva. No es un acuerdo que solucione la crisis económica, ni que establezca nuevos contratos, o nuevas fórmulas de despido, como han intentado algunos sectores de la derecha económica, política o mediática. No es un acuerdo que solucione el problema del fraude fiscal, o de un sistema fiscal injusto. No soluciona el problema de activos sobrevalorados y tóxicos en el sistema financiero español.
Para salir de la crisis quedan muchos deberes por hacer en la política y la economía de este país.

Pero sí es un acuerdo que acaba con la intentona de destrozar la negociación colectiva en el país, desprotegiendo a millones de trabajadores. Un acuerdo que acota el esfuerzo de las rentas salariales y exige control de precios y beneficios empresariales.

Un acuerdo que firman dos partes, empresarios y sindicatos, y que supone un emplazamiento para que no sea el gobierno el que impone desde fuera una regulación de las condiciones de trabajo en las empresas.

No es la madre de todos los acuerdos, pero tampoco un acuerdo menor. Es un buen acuerdo que ojalá sirva para marcar un camino de solución negociada a los muchos problemas que nos quedan por delante, situando el empleo como objetivo prioritario de las políticas.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL: LA LUCHA DE NUESTROS MAYORES Y JÓVENES.

Los pensionistas y jubilados de CCOO de Madrid se concentran hoy en la Puerta del Sol, frente al Ministerio de Hacienda en la Calle Alcalá, para reivindicar el final de la congelación de las pensiones, el fortalecimiento de la protección social y la aplicación de la ley de Dependencia.

2012 ha sido declarado Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.

Es obligado, especialmente en tiempos de crisis, pensar en nuestros mayores, sus rentas y su calidad de vida, en la financiación de las pensiones, en el empleo también de los jóvenes y de los mayores.

En España, la edad media de jubilación es de 63 años. El problema no es el aumento de la edad legal de jubilación, sino el aumento del paro, de la precariedad laboral y el aumento de las desigualdades que se agudiza a causa de la crisis económica.

Las estadísticas europeas nos informan de que sólo el 46 por ciento de los trabajadores de entre 55 y 64 años se encuentran activos en el mercado laboral, mientras que sólo el 35 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años están activos y cuando tienen un empleo se trata de un empleo temporal, precario y mal pagado. Además los empresarios europeos no parecen muy animados para mejorar esta situación. Sólo entre un 20 y un 40 por ciento están dispuestos a animar a sus trabajadores a llegar a la edad de jubilación y menos del 20 por ciento está dispuesto a contratar trabajadores mayores. No están tampoco dispuestos a flexibilizar horarios de sus trabajadores mayores, incorporando formación adaptada a los mayores, desarrollando medidas de jubilación parcial, o reducciones de jornada.

Abrir las puertas a un envejecimiento activo, se corresponde con impulsar la solidaridad intergeneracional y luchar contra la precariedad del empleo juvenil, luchar contra el abandono temprano y el fracaso en los estudios, porque de ello dependerá la calidad de sus futuras pensiones.

Los pensionistas y los jóvenes de CCOO luchan por la calidad, cualificación y remuneración del empleo de nuestros jóvenes. Luchan por hacer posible un envejecimiento activo que vele por las condiciones de trabajo y de vida de las personas que envejecemos. Luchamos por la decencia de las pensiones, con una financiación sostenible y un sistema de atención a la dependencia que permita a los pensionistas, especialmente a las mujeres, vivir con dignidad y asegurar su suficiencia económica y su autonomía personal.

Vivimos tiempos de dura crisis y precisamente por ello, no podemos permitir que se produzcan fracturas generacionales de dramáticas consecuencias sobre nuestro futuro.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

35 ANIVERSARIO ABOGADOS DE ATOCHA. INTERVENCIÓN EN EL ACTO DE HOMENAJE

Nada es casual, decía mi amigo Indio Juan. Ha querido esa intencionada casualidad que este 35 aniversario de los Abogados de Atocha coincida con el inicio del juicio contra Baltasar Garzón por su investigación sobre los crímenes del franquismo. Como en el caso Gurtell, el Juez va a ser juzgado, mucho antes que los delincuentes y los criminales.

Cuando los criminales argentinos se sientan en el banquillo para responder de sus crímenes contra la humanidad. Cuando hasta el propio dictador Pinochet ha sentido que el peso de la justicia se cernía sobre él. Cuando los genocidas guatemaltecos temen la mano de la justicia española y Baltasar Garzón es mundialmente reconocido por su actuación, vuelve a ser verdad que nadie es profeta en su tierra y Garzón se sienta en el banquillo por intentar poner en evidencia que los crímenes contra la humanidad no prescriben y que la ley de Amnistía no puede ser una ley de punto final que blinde a los genocidas.

No es casual que la Fundación Abogados de Atocha, la Fundación de las víctimas del terror franquista, que ejecutó su última Sentencia de muerte el 24 de Enero de 1977 premia hoy a la Fiscalía General de Guatemala, que ha tomado el relevo de nuestra Audiencia Nacional en la persecución de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

No es casual que, junto a la Fiscalía general de Guatemala, José Luis Sampedro reciba el Premio anual Abogados de Atocha. Un hombre que ha dedicado su vida a formar generaciones de economistas, de lectores y, sobre todo, de ciudadanos y ciudadanas capaces de interpretar la economía a escala humana. Gracias a Sampedro sabemos de mercado de sonrisas etruscas, de globalización y del Río que nos lleva.

Este premio de la Fundación Abogados de Atocha entablaba cada año una competencia sana y complementaria en la concesión de sus premios anuales con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Un premio que ha sido suprimido por los recortes de María Dolores de Cospedal. Un premio sin dotación económica, que consumía una parte ínfima de los más de 200.000 euros en sueldos que percibió la ahora Presidenta Regional de Castilla-La Mancha.

No es casual que el cuadro que Juan Genovés cedió como motivo para estos Premios y que le sirvió de inspiración para la estatua instalada en la Plaza de Antón Martín, el cuadro del Abrazo, símbolo de la Democracia, la amnistía y la libertad, por las que murieron los de Atocha sigua condenado a la clandestinidad en las mazmorras del Museo Reina Sofía, pese a las reiteradas denuncias que hemos realizado durante más de una década.

Quiero terminar mi intervención con el recuerdo afectuoso de una mujer que nunca faltaba a esta cita, Carmen rodríguez Campoamor, galardonada con el Premio Abogados de Atocha junto a las mujeres de los presos políticos del franquismo. Mujer, comunista, de Comisiones Obreras y viuda del compañero Simón Sánchez Montero.

Queremos también hacer llegar a Cristina Almeida nuestros mejores deseos de pronta recuperación. Hoy la echamos mucho de menos.

Ángel Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Enrique Valdelvira nos fueron arrebatados por la violencia terrorista hace ya 35 años. En el camino recorrido hemos perdido a Luis Ramos y Miguel Sarabia. Quedan con nosotros Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta

Pasados 35 años, los Abogados de Atocha, aquellas luciérnagas de libertad, que algunos quisieron ver desaparecidas, se han convertido en un poderoso faro, en un asidero seguro para cuantos afrontamos un futuro incierto. Un faro que nos convoca a la unidad en defensa de la libertad, las libertades y los Derechos.

VIVAN LOS ABOGADOS DE ATOCHA
VIVAN LAS CCOO.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

LOS ABOGADOS DE ATOCHA Y LAS LUCIÉRNAGAS.

El 2 de Noviembre de 1975 moría asesinado, en Ostia, Pier Paolo Pasolini, dejando tras de sí una gran obra narrativa, poética, ensayística y cinematográfica. Su última película fue “Saló o los 120 días de Sodoma”, que se desarrolla en los últimos momentos de la República de Saló, el epílogo degradado del fascismo italiano, en su descenso al infierno de Dante. Su último libro poético publicado en vida recoge textos anteriores como Las cenizas de Gramsci, o La religión de mi tiempo. En cuanto a su último ensayo publicado en vida, llevaba como título Escritos Corsarios y entre sus textos incorporaba un artículo publicado el 1 de Febrero de 1975 por Pasolini en Corriere della Sera bajo el título de El vacío de poder en Italia, que en el libro es recogido como El artículo de las luciérnagas.

El motivo de este título se encuentra en las reflexiones sobre la desaparcición fulminante de las luciérnagas en la Italia de los años 60, que viene a coincidir con la separación de las dos fases del régimen democristiano italiano. Es precisamente en la “fase de transición”, “durante la desaparición de las luciérnagas”, cuando los dirigentes democristianos cambian completamente su lenguaje con el único objetivo de conservar el poder a toda costa. El máximo representante de este proceso es Aldo Moro, quien termina siendo asesinado por las Brigadas Rojas en 1978, en un momento en el que Italia vivía un profundo debate sobre el “compromiso histórico” entre la Democracia Cristina que él dirigía y el Partido Comunista Italiano, dirigido por Enrico Berlinguer. De ahí las sospechas de que, tras la muerte de Moro, se encontraban, además de las Brigadas Rojas, otras oscuras fuerzas vinculadas a la estrategia de la tensión, para impedir el acceso del PCI al poder del Estado, orquestada por servicios secretos de EE.UU. y de otros países europeos, junto a sectores de la derecha , aglutinados en la Operación Gladio.

Hay momentos convulsos en la vida de los pueblos. Momentos en los que la contaminación de los poderes en juego, se confabulan contra la luz que intenta abrirse paso entre tanta oscuridad, aplastando sin piedad hasta la pequeña luz de las luciérnagas.

Hace ya 35 años que las jóvenes luces de los Abogados de Atocha fueron asesinadas en el despacho laboralista, desde el que defendían a los trabajadores y trabajadoras, organizados en CCOO, a la ciudadanía que defendía la vida en los barrios, en las Asociaciones de vecinos.

La impresionante movilización que desencadenó aquella matanza convirtió en irreversible el proceso de transición española.

La Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, nació para reivindicar la Memoria de los Abogados de Atocha. Pero sobre todo para defender la luz de Atocha. Le gusta recordar a Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente del terrible asesinato y presidente de la Fundación, al poeta Paul Eluard, “Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”, que pronunció haciendo referencia a las víctimas del holocausto.

Vivimos tiempos de transición, de tránsito, entre un mundo, que desaparece y otro en el que, en nombre de la libertad, el poder y los poderosos, pretenden acabar con las libertades y los derechos. Y es en este momento cuando defender la vida de las personas, es más necesario que nunca.

La luz de las luciérnagas, la memoria de los de Atocha, es uno de los pocos faros, un asidero seguro, al que aferrarse frente a la terrible oscuridad que nos rodea. Hoy, más que nunca, es necesario recordar y reivindicar a los Abogados de Atocha.
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

CARMEN RODRIGUEZ CAMPOAMOR, MUJER, COMUNISTA Y DE CCOO.

Nada hacía presagiar que Carmen Rodríguez Campoamor nos abandonaría el pasado 6 de enero, como era difícil adivinar que tuviera 91 años, a la vista de la incansable actividad que desplegaba. Aturdido por su partida, he tardado en madurar este artículo, dejando reposar su recuerdo.

Se acerca la fecha en la que conmemoraremos el 35 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha. Y Carmen no faltaba a su cita con la memoria de los trabajadores. No faltaba tampoco, salvo por ocasionales motivos de salud, a ninguna cita con su sindicato, ya fueran las reuniones de mujeres pensionistas, o los homenajes a personas como Marcelino Camacho, o como el que rendimos a su compañero Simón Sánchez Montero.

En estos tiempos de internet y wikipedia, llama la atención que figuras como Marcelino Camacho o Simón Sánchez Montero, merezcan tan sólo escuetas reseñas biográficas, mientras que cuando tecleas Josefina Samper, o Carmen Rodríguez Campoamor, a duras penas consigues una referencia de Carmen, en el anexo de fallecidos en 2012, de la famosa enciclopedia omnisciente. Lagunas, que, sin duda, las gentes de la izquierda deberíamos acudir a rellenar sin tardanza.

Porque si importantes fueron los hombres, no menos lo fueron las silenciadas mujeres, a las que un 24 de Enero de 2008, la Fundación Abogados de Atocha quiso recordar, agrupándolas, en uno de sus premios anuales, bajo el reconocimiento a las Mujeres de los presos políticos del franquismo.

Le venía de casta a Carmen su condición comunista y republicana. Su compromiso, que la llevó a sufrir detenciones por su incansable lucha por la libertad y la amnistía. Que la condujo a visitar a su marido en las cárceles donde pasó 17 años de su vida.

Una mujer implicada en las luchas del PCE, del Movimiento Democrático de Mujeres, que desde la discreción y el afecto supo llenar con su presencia cada acto al que acudía.

Carmen, siempre acompañada por su hija Aida, llenó también nuestros actos, pequeños o grandes. Unos actos, como este 35 Aniversario de los Abogados de Atocha, en los que su ausencia dejará un inevitable hueco, que sólo el orgullo de haberla conocido y la memoria de toda una vida dedicada a nosotros, contribuirá a llenar. Hasta siempre, Carmen.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEFIENDE SU FUTURO.

Algo muy grave tiene que estar pasando en el sistema democrático para que tengamos que considerar un triunfo el que nuestros gobernantes acepten sentarse a negociar con los legítimos representantes de los trabajadores de la enseñanza pública madrileña.

Más grave aún, este incumplimiento de las leyes, cuando esos trabajadores llevan medio año protagonizando manifestaciones multitudinarias y jornadas de huelga con amplio seguimiento. El malestar es incuestionable y la protesta se ha expresado de incontables maneras.

Frente a ello, Lucía Figar, Consejera de Educación, ignora que hay una Mesa Sectorial de Educación, legalmente constituida, en la que tiene obligación de informar a los trabajadores y negociar con ellos.

No hay obligación de alcanzar acuerdos, pero sí de informar y acreditar que se ha negociado. Por no hacerlo así, el Gobierno de Aguirre se ha llevado cuantiosos varapalos judiciales, al ver anuladas sus decisiones, aunque meses o aún años más tarde, y con escasa consecuencias, merced a la lentitud de la justicia y la irreversibilidad de lo ya hecho y ejecutado.

Incluso cuando hemos intentado que la repetida reincidencia en decisiones injustas, a sabiendas de ello, por parte de responsables políticos del gobierno Madrileño, sea penalmente castigada, hemos topado con las reticencias de una justicia siempre remisa a meter en cintura a unos políticos que, en su desfachatez, manifiestan en público que no importa actuar ilegalmente, a sabiendas, porque aún cuando los tribunales declaren ilegales sus actos, ellos llevarán años alejados de esa responsabilidad política y las consecuencias personales serán mínimas.

Es verdad que la convocatoria de la Mesa Sectorial, el pasado día 12 de Enero, no ha servido para solucionar el problema creado por la publicación de las instrucciones de inicio de curso en la enseñanza secundaria madrileña. Es verdad que la propia Presidenta regional ha manifestado que no piensa dar marcha atrás en la decisión de ampliar a 20 las horas de docencia. Pero esa misma mesa ha servido para que CCOO exija abrir un proceso de negociación sobre las plantillas de profesorado necesarias en cada etapa educativa, restableciendo un funcionamiento de los centros que se ha visto paralizado por la falta de personal, acabando con la precariedad laboral que suponen contratos por un tercio de jornada, impago de las vacaciones, despidos discriminatorios, o falta de derechos laborales básicos.

Situaciones que vienen a sumarse a temas pendientes como horarios, devaluación de tutorías, contrataciones irregulares, recortes de gastos de funcionamiento, ratios de alumnos muy elevadas, desarrollo de la carrera profesional, formación continua. Todos ellos asuntos de plena competencia de la Mesa Sectorial de Educación.

La convocatoria de esta Mesa no supone la solución al conflicto. Aventuro que el camino será aún largo y duro. Aventuro que tendremos que mantener la movilización prolongada en el tiempo para abrir puertas a nuestras propuestas, a una Escuela Pública de toda la ciudadanía para toda la ciudadanía. Pero la movilización ha forzado el primer paso y constituye un primer triunfo.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid.

SUBIR LOS IMPUESTOS ES DE DERECHAS. LAS MEDIDAS DE RAJOY

Mira por donde, ahora que una parte del socialismo español se iba acostumbrando a la idea de que bajar impuestos puede ser de izquierdas, llega un Gobierno incuestionablemente de derechas y sube los impuestos. Muy a su pesar, se justifican, pero el hecho es que, entre las primeras medias del nuevo gobierno, se encuentran alguna como la subida del IRPF, estableciendo un gravamen temporal, (para 2012 y 2013), y progresivo, que aumenta desde el 0,75 por ciento en rentas bajas hasta el 7 por ciento para rentas superiores a los 300.000 euros.

Igualmente se establece un gravamen complementario sobre rentas de capital que oscilan entre el 2 por ciento y hasta un 6 por ciento para rendimientos superiores a los 24.000 euros.

Que los impuestos subieran parecía inevitable, más allá de las promesas electorales, pero que sea un impuesto directo como el IRPF el que sube, no era lo previsible en una derecha que suele preferir subir los impuestos sobre el consumo para mejorar la recaudación. Dicho de otra manera, la subida del IVA de determinados productos antes que el IRPF. Y sin embargo ha ocurrido esto último.

Claro, que tiene su lógica. El IVA se recauda rápidamente, pero sobre los precios y desanima el consumo. El IRPF es más lento pero más seguro y su subida viene a reconocer que la situación del IRPF había llegado demasiado lejos, hasta el punto de que los únicos que no escapaban al mismo éramos los asalariados.

El sistema fiscal español tiene que ser revisado, repartiendo mejor sus cargas entre rentas del trabajo y rentas del capital. El paso va, así pues, en la buena dirección pero es temporal y es insuficiente porque sigue golpeando más a las rentas del trabajo que a las del capital.

Basta comprobar que las estimaciones del Gobierno esperan recaudar 5.357 millones de euros con la reforma del IRPF, pero, de ellos, 4.111 proceden de las rentas del trabajo y tan sólo 1.246 de las del capital. El 77 por ciento de los nuevos ingresos los ponemos los trabajadores. El 23 por ciento las rentas del capital. Algo más justo que ese 91 por ciento que aportamos en 2009 los trabajadores al IRPF, frente al 9 por ciento que aportaron las rentas del capital, pero aún muy desequilibrado en contra de los asalariados.

El sistema fiscal español sigue sin equipararse a la Unión Europea con una presión fiscal sobre las rentas del capital notablemente más baja. Por ello, desde CCOO, venimos proponiendo la adopción de medidas fiscales que eliminen algunos elementos como la denominada “estimación objetiva” por la que declaran los rendimientos de algunas actividades económicas.

Es necesario también eliminar buena parte de las deducciones que no estén directamente vinculadas al desarrollo productivo y el empleo. Por la vía de esas deducciones las grandes empresas terminan tributando por tipos impositivos que no llegan al 10 por ciento. El tipo impositivo legal no tiene nada que ver con el que realmente terminan pagando.

Hay que acabar con las injustificables ventajas fiscales de las que gozan las SICAV, esas sociedades de inversión privilegiadas, a las que nadie se atreve a meter mano.

Habría que eliminar las deducciones y exenciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Habría que crear una tasa sobre las entidades financieras y un impuesto sobre transacciones financieras

El desarrollo de una fiscalidad verde aparece también como esencial para combinar suficiencia y sostenibilidad.

No obstante, todas estas medidas caerían en saco roto si no se actúa para combatir el fraude fiscal, cercano a los 100.000 millones de euros, según estimaciones, y perseguir la economía sumergida que hace que uno de cada cuatro euros escapen al control fiscal. Un fraude y una economía sumergida que nos alejan cada vez más de Europa.

La crisis debería suponer una oportunidad para afrontar los problemas estructurales de nuestro Estado. Unos problemas que tienen mucho que ver con un sistema fiscal injusto y una economía sumergida y un fraude fiscal que impiden contar con los recursos necesarios para superar esta crisis activando la economía y mejorando la cantidad y calidad de nuestro empleo.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid