CLAVES PARA EL NUEVO SISTEMA DE FORMACION

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Una nueva convocatoria de subvenciones para la formación de trabajadores y trabajadoras acaba de ser publicada en el BOE. Se anuncia, a bombo y platillo, como un cambio profundo en el sistema de formación para el empleo en España. Todo el cambio, si nos fiamos de la prensa interesada, parece consistir en que los empresarios y los sindicatos no podrán conceder las ayudas a la formación, ni podrán recibir fondos para la formación. Las ayudas serán concedidas a través de la libre concurrencia y eso garantizará que serán los mejores centros los que obtendrán dichas ayudas.

Llevo poco en esto de la formación para el empleo. Hace año y medio que me ocupo de estos temas en la Comisión Ejecutiva de CCOO. Pero ese tiempo basta para entender la maniobra encaminada a apropiarse de los recursos de trabajadores y empresarios, para que sean concedidos por Gobiernos, sin control social alguno y gestionados por empresas clientelares de esos gobiernos. Empresas entre las que no faltan poderosos medios de comunicación, por cierto.

Durante este tiempo he asistido a continuos ataques, cada vez más duros, contra el papel de empresarios y sindicatos en la formación para el empleo, cuya única misión parece ser que las organizaciones sindicales y empresariales desaparezcamos de la formación de los trabajadores y trabajadoras, pese a que las reiteradas sentencias de los tribunales y del propio Tribunal Constitucional, reconocen a los sindicatos y organizaciones empresariales como legítimos actores de la formación de los trabajadores.

Quiero dejar claro que hay muchas cosas que mejorar en el actual sistema de formación para el empleo, para mejorar en eficacia y eficiencia. Y quiero dejar claro que, si alguien ha convertido la formación en una fuente ilícita de enriquecimiento, debe comparecer ante los tribunales y pagar el precio de sus actos. Sin embargo, mejorar el sistema de formación no pasa por eliminar el control social sobre el mismo. Y el que haya corruptos en la formación, como los hay, desgraciadamente, en cualquier actividad en este país endemoniado, no es disculpa para deducir que todos los empresarios y sindicalistas son corruptos.

Conozco políticos, en el gobierno y en la oposición. Conozco empresarios y sindicalistas. Conozco empresas dedicadas a la formación (algunas de ellas en trance de desaparecer), que tienen mucho conocimiento acumulado, mucha experiencia y muchas ganas de que las cosas funcionen bien y cada vez mejor, en esto de la formación. Pero no hay soluciones mágicas y aún menos en unos tiempos marcados por una de las crisis más duras que hayamos atravesado. Y, además, hay muchos intereses creados y muchos callos que pisar.

Por eso conviene repasar dónde estamos, ponernos de acuerdo en el lugar al que queremos llegar y estudiar el camino que tenemos que andar para alcanzar la meta de un sistema de formación que sea eficaz y eficiente en la formación de trabajadores y trabajadoras. Es decir que consiga una formación de calidad utilizando bien los recursos disponibles, que siempre son escasos.

En primer lugar, llama poderosamente la atención que, con excelentes centros de formación profesional, educación de adultos y universidades, no jueguen un papel determinante en las acciones formativas impulsadas por el Ministerio de Empleo. Educación y Empleo son dos ministerios que nunca se han entendido bien en este tema y eso supone dilapidar recursos.

En segundo lugar, es increíble que, de los 1.776 millones recaudados por la cuota de formación de las nóminas de los trabajadores y de las empresas, la mayoría vaya a las Comunidades Autónomas y que, en virtud de las competencias de las mismas, no existan mecanismos homogéneos y consensuados de planificación, programación, seguimiento, control, participación, evaluación. Hay Comunidades como la madrileña, en las que no hay participación sindical ni empresarial en la formación y donde estallan casos como el de Aneri-Tezanos, con cursos on-line inexistentes. Hay otras, como la andaluza, que elaboran una ley de Formación Profesional, sin negociarla con los empresarios ni los sindicatos. Otras como la murciana, que pagan las subvenciones de formación en cómodos plazos, como si fueran deudas a proveedores. Rizando el rizo, con la famosa formación dual, cada Comunidad Autónoma se dota de su propio sistema de formación dual. Por no haber, no hay ni una base de datos común de cursos que realizan las personas, para poder tan siquiera conocer el itinerario formativo de nuestras trabajadoras y trabajadores.

En tercer lugar, los fondos de formación procedentes de la cuota deben formar a personas paradas, especialmente en tiempos de crisis, pero eso no excluye que las políticas dirigidas a formar a personas paradas deban de contar con otros fondos añadidos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, en cantidad suficiente. Eso no ocurre ahora y la cuota de formación financia buena parte de las políticas activas de empleo, como si el gobierno estuviera realizando un gran esfuerzo suplementario hacia las personas desempleadas, jóvenes, personas desfavorecidas que, sin embargo, no existe.

En cuarto lugar, mientras los fondos de la cuota de formación gestionados desde la Fundación Tripartita (180 millones de euros) cuentan con todo tipo de controles internos y externos, los controles sobre la formación bonificada, que mueven en torno a 600 millones, son mucho menores y 7000 empresas, centros de formación, entidades, ejercitan la “libre concurrencia” para captar clientes para sus cursos, sin que se garantice, en muchos casos, la participación de los representantes de los trabajadores en la formación que se imparte. Una participación que se limita, además, a la mera información.

Empresas y trabajadores pagamos la cuota de formación y el Gobierno administra esos dineros, sin que las organizaciones empresariales y sindicales, sin que los acuerdos de formación en las empresas y en la negociación colectiva jueguen un papel determinante, ni tan siquiera en la detección de las necesidades formativas de las empresas y sectores. Porque, pese a lo que dicen algunos medios, ni empresarios, ni sindicatos, decidimos quién recibe fondos de formación. Son los Gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas, los que adoptan esas decisiones.

Para colmo, los fondos no ejecutados con cargo a cada presupuesto, no se reanualizan, es decir no pasan al Presupuesto siguiente, despreciando así el carácter finalista de la cuota de formación, que sólo debe dedicarse a esa función. Así en la convocatoria estatal 2014, se incluye el pago aplazado de los 180 millones dedicados a subvenciones de formación, lo cual quiere decir que el 50 por ciento se pagará en 2014, otro 25 por ciento en 2015 y otro 25 por ciento en 2016. Es decir, si no se incluye una reanualización de esos recursos, Montoro se ahorrará 90 de los 180 millones del Presupuesto 2014 y podrá dedicarlos cosas como reducir sus problemas de déficit público.

Es sobre estos temas sobre los que hay que actuar de manera decidida, si queremos mejorar la formación para el empleo. No es en los sindicatos, ni en los empresarios, dónde se encuentran los males de la formación para el empleo. Muy al contrario, somos nosotros los que denunciamos casos de corrupción, como el de Aneri-Tezanos en Madrid, o el del ex-consejero Ojeda en Andalucía. La participación empresarial y sindical es una condición imprescindible para la transparencia del sistema.

Creo que ni sindicatos, ni empresarios, debemos renunciar al gobierno de unos recursos que proceden de una cuota de formación que pagamos las empresas y los trabajadores. Y cuando digo Gobierno no me refiero a dar cursos. Me refiero a decidir, junto a los gobiernos, las necesidades formativas, la planificación y programación de la formación, el seguimiento y control, la evaluación del sistema de formación. Del gobierno compartido de la formación para el empleo, dependerá que contemos con trabajadores y trabajadoras formados para encontrar un empleo, para mantenerlo, para promocionar en el mismo y para los inevitables cambios y transformaciones aceleradas que caracteriza a nuestra economía y nuestra sociedad.

Saldremos antes y mejor de esta crisis, si conseguimos contar con las trabajadoras y los trabajadores mejor preparados, mejor formados. Porque las personas son la clave.

Francisco JavierLópez Martín

Secretario de Formación CCOO

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