EL PENSIONAZO QUE VIENE

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El Gobierno de España, plegado a los deseos insaciables de los burócratas que  manejan la Unión Europea, al dictado de la señora Merkel, se ha comprometido a reformar las pensiones, poniendo en riesgo uno de esos temas que deberían verse alejados de las tensiones económicas y políticas de cada momento. Tirar por la borda el aún reciente Acuerdo de Pensiones, para sustituirlo por una imposición más, no tiene justificación alguna y vuelve a poner en solfa el diálogo social, que había presidido los sucesivos acuerdos políticos y sociales en esta materia.

Este Gobierno es cada vez menos fiable. Intentar vender complicados índices de revalorización de las pensiones y espesas fórmulas para determinar el factor de sostenibilidad, que se mire por donde se mire, siempre terminan por producir pérdidas del poder adquisitivo, es un empeño condenado al fracaso, pero en ello siguen, intentando convencer de lo inexplicable e indefendible. Intentando convencernos de que las pensiones no bajarán nunca, aunque siempre queden por debajo de la subida del coste de la vida.

CCOO ha elaborado un Informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y el Indice de Revalorización de las Pensiones, que deja meridianamente claro que las intenciones del Gobierno pasan más por recortar las pensiones que por asegurar su futuro.

Si de verdad les preocupase el futuro de las pensiones y las dificultades en tiempos de crisis podrían plantearse otras alternativas que les hemos sugerido y planteado abiertamente. Como medida de choque, en un momento de crisis y disminución de ingresos, se podrían incrementar las cotizaciones sociales. Un incremento de 2 puntos en cotizaciones podría permitir un incremento anual de los ingresos de la Seguridad social de entre 6.000. y 7.000. millones de euros. Incrementar las cotizaciones sociales debería verse acompañado de un incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el final de unas políticas gubernamentales y patronales que imponen la congelación salarial y el despido libre, como casi únicas medidas para combatir la crisis, impidiendo con ello la reactivación económica.

Progresivamente, se podrían aumentar los ingresos, incrementando la base máxima de cotización. Permitiría mejorar las pensiones futuras de esos cotizantes y aportar recursos en este momento. Subir progresivamente hasta un 15 por ciento la base máxima, permitiría ingresos anuales adicionales por valor de 1.900 millones de euros.

El Acuerdo de Pensiones de 2011 contemplaba ir acercando las bases medias de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomos  a los del Régimen General. De forma progresiva podríamos alcanzar unos 7.000 millones adicionales de ingresos cada año. Además hay que hacer que las cotizaciones se produzcan de acuerdo a los ingresos reales y no a estimaciones que permiten planificar y elegir la cantidad que se cotiza.

Los gastos del personal de la Seguridad Social deberían de correr a cargo del Estado, es decir de los impuestos, como ocurre en el resto de la Administración y no de los recursos procedentes de las cotizaciones sociales, que deberían destinarse exclusivamente a las prestaciones.

El Estado debería renunciar a financiar políticas activas de empleo con deducciones de las cotizaciones sociales. Las contrataciones pueden ser bonificadas, pero no a costa de reducción de ingresos de la Seguridad Social. Estas deducciones fiscales han impedido ingresos de 600 millones de euros en la Seguridad Social, tan sólo en 2013.

Reactivar la economía y apostar por el empleo es fundamental para asegurar las pensiones. Por cada millón de personas en el paro, perdemos 5.000 millones de ingresos en la Seguridad Social. Crear empleo es la clave de futuro de nuestras pensiones, porque el empleo es la sostenibilidad del sistema y no las fórmulas más o menos ocurrentes.

Otro elemento importante es el elevado volumen de fraude. Al menos el 20 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto se mueve en actividades no declaradas. La economía sumergida, el salario en negro, suponen un mínimo de 11.000 millones de euros que no ingresan en la Seguridad Social.

Tal vez sería el momento de plantearse, en el marco del Pacto de Toledo, que determinadas prestaciones vinculadas a la muerte o supervivencia, fueran abonadas desde los impuestos y no desde la Seguridad Social.

Con todo, lo más urgente, consiste en luchar contra el fraude fiscal. España tiene un sistema impositivo similar al europeo. El problema es que la tolerancia con el fraude fiscal es  mucho mayor en nuestro país, que en el resto de nuestro entorno. Nuestro sistema fiscal, además contempla numerosos supuestos de deducciones y desgravaciones que benefician a los grandes patrimonios, grandes fortuna, grandes empresas, que terminan por impedir la captación de los recursos necesarios.

El Gobierno no justifica su proyecto. No aclara el impacto económico de sus fórmulas e índices. No aporta estimaciones de empleo, PIB, inflación, evolución de altas y bajas en la Seguridad Social, número de pensionistas. Las fórmulas que aportan son, en este contexto, arbitrarias, incongruentes, injustas. De hecho, el proyecto supone entrar a saco en los acuerdos de 2011 y modificar los objetivos, parámetros y fechas para determinar el famoso factor de sostenibilidad.

El factor de sostenibilidad se concebía como un elemento para atender retos estructurales  en el futuro de las pensiones. Ahora, el Gobierno cambia el factor de sostenibilidad y lo utiliza para resolver una situación coyuntural enmarcada en la crisis económica. Fija todo su objetivo en contener el gasto, sin actuar en absoluto sobre los ingresos. Lejos de apartar las pensiones del debate electoral y partidista, lo sitúa en el centro del mismo. Lo menos oportuno, lo menos aconsejable.

Si algo es incuestionable con esta propuesta, es que las pensiones perderán, sistemáticamente, poder adquisitivo. El gasto en pensiones, entre 2013 y 2022, se reducirá en 33.500 millones y 5.000 millones adicionales cada año, a partir de esa fecha, según el propio Gobierno, en el supuesto más optimista. Pero si la inflación fuera superior al 1 por ciento, el recorte podría alcanzar casi los 84.000 millones de euros.

El pensionazo que prepara el Gobierno no asegura el poder adquisitivo de las pensiones, produce un recorte brutal de recursos, que tendrá efectos negativos sobre la reactivación económica. Un recorte injusto e injustificado, que rompe el pacto entre generaciones y que pone en peligro uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho que establece nuestra Constitución.

Nuestros pensionistas actuales y futuros no merecen este trato. La sociedad española, la política, que habían conseguido armar un Pacto de Toledo que exigía el acuerdo, el consenso, no  merecen este trato. El Gobierno vencerá en el Parlamento, pero no convencerá y deteriorará la imagen de la política y la confianza en los políticos. Un escenario nada positivo en los momentos que corren. La mayoría absoluta no justifica estos procedimientos, ni estas prácticas,  ni estos desprecios, ni esta política.

Francisco Javier López Martín

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