UNIVERSIDAD PUBLICA Y FORMACION PARA EL EMPLEO

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Recientemente he tenido la oportunidad de compartir una jornada de trabajo con responsables de diferentes universidades públicas, promovido por la Universidad Complutense de Madrid, para valorar el papel de la universidad en la Formación Continua.   Tengo que reconocer que acudía a este encuentro con no pocas expectativas.

El título del encuentro hacía referencia a la evaluación y seguimiento de los Títulos Propios y la Formación Continua impartida por la Universidad. De entrada, considero que es una buena fórmula para afrontar la necesidad de que nuestras universidades jueguen un papel más activo no sólo en la impartición de Máster, sino en la formación profesional, ya la denominemos formación continua, formación para el empleo, o formación postgrado. Porque mal haríamos en perdernos en un debate sobre galgos o podencos, mientras los mercaderes asaltan el bastión de la formación profesional para el empleo, en un descarado intento de apropiarse indebidamente de los recursos procedentes de la cuota de Formación, que superan anualmente los 1850 millones de euros.

Para empezar, hay que dejar constancia de una realidad incomprensible. Sólo el 1 por ciento de los centros registrados en el Servicio Estatal Público de Empleo, son centros públicos. Algo que no se entiende si tomamos en cuenta que tan sólo la red de centros públicos de Formación Profesional supera los 2600 centros en España. Un dato que pone de relieve que las Administraciones de Educación y Empleo llevan viviendo de espaldas desde hace décadas.

Podemos coincidir en que la Formación para el Empleo tiene necesidades específicas de flexibilidad, aprendizaje práctico y a menudo en corto tiempo, con el objetivo delograr la cualificación necesaria para afrontar nuevos retos productivos, o profesionales en las empresas. Podemos coincidir en que el sistema educativo no asegura siempre esa flexibilidad y agilidad que demanda el tejido productivo. Pero dar por sentado que hay que afrontar la formación profesional para el empleo, casi única y forzosamente, desde centros nacidos al calor de ese ámbito que se ha dado en denominar subsistema de formación para el empleo, conduce a alejarse de la solución real de los problemas. Supone olvidar que la formación continua es un derecho de la persona y no sólo una necesidad de las empresas.

Es más, creo que una parte de los problemas detectados en el actual sistema de formación profesional para el empleo, como el exceso de oferta de cursos con contenidos genéricos y trasversales, podría encontrar solución en la existencia de una oferta especializada procedente de los centros de formación profesional, centros de educación de personas adultas y universidades.

Algunas universidades han comenzado a dar pasos para ampliar las fronteras del posgrado, del máster, del título propio, para acometer la impartición de certificados de profesionalidad, o cursos más cortos de formación continua, o de formación para el empleo.

Sin embargo, debido en buena parte a que las políticas educativas se desarrollan de espaldas a las políticas de empleo y que el Ministerio de Empleo vive de espaldas al de Educación y viceversa, estos intentos de los centros educativos públicos para abrirse un espacio en la formación profesional para el empleo, se convierten en una carrera de obstáculos, cuando no en una misión imposible.

La Universidad de Barcelona ha creado una Agencia de Posgrado. La Universidad Politécnica de Madrid ha creado un Servicio de Formación Continua. Son algunas de las experiencias presentadas durante el encuentro promovido por la Universidad Complutense.

Cuando se habla de una reforma del subsistema de formación para el empleo, no son pocos los que parecen empeñados en aprovechar el río revuelto para producir un cambio en el reparto de los fondos que trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social en forma de cuota de formación.

Las campañas desencadenadas en medios de comunicación, intentan desacreditar el papel de empresarios y sindicatos, de la propia Fundación Tripartita, en la gestión de los recursos de la cuota de formación, con una clara intención de que esos recursos sean manejados directamente por el Estado y distribuidos a Comunidades Autónomas, grandes empresas y empresas de formación afines a los intereses del Gobierno, sin contar con las organizaciones empresariales y sindicales, que representan legítimamente los intereses de quienes ponen el dinero de la formación en manos del Estado: las empresas y los trabajadores.

Ya se intuyen quienes se perfilan como beneficiarios en las distintas modalidades de formación de oferta, formación de desempleados, o formación bonificada en las empresas. Algunas empresas de formación para el empleo, consolidadas al calor de las subvenciones de formación y asiduas de todos los pasillos del poder, acompañados de fundaciones de grandes empresas, centros privados de formación profesional, o grupos de formación creados por poderosos medios de comunicación.

Por supuesto que, en este escenario de intereses creados, son pocos los que piensan en aprovechar el impresionante caudal de conocimientos y buenas prácticas de los centros públicos, ya sean Centros de Personas Adultas, Formación Profesional, o universidades. Una vez más, vamos camino de abandonar el sendero que nos permita utilizar con eficacia y eficiencia los recursos disponibles, para configurar un nuevo espacio en el que los intereses privados se apropien de recursos públicos, convirtiendo la formación de los trabajadores y trabajadoras en una nueva oportunidad de negocio. Una vez más nos enfrentamos al dilema de adoptar el modelo anglosajón en el que las grandes empresas y el libre mercado lo gobiernan todo, en connivencia con poderes públicos a su servicio. O seguir la senda de los países nórdicos y centroeuropeos, asentados en el diálogo, la negociación y la gestión pública y transparente de los recursos.

Una vez más nos enfrentamos a la posibilidad de construir instrumentos para asegurar el derecho de cada persona a la formación, compatibilizado con la atención a las necesidades sectoriales y empresariales de nuestro tejido productivo y de servicios, o concebir la formación como un espacio de negocio privado, que sirve a los intereses de las grandes empresas y corporaciones, olvidando que somos un país con altas tasas de paro, bajos niveles de cualificación y con un tejido empresarial de micropymes y pequeñas y medianas empresas.

Si fuéramos sensatos volcaríamos más esfuerzo en fomentar la adaptación de nuestros centros públicos de formación profesional y nuestras universidades a la formación para el empleo, que en convertir el derecho a la formación de las personas y la necesidad de formación de las empresas en víctimas de la voracidad insaciable de los mercaderes.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

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