POR UN NUEVO MODELO DE FORMACION PARA EL EMPLEO

educacionLa educación es un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Un derecho que tienen que garantizar los poderes públicos a todos los ciudadanos y ciudadanas. El objetivo prioritario de la educación no es, como algunos pretenden, formar a los futuros trabajadores y trabajadoras del país, sino conseguir el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

Pero el trabajo es parte importante de esa personalidad humana. Es parte esencial del Estado Social, que define nuestra Constitución. Por eso el derecho a la educación debe ponerse en correspondencia con el artículo 40.2 de esa misma Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesionales.

Nuestros gobernantes tienden a dar por bueno el axioma de que la formación es la mejor de las inversiones. Incluso escuchamos frecuentes declaraciones que sitúan la educación como la mejor de las inversiones en tiempos de crisis. Pese a ello, son las inversiones educativas las que primero padecen los efectos de los recortes y ajustes de unos gobiernos sometidos a las duras políticas de la Troika que gobierna Europa, cuyo único esfuerzo conocido se centra en combatir el déficit público.

Además, tenemos un problema serio en la desarticulación de las políticas públicas dedicadas a la formación profesional y al subsistema de formación para el empleo. Cada ministro de educación parece empeñado en dejar una ley educativa que lleve su nombre. El último de ellos el señor Wert. Cada cinco años producimos una nueva ley de Educación con el mayor desparpajo y sin tener en cuenta que las leyes, por sí solas, no solucionan los problemas y, aún menos, si se abordan sin la búsqueda del necesario consenso que debería presidir el desarrollo de políticas esenciales, como la política educativa.

Los trabajadores y trabajadoras, los empresarios, pagamos cada mes una cuota de formación. De ahí salen los recursos que deberían de asegurar la recualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras. No son pocos los recursos que el Estado recauda por este concepto. En el último año unos 1850 millones de euros.

Sería razonable que el Estado asegurase que esos recursos se dedican a formar a los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar a los trabajadores en activo. En tiempos de crisis, también a las personas que han perdido su empleo y que necesitan adaptarse a un nuevo horizonte profesional.

Sería razonable que esos recursos se utilizaran de forma ordenada, teniendo en cuenta que contamos con una red de formación profesional importante que puede aportar mucho en esta labor y entidades públicas y privadas, que cuentan con experiencia demostrada en la recualificación de las personas trabajadoras, ya se encuentren ocupadas o desempleadas.

Sin embargo, nos encontramos con que esos recursos se fraccionan y reparten arbitrariamente, multiplicando los centros de decisión y sin asegurar el carácter finalista que deberían de tener esos fondos. Mas de la mitad de la cuota de formación se deriva hacia las Comunidades Autónomas y casi un tercio de la misma se dedica a bonificaciones empresariales de la formación de sus trabajadores.

Acabamos de negociar la Convocatoria Estatal 2013 de Formación para el Empleo. Los recursos que se destinan a esta convocatoria no suponen ni el 10 por ciento de los recursos totales procedentes de la cuota de formación.

Llegados a este punto, conviene dejar claro que creo sinceramente que tan Estado, tan poder público, es el Gobierno Central, como el de una Comunidad Autónoma, o el de un Ayuntamiento. Creo que la descentralización de las administraciones puede acercar las políticas públicas a la ciudadanía. Creo que es misión de esos poderes públicos articular bien sus actuaciones, para conseguir los objetivos, con eficacia y eficiencia, logrando un nivel suficiente de satisfacción de las personas. En este caso, de los trabajadores y trabajadoras.

Ese es el esfuerzo que hay que realizar ahora. La utilización de los recursos para la formación de los trabajadores y trabajadoras, debe realizarse desde el acuerdo de las Comunidades Autónomas, el Gobierno Central, los empresarios y los sindicatos. Un acuerdo que debe establecer las competencias y tareas de cada uno en el diseño, programación, gestión, ejecución y evaluación de los planes de formación para el empleo. Necesitamos aprovechar todos los recursos y ponerlos a trabajar en la misma dirección.

La transparencia, el conocimiento del destino de cada euro dedicado a la formación para el empleo, forma parte de una exigencia social cada vez más legítima e intensa de toda la ciudadanía española. Pero es que, además, esa transparencia es la única base real de la que disponemos para evaluar la eficacia, la eficiencia y el nivel de satisfacción, el cumplimiento de los objetivos de formar y recualificar, que deben asegurar esos recursos.

De ahí que, junto a la Convocatoria de Formación para el Empleo, el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales, hayamos acordado iniciar la negociación del nuevo Modelo de Formación para el Empleo que necesitamos en el país.

Un modelo que permita adecuar la formación a las necesidades de las empresas y al desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras. Que permita una redistribución ágil de los recursos disponibles. Que asegure la transparencia, evaluación y medición del impacto, en todos sus niveles de ejecución.

Que establezca mecanismos de seguimiento y control de todos los fondos de formación, en todas las administraciones públicas responsables de su ejecución, asegurando la información suficiente y necesaria, que permita conocer, compartir, evaluar y corregir ineficiencias.

Vivimos tiempos de dura crisis, de un paro insoportable, de confrontación política y social. Si algo podemos hacer por el presente es defender a las personas de los peores efectos de la dramática situación que vivimos. Si algo podemos hacer por el futuro, es apostar por la educación, la formación profesional, la recualificación, impulsando un modelo de formación para el empleo que asegure que lo más importante de este país, las personas, la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras, nos encontremos en las mejores condiciones formativas para afrontar la salida de la crisis y abordar el nuevo escenario económico, que deberá superar el casi monocultivo inmobiliario, que nos ha conducido a pagar como país, un precio brutal por el estallido financiero que dio origen a esta crisis.

Un nuevo escenario, un nuevo modelo económico, en el que el empleo y la cualificación de los trabajadores y trabajadoras, sean un elemento esencial de las políticas públicas y del futuro de nuestras empresas.
Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal CCOO

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