A VUELTAS CON LAS PENSIONES

pensionistas--647x350Es bien conocido el dicho de que si quieres que algo no se arregle, monta una Comisión. Así parece entenderlo el Gobierno de España, que ha tomado por costumbre montar una Comisión de Expertos, ante cada caso espinoso con el que se enfrenta. Y no una Comisión cualquiera. Una Comisión ad hoc, compuesta mayoritariamente por “expertos” afines al resultado que se quiere conseguir y en la que se da cabida a elementos de contraste formal, para justificar la pluralidad de la susodicha Comisión, pero sin capacidad alguna de variar los resultados preconcebidos de la misma. Eso parece que ha ocurrido, una vez más, con la famosa Comisión de Expertos sobre pensiones.

Es muy fácil decir estas cosas a toro pasado, cuando los resultados de esa Comisión se han puesto encima de la mesa, los votos, en el seno de la misma, se han producido y ha sembrando polémica el formulado por el experto vinculado a CCOO. Es algo así como lo que hacen los economistas que, incapaces de prevenir la crisis que se nos venía encima, airean ahora que ya se venía venir y que ellos lo anunciaron, en tal o cual velada profecía, que años antes habían dejado por escrito.

Cuando el Gobierno planteó la posibilidad de que Miguel Ángel García formase parte de la Comisión, pudimos haber optado por plantear que una persona tan vinculada a CCOO, como Jefe del Gabinete Económico, no era conveniente que estuviera en la misma. Pero eso, de nuevo, es a toro pasado. Porque lo que imperó en ese momento fue la responsabilidad de que una persona, que conoce bien el tema de las pensiones, pudiera formular propuestas que definieran un abanico de posiciones no cerradas, en torno a las previsibles pretensiones de la mayoría de “expertos” de origen bancario y de aseguradoras privadas, interesados en hincar el diente en el jugoso fruto de las pensiones.

De hecho, Miguel Ángel, paró un primer golpe, bronca monumental por medio, cuando la Comisión quiso aprobar un Informe claramente sesgado hacia esos oscuros intereses. Las conclusiones se retrasaron y se incorporaron elementos acordes con las posiciones sindicales, de mantenimiento de los Acuerdos de 2011 y de búsqueda de otras salidas que pusieran el acento en el aumento de los ingresos y no en el recorte de los gastos.

Fue la autonomía con la que, desde el primer momento entendimos la presencia de Miguel Ángel, la que ha dado lugar a que firmase las conclusiones de la Comisión, a la vista de que incorporaba las posiciones de CCOO, aun no compartiendo otros planteamientos del resto de sus componentes. Es, a fin de cuentas, el Gobierno el que tiene la responsabilidad de atender a unos u otros, en el caso de querer plantear un debate sobre pensiones que debe producirse sobre la base del respeto a unos Acuerdos suscritos y el Pacto de Toledo, vigente.

Esta firma del Informe, pese al voto particular formulado y las explicaciones dadas, ha suscitado una inquietud que no se justifica en las posiciones de CCOO con respecto al futuro de las pensiones. Es cierto que podríamos haber previsto esta situación, pero no lo hicimos y por eso hemos reconocido el error. Un error que tiene que ver con haber permitido la presencia de un experto tan vinculado a nuestra organización, en una Comisión que, desde el primer momento, tuvo una imagen sesgada hacia los intereses de la banca y de las aseguradoras privadas. Que tiene que ver con la imposibilidad de asegurar que el voto personal de ese experto aparezca desvinculado de las posiciones de la organización. Con el hecho, también, de que las conclusiones mayoritarias de la Comisión ni son, ni podían ser, las nuestras y que serían esas posiciones las que mayoritariamente esperaban y terminarían recogiendo los medios de comunicación. Que tiene que ver con la dispersión del voto de los escasos representantes de la izquierda social y política en esa Comisión. Uno a favor, otro en contra y un tercero, abstención.

Pero algo de positivo se ha derivado del Informe. Hoy todo el mundo sabe lo que CCOO piensa de la Comisión y de su Informe. Nadie puede llamarse a andanas sobre lo que vamos a defender sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. En primer lugar porque esa Reforma que quiere plantear el Gobierno, no es necesaria. De hecho, los acuerdos de 2011 establecen que el famoso factor de sostenibilidad, no tiene prevista su determinación hasta el periodo 2027-2032, comenzando a ser aplicado a partir de esa fecha. Si ahora tenemos que recurrir al Fondo de Reserva, es porque el paro es brutal, trabajamos menos personas y han recortado nuestros salarios. Como consecuencia, las cotizaciones a la Seguridad Social bajan coyunturalmente. Acometer recortes estructurales ante problemas coyunturales es matar moscas a cañonazos y apostar por una prolongación de la crisis y mayor sufrimiento.

En ningún caso, por lo tanto, CCOO aceptaremos medidas que supongan reducción de las pensiones, ni presentes, ni futuras. Dicho de otra manera, no toleraremos que se introduzcan subterfugios como la “esperanza de vida”, para justificar nuevos elementos de cálculo que recorten y rebajen la cuantía de las pensiones. El IPC debe seguir siendo la referencia obligada para la revalorización de las pensiones y no el establecimiento de nuevas fórmulas de revalorización cuyo único objetivo es la reducción del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

Nuestro compromiso con la Seguridad Social y el futuro de las pensiones es incuestionable. Hemos participado en todas las negociaciones y acuerdos en esta materia. Pero la viabilidad de nuestro sistema de pensiones pasa por incrementar las cotizaciones sociales, aunque sea de forma transitoria, hasta que se produzca la recuperación del empleo, así como mejorar la equidad y control del fraude en las cotizaciones, descargando al sistema de Seguridad Social de aquellos gastos que deberían de pagarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Hay que recordar que vivimos en un país que gasta el 10 por ciento de su Producto Interior Bruto en pensiones, cuando la media de los países europeos de nuestro entorno dedica a pensiones el 13´5 por ciento.

Pues bien, ya tiene el Gobierno su Informe de papel mojado por el descrédito de sus autores, representantes de intereses mercantiles y financieros de todo tipo. Ahora tienen que mojarse nuestros gobernantes y decirnos si apuestan por fortalecer y asegurar el futuro del sistema de pensiones, o si se pliegan a los intereses privados y a los de esos otros “expertos” europeos, que empiezan a reconocer que han producido un hundimiento de Europa y de sus países del Sur, con su obsesión por los ajuste y recortes sin medida. ni control.

Es el Gobierno el que tiene que decidir qué posición adopta, porque esa posición sembrará la confianza o, por el contrario, agudizará el miedo, en una ciudadanía que se fía ya muy poco de sus políticos. Si quiere un futuro negociado y en el marco del respeto al instrumento del Pacto de Toledo, o se lanzan de nuevo por la pendiente de la imposición y el conflicto social generalizado. Esta es la posición de CCOO, antes, durante y después de los trabajos de la famosa Comisión. Porque esa Comisión no nos representa, ni nos vinculan sus conclusiones. Una posición ratificada por la Comisión Ejecutiva Confederal y por todos los Secretarios y Secretarias Generales de las organizaciones confederadas.

Reconocer el error y aclarar las posiciones no es malo. Tampoco es signo de debilidad. Muy al contrario, eso es lo que siempre nos ha hecho grandes. Somos gentes plurales, que elegimos la unidad de CCOO, desde la libertad de nuestras ideas y nuestras opiniones, ardientemente defendidas muchas veces, y ratificando el compromiso con las decisiones mayoritarias que aprobamos democráticamente. Nadie nos verá, por tanto, correr como pollos sin cabeza ante los problemas y las dificultades en los que el país se encuentra. La mano siempre tendida, sí, pero la voluntad siempre firme.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal CCOO

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