LEY WERT Y FORMACION PROFESIONAL

imagesCAACFDE8La Ley Wert comienza bien, apelando al sentido común para impulsar una reforma gradualista y prudente del sistema educativo. Ocurre que, como en tantas otras cosas en este país, terminamos llenando el infierno de buenas intenciones, en el mejor de los casos, o traicionamos las buenas intenciones en aras de intereses banales y espurios.

Si de sentido común hablamos, deberíamos de poner en valor la necesidad de dotar de estabilidad a un sistema educativo demasiado manoseado a los largo de la etapa democrática. Siete leyes educativas en 35 años de convivencia constitucional, una ley cada cinco años, no puede ser bueno. Si queremos ser rigurosos, prudentes, responsables del futuro de nuestro país, deberíamos evitar cambiar la estructura y organización, los niveles, el currículum del sistema educativo cada dos por tres.
Siempre hay cosas que mejorar, indudablemente, pero los cambios deberían ser el fruto de un diagnóstico, unos objetivos, compartidos y asegurando siempre los recursos necesarios.

El sistema educativo español tiene fortalezas innegables. A lo largo de la etapa democrática hemos dado un vuelco educativo sin precedentes. La distancia entre los niveles formativos de quienes cursaron estudios en el pasado y de quienes los han terminado recientemente, es reveladora. Así, entre quienes tienen más de 70 años, el 39 por ciento son analfabetos, o no completaron sus estudios y sólo el 5´8 por ciento tiene titulación universitaria, mientras que entre los que tienen entre 25 y 29 años el analfabetismo no llega al 2 por ciento y el 24 por ciento tiene estudios universitarios.
No todo lo hacemos mal en este país.

Claro que hay cosas que deben preocuparnos en el sistema educativo. Pero no precisamente su relación con el paro juvenil, que, en nuestro caso, no se produce esencialmente por un mal sistema educativo, sino por un modelo económico y productivo que no valora en nada, o casi nada, la cualificación de nuestros jóvenes.

Debería preocuparnos, por ejemplo, que la educación sea una víctima más de la crisis y los recortes, cuando debería ser una apuesta estratégica para abrir las puertas a un mejor futuro económico y del empleo. No es entendible que en 2013, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para Educación, incorporen un recorte del 17´2 por ciento. Mientras tanto, la Reforma Educativa vuelve a centrar el esfuerzo en cambiar itinerarios formativos, bachilleratos, evaluaciones externas, funciones directivas.

Para emprender esta peligrosa deriva y aún sin tomar en cuenta los elementos ideologizantes, como la asignatura de religión, o los ataques a la coeducación de niños y niñas en el mismo aula, se saca a pasear una y otra vez el Informe PISA. Ese Informe promovido por la OCDE, nos alerta de que nuestro porcentaje de abandono educativo es demasiado alto, o de que debemos mejorar en el aprendizaje de las denominadas competencias básicas.

Esa debería ser una preocupación compartida, como compartidas deberían ser las soluciones que no tendrían que pasar, en todo caso, por cuestionar todo el sistema educativo. Entre otras cosas, porque con el mismo sistema educativo, unas Comunidades Autónomas presentan resultados escolares más que aceptables y otras no, al tiempo que centros de una misma Comunidad presentan resultados muy dispares. Taponar estas brechas que debilitan la igualdad y afectan a la cohesión de la sociedad, debería ser el objetivo de la política educativa y no tanto poner patas arriba el sistema educativo.

Debería preocuparnos que haya más de 800.000. jóvenes trabajando sin haber terminado la secundaria obligatoria, o sin estudios más allá de ese nivel. O que contemos con unos 750.000. jóvenes parados en esta situación y sin encontrarse realizando ningún tipo de formación. Conectar el sistema educativo con el empleo debería ser una preocupación de nuestros gobernantes. Pero no se puede mejorar y ampliar oferta formativa recortando presupuesto.

La solución no es hacer muchas pruebas de clasificación del alumnado, ni fortalecer las funciones de los directores de los centros, ni establecer nuevos cursos de formación profesional básica, desconectados del resto del sistema. De nada sirve al objetivo de mejorar el sistema, la ocurrencia desgraciada de establecer tres itinerarios, con titulaciones distintas, al finalizar la ESO: Eneseñanzas Académicas, Enseñanzas Aplicadas y una Formación Básica que actúa como un callejón sin salida, al carecer de efectos académicos. Algo contradictorio con las orientaciones de la Unión Europea, que promueve la formación y la educación hasta los 18 años.

En cuanto a la Formación Profesional en el sistema, el Ministro se encomienda al mito de moda, al mantra, o cantinela, de que debe orientarse hacia el modelo de formación profesional dual alemán. No sabe en qué consiste, sus virtudes e inconvenientes, pero confía ciegamente en que repitiéndolo muchas veces se convierta en la solución mágica.

Para empezar, los que no alcancen las competencias básicas podrán cursar la Formación Profesional Básica y estancarse en ella, porque desde allí no pueden promover a Graduado en ESO, ni tan siquiera a las Enseñanzas Aplicadas. Se mete de lleno en los Grados Medios para descabalar de nuevo las titulaciones recientemente establecidas para adaptarse a la Ley de las Cualificaciones Profesionales.

En cuanto a la Formación Profesional Dual, después de los cantos, mantras y cantinelas exasperantes, termina por no definir en qué consiste y deja su regulación, de nuevo, a futuras iniciativas legislativas del Gobierno. Eso que lo haga el Ministerio de Empleo, parece pensar el ínclito Ministro.

En la Ley Wert no hay mejora de la calidad, ni solución a los problemas. Como mucho unos cuantos guiños a la Iglesia y a la enseñanza privada. El alumnado que más necesita un sistema educativo estable, compensador de desigualdades de origen, topará con un cambio de raíz del actual modelo, sin beneficio alguno para quienes más lo necesitan. No mejora, en absoluto, la financiación del sistema y mantiene los recortes inaceptables en recursos y profesorado.

En cuanto a la Formación Profesional, en nada prestigia esta formación. Al contrario, devalúa sus dos primeros niveles y se convierte en más selectivo el Grado Superior, dejando en manos de los centros la selección del alumnado.

Las soluciones a los problemas deben ser siempre gradualistas, prudentes y basadas en el sentido común. No está mal reconocerlo en el preámbulo de la Ley. Pero es misión del Gobernante hacerlo realidad y alcanzar amplios consensos en materias que lo exigen. Y la Educación es una de ellas. Wert, ni lo ha intentado, tan siquiera.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación confederal de CCOO

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