la tierra de los nadie 63 “hay que barrer….

julio 27, 2013

foto: Fran Lorente


Hay que barrer la casa y pasar la fregona,
de parte a parte y cada día, ir la mercado,
acarrear las viandas, cocinar la comida,
poner lavadoras, planchar, escribir poemas
.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak


la tierra de los nadie 62 “de todos los oprobios…

julio 20, 2013

foto: Fran Lorente


De todos los oprobios, de todos los pecados,
el más inadmisible y el más imperdonable,
es humillar al pobre aún más en su bajeza.
De todas las virtudes, la que menos abunda,
la más necesaria y subversiva, en esta hora,
es amar a esta gente con todas sus miserias
.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak


UNAS CCOO CON FUTURO

julio 19, 2013

20130719-120006.jpg

El sindicalismo de CCOO ha sido una fórmula de éxito para conseguir defender a los trabajadores y trabajadoras en las empresas y conseguir derechos sociales. Así comienza Jaime Cedrún su intervención en la última jornada del Curso sobre “Pasado, presente y futuro de la democracia en España”, que la Fundación Abogados de Atocha y el Ateneo 1 de Mayo, han organizado en la sede de la Universidad Complutense en El Escorial.
El sindicalismo siempre ha tenido que contener intentos de limitar derechos como el de huelga, manifestación, o los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras.
Se culpabiliza a los sindicatos, son la bestia negra, sufren el linchamiento y la descalificación, precisamente por ser elementos esenciales en la defensa de los derechos laborales y sociales.
Es verdad que, para ello, han utilizado argumentos como la financiación de los sindicatos. Pero es la propia Constitución la que establece el papel vertebrador de los sindicatos en la sociedad. Un papel que, al contrario que en caso de los partidos políticos, no tiene una financiación por parte del Estado.
No una subvención, sino una financiación del papel constitucional asignado a los sindicatos. Cuando firmamos el convenio colectivo para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de que estén afiliados o no. Cuando defendemos y negociamos derechos como las pensiones, la atención a la dependencia, el derecho a unas rentas, cuando carecemos de trabajo. Cuando defendemos la educación, o la sanidad, para toda la ciudadanía.
Esta situación es posible porque las ideas ultraliberales se han abierto paso, mientras la izquierda se ha retraído, incapaz de ofrecer propuestas ilusionantes de un futuro de empleo y cohesión social. El ultraliberalismo nos quiere convencer de que modelos como el chino son importables y tienen futuro. Quieren convencernos de lo contrario a lo que vemos. Que el desprecio de lo público, el deterioro del empleo, es lo real, aunque lo que percibamos es un enorme destrozo político, económico, laboral y social.
La situación europea, tras cinco años de crisis, es consecuencia directa de la aplicación de políticas ultraliberales, que agudizan los problemas económicos, destruyen empleo y fracturan la sociedad.
Los sindicatos europeos tenemos que aprender a actuar cada día más, unidos, en el conjunto de la Unión. Exigiendo más política, más diálogo social, más negociación colectiva en las empresas, más protección a las personas golpeadas por la crisis y que se ven condenadas a falta de rentas, a la pérdida del empleo, al desahucio de su vivienda. Exigiendo más inversión para reactivar la economía y crear empleo. Exigiendo un reparto equitativo de la riqueza y del esfuerzo para salir de la crisis.
En el caso de España, los problemas se agudizan. El desempleo masivo de los jóvenes y de los sectores de baja cualificación sin ingresos. Los altos niveles de economía sumergida y fraude fiscal. Las tremendas posibilidades de obtener deducciones fiscales para las rentas altas. Debilidad de los sistemas de protección social, cada vez más sometidos a recortes y procesos de privatización. Y una crisis de una política minada por la corrupción.
La tremenda crisis política que vivimos en este momento exige una revisión en profundidad de nuestra política, de nuestro modelo económico y social. Exige otro modelo de empleo y otra concepción de las relaciones laborales en las empresas.
No ha defraudado las expectativas este colofón de las ponencias presentadas en el curso. Hemos hablado del pasado que nos vio nacer como organización sindical. Hemos afrontado el presente en sus aspectos más dramáticos de corrupción, paro, pobreza y exclusión. Hemos terminado ofreciendo propuestas de futuro y planteando los retos del sindicalismo para unos años venideros que van a seguir marcados por la crisis y por la confrontación entre dos formas de afrontar, combatir, superar y salir de un periodo negro, en el que aún no vemos luz alguna en el horizonte.
Ahí seguiremos las CCOO, con esfuerzo renovado y el compromiso de toda una vida de lucha, utilizando los instrumentos de la movilización y la negociación. Como siempre. Con más necesidad que nunca.

Francisco Javier López Martín


MANUEL AGUILAR, CRISIS Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

julio 18, 2013

20130718-135245.jpg

El pasado es esa sombra que nos marca cuál de los futuros es el posible. Con esta frase de André Guide, Manuel Aguilar Hendrickson comienza su intervención en el curso “Pasado, presente y futuro de la democracia en España”, organizado por las Fundaciones Abogados de Atocha y Ateneo 1 de Mayo, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Hay más elementos de continuidad entre pasado y presente de los que quieren hacernos creer. Las raíces de la corrupción no se encuentran sólo en el franquismo, sino también en el modelo de política y sociedad que diseña el Estado Liberal del siglo XIX. En el caso de los servicios sociales, algo parece que no cuadra entre las intenciones de cambio y el modelo de ciudadanía social que hemos alcanzado.
La pobreza ha sido una situación endémica del Estado Liberal español, que se atendía desde la beneficencia. El Estado Social, o del Bienestar, estaba ya diseñado o escrito durante el desarrollismo franquista de los años 60, cuando nace la primera ley de convenios colectivos. Es también el tiempo en que se dieron los primeros pasos en la Seguridad Social. El Opus Dei recoge los programas democristianos, sin el “demos”, sin democracia.
Se conciben estos derechos, como derechos de los trabajadores cotizantes, que son los que adquieren derechos, mientras que los pobres reciben la cobertura de un segundo nivel de protección. Se verá reflejado en el futuro Estado Autonómico, con protección contributiva para los primeros desde el Estado y para los segundos, desde las Comunidades Autónomas.
En medio se genera el hueco de los que tienen prestación contributiva y la pierden, o los que permanecen en la pobreza, pero podrían pasar al primer nivel, si accedieran a un empleo. La nueva realidad de la inmigración acarrea un nuevo problema para determinar las fronteras entre los dos espacios.
La beneficencia no es caridad voluntaria. Es una acción pública obligatoria encaminada a asegurar una atención, aunque no tengas derecho a ello. La beneficencia se convierte en una pérdida de mayoría de edad que te sitúa en una situación de tutela. Quien pierde el derecho a una prestación, ha perdido,en algunos países, su derecho a voto. Son instituciones, normalmente religiosas, las que controlan y vigilan esas ayudas, para que el pobre “no lo gaste en vino”.
Los Servicios Sociales han terminado asumiendo esa función, aunque cambian las leyes, los lenguajes y las formas. Pero, a poco que rasques, tras las palabras y la formación universitaria de las y los profesionales, han pervivido elementos esenciales de la antigua concepción. No han cambiado mucho ni las competencias municipales o de las diputaciones. Hay, además, declaraciones genéricas de derechos, pero no hay derechos concretos reconocidos.
Investigadores como Joan Cortina, ponen de relieve cómo muchas de estas prestaciones son condicionadas y discrecionales. En algunos lugares como País Vasco, Navarra, o Madrid, se ha reforzado el concepto de derecho, pero con muchas posibilidades de seguir modulando discrecionalmente el número de beneficiarios. Depende quien te atienda, o dónde te atienda, tendrás un trato u otro.
Esta relación tutelar de quienes entran en el carril de los pobres, se corresponde también con un bajísimo nivel de movilización y organización política y social de estos sectores. Una participación que tampoco se alimenta desde los servicios sociales. La labor de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha demostrado, por poner un ejemplo, que la organización de estos sectores no es imposible.
Estamos ante una crisis distinta a otras. No podemos salir sin Europa, pero no hay instrumentos europeos vinculados a la ciudadanía. Además nuestro modelo productivo, asentado en lo inmobiliario, ha fracasado. Y todo ello con poderosos sectores económicos que reclaman menos protección.
Además, mientras que en 1987 el 57 por ciento de las personas paradas eran hijos o hijas que vivían en el hogar y tan sólo el 23 por ciento eran la persona principal, en 2008 las personas paradas que ocupan el papel de sustentadores esenciales del hogar, son ya el 38 por ciento.
Hoy nuestra tasa de paro es mayor, pero no mucho más que en 1996. Con la diferencia de que las familias con todos sus miembros en paro es mucho mayor y que el nivel de personas paradas, sin cobertura de prestación alguna, son muchas más.
Al contrario que en países como Alemania, Suecia, o Francia, en España, durante la crisis, los pobres han empeorado su nivel de renta, mientras que los ricos son más ricos. El impacto del paro y los recortes sociales está destrozando la sociedad española. No es lo mismo despedir, que reducir jornada y salario. No es lo mismo dar una prestación a la persona desempleada, que negarle el pan y la sal.
Hay varios problemas serios y graves. El tipo de economía que hemos desarrollado a los largo de los últimos 30 años, no garantiza la seguridad en el empleo, ni en la vida de las personas. Cuando la flexibilidad se convierte en elemento central, los flotadores desaparecen y la gente se hunde. Respuestas como la flexiseguridad danesa no son mecánicamente aplicables en todos los países. No hay respuestas cerradas y universales.
Una medida para corregir la situación, tiene que ver con la vivienda y su concepción de bien de primera necesidad y no un bien para comprar y vender. La vivienda como derecho es una realidad en países como Alemania, mediante el alquiler social. Tener vivienda matiza mucho los efectos de la crisis. Hay que sacar la vivienda del circuito de la especulación, mediante sistemas de alquiler público y social a precios razonables.
Lo segundo sería, una garantía de rentas. Las rentas mínimas sólo han funcionado correctamente en comunidades como el País Vasco. Hay que ver cómo se engarza el modelo para toda España. Hay que aceptar, como en el País Vasco, que las rentas mínimas no las van a necesitar en el futuro el 1 por ciento, sino trabajadores y trabajadoras en paro, e incluso en activo, siguiendo el modelo francés, o el modelo alemán y utilizando complementos de rentas. Cuando los empresarios españoles hablan de minjob no introducen estos complementos de rentas.
Habría que abordar, sin miedo, la universalización de las prestaciones de garantías de rentas, como ya ocurre en otros países. La prestación por hijo a cargo, independientemente de la renta, por ejemplo. Esa prestación sería imponible por encima de determinados niveles de renta.
Hay que impedir que cunda la separación entre los honrados trabajadores y los sospechosos pobres. La universalización de las prestaciones puede jugar a favor de romper esta interesada dicotomía que intentan imponernos. Y lo que hablamos de los menores, podría trasladarse a los mayores, con una pensión universal de partida, mejorable en función de las cotizaciones sociales producidas a lo largo de la vida.
Cabría llevar el debate de la universalización de las rentas a las personas adultas, incluidas las personas que trabajan.
Son debates abiertos, complicados en su propia concepción y desarrollo, pero no debemos esquivarlo. No debemos permitir que la crisis se lleve por delante los derechos conquistados y permitiendo el retorno a la beneficencia, la sopa boba y el kilo solidario. Tras la “solidaridad” concebida como beneficencia, se esconde mucho buenismo y lavado de conciencia que poco tiene que ver con los derechos.
Como en el caso de Manuela Carmena, en la anterior ponencia, rigor en el análisis y valentía en las propuestas. Es el momento del debate libre y de defender derechos, aglutinando a la sociedad en torno a propuestas compartidas.

Francisco Javier López Martín


MANUELA CARMENA, JUSTICIA Y CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

julio 18, 2013

20130718-111715.jpg

Somos el país número 30, según Transparencia Internacional, en índices de corrupción. Parece que no estamos mal situados en el concierto del planeta. Pero esta valoración oculta la realidad de que carecemos de datos recopilados sobre sentencias que la justicia española ha producido en materia de corrupción. Si no sabemos lo que tenemos, si esos datos no interesan, mal podemos analizar la situación y corregir los problemas.
Con esta reflexión, Manuela Carmena, inicia su intervención en el curso sobre Pasado, presente y futuro de la democracia en España, organizado por las Fundaciones de Abogados de Atocha y la Ateneo 1 de Mayo, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Los datos que manejan instituciones como el Consejo General del Poder Judicial son pura estadística numérica. Pocas veces se entra en valoraciones como el hecho de que el 75 por ciento del trabajo judicial del Tribunal Supremo, se centra en el tráfico de drogas, bajo la denominación de delitos contra la “salud pública”. Sin embargo, sobre corrupción, tan sólo se producen menos de media docena de sentencias bajo el epígrafe de “delitos contra la Administración”.
Las sentencias ponen de relieve que los funcionarios no son corruptos. Son muy pocos los casos de funcionarios que cometen delitos de cohecho. Por contra, son los políticos los que llevan sobre su cabeza el gran sombrero de la corrupción. La desproporción de las penas también es evidente. Grandes delitos producen penas menores, mientras que pequeños delitos reciben sentencias desproporcionadas.
Existe, sin embargo, una Convención sobre la Corrupción, aprobada por Naciones Unidas, en respuesta a las presiones de muchas instancias judiciales y del derecho en diferentes países. Existe hasta un Día Mundial contra la Corrupción. En España deberíamos prestar más atención a la estructura de la corrupción, revisando y valorando el papel de la justicia en esta tarea.
La justicia española es esencialmente independiente, pero termina funcionando como estructura dependiente. Los jueces hablan muy poco y las sentencias escritas son opacas y pocos jueces las explican. La sentencia podría ser hoy hablada, explicada y comunicada. Se castiga al juez que habla de los asuntos que lleva. La vinculación política de los jueces no es determinante a la hora de hacer justicia y sin embargo terminan recibiendo la acusación de actuar en nombre de un partido. Son otros los defectos que tiene la justicia, no su actuación partidista, al menos con carácter general.
Los justicia está demasiado vinculada al ajedrez siniestro de la tecnojerarquía que dificulta la justicia real. La aplicación de la norma, sin tomar en cuenta hechos concretos, aleja a la justicia de la ciudadanía. Los jueces se sienten muy cómodos aplicando la tecnocracia y se sienten incomprendidos por la sociedad.
El Ministerio de Justicia no tiene sentido si entendemos que deberían ser los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, los que determinasen los medios con los que debe contar la justicia. Si no, no hay independencia posible. La falta de medios conduce a eludir la responsabilidad de los propios jueces en la organización y gestión de sus recursos, siempre escasos.
Al final, las instrucciones se eternizan, los juicios se dilatan. La justicia no está bien preparada para combatir la corrupción de la clase política. Además se actúa con las contaminaciones de los políticos, los medios de comunicación, lo cual acompleja aún más a los jueces.
La ciudadanía debe exigir datos, transparencia, valoraciones, explicaciones de sentencias y de decisiones judiciales. Las acusaciones particulares, o populares, son instrumentos útiles, pero hay que hacerlos funcionar en red. Organizar cada vez más a la sociedad para defender sus intereses, sus inquietudes y sus preocupaciones y una de las más evidentes, en estos momentos, es la corrupción en nuestro país.
Manuela Carmena, como siempre, sugerente, incisiva, sin complejos. Planteando los problemas y ofreciendo soluciones. Coherente en la concepción de que hay que reinventar el derecho para ponerlo al servicio de la libertad y la felicidad de los ciudadanos y ciudadanas. Las leyes deben ser una indicación de conducta. Las sentencias no son nunca “jurídicamente impecables”, si no remedian la injusticia cometida.

Francisco Javier López Martín


CRONICA DE LOS DE ATOCHA Y DEL 1001

julio 17, 2013

20130717-234454.jpg

Se ha inaugurado el Curso “Pasado, presente y futuro de la Democracia en España” organizado por la Fundación Abogados de Atocha y la Fundación Ateneo 1 de Mayo, de CCOO de Madrid. Hacía varios años que no veníamos a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Son muchos los cursos organizados sobre la crisis financiera, económica, social y de empleo, en ésta y otras universidades. Cursos que intentan proyectar algo de luz sobre la enfangada situación que nos ha tocado vivir. Sobre las principales preocupaciones que arrastramos las familias. Unas preocupaciones que se ven aún más agudizadas por la incapacidad de la política para superar el alarmante estado de corrupción en que se ve inmersa, dificultando sus posibilidades de liderar e impulsar la salida de esta crisis.
Nos parecía que no es la falta de análisis y estudio de la crisis, con ser importante, nuestra carencia más urgente, en los tiempos que corren. Nuestra mayor dificultad es sentirnos parte del mismo problema y parte también de la solución. Unos con más intensidad y responsabilidad y otros con menos. Pero parte de un proyecto común que atraviesa por duros momentos.
Un proyecto con el que puedan sentirse identificados, del que puedan sentir que forman parte, empresarios, autónomos, asalariados. Mujeres y hombres. Catalanes y andaluces.Gallegos y madrileños. Gentes de derechas o de izquierdas, dispuestos a debatir, enfrentarse, ganar o perder elecciones, pero respetando unas cuantas cosas que requieren del acuerdo general: la sanidad, la educación, las pensiones, la protección a las personas, las libertades y los derechos constitucionales.
Vivimos tiempos no más duros que los que tuvo que afrontar y superar una generación anterior a la nuestra. Me refiero a aquellos que hicieron lo que supieron y lo que pudieron para cuadrar el círculo de una dictadura agotada, pero sangrienta hasta el final y una crisis económica que devoraba el empleo, la capacidad adquisitiva y unas bases productivas poco sólidas y desequilibradas.
Hemos querido iniciar el curso recuperando las voces, los ecos de las voces, que protagonizaron aquel momento histórico, para comprobar el tremendo esfuerzo que realizaron algunas de aquellas personas para, con osadía y utilizando medios pacíficos, abrir las puertas a la libertad y la convivencia democrática. Ganaron el derecho a la huelga y a la manifestación participando en huelgas y manifestaciones, por las que eran detenidos, juzgados, encarcelados y en ocasiones asesinados. El derecho a asociarse y crear sindicatos libres, organizando asociaciones y creando las Comisiones Obreras.
Hemos tenido ocasión de escuchar a quienes fueron detenidos en Junio de 1972, por participar en una reunión clandestina de la Coordinadora de las CCOO. Personas, como Eduardo Saborido o Nicolás Sartorius, que fueron condenados a decenas de años de cárcel, tras la desgracia de que el día del inicio del juicio del Proceso 1001, los terrorista de ETA decidieran asesinar a Carrero Blanco. Escuchar a quienes, como Alejandro Ruiz-Huerta, fueron víctimas de un atentado protagonizado por un comando de ultraderecha, contra los abogados del despacho laboralista de la calle Atocha, 55. Escuchar a quienes, como Cristina Almeida, defendieron, desde su compromiso como abogada, a los 10 de Carabanchel, encausados en el Proceso 1001 y actuaron en defensa de los Abogados de Atocha, cuando se produjo el juicio contra sus asesinos.
El dictador sangriento murió en la cama, pero la dictadura fue derrotada por las manifestaciones en las calles, la movilización en las empresas, la labor de estas abogadas y abogados en los despachos y ante los tribunales, le gusta recordar a Nicolás Sartorius.
No todo en este país es Gürtel, Tesoreros, sobres, corrupción, utilización de los recursos de todas y todos en beneficio de unos pocos y unas pocas. Como en aquel país de hace 40 años, no todo eran dictadores, pistoleros, régimen corrupto de intereses empresariales y políticos confabulados.
Muchos eran los jóvenes que estudiaban, o empezaban a trabajar. Muchos los trabajadores y trabajadoras que anhelaban una vida digna y un trabajo decente. Muchas mujeres y hombres que querían vivir en democracia, protegidos por derechos compartidos, que les hicieran libres e iguales.
La situación de la democracia y los derechos en nuestro país, no es achacable a los del 1001. Ni a los Abogados de Atocha. Ni a las gentes que pedían amnistía y libertad, o unas condiciones de trabajo mejores, o unos barrios con colegios y centros de salud, con asfalto y no con barro. Lo que hoy somos no es la consecuencia de la transición que recorrieron, ni de la Constitución que acordaron.
Por eso hoy necesitamos reconstruir nuestra identidad, repensar nuestro futuro, defender de nuevo los derechos y la libertad, negociar las condiciones para afrontar y superar esta crisis. Ellos y ellas supieron hacerlo y es hoy nuestra responsabilidad, al menos, intentarlo.
Pero, así lo hemos podido comprobar en esta primera jornada, es necesario escuchar los ecos de nuestro pasado. Es necesario, como titula, en dos de sus libros, Alejandro Ruiz-Huerta, recuperar la Memoria incómoda. Escrutar los Ángulos ciegos de la democracia española.
Porque tenemos derecho a conocer nuestra historia, contada por quienes la vivieron y pueden hacernos su relato, el relato de los luchadores por la libertad y la democracia. Es nuestro derecho. Es nuestro orgullo.

Francisco Javier López Martín


OCULTAR LA DEPENDENCIA

julio 15, 2013

dependencia_recortes

La atención a la dependencia no ha sido un regalo. Fue una reivindicación sindical la que terminó en negociación hasta que el 1 de enero de 2007 entra en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias. Se preveía una aplicación gradual cubriendo progresivamente a las personas con mayor grado de dependencia hasta alcanzar a las que tienen un grado de moderada dependencia.

La construcción del Estado Social y Democrático en España ha sido un largo y duro ejercicio de negociación y movilización social. La seguridad social, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las pensiones no contributivas, la sanidad pública, la educación pública, las rentas mínimas autonómicas, los servicios sociales, han tenido como motor la lucha social y sindical y el incentivo de equipararnos cada vez más al resto de los países de la Unión Europea.

Faltaba en nuestro Estado Social poner en marcha un sistema para atender a las personas mayores, o aquellos que por una situación de incapacidad no pueden desarrollar sin ayuda las actividades cotidianas. Personas con dificultades de movilidad, que no pueden realizar las tareas del hogar, o asegurar su cuidado personal.

La Teleasistencia, la ayuda a domicilio, las residencias, los centros de día, son los instrumentos para atender a estas personas. En casos excepcionales pagar el sueldo a una persona “cuidadora familiar”, o una ayuda económica.

Uno de los problemas de la ley es la financiación a cargo del Estado, las Comunidades Autónomas y las propias personas usuarias. Otro de los problemas, el boicot al que sometieron a la Ley, desde sus inicios, algunas Comunidades Autónomas, como la madrileña, a lo cual hay que añadir la diferencia de criterios entre unas Comunidades y otras. En unas se opta por crear residencias, en otras por servicios más baratos como la teleasistencia, en otras por dar una prestación económica y lavarse las manos.

Con todo, el principal problema, el golpe mortal a una buena ley, ha sido la llegada de las crisis tan sólo un año después de su implantación. Unas crisis que han sido utilizadas como justificación para recortar los recursos comprometidos y paralizar el desarrollo de la Ley.

La financiación estatal se ha reducido y la “moratoria” en la aplicación progresiva de la Ley ha retrasado que 250.000 personas puedan beneficiarse de la Ley. Los servicios prestados por la Ley se han recortado en su intensidad entre un 20 y un 60% y las prestaciones económicas en un 15%. Al tiempo que se incrementa el copago (re-pago) de las prestaciones por parte de los beneficiarios.

Todo ello produce un efecto perverso añadido. No sólo, no se crean los puestos de trabajo anunciados en el sector, sino que la falta de recursos produce una discriminación de la cantidad y calidad del empleo de las trabajadoras y trabajadores del sector.

Ahora, el Gobierno, presenta una evaluación anual de los resultados de la aplicación de la Ley. Enfatiza los logros, justifica los recortes, y evita reflejar la disminución de la protección efectiva de las personas dependientes, ni la situación desastrosa a la que se conduce al Sistema de Atención a la dependencia.

Se escamotean los datos autonómicos y se evita abordar propuestas de mejora del sistema. De esta manera, con opacidad y falta de transparencia, mal se puede abordar el desarrollo futuro de la Ley. Muy al contrario, difícilmente se puede estar hablando de una Ley de Transparencia, cuando políticas públicas esenciales para la ciudadanía, como la Atención a la Dependencia, son cada vez más opacas, haciendo imposible conocer la realidad y solucionar los problemas.

Aunque bien pudiera ser que eso es lo que persigue el Gobierno. Ocultar el problema, escabullir el debate, recortar presupuestos, reducir protección y negar el pan y la sal, a quienes más lo necesitan.

Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación sindical 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO