la tierra de los nadie 59 «las tardes de domingo…

foto: Fran Lorente

Las tardes de domingo en los patios del Poblado
destilan juegos de niños, clamores de fútbol,
rumor de chapuza y sobras de estudio aplazado.
La luz escapa, difuminando los sentidos.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

MEMORIA DEL PROCESO 1001

El 24 de junio de 1972, la Coordinadora General de las Comisiones Obreras había convocado una reunión en el Convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón. Era una reunión clandestina, porque las Comisiones Obreras, que se habían fraguado aprovechando los resquicios del sindicato vertical franquista y que habían ganado las elecciones sindicales, incluso teniendo que jugar con unas cartas marcadas por el propio Régimen, habían sido ilegalizadas, perseguidas y condenadas.

Hoy sabemos que la mayoría de condenas dictadas por los Tribunales de Orden Público (TOP) fueron dictadas contra militantes de las Comisiones Obreras.

A la reunión faltaban, al menos, un tercio de los convocados. Unos por estar encarcelados, otros por retrasos en el viaje y otros por no poder desplazarse a Madrid.

Allí estaban los que serían luego conocidos como los 10 de Carabanchel, la emblemática cárcel madrileña donde terminaban los presos políticos del franquismo.

Porque en eso quedaron convertidos los dirigentes de CCOO, cuando el convento fue rodeado por las Fuerzas de Orden Público. Con tremenda gracia lo cuenta Eduardo Saborido, en la inauguración de la Exposición “Proceso 1001. Tiempos de clandestinidad”. Ninguno contemplaba ser detenido y em consecuencia, cada uno contó a la policía una versión distinta de su presencia en el convento. Desde la realización de Ejercicios Espirituales, hasta la búsqueda de empleo.

Eran justificaciones formales, porque el franquismo ya había decidido dar una lección a los trabajadores y trabajadoras y la detención en bloque de la cúpula de las Comisiones Obreras formaba parte de la misma.

Los 10 de Carabanchel permanecieron en prisión preventiva y sin fianza, desde el 24 de junio de 1972, hasta el inicio del juicio, el 20 de diciembre de 1973, con la mala fortuna que ese mismo día se produce el atentado que acaba con la vida del Presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco.

Si el Régimen quería una sentencia ejemplarizante, el asesinato de Carrero conduce, además, a un juicio rápido y el 27 de diciembre la sentencia acarrea condenas desorbitadas, que ni toda la solidaridad internacional en Europa y América consiguen rebajar. Sentencias para personas cuyo único delito es luchar por la libertad sindical:

Marcelino Camacho, 20 años.

Eduardo Saborido, 20 años y 6 meses.

Nicolás Sartorius, 19 años.

Francisco García Salve. 19 años.

Juan Muñiz Zapico, 18años.

Fernando Soto, 17 años.

Miguel Ángel Zamora, 12 años.

Pedro Santiesteban, 12 años.

Luis Fernández, 12 años.

Francisco Acosta, 12 años.

Condenas desproporcionadas para quienes solo representaban el hambre de libertad y de justicia de la clase trabajadora española. El hambre de un futuro mejor. El sufrimiento del trabajo sin derechos. Del silencio impuesto.

Las CCOO escuchan hoy el eco de la memoria viva del 1001, de la misma manera que hemos hecho bandera y orgullo de la memoria de los Abogados asesinados en Atocha.

Como bien recuerda Alejandro Ruiz-Huerta, citando a Paul Eluard, “Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Porque es en el eco del 1001, o de los Abogados de Atocha, donde las CCOO de hoy afrontamos nuestro camino de futuro.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO

EMPODERAMIENTO E IGUALDAD

Las Jornadas de Mujeres Sindicalistas de CCOO han permitido contrastar muchas opiniones, ideas, inquietudes y problemas con los que la mujer afronta el empleo, la participación, la igualdad de oportunidades, en la empresa y en la sociedad. Un tema central de las jornadas era, precisamente, el empoderamiento de la mujer. Estrategias sindicales y sociolaborales.

El concepto de empoderamiento proviene, en su formulación durante la segunda mitad del siglo XX, de la práctica pedagógica de Paulo Freire, el pedagogo brasileño que en los años 60 y 70 realizó un esfuerzo educativo para mejorar la situación de las clases populares brasileñas.

Paulo Freire utilizaba el concepto de empoderamiento para referirse al mecanismo que debía permitir reducir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades de las personas pobres y marginadas. Conseguirlo, debía permitir abrir las puertas de un desarrollo sostenible para numerosos pueblos.

El empoderamiento, tal y como lo entendemos hoy, más vinculado al movimiento feminista, o de no discriminación por orientación sexual, etc, proviene del concepto manejado por Freire, en confluencia con el concepto “empowerment” que procede de los países ricos del norte, y que hunde sus raíces históricas en la Reforma Protestante encabezada por Lutero.

Creo que la palabra es muy poderosa. Pero la palabra no es en sí misma la solución a los problemas, aunque aporta mucho a encontrar soluciones compartidas.

Digo esto, porque hemos ido adoptando todo un cuerpo lingüístico políticamente que actúa como una presa que embalsa el agua, sin dar solución real al problema de la igualdad de género en las organizaciones políticas y sociales, permitiendo la pervivencia de prácticas machistas, y misóginas.

Lo que aparenta ser respeto a las formas, es muchas veces expresión de una resistencia a la igualdad. El paternalismo intenta frenar el acceso a la igualdad, hasta que el comportamiento paternal topa con la autonomía de pensamiento y expresión de la mujer, a partir de la cual se transforma, en no pocos hombres, un fenómeno de competencia.

Digamos que guardamos las formas, pero no permitimos el acceso al poder real, en la toma de decisiones, a las mujeres. Más allá del lenguaje y el respeto formal, no utilizamos y manejamos, de forma habitual, la igualdad como componente transversal en cada debate o toma de decisión. Incluso, cuando lo hacemos, es para que sean mujeres las que leen los manifiestos escritos por hombres. Una vez más forma sin contenido.

No quiere todo esto decir que no hayamos avanzado en materia de igualdad. Quiero decir que si queremos seguir avanzando debemos romper, mujeres y hombres, las fronteras de una igualdad formal para que fluya la igualdad real.

La introducción en nuestro lenguaje de conceptos como empoderamiento, sinergia, viral, deconstrucción, o desvirtualización, entre otros muchos, más allá de las modas, o de la utilización más precisa del lenguaje, no debe convertirse, en ningún caso, en un enmascaramiento de la realidad que impida acometer las soluciones.

Debemos consolidar los avances en igualdad de frente y con claridad. Para quienes se han acostumbrado al lenguaje críptico, podríamos explicárselo de la siguiente manera: “La deconstrucción del empoderamiento puede crear una sinergia de carácter viral que permita desvirtualizar la igualdad entre los trabajadores y trabajadoras”.

Dicho de otra manera: Es hora de reconocer lo hecho hasta el momento, que no es poco., al tiempo que abordamos medidas de formación y participación, que nos permitan dar un salto adelante en los procesos de igualdad, en las organizaciones políticas y sociales, por supuesto, pero también y no menos importante, en las empresas.

Francisco Javier López Martín

Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo

Secretario de Formación Confederal de CCOO

la tierra de los nadie 58 «Alguien dijo…

foto: Fran Lorente

Alguien dijo, Todos empezamos de poetas,
y remachó, Hay que asesinar el poeta a tiempo
en la cocina de provincias, con cuchillo.
Y toda su prosa se transformó en metáfora.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

A VUELTAS CON LAS PENSIONES

Es bien conocido el dicho de que si quieres que algo no se arregle, monta una Comisión. Así parece entenderlo el Gobierno de España, que ha tomado por costumbre montar una Comisión de Expertos, ante cada caso espinoso con el que se enfrenta. Y no una Comisión cualquiera. Una Comisión ad hoc, compuesta mayoritariamente por «expertos» afines al resultado que se quiere conseguir y en la que se da cabida a elementos de contraste formal, para justificar la pluralidad de la susodicha Comisión, pero sin capacidad alguna de variar los resultados preconcebidos de la misma. Eso parece que ha ocurrido, una vez más, con la famosa Comisión de Expertos sobre pensiones.

Es muy fácil decir estas cosas a toro pasado, cuando los resultados de esa Comisión se han puesto encima de la mesa, los votos, en el seno de la misma, se han producido y ha sembrando polémica el formulado por el experto vinculado a CCOO. Es algo así como lo que hacen los economistas que, incapaces de prevenir la crisis que se nos venía encima, airean ahora que ya se venía venir y que ellos lo anunciaron, en tal o cual velada profecía, que años antes habían dejado por escrito.

Cuando el Gobierno planteó la posibilidad de que Miguel Ángel García formase parte de la Comisión, pudimos haber optado por plantear que una persona tan vinculada a CCOO, como Jefe del Gabinete Económico, no era conveniente que estuviera en la misma. Pero eso, de nuevo, es a toro pasado. Porque lo que imperó en ese momento fue la responsabilidad de que una persona, que conoce bien el tema de las pensiones, pudiera formular propuestas que definieran un abanico de posiciones no cerradas, en torno a las previsibles pretensiones de la mayoría de “expertos” de origen bancario y de aseguradoras privadas, interesados en hincar el diente en el jugoso fruto de las pensiones.

De hecho, Miguel Ángel, paró un primer golpe, bronca monumental por medio, cuando la Comisión quiso aprobar un Informe claramente sesgado hacia esos oscuros intereses. Las conclusiones se retrasaron y se incorporaron elementos acordes con las posiciones sindicales, de mantenimiento de los Acuerdos de 2011 y de búsqueda de otras salidas que pusieran el acento en el aumento de los ingresos y no en el recorte de los gastos.

Fue la autonomía con la que, desde el primer momento entendimos la presencia de Miguel Ángel, la que ha dado lugar a que firmase las conclusiones de la Comisión, a la vista de que incorporaba las posiciones de CCOO, aun no compartiendo otros planteamientos del resto de sus componentes. Es, a fin de cuentas, el Gobierno el que tiene la responsabilidad de atender a unos u otros, en el caso de querer plantear un debate sobre pensiones que debe producirse sobre la base del respeto a unos Acuerdos suscritos y el Pacto de Toledo, vigente.

Esta firma del Informe, pese al voto particular formulado y las explicaciones dadas, ha suscitado una inquietud que no se justifica en las posiciones de CCOO con respecto al futuro de las pensiones. Es cierto que podríamos haber previsto esta situación, pero no lo hicimos y por eso hemos reconocido el error. Un error que tiene que ver con haber permitido la presencia de un experto tan vinculado a nuestra organización, en una Comisión que, desde el primer momento, tuvo una imagen sesgada hacia los intereses de la banca y de las aseguradoras privadas. Que tiene que ver con la imposibilidad de asegurar que el voto personal de ese experto aparezca desvinculado de las posiciones de la organización. Con el hecho, también, de que las conclusiones mayoritarias de la Comisión ni son, ni podían ser, las nuestras y que serían esas posiciones las que mayoritariamente esperaban y terminarían recogiendo los medios de comunicación. Que tiene que ver con la dispersión del voto de los escasos representantes de la izquierda social y política en esa Comisión. Uno a favor, otro en contra y un tercero, abstención.

Pero algo de positivo se ha derivado del Informe. Hoy todo el mundo sabe lo que CCOO piensa de la Comisión y de su Informe. Nadie puede llamarse a andanas sobre lo que vamos a defender sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. En primer lugar porque esa Reforma que quiere plantear el Gobierno, no es necesaria. De hecho, los acuerdos de 2011 establecen que el famoso factor de sostenibilidad, no tiene prevista su determinación hasta el periodo 2027-2032, comenzando a ser aplicado a partir de esa fecha. Si ahora tenemos que recurrir al Fondo de Reserva, es porque el paro es brutal, trabajamos menos personas y han recortado nuestros salarios. Como consecuencia, las cotizaciones a la Seguridad Social bajan coyunturalmente. Acometer recortes estructurales ante problemas coyunturales es matar moscas a cañonazos y apostar por una prolongación de la crisis y mayor sufrimiento.

En ningún caso, por lo tanto, CCOO aceptaremos medidas que supongan reducción de las pensiones, ni presentes, ni futuras. Dicho de otra manera, no toleraremos que se introduzcan subterfugios como la “esperanza de vida”, para justificar nuevos elementos de cálculo que recorten y rebajen la cuantía de las pensiones. El IPC debe seguir siendo la referencia obligada para la revalorización de las pensiones y no el establecimiento de nuevas fórmulas de revalorización cuyo único objetivo es la reducción del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

Nuestro compromiso con la Seguridad Social y el futuro de las pensiones es incuestionable. Hemos participado en todas las negociaciones y acuerdos en esta materia. Pero la viabilidad de nuestro sistema de pensiones pasa por incrementar las cotizaciones sociales, aunque sea de forma transitoria, hasta que se produzca la recuperación del empleo, así como mejorar la equidad y control del fraude en las cotizaciones, descargando al sistema de Seguridad Social de aquellos gastos que deberían de pagarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Hay que recordar que vivimos en un país que gasta el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto en pensiones, cuando la media de los países europeos de nuestro entorno dedica a pensiones el 13´5 por ciento.

Pues bien, ya tiene el Gobierno su Informe de papel mojado por el descrédito de sus autores, representantes de intereses mercantiles y financieros de todo tipo. Ahora tienen que mojarse nuestros gobernantes y decirnos si apuestan por fortalecer y asegurar el futuro del sistema de pensiones, o si se pliegan a los intereses privados y a los de esos otros “expertos” europeos, que empiezan a reconocer que han producido un hundimiento de Europa y de sus países del Sur, con su obsesión por los ajuste y recortes sin medida. ni control.

Es el Gobierno el que tiene que decidir qué posición adopta, porque esa posición sembrará la confianza o, por el contrario, agudizará el miedo, en una ciudadanía que se fía ya muy poco de sus políticos. Si quiere un futuro negociado y en el marco del respeto al instrumento del Pacto de Toledo, o se lanzan de nuevo por la pendiente de la imposición y el conflicto social generalizado. Esta es la posición de CCOO, antes, durante y después de los trabajos de la famosa Comisión. Porque esa Comisión no nos representa, ni nos vinculan sus conclusiones. Una posición ratificada por la Comisión Ejecutiva Confederal y por todos los Secretarios y Secretarias Generales de las organizaciones confederadas.

Reconocer el error y aclarar las posiciones no es malo. Tampoco es signo de debilidad. Muy al contrario, eso es lo que siempre nos ha hecho grandes. Somos gentes plurales, que elegimos la unidad de CCOO, desde la libertad de nuestras ideas y nuestras opiniones, ardientemente defendidas muchas veces, y ratificando el compromiso con las decisiones mayoritarias que aprobamos democráticamente. Nadie nos verá, por tanto, correr como pollos sin cabeza ante los problemas y las dificultades en los que el país se encuentra. La mano siempre tendida, sí, pero la voluntad siempre firme.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal CCOO

la tierra de los nadie 57 «Huele la ciudad…

foto: Fran Lorente

Huele la ciudad, aguas abajo del arroyo,
a cocido de sábado, a fritanga de bar,
a humedad de marismas a la vera del río
y a sudores lavados por la lluvia del tiempo.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

16-J EUROPA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA

Los próximos 27 y 28 de junio asistiremos de nuevo a una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Una más en esta larga crisis económica que devora el empleo, la política y la cohesión social, en el viejo continente y de forma más brutal en los países del sur.

En el horizonte se encuentran las elecciones alemanas que se celebrarán en el mes de septiembre. No es muy probable, por tanto, que Ángela Merkel baje la guardia y pegue un golpe de timón en sus políticas, que nos condenan a los recortes, el austericidio, el paro y el hundimiento en una crisis cada vez más prolongada.

Lo grave es que el cinismo de Ángela Merkel, no encuentra una respuesta, ni oposición, en el resto de los atemorizados gobiernos de la Unión Europea.

Mientras tanto, Europa se arroja en brazos de una recesión económica cada vez más dura, al tiempo que la señora Merkel insiste en los recortes, la austeridad, las reformas “estructurales” que precarizan el empleo, incrementan el paro, eliminan derechos de la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

Europa se desangra y se debilita cada día más. La quiebra económica es el resultado de la quiebra política. Una quiebra que convierte en imposible la cacareada gobernanza económica. La capacidad de gobernar unidos la economía europea es imposible, si no somos capaces tan siquiera, de poner en común nuestras políticas fiscales y unos derechos sociales compartidos.

España se ha convertido en un país ocupado, cuyos gobernantes se han plegado a las exigencias de la Troika, teledirigida por la canciller alemana. Combatir el déficit público se ha convertido en el único objetivo como país, despreciando el drama de 6’2 millones de personas desempleadas, o de 2 millones de familias con todos sus miembros en paro. Humillando a más de una de cada cuatro personas, condenadas a la pobreza y la exclusión social. Arrojando a nuestros jóvenes a un porvenir sin futuro, mientras soportan tasas de paro del 60%.

La sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, las pensiones, la atención a la dependencia. Esos servicios públicos, esos derechos sociales que tanto ha costado conquistar y construir, sufren el embate permanente y constante de los recortes que amenazan con destruir cualquier vestigio de Estado del Bienestar, para abrir las puertas al Estado del miedo que se impone a una sociedad aterrorizada, que desconfía cada vez más de la política y de las instituciones.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha convocado movilizaciones en toda Europa durante el mes de junio. Movilizaciones que se desarrollan en España entre el 13 y el 16 de junio.

El 16 de junio, en Madrid y, en estos días, en decenas de capitales españolas, se desarrollaran manifestaciones, marchas y movilizaciones de todo tipo, para exigir una Europa más social y democrática.
Una Europa que acabe con la tortura de los recortes en el gasto público, en la protección social, en los salarios. Que apueste por la justicia fiscal. Que apueste por el empleo y la cohesión social.

Habrá quien piense que llenar las calles una vez más, no soluciona los problemas, pero sólo una sociedad unida, una clase trabajadora unida y movilizada en toda Europa, puede contener el desastre y abrir las puertas a una salida justa y equilibrada de la crisis.

El 16 de junio, no faltes, llena las calles.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO

LEY WERT Y FORMACION PROFESIONAL

La Ley Wert comienza bien, apelando al sentido común para impulsar una reforma gradualista y prudente del sistema educativo. Ocurre que, como en tantas otras cosas en este país, terminamos llenando el infierno de buenas intenciones, en el mejor de los casos, o traicionamos las buenas intenciones en aras de intereses banales y espurios.

Si de sentido común hablamos, deberíamos de poner en valor la necesidad de dotar de estabilidad a un sistema educativo demasiado manoseado a los largo de la etapa democrática. Siete leyes educativas en 35 años de convivencia constitucional, una ley cada cinco años, no puede ser bueno. Si queremos ser rigurosos, prudentes, responsables del futuro de nuestro país, deberíamos evitar cambiar la estructura y organización, los niveles, el currículum del sistema educativo cada dos por tres.
Siempre hay cosas que mejorar, indudablemente, pero los cambios deberían ser el fruto de un diagnóstico, unos objetivos, compartidos y asegurando siempre los recursos necesarios.

El sistema educativo español tiene fortalezas innegables. A lo largo de la etapa democrática hemos dado un vuelco educativo sin precedentes. La distancia entre los niveles formativos de quienes cursaron estudios en el pasado y de quienes los han terminado recientemente, es reveladora. Así, entre quienes tienen más de 70 años, el 39 por ciento son analfabetos, o no completaron sus estudios y sólo el 5´8 por ciento tiene titulación universitaria, mientras que entre los que tienen entre 25 y 29 años el analfabetismo no llega al 2 por ciento y el 24 por ciento tiene estudios universitarios.
No todo lo hacemos mal en este país.

Claro que hay cosas que deben preocuparnos en el sistema educativo. Pero no precisamente su relación con el paro juvenil, que, en nuestro caso, no se produce esencialmente por un mal sistema educativo, sino por un modelo económico y productivo que no valora en nada, o casi nada, la cualificación de nuestros jóvenes.

Debería preocuparnos, por ejemplo, que la educación sea una víctima más de la crisis y los recortes, cuando debería ser una apuesta estratégica para abrir las puertas a un mejor futuro económico y del empleo. No es entendible que en 2013, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para Educación, incorporen un recorte del 17´2 por ciento. Mientras tanto, la Reforma Educativa vuelve a centrar el esfuerzo en cambiar itinerarios formativos, bachilleratos, evaluaciones externas, funciones directivas.

Para emprender esta peligrosa deriva y aún sin tomar en cuenta los elementos ideologizantes, como la asignatura de religión, o los ataques a la coeducación de niños y niñas en el mismo aula, se saca a pasear una y otra vez el Informe PISA. Ese Informe promovido por la OCDE, nos alerta de que nuestro porcentaje de abandono educativo es demasiado alto, o de que debemos mejorar en el aprendizaje de las denominadas competencias básicas.

Esa debería ser una preocupación compartida, como compartidas deberían ser las soluciones que no tendrían que pasar, en todo caso, por cuestionar todo el sistema educativo. Entre otras cosas, porque con el mismo sistema educativo, unas Comunidades Autónomas presentan resultados escolares más que aceptables y otras no, al tiempo que centros de una misma Comunidad presentan resultados muy dispares. Taponar estas brechas que debilitan la igualdad y afectan a la cohesión de la sociedad, debería ser el objetivo de la política educativa y no tanto poner patas arriba el sistema educativo.

Debería preocuparnos que haya más de 800.000. jóvenes trabajando sin haber terminado la secundaria obligatoria, o sin estudios más allá de ese nivel. O que contemos con unos 750.000. jóvenes parados en esta situación y sin encontrarse realizando ningún tipo de formación. Conectar el sistema educativo con el empleo debería ser una preocupación de nuestros gobernantes. Pero no se puede mejorar y ampliar oferta formativa recortando presupuesto.

La solución no es hacer muchas pruebas de clasificación del alumnado, ni fortalecer las funciones de los directores de los centros, ni establecer nuevos cursos de formación profesional básica, desconectados del resto del sistema. De nada sirve al objetivo de mejorar el sistema, la ocurrencia desgraciada de establecer tres itinerarios, con titulaciones distintas, al finalizar la ESO: Eneseñanzas Académicas, Enseñanzas Aplicadas y una Formación Básica que actúa como un callejón sin salida, al carecer de efectos académicos. Algo contradictorio con las orientaciones de la Unión Europea, que promueve la formación y la educación hasta los 18 años.

En cuanto a la Formación Profesional en el sistema, el Ministro se encomienda al mito de moda, al mantra, o cantinela, de que debe orientarse hacia el modelo de formación profesional dual alemán. No sabe en qué consiste, sus virtudes e inconvenientes, pero confía ciegamente en que repitiéndolo muchas veces se convierta en la solución mágica.

Para empezar, los que no alcancen las competencias básicas podrán cursar la Formación Profesional Básica y estancarse en ella, porque desde allí no pueden promover a Graduado en ESO, ni tan siquiera a las Enseñanzas Aplicadas. Se mete de lleno en los Grados Medios para descabalar de nuevo las titulaciones recientemente establecidas para adaptarse a la Ley de las Cualificaciones Profesionales.

En cuanto a la Formación Profesional Dual, después de los cantos, mantras y cantinelas exasperantes, termina por no definir en qué consiste y deja su regulación, de nuevo, a futuras iniciativas legislativas del Gobierno. Eso que lo haga el Ministerio de Empleo, parece pensar el ínclito Ministro.

En la Ley Wert no hay mejora de la calidad, ni solución a los problemas. Como mucho unos cuantos guiños a la Iglesia y a la enseñanza privada. El alumnado que más necesita un sistema educativo estable, compensador de desigualdades de origen, topará con un cambio de raíz del actual modelo, sin beneficio alguno para quienes más lo necesitan. No mejora, en absoluto, la financiación del sistema y mantiene los recortes inaceptables en recursos y profesorado.

En cuanto a la Formación Profesional, en nada prestigia esta formación. Al contrario, devalúa sus dos primeros niveles y se convierte en más selectivo el Grado Superior, dejando en manos de los centros la selección del alumnado.

Las soluciones a los problemas deben ser siempre gradualistas, prudentes y basadas en el sentido común. No está mal reconocerlo en el preámbulo de la Ley. Pero es misión del Gobernante hacerlo realidad y alcanzar amplios consensos en materias que lo exigen. Y la Educación es una de ellas. Wert, ni lo ha intentado, tan siquiera.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación confederal de CCOO

la tierra de los nadie 56 «Transitando …

foto: Fran Lorente

Transitando la ruta perdida de los nadie
entretengo el tiempo escribiendo estos poemas,
por ahuyentar el miedo de no encontrar tus labios
en la maraña sucia de esta ciudad desierta.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

LEY WERT Y EL PROBLEMA DEL PARO

La culpa del alto paro juvenil la tiene el abandono escolar, nos dice María Dolores de Cospedal, a la sazón, Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha. El Ministro de Educación, el señor Wert, defiende su nueva Ley de Educación con el argumento de que es “imprescindible” para evitar un paro elevado “en el futuro”.
Es curioso como la política partidista tuerce los argumentos, los rebusca, los miente, con tal de justificar sus iniciativas legislativas, como ocurre con el caso de la Ley Wert.

En primer lugar conviene destacar que nos encontramos ante la octava ley educativa desde 1970, año en el que un Ministro de Franco, Villar Palasí, presentó una Ley General de Educación que venía a sustituir la ley Moyano de 1857, que había sufrido retoques pero permanecía esencialmente intacta.

Digamos, por tanto que la Ley Moyano transitó por la Revolución gloriosa de 1868, la Primera República, la restauración borbónica, la II República, la Guerra Civil y el Franquismo. Digamos que la Ley Moyano, reitero que con retoques, hizo un recorrido atravesando tres Constituciones, una de ellas republicana.

Es cierto que la República planteó un proyecto de Ley de Instrucción Pública, que Unamuno, como Presidente del Consejo de Instrucción Pública, encargó a uno de los mejores pedagogos del momento, Lorenzo Luzuriaga, pero el anteproyecto quedó en eso, las bases de lo que hubiera debido ser una Ley que hacía al Estado responsable de la educación pública, laica, gratuita, creativa, que integrase a las personas en la sociedad y basada en la coeducación de niños y niñas.
La República no fue un paraíso perfecto y las tensiones y cambios políticos impidieron consagrar en una ley la auténtica revolución que impulsó el régimen republicano en materia de modernización de una educación, que, hasta entonces, lideraba la iglesia católica. No es extraño que los obispos recibieran brazo en alto el golpe sangriento de los militares, que terminó encabezando el General Franco, tras dar un golpe, dentro del golpe.

Retomando el hilo. Una Ley con retoques durante más de 110 años. Con retoques, reitero. Desde 1970, con la Ley Villar Palasí, hemos vivido otras seis leyes.

Tras la Constitución de 1978, se aprueba la LOECE (1980), que establece un Estatuto de Centros Escolares. La LODE (1985), La LOGSE (1990), la LOPEG (1995), la LOCE (2002) y la LOE (2006).
Es decir, la LOMCE de Wert, será la séptima Ley Educativa de la democracia. Una ley educativa cada cinco años.

Cabe preguntarse, a estas alturas, si esas ansias de notoriedad de cada ministra o ministro de educación por dejar su impronta en el Boletín Oficial del Estado, es lo más recomendable para mejorar el sistema educativo.

Por otro lado, cuando tanto insisten nuestros gobernantes en que el empleo lo crean los empresarios, suena chocante que intenten hacernos creer ahora que el empleo lo crean los centros educativos y que cambiar la ley es un remedio infalible contra el paro. Es asombroso que Cospedal considere que si hay mucho paro juvenil, es a causa de que hay mucho fracaso escolar.

Si hay mucho paro es porque nuestra economía y la estructura empresarial española son muy débiles y la temporalidad, la precariedad, los bajos salarios y la baja cualificación son característicos de la Marca España.

Creamos mucho empleo con los pelotazos fáciles y seguros y lo destruimos a manos llenas con la crisis. Nuestra marca no es la calidad, la innovación, la formación, y ahí está la clave de nuestro fracaso económico y nuestro desastre de empleo.

Es cierto que la formación es un elemento esencial para nuestro futuro, pero no porque solucione el problema del paro, sino porque si somos capaces de orientar nuestra economía hacia un nuevo modelo productivo, con innovación y calidad en nuestros productos y servicios, contar con personas cualificadas será esencial para el futuro de nuestras empresas.

Los argumentos de competitividad y productividad, que tanto se esgrimen para justificar las reformas laborales o de la negociación colectiva no tienen base alguna. Optar por un mercado de trabajo precario, temporal, de bajos salarios y escasa cualificación, sustenta un modelo con pies de barro. Venderás más en el inmediato, aumentará la productividad. Pero será la antesala de nuevas pérdidas de competitividad y de productividad, obligando a nuevas vueltas de tuerca sobre los mismos temas. Sólo compiten y son productivos, con bases sólidas, quienes apuestan por innovación, calidad, cualificación y salarios justos para trabajadores estables, comprometidos con su futuro y el de sus empresas.

El problema no es, por tanto, legislativo, sino de formar a las personas para un modelo económico, social y cultural de futuro que debería ser el fruto de un amplio consenso político y social.

Mientras esto no ocurra, cambiar las leyes, como lo hace Wert, está sólo orientado a satisfacer intereses de parte, ya sean eclesiásticos o ideológicos. El debate se convierte en religión en las aulas,sí o no. Separación de niños y niñas en las aulas,sí o no. Los tertulianos se lo pasan bien con estos debates, pero los problemas seguirán sin solucionarse. A la espera de otro Ministro que ponga su nombre a una ley.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO