7 FEBRERO: REFORMA BANCARIA URGENTE

febrero 2, 2012


Los mercados financieros se han globalizado a marchas forzadas. Esto ha permitido el crecimiento de las operaciones mercantiles, pero también ha abierto la puerta a movimientos especulativos del capital, sin base productiva alguna, pero con ingentes beneficios económicos para quienes se han especializado en ellos.

La inexistencia de instrumentos también globalizados para controlar estos movimientos se encuentra en el origen de la crisis financiera desencadenada. Una de las consecuencias más evidentes de esta crisis es que las familias y las empresas tienen serias dificultades para acceder a los créditos, al tiempo que los propios Estados se ven acosados por operaciones especulativas que hacen crecer el coste de su endeudamiento.
En países como España, donde buena parte del crecimiento tenía como base el consumo interno a costa del endeudamiento, el drama de muchas familias, empresas y administraciones es cada día mayor.

La crisis financiera ha desembocado, de esta manera en una crisis de consumo y posteriormente de producción. Compramos menos, ahorramos más y muchas empresas, ante la escasez de ventas y los problemas de liquidez, se ven abocadas a procesos concursales de cierre, quiebra y suspensión de pagos, contribuyendo al aumento del desempleo que supera ya los 5 millones de personas paradas en nuestro país. Las operaciones inmobiliarias con crédito hipotecario de por medio acaparan en estos momentos el 97 por ciento de nuestro PIB, mientras que los créditos comerciales o de otro tipo se han reducido a la mínima expresión.

En los tiempos de vacas gordas, la expansión inmobiliaria y crediticia generó ingentes beneficios. Así, entre 2003 y 2008, generaron más de 114.000 millones de euros de beneficios, mientras que aportaron tan sólo 17.414 en impuesto de sociedades. Eso supone una tributación de poco más del 15%, cuando nominalmente el impuesto debería haber recaudado el 35%, que es el tipo general de gravamen.

Esta situación viene a agravarse por nuestra elevada deuda con el exterior. Compramos mucho, vendemos poco y nuestras entidades financieras, nuestras empresas y, en menor medida, nuestras Administraciones Públicas, dependen excesivamente de la financiación exterior. Un problema al que viene a añadirse, en el caso español, la alta concentración del ahorro en la compra de vivienda. Se ha incentivado durante años la compra de vivienda que ha tenido efectos económicos muy importantes en el corto plazo para los especuladores, pero que ha situado los precios y el endeudamiento en cotas insostenibles, lastrando al sector financiero durante un largo periodo de tiempo.

El endeudamiento es muy alto, especialmente en el sector privado. La concentración de ese endeudamiento en el sector hipotecario es de alto riesgo. Los promotores inmobiliarios arrastran la mayor parte de los préstamos hipotecarios y la dependencia del exterior de la deuda de las entidades financieras es excesivamente elevada.

Han fallado los Gobiernos, han fallado los responsables empresariales, pero sobre todo ha fallado quien debería haber ejercido un control sobre el crecimiento especulativo del dinero en circulación, renunciando a ejercer sus competencias, el Banco de España. Se ha reconocido tarde la situación y se ha improvisado en las recetas para solucionar el problema.

Hemos asistido a una Reforma Laboral que abarató el despido y precarizó aún más el empleo. Una Reforma de la Negociación Colectiva que desreguló aún más las relaciones laborales, eliminando derechos colectivos de los trabajadores para dar carta blanca a los empresarios. Un proceso desgobernado de fusión de Cajas de Ahorros, para convertirlas en bancos privados, utilizando el FROB (Fondo de Reconversión de Ordenación Bancaria) para ello. Un proceso, que no ha impedido las excesivas remuneraciones, las escandalosas indemnizaciones, o los retiros dorados en empresas participadas o fundaciones de un buen número de altos ejecutivos, responsables directos de la mala gestión y del maremoto desencadenado en las entidades financieras españolas.

No ha existido un debate sobre el modelo de gestión y futuro de unas entidades financieras de larga trayectoria en nuestro país, como las cajas de ahorros. La escasez de créditos sigue siendo uno de los principales problemas para superar la crisis. El valor real de los activos bancarios, especialmente inmobiliarios, sigue siendo un auténtico misterio. Las medidas adoptadas no han contribuido a solucionar el problema, ni facilitar el acceso a crédito de empresas y familias. La Reforma de nuestro sistema financiero, junto a la reforma fiscal, son los principales retos de nuestra economía en estos momentos, para superar una situación extremadamente complicada. Se pueden y se deben adoptar medidas inmediatas. Es necesario que el Banco Central Europeo se comprometa con la situación y mantenga una política monetaria expansiva, reduciendo tipos de interés, como lo están haciendo Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón. Hay que valorar con realismo los activos inmobiliarios en manos de las entidades financieras y respaldar ese riesgo patrimonial con compromisos de ámbito europeo, porque el problema se extiende a toda Europa. Un saneamiento a cambio de compromisos ciertos de las entidades financieras en su gestión de los recursos.

No debemos renunciar a fórmulas como la utilización de instrumentos públicos, reforzando el ICO y apostando por una banca pública. Sin embargo, conformar un sector financiero más sano, debe tomar en cuenta que las políticas económicas deben experimentar un giro extraordinario, apostando por un sector inmobiliario más sano y menos especulativo. Prohibiendo las operaciones en bolsa de valores a corto plazo. Estableciendo una tasa sobre operaciones financieras y mejorando la fiscalidad sobre beneficios reales de las empresas. Estableciendo mecanismos efectivos de control y supervisión del sistema financiero. Limitando sueldos, retribuciones e indemnizaciones de altos ejecutivos y manteniendo la función social y de desarrollo territorial de las cajas de ahorros. En definitiva convirtiendo nuestro sistema financiero en un instrumento al servicio de la innovación, el sostenimiento de la actividad económica y el empleo, la actividad industrial y productora y los servicios de calidad, apoyando especialmente la pequeña y mediana empresa.

La Reforma del Sistema Financiero es urgente. Quienes se empeñan en solucionar los problemas con más reformas laborales, un empleo más temporal y precario, un despido más barato, cometen un error de bulto. Necesitamos ya la reforma del sistema financiero español, de forma inaplazable.

Esta es la Reforma que exigiremos en la manifestación del 7 de Febrero en Madrid porque buena parte de nuestros problemas proceden de un sistema financiero incapaz de atender las necesidades de empresas y familias
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid.

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7 DE FEBRERO GASTO PÚBLICO, VICTIMA O CULPABLE

febrero 1, 2012

Existe una cohorte de tertulianos en la Corte de los Milagros, que adormecidos por sus estómagos agradecidos, insisten una y otra vez en que el principal problema de nuestro país radica en el elevado gasto público que soportamos. Junto a la Reforma Laboral, los recortes de gasto público se convierten, para estos improvisados sabelotodo, en las grandes reformas estructurales que el país necesita.

Sin embargo, ninguna reforma laboral, aún menos si es impuesta, creará un solo empleo en el país, mientras que los recortes en el gasto público, sólo traerán más sufrimiento y alargarán los efectos de la crisis.

La Fundación1º de Mayo de CCOO ha presentado recientemente un Informe titulado “El Gasto público: Falso culpable”, elaborado por Manuel Lago. Un informe que pone de relieve que el gasto público en España se encuentra a la cola de la Unión Europea. Nuestro gasto público supone el 45 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el de la Unión Europea se situaba en el 50,3 por ciento. Países como Dinamarca, Francia, o Finlandia, dedican el 55 por ciento de su PIB a gasto público.

Cuando nos fijamos en el gasto social, como parte de ese gasto público, podemos comprobar que España queda también mal situada. El 40 por ciento de nuestros recursos se dedica a gasto social, frente al 47 por ciento en la media europea, o el 58 por ciento en Alemania.

Es cierto que durante la crisis nuestro gasto público ha crecido levemente por encima de la Unión Europea, sobre todo porque soportamos el mayor paro de toda Europa, pero el problema de nuestro déficit público tiene su principal causa en una caída de los ingresos públicos, a causa de un sistema fiscal notablemente mejorable y una brutal caída de la actividad económica.

Nuestra deuda pública es inferior a la de los grandes países de la Unión Europea. El precio de esa deuda tampoco es excesivo si lo comparamos con otros países, o con etapas anteriores de nuestra propia historia reciente.

Combatir el déficit público y su crecimiento es importante, pero no puede convertirse en un objetivo prioritario y único. Acelerar la reducción del déficit sólo producirá más dolor y conllevará efectos desastrosos sobre nuestra economía.

Racionalizar el gasto, ser austeros, eliminar gastos innecesarios, y suntuarios, evitar el despilfarro, debe ser tarea de todos en la política y en la sociedad, pero debilitar el gasto público, las inversiones públicas, y especialmente el gasto social, en servicios público y protección social puede ser dramático para nuestra sociedad.

Necesitamos cuanto antes actuar también sobre los ingresos, con una reforma fiscal urgente para contar con los recursos económicos necesarios para contener la sangría de empleo, impulsar la actividad económica y proteger a las personas. Podemos superar una crisis económica dura y larga. Será mucho más difícil reconstruir la cohesión social, si permitimos que las fracturas sociales se extienda.

El próximo 7 de Febrero, la ciudadanía madrileña, los trabajadores y trabajadoras saldremos a las calles, para manifestar nuestro rechazo a un modelo de salida de la crisis que supone recortes brutales en las inversiones públicas, el gasto público y el gasto social, con duras repercusiones sobre el empleo y sobre la calidad de vida en nuestra Región
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid