CRISIS PÚBLICA. BENEFICIO PRIVADO

Una vez más Esperanza Aguirre ha intentado adelantarse y marcar el camino al Presidente Rajoy. Antes de que el nuevo Gobierno de España adoptase sus primeras medidas de ajuste en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprovechaba el 27 de Diciembre para aprobar 25 enmiendas a su Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012. Unas enmiendas que suponen debilitar el sector público madrileño y deteriorar derechos y calidad de vida de la ciudadanía madrileña.

Para empezar, durante 2012, el gobierno madrileño no creará empleo, a causa de la eliminación absoluta de la Oferta de Empleo Público. Muy al contrario, no se cubrirán las vacantes que se produzcan, con lo cual se perderá empleo neto en la Comunidad de Madrid.

Una decisión que viene a unirse a la ampliación de horarios de los empleados públicos en dos horas y media semanales, lo cual producirá el efecto de no contratación de 7.000 interinos y contratados temporales. Una situación incomprensible en una Comunidad con un 17 por ciento de paro y 573.000 personas sin trabajo.

Apuesta así el Gobierno Aguirre por debilitar los Servicios Públicos, su intensidad y su calidad, deteriorando complementos salariales para trabajadores con baja por enfermedad, deteriorando la conciliación familiar, deteriorando la salud laboral, e incrementando riesgos laborales en sectores como la sanidad o los servicios personales.

Junto a ello, Esperanza Aguirre, profundiza en las políticas de entregar bienes y servicios públicos al sector privado. La privatización del Canal de Isabel II, se anuncia tan sólo como el prolegómeno de operaciones similares en Telemadrid, o el Metro de Madrid. El objetivo será el beneficio empresarial y no la calidad del servicio. En consecuencia los servicios se encarecen para los ciudadanos, mientras la calidad se deteriorará.

Estas medidas tienen un problema añadido, la invasión de la Negociación Colectiva que, constitucionalmente es un espacio reservado a empresarios y trabajadores. Los derechos de negociación reconocidos en la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, o el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, se convierten en papel mojado, en virtud de decisiones de gobiernos que aprueban leyes que derogan a su vez otras leyes, como el convenio colectivo, o los Acuerdos de los Empleados Públicos. Modificaciones, cambios, recortes, que, en muchos casos, no son tan siquiera consultadas con los legítimos representantes de los trabajadores. La soberbia de algunos políticos que intenta imponerse sobre la legitimidad de las partes en la negociación de los convenios y acuerdos laborales.

De hecho una de las partes, el Gobierno, se arroga el derecho de cambiar lo legalmente acordado, sin negociación alguna y utilizando a su favor la mayoría política que ostenta.

Además, se hace utilizando toda la fuerza de la propaganda, tanto la propia, como la pagada, para desprestigiar lo público, el sector público y a sus trabajadores, los empleados públicos, haciéndolos aparecer como parte del problema. Algo así como si el alto mando, en plena batalla para salvar su país, se dedicara a sembrar la insidia, hablando mal de su tropa, de sus más fieles soldados.

Devaluar y desprestigiar la imagen de los empleados públicos priva a la Comunidad de Madrid de su capacidad de ser útil cuando, en mitad de la crisis, más necesitamos una administración cercana que defienda el empleo y la calidad de nuestras vidas.

Algo que parece preocupar y ocupar poco a un Gobierno Regional, más atento a los intereses de unos pocos grupos económicos privados, que terminan beneficiándose de la crisis y acaparando los recursos de todos en su favor.

La crisis puede convertirse, de esta manera, en inmensa oportunidad de utilizar los bienes públicos, ya sean colegios, hospitales, el agua, la televisión, el Metro, o las autopistas radiales, como caudal de unas ingentes transferencias de fondos públicos a concesionarios privados.

La lucha de los empleados públicos, profesores, sanitarios, o del resto de servicios públicos, esenciales para la ciudadanía, no es la lucha por los privilegios, como se nos intenta hacer creer, sino la defensa de lo que es de todos, la defensa de lo público, la calidad de nuestras vidas y el empleo. Un empleo que es nuestro único patrimonio y contra la amenaza del paro, que es nuestro principal problema, como ciudadanos y como país.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

3 respuestas a CRISIS PÚBLICA. BENEFICIO PRIVADO

  1. antonio dice:

    La bajada de sueldos a los profesores ( 7%) no la ha hecho la Sra Esperenza Aguirre, tampoco, la subida de la jubilación.Durante los años de despilfarro uds no han abierto la boca ¿por qué? porque os pagaban bien, ahora si toca movilizarse contra los recorte.A MI ME HA PERJUDICADO MUCHO MÁS TENER QUE TRABAJAR MÁS AÑOS Y QUE ME BAJEN EL SUELDO, que me pongan dos horas lectivas más a la semana, que por otra parte está en la ley y que uds nunca la han cuestinado.¿Están haciendo algo para los que nos falta, uno, dos o tres años para la jubilación?

    • ccooblog dice:

      Hemos organizado una huelga general y otra de empleados públicos. Nuestras acciones no dependen del signo político de los gobiernos, sino de sus actos. Claro que nos preocupamos de las jubilaciones de los empleados públicos.

  2. […] "CRITEO-300×250", 300, 250); 1 meneos Crisis pública, beneficio privado ccooblog.wordpress.com/2012/01/11/crisis-publica-benefici…  por SLAYERTANIC hace […]

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