La falacia

Artículo publicado en El País el 3 de noviembre de 2014

En diversas informaciones recientes y en algún artículo de opinión se achaca la deplorable gestión de Caja Madrid y su desastroso resultado al pacto que hace dieciocho años firmaron CC OO y el PP de Madrid, llegándose a afirmar que el sindicato obtuvo un extenso pliego de contrapartidas a cambio de perpetrar la sustitución en la presidencia de la entidad. Una y otra sentencias, tergiversando el texto y obviando el contexto de aquel acuerdo, han engendrado una insostenible falacia. El contenido a examinar apenas sobrepasa los tres folios; y sus cuatro apartados están redactados con absoluta claridad y sin ambigüedades. Ya que para descalificar a CC OO y a sus dirigentes de entonces se ha eludido tan fácil análisis de lo que está escrito, pasemos a escudriñarlo. El primer punto del primer apartado estableció “el compromiso público de defensa de la actual naturaleza jurídica de las cajas de ahorro…..y la oposición a cualquier fórmula de privatización, total o parcial”. Se pretendía así disipar la incertidumbre generada por quienes alegando falta de definición en los títulos de propiedad de las cajas, auspiciaban la entrada de grandes grupos de inversión privados. El tercer punto contemplaba la única contrapartida singular a las CC OO: “garantía de interlocución propia y directa del grupo de representantes de CC OO en los órganos de gobierno de Caja Madrid con la presidencia, al mismo nivel que otras asociaciones presentes en el Consejo de Administración”. ¡Gran y gravosa osadía del sindicato más representativo de Caja Madrid, que aspiraba a ser tratado igual que otras asociaciones de menor representatividad! El segundo apartado versaba sobre el “diseño de políticas estratégicas”, orientadas al “impulso de políticas de inversión en sectores estratégicos: Telecomunicaciones, Energía, Agua, Distribución, Seguros e Inmobiliario”. Continuaba con “el apoyo a la economía productiva; a las pequeñas y medianas empresas y a la economía social en sus diferentes aspectos”. En referencia a los préstamos hipotecarios se indicaba textualmente: “reactivación de las operaciones con promotores y, sobre todo, con las fórmulas de cooperativas de viviendas sociales, que deben ser clientes preferenciales de Caja de Madrid……. y con rigurosos análisis de riesgo en cada caso”. O sea que, en contra de lo sentenciado, las directrices introducidas por CC OO en el acuerdo, lejos de hacer posible la desastrosa gestión posterior, la habrían impedido. Ciertamente el acuerdo se incumplió flagrantemente; como lamentablemente se han incumplido en nuestro país casi todos los acuerdos socioeconómicos, Pactos de la Moncloa incluidos, sin que por ello reneguemos de haberlos suscrito en su momento. En el tercer epígrafe, centrado en la gestión interna y las relaciones laborales se acordó otra desmesura: “Abono de atrasos de las cuantías congeladas en la aplicación del Convenio 1995-97(4 pagas) y garantías de no adopción, sin acuerdo, de medidas restrictivas”. Para continuar con la extorsión, el sindicato se preocupó de comprometer la “exteriorización de los compromisos por pensiones mediante un plan de pensiones de empleo”. Un paso ineludible para ajustarse a la ley 30/95 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para que: “de este modo se garantice el reconocimiento de los derechos pasados y las deducciones fiscales pertinentes para la Caja de Madrid, renunciando a la posibilidad de solicitar el mantenimiento de un fondo interno” (opción que, no obstante, habría estado avalada por la citada ley de forma excepcional). El cuarto y último capítulo referido a la Fundación y Obra Social terminó por poner en evidencia la voracidad de CC OO puesto que la primera recomendación del acuerdo consistió en evitar las duplicidades que se venían registrando en actividades realizadas por las distintas instancias de la Caja. Hasta aquí lo esencial del texto (su totalidad puede consultarse en Internet), que no deja lugar a dudas sobre “la tramposa semántica de la política torticeramente empleada por los dirigentes de CC OO para ocultar su connivencia en el asalto a los depósitos de Caja Madrid”. En cuanto al contexto son ineludibles algunos rasgos. El primero de ellos es que hacía más de un año que el PP gobernaba en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, lo que le otorgaba mayoría de representantes en los órganos de la Caja; y encima acababa de ganar también las elecciones generales en marzo de 1996. Si se repasan las hemerotecas entre mayo y septiembre de aquel año, especialmente la de EL PAÍS, se comprobará la creciente tensión en el seno de los órganos provocada sobre todo por el PP, que se consideraba legitimado para tener la presidencia como la había tenido desde 1988 la anterior mayoría gobernante. Pero también quedó recogida en este periódico la negativa de CC OO a secundar la “operación derribo del Sr. Terceiro” (EL PAÍS, 15/06/96). Y cuando este mismo medio informaba de la existencia de “un principio de acuerdo entre PP, PSOE e IU para facilitar el relevo en la presidencia” en torno a la Asamblea extraordinaria del 22 de julio de aquel año, daba fe simultáneamente de que CC OO apoyó al presidente en aquella misma sesión,… pese “al ataque en toda regla al partido conservador” que supuso su discurso (EL PAÍS, 23/07/96). Pero la ingobernabilidad de la Caja no podía prolongarse, como se acusaba en medios financieros (casi todos los periódicos de tirada nacional se hicieron eco de esta inquietud). Los consejeros más próximos al señor Terceiro sugerían que si éste dimitía previamente, ellos podían apoyar a continuación la elección de Miguel Blesa (EL PAÍS, 5/09/96). Pero no se produjo este escenario en el que eludir la corresponsabilidad en la superación del bloqueo institucional de la Caja. CC OO no eludió la suya; y fue la única que puso negro sobre blanco sus condiciones, las negoció abiertamente y se plasmaron en un acuerdo absolutamente transparente. Ahora es también la única que recibe los improperios, aunque los demás componentes del Consejo se sumaron inmediatamente al nuevo consenso en los órganos de gobierno sin que haya trascendido nunca si obtuvieron o no contrapartida alguna. Algunos otros extremos de la demonización del acuerdo analizado no merecen más extensión en la respuesta, porque unos, como la supuesta “violación flagrante de la Ley 5/1992” es una presunción tan novedosa como insostenible; y otras, como la relación con el muy posterior contrato laboral del que fuera secretario general para coordinar el programa de colaboración entre la Fundación Cajamadrid y las universidades públicas madrileñas, es una insidiosa insinuación que podría habérsela evitado su propalador con tan solo repasar las hemerotecas que atestiguan la falsedad del supuesto pago de favores sugerido. Se agradece el reconocimiento del determinante papel de CC OO en la caída del régimen fascista de Franco y en la construcción del sistema de libertades del que participamos con el afán de mejorarlo cada día; pero es lástima grande que tengamos que deplorar la superficialidad con la que personas a quienes respetamos y apreciamos, intentan denigrar a las CC OO actuales como si fuesen un engranaje más del podrido entramado que carcome la democracia. Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC OO entre 1987 y 2000. Francisco Javier López Martin es secretario confederal de Formación de CC OO y firmante del acuerdo de 1996 sobre Cajamadrid.

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