la tierra de los nadie 76 «cuando llega la noche..

foto: Fran Lorente

Cuando llega la noche y el calor no ha cedido
sorprendo el inesperado ritmo de los grillos,
que componen la base de su largo concierto
con las huellas sonoras recicladas del día.

Francisco Javier López Martín
Del poemario “La tierra de los nadie” ganador del Angel Urrutia Iturbe VII Poesia Lehiaketaren Irabazleari, Lekumberriko Udaletxeak

MUCHA REFORMA Y POCA FORMACIÓN

Lo peor de las crisis de caballo que vivimos es la obsesión de los gobernantes por aplicar “reformas” que consigan “resultados”, lo cual les conduce a un empeño constante por dar palos de ciego.  Cada día sacamos a pasear una procesión y si, por un casual llueve, es gracias a la imagen que llevamos en andas y si no llueve es por falta de fe en la susodicha.

Acostumbrados a este proceder endémico, nos hemos convertido en expertos en intuir cuándo sacar la imaginería, antes incluso de que los hombres del tiempo anuncien lluvia.  Así siempre podemos seguir fomentando la fe en los milagros.

Ese loco empeño produce efectos demoledores sobre las políticas.  Por ejemplo, es evidente que la formación no crea empleo, aunque hace más fácil conseguirlo.  Tampoco mejora la calidad del empleo por si misma, ni los procesos productivos.

Perseguir resultados inmediatos de la formación es querer ver un árbol crecido inmediatamente después de haber plantado la semilla, lo cual es imposible. Y, sin embargo, eso es lo que se hace sin descanso.

Las políticas indiscriminadas de ajuste han llevado a reformas educativas sin consensos, a contratos de aprendizaje sin garantías, a alimentar el mito de una formación dual, más virtual que real.  Y todo ello en aras de adaptar la formación a las necesidades de las empresas, aún a sabiendas de que esas empresas sufren destruyendo empleo y, el que crean. es temporal y de baja cualificación.

Los datos oficiales son demoledores.  El SEPE (antiguo INEM), nos dice que las ocupaciones más ofertadas por los empresarios son para contratar trabajadores de transporte de mercancías, descargadores, administrativos, animadores de tiempo libre, promotores de ventas….

El empresariado parece bastante menos interesado en la cualificación de sus trabajadores, que en su disponibilidad horaria, su flexibilidad, su “compromiso” con la empresa. Les preocupa más, a nuestros empresarios, la actitud, que la aptitud.

Pero la paradoja es que el empresario, el emprendedor, la empresa, se han convertido en el centro de las políticas.  Da igual qué tipo de empresa, su compromiso con la sociedad, su carácter productivo o especulativo.  Poner jóvenes al servicio y libre disposición de la empresa, es la última moda y lo más innovador.  De ahí que la educación y la formación, un derecho constitucional, haya dejado de ser un bien público, para ponerse a disposición de los intereses económicos privados.

En buena lógica es el nivel de formación de la población, en relación con las características del tejido productivo y empresarial que tenemos, el que determina las necesidades formativas reales y no al contrario.  Por eso, la política de formación debería combinarse con las estrategias de desarrollo a medio plazo que deben incorporar actividades productivas e industriales, que generen empleo, que apuesten por inversiones en infraestructuras públicas, que incorporen elementos de protección social, que fortalezcan la negociación colectiva y la capacidad de acuerdo entre empresa y los trabajadores organizados en sindicatos..

Una realidad de nuestra formación es que seguimos teniendo un 45% de la población entre 25 y 64 años con un nivel educativo de primera etapa formativa o inferior, el más alto de Europa, después de Portugal.

Pese a ello los recortes se han llevado por delante 7.984 millones de euros de presupuesto educativo y la Formación para el Empleo se ha visto recortada en 800 millones.  Queda en muy poco el compromiso teórico de mejorar el nivel educativo general, la recualificación de las personas en desempleo, la adaptación de las personas que trabajan. Y, sin embargo, combatir el abandono escolar y elevar los niveles medios de cualificación debería aglutinar los esfuerzos prioritarios de la administración educativa.

La reducción de los recursos contrasta con el incremento de la demanda. Así, la matrícula de los ciclos de FP del sistema educativo se ha incrementado en los peores años de la crisis , entre 2009 y 2012 en un 15 por ciento en los ciclos de Grado Medio y en un 24 por ciento en los Ciclos de Grado Superior. Por su parte, la Formación de Adultos para preparar acceso a la FP ha incrementado su matrícula en un 24 por ciento.

Las verdaderas reformas que habría que abordar, en estos momentos, pasarían por revertir las reformas estructurales en aquellos aspectos que ponen en cuestión y debilitan la equidad y la calidad e la educación. La Reforma Educativa del ministro Wert, la reforma del contrato de aprendizaje, el desastroso diseño de la formación dual, son elementos sobre los que habría que actuar de inmediato. Sería urgente regular de forma clara, en al marco del diálogo social, el Estatuto de Aprendiz y del Practicando, para evitar una abusiva explotación laboral de los jóvenes, cada vez más extendida.

Se encuentra pendiente la negociación de un III Programa Nacional de Formación Profesional, que debería constituir la oportunidad para establecer un Pacto por la FP, simplificando el diseño de instituciones que actúan y coordinando mejor la oferta formativa, evitando duplicidades. Conviritiendo la Negociación Colectiva en un elemento vertebrador de todas las actividades formativas en los centros de trabajo. Facilitando la mejora de la formación de las personas adultas, desde los distintos ámbitos, haciendo posible una oferta accesible y gratuita, permisos remunerados, Planes Sectoriales de cualificación, reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia profesional. Todo un abanico de posibilidades que permitiría enriquecer las relaciones laborales y crear un clima de trabajo que ponga en valor la Formación Profesional en el ámbito de las empresas y los sectores productivos.

En cuanto al panorama de la Formación para el Empleo, la que se sustenta en la cuota de formación, que pagamos empresas y trabajadores, debería seguir el modelo europeo, en el que empresarios y trabajadores tienen un papel determinante en la toma de decisiones sobre la formación de las personas ocupadas. Sin embargo, durante los dos últimos años se han introducido modificaciones no negociadas por el Gobierno, se han deteriorado los instrumentos de participación, se ha fomentado la presencia de sectores privados con intereses económicos en la formación y se han olvidado las sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la vigencia y validez del modelo.

Por eso creemos llegado el momento de aprovechar la negociación de los V Acuerdos de Formación Profesional para el empleo, para definir las competencias de cada Administración; desarrollar el derecho individual a la formación; crear sistemas integrados de información y orientación laboral, así como de registro de entidades formativas; redefinir la arquitectura institucional del sistema y el papel que debe jugar en el futuro el Consejo General de la Formación Profesional, la Comisión Estatal de Formación para el Empleo y la propia Fundación Tripartita de Formación para el Empleo; incrementar el papel de los centros públicos en la formación de trabajadores y trabajadoras; evaluando de forma permanente para reforzar la eficacia y eficiencia de la formación.

La obsesión por las reformas, también en materia educativa, no puede conducir al país a un destrozo de lo construido con largo e intenso esfuerzo, sino a  un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. De otra parte, esos cambios no pueden producirse desde una genérica primacía de la empresa, sino desde el derecho individual de las personas a la formación y desde la necesidad de dotarse de estrategias productivas en el medio plazo, que permitan determinar la formación y las adaptaciones de cualificación que vamos a necesitar en el país.

Los recursos son siempre escasos, pero si los utilizamos bien podemos, incluso en tiempos de crisis, hacer que la formación constituya la base sólida para superar la crisis y afrontar un futuro económico y social sólido y sostenible.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

UNA RENTA MÍNIMA PARA EUROPA

Llega a mis manos un Dictamen del Comité Económico y Social Europeo que invita a la Comisión Europea a estudiar posibilidades de financiación de una Renta Mínima Europea.

La del Comité es una de las cada vez más numerosas voces que reclaman que la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa, sean algo más que meras declaraciones de objetivos, siempre postergados por los gobiernos nacionales y por las autoridades europeas. De hecho, desde hace más de 20 años el Comité viene reivindicando este tipo de medidas.

La crisis y las insensatas políticas de ajustes y reformas, han incrementado el riesgo de pobreza hasta el punto de que el 24,2% de la población europea, casi 120 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.  Durante la crisis,  todos los indicadores de riesgo han empeorado. Tanto en riesgo de pobreza, en privaciones materiales severas, o en familias en las que el empleo es escaso, o inexistente.

Los pobres son cada vez más pobres y los menores de 18 años, conforman uno de los grupos más expuestos a la pobreza con una tasa de 27,1%, seguidos, en muchos países, de las personas mayores y otros grupos de población vulnerables como las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas graves, hogares monoparentales, familias de rentas bajas, inmigrantes, minorías étnicas.

Aparecen nuevas formas de pobreza, como las personas sin hogar, la pobreza energética, la exclusión financiera, el endeudamiento excesivo, la feminización de la pobreza. Nuevas formas de pobreza que incorporan el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres, cuya precariedad y bajo salarios vienen a sumarse a los 26,2 millones de personas desempleadas, alcanzando el desempleo juvenil tasas máximas del 23’6%. Desgraciadamente España duplica las medidas europeas en casi todos estos datos desfavorables.

Mientras los programas nacionales de ajustes y reformas se cumplen al milímetro.  Mientras las entidades financieras gozan de ayudas incondicionales para sus rescates, los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que incorporan una reducción de 20 millones de personas pobres, no se cumplirán y quedarán entre 5 y 8 millones por debajo, suponiendo que la suma de objetivos nacionales se cumpliera rigurosamente.

Hay que reforzar las políticas que permitan impulsar una economía sostenible, que apueste por el empleo y la formación de las personas y los trabajadores y trabajadoras.  Y en el mientras tanto, hay que poner en valor elementos sociales de los tratados, Cartas de Derechos, recomendaciones, planes y estrategias de la Unión Europea.

La pobreza tiene hoy muchas y muy variadas dimensiones.  Sus efectos sobre la sociedad son demoledores.  Incluso económicamente sus consecuencias son desastrosas sobre las rentas disponibles y la demanda.  No hay país competitivo compatible con altas tasas de pobreza.

La Unión Europea no puede seguir concentrando todas sus prioridades en las políticas monetarias, de estabilidad presupuestaria, de recortes presupuestarios, de injusticia fiscal.

La implantación de una Renta Mínima se viene reclamando desde hace más de veinte años.  Recientemente CCOO hemos presentado una propuesta en este mismo sentido. No es una panacea, ni una solución a la crisis, pero puede contribuir a paliar los efectos sociales de la misma, al dotar a las personas de los recursos mínimos esenciales para la subsistencia, impulsando la demanda interna y provocando un efecto anticíclico que contribuya a superar la crisis.

Europa necesita que todos sus países establezcan una Renta Mínima garantizada para las personas que no pueden acceder a prestaciones derivadas de sus cotizaciones al desempleo, o a la Seguridad Social. Necesitamos una última barrera contra la pobreza que asegure el derecho a una vida digna de las personas y las familias.

Son muchas las organizaciones sindicales, sociales, fuerzas políticas, que reclamamos una Renta Mínima Garantizada,  Una demanda que no puede toparse con los silencios de los Gobierno, con la indolencia de los poderosos, con la avaricia de quienes detentan la riqueza.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

AIRBUS: 66 AÑOS DE CARCEL PARA 8 SINDICALISTAS

Ocho años y tres meses de cárcel. Esa es la sentencia que pide el Fiscal para los ocho sindicalistas que participaron en la Huelga General del 29-S del año 2010. Se encontraban en las puertas de la empresa Airbus de Getafe, formaban parte de un piquete, cuando se produjo un altercado con cargas policiales, durante el cual un policía hizo uso de su arma de fuego, dejando esparcidos numerosos casquillos por el suelo. Se produjeron diversas lesiones entre los numerosos trabajadores concentrados y entre algunos de los policías que realizaron las cargas.

No son frecuentes este tipo de incidentes en las Huelgas Generales en Madrid, por más que la capital de España se convierta en exponente y escaparate del  seguimiento de una Huelga General. El punto en el que se fijan todas las miradas de las cámaras, toda la atención de los medios de comunicación. La imagen de dureza de una huelga, el éxito de la misma, el mayor o menor seguimiento, tiene mucho que ver con lo que ocurra en Madrid.

Las Huelgas Generales constituyen la máxima expresión democrática de un conflicto social que no ha encontrado cauce de solución por la vía del diálogo. Se gana una Huelga cuando es asumida por los trabajadores. Cuando millones de mujeres y hombres deciden dejar de trabajar un día para abrir las puertas a una solución negociada de sus problemas. Cuando se manifiestan más tarde, masivamente, junto a sus familias y vecinos. Cuando un Gobierno escucha y atiende el mensaje de su pueblo trabajador.

Por eso, la violencia no es consustancial con el ejercicio del derecho de huelga, aunque existan momentos de tensión y se produzcan algunos actos de violencia en las huelgas. En ocasiones, depende mucho de cómo un Gobierno afronta esa protesta laboral y social y cómo utiliza las fuerzas policiales para encauzar o, por contra, para tensar las situaciones. Normalmente sabemos antes, gracias a nuestras buenas relaciones con los sindicatos policiales, cómo se avecina el día de la Huelga General y podemos prevenir la mayoría de los incidentes que se pueden producir.

Pese a todo, a veces, se producen cargas a las puertas de alguna cochera de autobuses, en las puertas de Mercamadrid, contra alguno de los piquetes que recorren la Gran Vía, la Castellana, en algún barrio, o en las puertas de alguna empresa. Se saldan, generalmente, con algunas detenciones y algunas contusiones, aunque a veces las pelotas de goma, o las “defensas” de la policía han producido lesiones graves entre algunos manifestantes o miembros de piquetes.

En pocas ocasiones estos incidentes llegan a los juzgados y, cuando esto ocurre, no suelen producirse sentencias duras, porque los daños materiales y humanos, en la inmensa mayoría de los casos, no revisten gravedad. En general, los Delegados del Gobierno con los que me ha tocado relacionarme mientras estaba al frente de las CCOO de Madrid, han intentado que las actuaciones policiales, en las huelgas generales, fueran proporcionadas y las consecuencias de las mismas no sobrepasaran los límites de la garantía del libre ejercicio del derecho de huelga y de la libertad de ir a trabajar para quien no quiere, o no puede, hacer huelga.

Hablamos, no obstante de miles de personas en las calles y miles de policías desplegados. Quienes se encuentran al frente de los piquetes de trabajadores y trabajadoras intentan que no haya infiltraciones de provocadores en los mismos y casi siempre lo consiguen. Los policías, por su parte, suelen también ser expertos en encauzar los movimientos de mucha gente por las calles, evitando conflictos innecesarios.

Sin embargo, algo ha ocurrido, en el caso de Airbus, para que esto no haya sido así. La Huelga General expresaba el rechazo a la claudicación del Gobierno de Zapatero, ante las presiones de la Comisión Europea, que impuso los primeros recortes salariales, laborales y sociales. Un ataque a los empleados públicos y pensionistas. Una imposición  de reformas laborales y de la negociación colectiva que más tarde serían agravadas por el gobierno de Mariano Rajoy, conduciéndonos a seis millones de personas paradas y a la agudización de una crisis económica, laboral y social de la que no hemos salido y de la que tardaremos lustros en recuperarnos.

Los trabajadores de Airbus hacían lo mismo que en otras ocasiones, concentrándose ante las puertas de la empresa. No era la primera vez. Algún que otro abucheo, a uno que intenta entrar a trabajar, atravesando la concentración de sus propios compañeros. Sin embargo, en esta ocasión, un policía nervioso desenfunda el arma y dispara al aire. Hasta siete u ocho casquillos fueron luego recogidos del suelo por los trabajadores. Hay un vídeo que demuestra cómo se producen los altercados, los disparos y quién carga contra quién.

En esta ocasión, tal vez para justificar la utilización de un arma de fuego, hasta diez policías han presentado partes de lesiones ante el juez. En esta ocasión, el juez decide investigar qué trabajadores han resultado heridos en la refriega y los detiene en sus domicilios, los interroga, les toma declaración. La instrucción ha durado casi tres años y medio. Ocho trabajadores de Airbus, según el fiscal, han herido a diez policías y un esquirol.

Si atendemos a las peticiones del Fiscal de penas de ocho años y tres meses para todos y cada uno de ellos, debieron actuar al unísono y, de forma conjunta, golpear a todos los policías, uno por uno. De lo contrario no se entiende que todos reciban la misma condena. Obsérvese que en cualquier delito unos golpean a unos, otros a otros, unos colaboran, otros cooperan, otros actúan. No todos tienen la misma participación, ni el mismo grado de responsabilidad. Obsérvese que, en este caso, se va contra todos, al mismo tiempo y con todo lo que se tiene a mano.

En esta ocasión, se desprende que los ocho incurrieron en el delito de impedir el derecho a trabajar con el grado máximo de calificación. Los ocho agredieron a la autoridad uniformada. Los ocho causaron las mismas lesiones a los mismos diez policías antidisturbios. Eso parece que deduce un Fiscal que pide para todos las mismas condenas. Un Fiscal que pide penas similares a las que cuarenta años atrás pedían los fiscales del Tribunal de Orden Público franquista a los sindicalistas de CCOO encausados en el Proceso 1001.

Obsérvese, de nuevo, que la calificación es muy importante en estos asuntos de la justicia, como lo ponen de relieve casos tan conocidos hoy en día, como el de Miguel Blesa, los sobres de Bárcenas, Gürtel y hasta el de la Infanta y su marido. No es lo mismo ser autor que cómplice. No es lo mismo agredir, que resistir a la autoridad. No es lo mismo un delito que una falta. No es lo mismo estar enamorado que ser el objeto de ese amor. No es lo mismo un juez y un fiscal, que otro juez y otro fiscal.

En esta ocasión, nadie ha tomado en cuenta que se está encausando a trabajadores, a sindicalistas, que cada día acuden a su trabajo. Que están acostumbrados a defender su empleo y el de sus compañeros y compañeras día tras día. Trabajadores de uno de los sectores punteros de la industria nacional con factorías en Madrid y en otros lugares de España.  Que defienden su empresa, la carga de trabajo, el futuro de su proyecto industrial, el empleo, la formación. Que forman parte del proyecto industrial europeo que fabrica aviones, helicópteros, satélites. Que no sólo no tienen antecedentes penales, como reconoce el fiscal, sino que arrastran carreras profesionales intachables.

No son banqueros, ni senadores, ni comisionistas. Tienen una empresa grande y potente, pero no son empresarios expertos en organizar festines y eventos. Tienen casas reales y familias reales, pero ninguna de ellas  con mayúsculas.

Con todos mis respetos para la justicia, para sus jueces y fiscales. Con toda mi conciencia de que son seres humanos sobre los que hemos depositado la responsabilidad y la dura tarea de, con escasos efectivos y pocos medios, poner un poco de justicia en este panorama de corrupción, que ha campado a sus anchas al calor del pelotazo especulativo y espejismo de crecimiento infinito que este país ha vivido durante casi tres lustros.

Con todo mi afecto a esas gentes defensoras del derecho, a los que he aprendido a querer, desde el afecto que siempre han demostrado a la memoria de los Abogados de Atocha. Esta petición fiscal de 66 años de cárcel para ocho sindicalistas, es desproporcionada, desmedida, injusta.

Una petición de condenas que aleja a los trabajadores y trabajadoras, aún más, de la confianza en la justicia y sus instituciones. Y el día en el que a las instituciones les falte la confianza y el respeto de la clase trabajadora, esas instituciones estarán condenadas a desmoronarse como castillo de naipes, porque, mal que les pese a algunos, son los trabajadores y trabajadoras y sus familias los que vertebran de forma más poderosa una sociedad y un país. A fin de cuentas, como bien decía la madre de Joan Manuel Serrat, Yo soy de donde trabajan mis hijos.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

UN MUNDO DE MENTIRAS

La crisis ha tenido unos efectos demoledores sobre las sociedades y particularmente sobre la española.  El 95 por ciento de los españoles, según la Comisión Europea, consideran que la corrupción es un hecho generalizado en España.

La corrupción, unida a la incapacidad de las instituciones de todo tipo, desde el Estado hasta el último Ayuntamiento, para garantizar una mínima seguridad de las personas, avala que cualquier cuestionamiento de las instituciones y organizaciones sociales adquiera apariencia de verdad, aunque no tenga base real alguna.

Hay en estos momentos determinados medios de comunicación especializados en el descrédito general y uno se pregunta quéintereses ocultos se esconden tras semejante proceder.

El diario El Mundo dice que “los cursos de formación no sirven”y que “9 de 10″ no mejoran su situación”tras recibirlos.  La información según ellos, procede de un antiguo responsable de la Fundación Tripartita y de los propios informes de evaluación de dicha institución.

Me he ido a comprobar los datos de dichas evaluaciones, publicados de forma transparente en la web de la Fundación Tripartita.  Lo que veo es todo lo contrario de lo que publica El Mundo, aún de Pedro J.

El 95% de los participantes en los cursos afirma que están satisfechos o completamente satisfechos. Y medido en puntuación de 1 a 4, la media de satisfacción oscila entre 3,46 y 3,61 puntos.

En los programas de jóvenes la satisfacción se mueve entre el 80 y el 88% y entre el 90 y el 94% en la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. Un 86% considera que le permitirácambiar de puesto de trabajo y casi un 94% que le permitiráprogresar en su carrera profesional.

En cuanto al desarrollo personal entre un 85% y un 94% consideran que el curso contribuye a dicho desarrollo. Además, año tras año, estos niveles de satisfacción mejoran.  Y otro dato es que la satisfacción es mayor en oferta que en demanda.  Es decir, la satisfacción es mayor en cursos ofertados por centros y organizaciones que cuando es formación bonificada.

Si estos son los datos, ¿cómo es posible que El Mundo saque otras conclusiones para desacreditar la labor de la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo? Sólo se me ocurre una respuesta lógica. Una respuesta que no se atreverán a airear otros medios de comunicación porque, a fin de cuentas, perro no come perro.

Esa respuesta no es otra que el negocio de formación que la editora de El Mundo ha ido alimentando. Basta entrar en la página web de Unedisa, editora de El Mundo, para encontrar una amplia oferta formativa, en lujosos hoteles y a precio nada desdeñable que, por cierto, puede bonificarse a través de la Fundación Tripartita.

Entonces, ¿por quématar y desacreditar a la Tripartita? ¿Por québuscar informaciones y datos falsos sobre los cursos de los que ellos mismos forman parte y se benefician?

Muy sencillo, acabando con la Tripartita, se acabarán los controles administrativos y la formación se convierte en una jungla en la que se puede acceder al dinero de forma directa, manejando las influencias en las instituciones.

Basta recordar el enfrentamiento radiofónico en la COPE, entre Pedro J. y el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y preguntar que quería decir este último cuando espetaba al director de El Mundo: “Alguien le ha prometido a usted algo que no le va a dar”.

Al igual que en materia sanitaria, de servicios sociales, o educativa, primero se desacreditan los sistemas y las instituciones y luego, los buitres acuden ansiosos a devorar los restos de carroña esparcida.

Soy un recién llegado a la Formación para el Empleo.  En dos recientes artículos he intentado analizar los problemas y algunos de los remedios en los que creo que muchos y muchas podemos coincidir, desde el ámbito de lo público y lo privado.

Sin embargo,  nunca se me ha ocurrido que destrozar el sistema y acabar con su instrumento más valioso, la Fundación Tripartita, sea parte de la solución, salvo que transformemos la Fundación Tripartita en un instrumento más útil para la planificación, gestión, ejecución y evaluación de la Formación para el Empleo y de todos los recursos disponibles.

Todo lo contrario de lo que los amantes de la ley de la selva parecen pretender en estos momentos, aprovechando la crisis y el descrédito de las instituciones, aunque para ello tengan que utilizar todo un Mundo de mentiras, en el que todo vale.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO