Las primeras medidas del nuevo Gobierno se presentan como medidas ajenas a la voluntad de los gobernantes, al tiempo que como un simple prólogo del verdadero recorte que está por llegar. Tienen como objetivo reducir el déficit público, aún a costa de retrasar la reactivación económica. Intenta combinar recortes sociales con medidas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, pero el efecto global es que no se afrontan los problemas de la economía española, ni corrigen los problemas sociales.
Para combatir el déficit público, se recortan los gastos. Se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos que ya fueron reducidos el año 2010 y congelados durante 2011.
Con respecto a 2010 el sueldo se ha reducido, para los empleados públicos, en un 12 por ciento. Además ven suspendidas las aportaciones a fondos de pensiones. Medidas que no han sido anunciadas, informadas, ni negociadas, con los representantes de los trabajadores del sector público.
Si es grave cargar la mano de los recortes sobre los salarios de los empleados públicos, a los que se les niega el derecho a la negociación colectiva, aún más grave, en tiempos de paro, es la congelación de las plantillas en toda la Administración. Tan sólo en sectores como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, docentes y sanidad, se podrá cubrir una de cada diez vacantes que se produzcan, lo cual supone perder en torno a 65.000 empleos anuales, en las estimaciones más optimistas.
Las medidas del Gobierno afectan también a los empleados públicos con contrato temporal, unos 790.000, de los cuales casi 100.000 pueden perder su empleo.
Para terminar el análisis de las medidas del Gobierno en materia de empleo público, hay que destacar la ampliación a 37,5 horas semanales su jornada laboral semanal. Una medida que no afecta a la Administración General del Estado que ya tiene 37,5 horas de jornada. Tampoco afecta a las Comunidades Autónomas, ni Administración Local. Ni afecta a Entes y Empresas Públicas que tienen su propia negociación colectiva que regula la jornada laboral.
En cuanto a la adopción de esta medida por las Comunidades Autónomas, como la Madrileña, puede suponer perder en torno a 8.000 empleados temporales e interinos en 2012. En tiempos de crisis y paro, reducir la capacidad adquisitiva de los empleados públicos tiene efectos inmediatos sobre el consumo y perder empleo público puede suponer más paro y menores tasas de empleo.
Combatir el déficit público, a costa del empleo y las rentas salariales de los empleados públicos, es un error que impide la recuperación económica y golpea al empleo, incrementando el paro.
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid
Escrito por ccooblog 
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