CARMEN RODRIGUEZ CAMPOAMOR, MUJER, COMUNISTA Y DE CCOO.

enero 21, 2012

Nada hacía presagiar que Carmen Rodríguez Campoamor nos abandonaría el pasado 6 de enero, como era difícil adivinar que tuviera 91 años, a la vista de la incansable actividad que desplegaba. Aturdido por su partida, he tardado en madurar este artículo, dejando reposar su recuerdo.

Se acerca la fecha en la que conmemoraremos el 35 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha. Y Carmen no faltaba a su cita con la memoria de los trabajadores. No faltaba tampoco, salvo por ocasionales motivos de salud, a ninguna cita con su sindicato, ya fueran las reuniones de mujeres pensionistas, o los homenajes a personas como Marcelino Camacho, o como el que rendimos a su compañero Simón Sánchez Montero.

En estos tiempos de internet y wikipedia, llama la atención que figuras como Marcelino Camacho o Simón Sánchez Montero, merezcan tan sólo escuetas reseñas biográficas, mientras que cuando tecleas Josefina Samper, o Carmen Rodríguez Campoamor, a duras penas consigues una referencia de Carmen, en el anexo de fallecidos en 2012, de la famosa enciclopedia omnisciente. Lagunas, que, sin duda, las gentes de la izquierda deberíamos acudir a rellenar sin tardanza.

Porque si importantes fueron los hombres, no menos lo fueron las silenciadas mujeres, a las que un 24 de Enero de 2008, la Fundación Abogados de Atocha quiso recordar, agrupándolas, en uno de sus premios anuales, bajo el reconocimiento a las Mujeres de los presos políticos del franquismo.

Le venía de casta a Carmen su condición comunista y republicana. Su compromiso, que la llevó a sufrir detenciones por su incansable lucha por la libertad y la amnistía. Que la condujo a visitar a su marido en las cárceles donde pasó 17 años de su vida.

Una mujer implicada en las luchas del PCE, del Movimiento Democrático de Mujeres, que desde la discreción y el afecto supo llenar con su presencia cada acto al que acudía.

Carmen, siempre acompañada por su hija Aida, llenó también nuestros actos, pequeños o grandes. Unos actos, como este 35 Aniversario de los Abogados de Atocha, en los que su ausencia dejará un inevitable hueco, que sólo el orgullo de haberla conocido y la memoria de toda una vida dedicada a nosotros, contribuirá a llenar. Hasta siempre, Carmen.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid

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LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEFIENDE SU FUTURO.

enero 20, 2012


Algo muy grave tiene que estar pasando en el sistema democrático para que tengamos que considerar un triunfo el que nuestros gobernantes acepten sentarse a negociar con los legítimos representantes de los trabajadores de la enseñanza pública madrileña.

Más grave aún, este incumplimiento de las leyes, cuando esos trabajadores llevan medio año protagonizando manifestaciones multitudinarias y jornadas de huelga con amplio seguimiento. El malestar es incuestionable y la protesta se ha expresado de incontables maneras.

Frente a ello, Lucía Figar, Consejera de Educación, ignora que hay una Mesa Sectorial de Educación, legalmente constituida, en la que tiene obligación de informar a los trabajadores y negociar con ellos.

No hay obligación de alcanzar acuerdos, pero sí de informar y acreditar que se ha negociado. Por no hacerlo así, el Gobierno de Aguirre se ha llevado cuantiosos varapalos judiciales, al ver anuladas sus decisiones, aunque meses o aún años más tarde, y con escasa consecuencias, merced a la lentitud de la justicia y la irreversibilidad de lo ya hecho y ejecutado.

Incluso cuando hemos intentado que la repetida reincidencia en decisiones injustas, a sabiendas de ello, por parte de responsables políticos del gobierno Madrileño, sea penalmente castigada, hemos topado con las reticencias de una justicia siempre remisa a meter en cintura a unos políticos que, en su desfachatez, manifiestan en público que no importa actuar ilegalmente, a sabiendas, porque aún cuando los tribunales declaren ilegales sus actos, ellos llevarán años alejados de esa responsabilidad política y las consecuencias personales serán mínimas.

Es verdad que la convocatoria de la Mesa Sectorial, el pasado día 12 de Enero, no ha servido para solucionar el problema creado por la publicación de las instrucciones de inicio de curso en la enseñanza secundaria madrileña. Es verdad que la propia Presidenta regional ha manifestado que no piensa dar marcha atrás en la decisión de ampliar a 20 las horas de docencia. Pero esa misma mesa ha servido para que CCOO exija abrir un proceso de negociación sobre las plantillas de profesorado necesarias en cada etapa educativa, restableciendo un funcionamiento de los centros que se ha visto paralizado por la falta de personal, acabando con la precariedad laboral que suponen contratos por un tercio de jornada, impago de las vacaciones, despidos discriminatorios, o falta de derechos laborales básicos.

Situaciones que vienen a sumarse a temas pendientes como horarios, devaluación de tutorías, contrataciones irregulares, recortes de gastos de funcionamiento, ratios de alumnos muy elevadas, desarrollo de la carrera profesional, formación continua. Todos ellos asuntos de plena competencia de la Mesa Sectorial de Educación.

La convocatoria de esta Mesa no supone la solución al conflicto. Aventuro que el camino será aún largo y duro. Aventuro que tendremos que mantener la movilización prolongada en el tiempo para abrir puertas a nuestras propuestas, a una Escuela Pública de toda la ciudadanía para toda la ciudadanía. Pero la movilización ha forzado el primer paso y constituye un primer triunfo.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid.


SUBIR LOS IMPUESTOS ES DE DERECHAS. LAS MEDIDAS DE RAJOY

enero 18, 2012

Mira por donde, ahora que una parte del socialismo español se iba acostumbrando a la idea de que bajar impuestos puede ser de izquierdas, llega un Gobierno incuestionablemente de derechas y sube los impuestos. Muy a su pesar, se justifican, pero el hecho es que, entre las primeras medias del nuevo gobierno, se encuentran alguna como la subida del IRPF, estableciendo un gravamen temporal, (para 2012 y 2013), y progresivo, que aumenta desde el 0,75 por ciento en rentas bajas hasta el 7 por ciento para rentas superiores a los 300.000 euros.

Igualmente se establece un gravamen complementario sobre rentas de capital que oscilan entre el 2 por ciento y hasta un 6 por ciento para rendimientos superiores a los 24.000 euros.

Que los impuestos subieran parecía inevitable, más allá de las promesas electorales, pero que sea un impuesto directo como el IRPF el que sube, no era lo previsible en una derecha que suele preferir subir los impuestos sobre el consumo para mejorar la recaudación. Dicho de otra manera, la subida del IVA de determinados productos antes que el IRPF. Y sin embargo ha ocurrido esto último.

Claro, que tiene su lógica. El IVA se recauda rápidamente, pero sobre los precios y desanima el consumo. El IRPF es más lento pero más seguro y su subida viene a reconocer que la situación del IRPF había llegado demasiado lejos, hasta el punto de que los únicos que no escapaban al mismo éramos los asalariados.

El sistema fiscal español tiene que ser revisado, repartiendo mejor sus cargas entre rentas del trabajo y rentas del capital. El paso va, así pues, en la buena dirección pero es temporal y es insuficiente porque sigue golpeando más a las rentas del trabajo que a las del capital.

Basta comprobar que las estimaciones del Gobierno esperan recaudar 5.357 millones de euros con la reforma del IRPF, pero, de ellos, 4.111 proceden de las rentas del trabajo y tan sólo 1.246 de las del capital. El 77 por ciento de los nuevos ingresos los ponemos los trabajadores. El 23 por ciento las rentas del capital. Algo más justo que ese 91 por ciento que aportamos en 2009 los trabajadores al IRPF, frente al 9 por ciento que aportaron las rentas del capital, pero aún muy desequilibrado en contra de los asalariados.

El sistema fiscal español sigue sin equipararse a la Unión Europea con una presión fiscal sobre las rentas del capital notablemente más baja. Por ello, desde CCOO, venimos proponiendo la adopción de medidas fiscales que eliminen algunos elementos como la denominada “estimación objetiva” por la que declaran los rendimientos de algunas actividades económicas.

Es necesario también eliminar buena parte de las deducciones que no estén directamente vinculadas al desarrollo productivo y el empleo. Por la vía de esas deducciones las grandes empresas terminan tributando por tipos impositivos que no llegan al 10 por ciento. El tipo impositivo legal no tiene nada que ver con el que realmente terminan pagando.

Hay que acabar con las injustificables ventajas fiscales de las que gozan las SICAV, esas sociedades de inversión privilegiadas, a las que nadie se atreve a meter mano.

Habría que eliminar las deducciones y exenciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.

Habría que crear una tasa sobre las entidades financieras y un impuesto sobre transacciones financieras

El desarrollo de una fiscalidad verde aparece también como esencial para combinar suficiencia y sostenibilidad.

No obstante, todas estas medidas caerían en saco roto si no se actúa para combatir el fraude fiscal, cercano a los 100.000 millones de euros, según estimaciones, y perseguir la economía sumergida que hace que uno de cada cuatro euros escapen al control fiscal. Un fraude y una economía sumergida que nos alejan cada vez más de Europa.

La crisis debería suponer una oportunidad para afrontar los problemas estructurales de nuestro Estado. Unos problemas que tienen mucho que ver con un sistema fiscal injusto y una economía sumergida y un fraude fiscal que impiden contar con los recursos necesarios para superar esta crisis activando la economía y mejorando la cantidad y calidad de nuestro empleo.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


ACABAR CON LAS INVERSIONES. LAS MEDIDAS DE RAJOY.

enero 18, 2012

Recortes en salarios y empleo público. Recortes sociales en Renta Básica de Emancipación, Salario Mínimo, atención a la dependencia. Pero no sólo eso. Las primeras medidas de Rajoy incorporan también recortes sustanciales en inversiones públicas. El grueso del ajuste, el 66 por ciento del recorte, se centra en cuatro ministerios inversores (Fomento, Industria, Economía y Exteriores), además de 1.000 millones de euros en inversiones autonómicas.

Exteriores ve reducir en un 66 por ciento su presupuesto, afectando a las inversiones en cooperación internacional. Pero el mayor volumen de recorte (1.600 millones de euros) se produce en el Ministerio de Fomento, donde RENFE y autovías sufren los retrocesos más profundos.

Industria, por su parte, pierde 1.100, millones de euros perjudicando entre otros los procesos de reestructuración de la minería del carbón, en León, Asturias o Teruel.

También Economía pierde más de 1.000 millones de euros, laminado sobre todo las ayudas a la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), que pierden 600 millones de euros.

Otro golpe en inversión se produce en Hacienda, con una reducción de 200 millones de euros en RTVE, condenando a la televisión pública de calidad, a la que ya se la ha privado de los ingresos por publicidad.

Si la inversión privada está desaparecida y la pública ha sufrido pasados y nuevos recortes, la conclusión es que la actividad económica se resiente y la crisis se agrava.

Las inversiones en Fomento, Industria, I+D+i no son lujos, sino necesidades fundamentales para evitar la recesión, recomponer un modelo productivo muy debilitado por la crisis y contener la sangría de empleo. No aparece que nuestro nuevo Gobierno haya entendido esta necesidad, incurriendo de nuevo en el error de priorización absoluta de la contención del déficit público, frente a la reactivación económica y el empleo.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


LAS MEDIDAS DEL PP: CONGELACIONES SOCIALES

enero 16, 2012

Algunas de las medidas del nuevo Gobierno del PP vuelven a incurrir en los mismos errores de las impulsadas por el Gobierno Zapatero. Combatir el déficit como prioridad política, a costa de recortar gasto y, especialmente, el que tiene más impacto sobre las rentas más bajas, es un error de bulto.

Así ocurre con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se estanca en 641,40 euros al mes. Es cierto que este Salario Mínimo afecta a muy poca gente, en torno al 1,34 por ciento de los asalariados a tiempo completo, o a las empleadas del hogar.

Precisamente por eso, no se entiende que la competitividad de nuestra economía se resienta dignificando la cuantía del SMI. Muy al contrario hubiera supuesto una buena señal de solidaridad con los que obtienen menos rentas por su trabajo.

Además el Salario Mínimo es utilizado como referencia para fijar el IPREM (Indicador Público de Renta), que sirve para establecer la cuantía de prestaciones y ayudas no contributivas, como las Rentas Mínimas o Salarios Sociales en muchas Comunidades Autónomas. Congelando el SMI se congelan también estas ayudas que suponen la última red de protección frente a la pobreza.

En cuanto a la Renta de Emancipación de los jóvenes, no se concederán más ayudas de este tipo. Se vuelve a incentivar la compra de vivienda, pero se suprimen ayudas como ésta para ayudar a pagar el alquiler a jóvenes que se independizan. Y esto en un país en el que los jóvenes se emancipan como media a los 30 años, frente a una Europa en la que los jóvenes se independizan a los 21.

Se congela también la incorporación de dependientes moderados al sistema de atención a la dependencia produciendo ahorro de gasto a costa de quien más lo necesita.

El permiso de paternidad de 4 semanas seguirá sin aplicarse, como ya ocurrió en 2011, con lo cual nuestro diferencial con Europa en esta materia sigue intacto.

Por último, en un gesto más propagandístico que real, se reducen las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Conviene recordar que estas cuantías no son un regalo de los gobiernos, sino la compensación por participar en órganos consultivos y de participación como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Consejo Económico y Social y otros.

No estaría mal que en justa correspondencia se limitaran también las dietas por asistencia a Consejos de Administración y sueldos de altos ejecutivos, teniendo en cuenta que toda la riqueza del país, pública o privada, debe tener una función social a la que debe someterse en todo caso. Así lo establece nuestra Constitución y es algo más exigible aún en tiempos de crisis.

Rajoy ha querido iniciar su andadura con un poquito de publicidad y un mucho de medidas que exigen más sacrificios a los más golpeados por la crisis. Mal empezamos.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO, UN ANUNCIO DE LO QUE NO QUIEREN HACER

enero 15, 2012

Las primeras medidas del nuevo Gobierno se presentan como medidas ajenas a la voluntad de los gobernantes, al tiempo que como un simple prólogo del verdadero recorte que está por llegar. Tienen como objetivo reducir el déficit público, aún a costa de retrasar la reactivación económica. Intenta combinar recortes sociales con medidas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, pero el efecto global es que no se afrontan los problemas de la economía española, ni corrigen los problemas sociales.

Para combatir el déficit público, se recortan los gastos. Se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos que ya fueron reducidos el año 2010 y congelados durante 2011.

Con respecto a 2010 el sueldo se ha reducido, para los empleados públicos, en un 12 por ciento. Además ven suspendidas las aportaciones a fondos de pensiones. Medidas que no han sido anunciadas, informadas, ni negociadas, con los representantes de los trabajadores del sector público.

Si es grave cargar la mano de los recortes sobre los salarios de los empleados públicos, a los que se les niega el derecho a la negociación colectiva, aún más grave, en tiempos de paro, es la congelación de las plantillas en toda la Administración. Tan sólo en sectores como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, docentes y sanidad, se podrá cubrir una de cada diez vacantes que se produzcan, lo cual supone perder en torno a 65.000 empleos anuales, en las estimaciones más optimistas.

Las medidas del Gobierno afectan también a los empleados públicos con contrato temporal, unos 790.000, de los cuales casi 100.000 pueden perder su empleo.

Para terminar el análisis de las medidas del Gobierno en materia de empleo público, hay que destacar la ampliación a 37,5 horas semanales su jornada laboral semanal. Una medida que no afecta a la Administración General del Estado que ya tiene 37,5 horas de jornada. Tampoco afecta a las Comunidades Autónomas, ni Administración Local. Ni afecta a Entes y Empresas Públicas que tienen su propia negociación colectiva que regula la jornada laboral.

En cuanto a la adopción de esta medida por las Comunidades Autónomas, como la Madrileña, puede suponer perder en torno a 8.000 empleados temporales e interinos en 2012. En tiempos de crisis y paro, reducir la capacidad adquisitiva de los empleados públicos tiene efectos inmediatos sobre el consumo y perder empleo público puede suponer más paro y menores tasas de empleo.

Combatir el déficit público, a costa del empleo y las rentas salariales de los empleados públicos, es un error que impide la recuperación económica y golpea al empleo, incrementando el paro.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid


LUCHA CONTRA EL PARO

enero 13, 2012


En Madrid, casi 600.000 personas sobreviven en paro. Muchos llevan ya varios años en esta situación de desempleo. Son muchos los que van perdiendo las prestaciones, los subsidios, las ayudas. Hay más parados, la situación es dramática ya en muchas familias. Sin embargo es muy probable que el gobierno ahorre 7.000 millones de euros en protección por desempleo, a causa de estos parados de larga duración que perderán prestaciones, subsidios, ayudas.

Muchas veces escucho a responsables empresariales, o de alguna administración, que los sindicatos no tienen que hablar de cosas como la sanidad, o la educación y deberían dedicarse a los parados, que hay muchos. Lo dicen, lo repiten, lo afirman una y mil veces. Lo saben, pero siguen mintiendo.

Saben que la responsabilidad de que existan políticas para promover empleo y atender a las personas paradas es de las Administraciones. Saben que las empresas crean empleo cuando hay demanda y actividad económica, independientemente de las mayores o menores facilidades para despedir. Dependen más del crédito que del contrato.

Lo saben pero no hacen nada. Lo saben, pero culpan a los sindicatos, cuando ellos son los responsables. Luego, como ocurre con el Gobierno Aguirre, suprimen el Servicio Regional de Empleo. Bajan los recursos para política de empleo. No ponen en marcha recursos para atender y proteger a personas sin prestación alguna. Eso hace cada día nuestro Gobierno Regional, al tiempo que culpabiliza a los sindicatos. A unos más que a otros. A CCOO mucho.

Mientras tanto CCOO hemos negociado propuestas para atender de forma específica a los parados en el Acuerdo por el Empleo. Hemos planteado a Esperanza Aguirre un Abono Social de Transportes para parados. Hemos exigido, con propuestas, un Plan de Choque contra el paro, en 2.009, ya en plena crisis. Una Iniciativa Sindical por el Empleo en Madrid, cuando la situación se agravó en la primavera de 2010. De nuevo en Noviembre volvimos a exigir un Plan de Emergencia contra el paro y la exclusión social.

Con ocasión de las elecciones autonómicas y municipales, en Mayo de 2011, CCOO nos dirigimos a todos los grupos políticos para combatir la crisis y proteger a las personas desempleadas. Lo hemos planteado de muchas maneras, pero lo planteado es siempre lo mismo:

Que una personas parada tiene derecho a una prestación, un subsidio, una ayuda. Cuando se acaben las ayudas estatales, la Comunidad Autónoma debe poner en marcha ayudas autonómicas, al tiempo que Madrid debe reforzar su salario social, su Renta Mínima de Inserción para evitar que nadie en situación de paro caiga en la pobreza o la exclusión.

Que se apoye financieramente a las familias, paradas para que no pierdan la vivienda. Que puedan obtener un Abono Social para utilizar el Transporte Público. Ayudas escolares en libros, material, comedor escolar, escuelas infantiles, tasas universitarias, coste de los medicamentos.

Que funcionen los servicios de empleo y la persona parada pueda acceder a las oportunidades de empleo, recibir orientación, asesoramiento, formación, ofertas de empleo.

No pedimos sino el cumplimiento de los derechos básicos de toda persona que se ve abocada a la privación de su derecho constitucional al empleo, a un trabajo que permita mantener una vida digna.

Lo seguiremos exigiendo en el debate, en la propuesta, en cada negociación y, cuando sea necesario, en la movilización. Las personas paradas no pueden ser convertidas por nadie en víctimas propiciatorias de esta crisis.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid