AIRBUS: 66 AÑOS DE CARCEL PARA 8 SINDICALISTAS

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Ocho años y tres meses de cárcel. Esa es la sentencia que pide el Fiscal para los ocho sindicalistas que participaron en la Huelga General del 29-S del año 2010. Se encontraban en las puertas de la empresa Airbus de Getafe, formaban parte de un piquete, cuando se produjo un altercado con cargas policiales, durante el cual un policía hizo uso de su arma de fuego, dejando esparcidos numerosos casquillos por el suelo. Se produjeron diversas lesiones entre los numerosos trabajadores concentrados y entre algunos de los policías que realizaron las cargas.

No son frecuentes este tipo de incidentes en las Huelgas Generales en Madrid, por más que la capital de España se convierta en exponente y escaparate del  seguimiento de una Huelga General. El punto en el que se fijan todas las miradas de las cámaras, toda la atención de los medios de comunicación. La imagen de dureza de una huelga, el éxito de la misma, el mayor o menor seguimiento, tiene mucho que ver con lo que ocurra en Madrid.

Las Huelgas Generales constituyen la máxima expresión democrática de un conflicto social que no ha encontrado cauce de solución por la vía del diálogo. Se gana una Huelga cuando es asumida por los trabajadores. Cuando millones de mujeres y hombres deciden dejar de trabajar un día para abrir las puertas a una solución negociada de sus problemas. Cuando se manifiestan más tarde, masivamente, junto a sus familias y vecinos. Cuando un Gobierno escucha y atiende el mensaje de su pueblo trabajador.

Por eso, la violencia no es consustancial con el ejercicio del derecho de huelga, aunque existan momentos de tensión y se produzcan algunos actos de violencia en las huelgas. En ocasiones, depende mucho de cómo un Gobierno afronta esa protesta laboral y social y cómo utiliza las fuerzas policiales para encauzar o, por contra, para tensar las situaciones. Normalmente sabemos antes, gracias a nuestras buenas relaciones con los sindicatos policiales, cómo se avecina el día de la Huelga General y podemos prevenir la mayoría de los incidentes que se pueden producir.

Pese a todo, a veces, se producen cargas a las puertas de alguna cochera de autobuses, en las puertas de Mercamadrid, contra alguno de los piquetes que recorren la Gran Vía, la Castellana, en algún barrio, o en las puertas de alguna empresa. Se saldan, generalmente, con algunas detenciones y algunas contusiones, aunque a veces las pelotas de goma, o las “defensas” de la policía han producido lesiones graves entre algunos manifestantes o miembros de piquetes.

En pocas ocasiones estos incidentes llegan a los juzgados y, cuando esto ocurre, no suelen producirse sentencias duras, porque los daños materiales y humanos, en la inmensa mayoría de los casos, no revisten gravedad. En general, los Delegados del Gobierno con los que me ha tocado relacionarme mientras estaba al frente de las CCOO de Madrid, han intentado que las actuaciones policiales, en las huelgas generales, fueran proporcionadas y las consecuencias de las mismas no sobrepasaran los límites de la garantía del libre ejercicio del derecho de huelga y de la libertad de ir a trabajar para quien no quiere, o no puede, hacer huelga.

Hablamos, no obstante de miles de personas en las calles y miles de policías desplegados. Quienes se encuentran al frente de los piquetes de trabajadores y trabajadoras intentan que no haya infiltraciones de provocadores en los mismos y casi siempre lo consiguen. Los policías, por su parte, suelen también ser expertos en encauzar los movimientos de mucha gente por las calles, evitando conflictos innecesarios.

Sin embargo, algo ha ocurrido, en el caso de Airbus, para que esto no haya sido así. La Huelga General expresaba el rechazo a la claudicación del Gobierno de Zapatero, ante las presiones de la Comisión Europea, que impuso los primeros recortes salariales, laborales y sociales. Un ataque a los empleados públicos y pensionistas. Una imposición  de reformas laborales y de la negociación colectiva que más tarde serían agravadas por el gobierno de Mariano Rajoy, conduciéndonos a seis millones de personas paradas y a la agudización de una crisis económica, laboral y social de la que no hemos salido y de la que tardaremos lustros en recuperarnos.

Los trabajadores de Airbus hacían lo mismo que en otras ocasiones, concentrándose ante las puertas de la empresa. No era la primera vez. Algún que otro abucheo, a uno que intenta entrar a trabajar, atravesando la concentración de sus propios compañeros. Sin embargo, en esta ocasión, un policía nervioso desenfunda el arma y dispara al aire. Hasta siete u ocho casquillos fueron luego recogidos del suelo por los trabajadores. Hay un vídeo que demuestra cómo se producen los altercados, los disparos y quién carga contra quién.

En esta ocasión, tal vez para justificar la utilización de un arma de fuego, hasta diez policías han presentado partes de lesiones ante el juez. En esta ocasión, el juez decide investigar qué trabajadores han resultado heridos en la refriega y los detiene en sus domicilios, los interroga, les toma declaración. La instrucción ha durado casi tres años y medio. Ocho trabajadores de Airbus, según el fiscal, han herido a diez policías y un esquirol.

Si atendemos a las peticiones del Fiscal de penas de ocho años y tres meses para todos y cada uno de ellos, debieron actuar al unísono y, de forma conjunta, golpear a todos los policías, uno por uno. De lo contrario no se entiende que todos reciban la misma condena. Obsérvese que en cualquier delito unos golpean a unos, otros a otros, unos colaboran, otros cooperan, otros actúan. No todos tienen la misma participación, ni el mismo grado de responsabilidad. Obsérvese que, en este caso, se va contra todos, al mismo tiempo y con todo lo que se tiene a mano.

En esta ocasión, se desprende que los ocho incurrieron en el delito de impedir el derecho a trabajar con el grado máximo de calificación. Los ocho agredieron a la autoridad uniformada. Los ocho causaron las mismas lesiones a los mismos diez policías antidisturbios. Eso parece que deduce un Fiscal que pide para todos las mismas condenas. Un Fiscal que pide penas similares a las que cuarenta años atrás pedían los fiscales del Tribunal de Orden Público franquista a los sindicalistas de CCOO encausados en el Proceso 1001.

Obsérvese, de nuevo, que la calificación es muy importante en estos asuntos de la justicia, como lo ponen de relieve casos tan conocidos hoy en día, como el de Miguel Blesa, los sobres de Bárcenas, Gürtel y hasta el de la Infanta y su marido. No es lo mismo ser autor que cómplice. No es lo mismo agredir, que resistir a la autoridad. No es lo mismo un delito que una falta. No es lo mismo estar enamorado que ser el objeto de ese amor. No es lo mismo un juez y un fiscal, que otro juez y otro fiscal.

En esta ocasión, nadie ha tomado en cuenta que se está encausando a trabajadores, a sindicalistas, que cada día acuden a su trabajo. Que están acostumbrados a defender su empleo y el de sus compañeros y compañeras día tras día. Trabajadores de uno de los sectores punteros de la industria nacional con factorías en Madrid y en otros lugares de España.  Que defienden su empresa, la carga de trabajo, el futuro de su proyecto industrial, el empleo, la formación. Que forman parte del proyecto industrial europeo que fabrica aviones, helicópteros, satélites. Que no sólo no tienen antecedentes penales, como reconoce el fiscal, sino que arrastran carreras profesionales intachables.

No son banqueros, ni senadores, ni comisionistas. Tienen una empresa grande y potente, pero no son empresarios expertos en organizar festines y eventos. Tienen casas reales y familias reales, pero ninguna de ellas  con mayúsculas.

Con todos mis respetos para la justicia, para sus jueces y fiscales. Con toda mi conciencia de que son seres humanos sobre los que hemos depositado la responsabilidad y la dura tarea de, con escasos efectivos y pocos medios, poner un poco de justicia en este panorama de corrupción, que ha campado a sus anchas al calor del pelotazo especulativo y espejismo de crecimiento infinito que este país ha vivido durante casi tres lustros.

Con todo mi afecto a esas gentes defensoras del derecho, a los que he aprendido a querer, desde el afecto que siempre han demostrado a la memoria de los Abogados de Atocha. Esta petición fiscal de 66 años de cárcel para ocho sindicalistas, es desproporcionada, desmedida, injusta.

Una petición de condenas que aleja a los trabajadores y trabajadoras, aún más, de la confianza en la justicia y sus instituciones. Y el día en el que a las instituciones les falte la confianza y el respeto de la clase trabajadora, esas instituciones estarán condenadas a desmoronarse como castillo de naipes, porque, mal que les pese a algunos, son los trabajadores y trabajadoras y sus familias los que vertebran de forma más poderosa una sociedad y un país. A fin de cuentas, como bien decía la madre de Joan Manuel Serrat, Yo soy de donde trabajan mis hijos.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

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