Reforma de la formación (II): un asunto de empresa

marzo 18, 2015

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Quedó dicho, en el primer artículo sobre la Reforma del Sistema de Formación para el Empleo, que las Comunidades Autónomas reciben más de 1000 millones de euros, de los casi 1900 de la cuota de formación que empresas y trabajadores depositamos anualmente en la Seguridad Social.

El segundo gran bloque de recursos lo constituye la formación directamente ejecutada por las empresas, por el sistema de bonificarse la totalidad, o parte, de la cuota, que han pagado.

El 77% de las ayudas para la formación gestionadas por el Estado, va directamente a las empresas. Más a las grandes que a las pequeñas. Así, mientras el 93% de las grandes empresas se bonifican la cuota de formación y programan actividades formativas, sólo el 23% de las pequeñas lo hace.

Además, el empresario tiene en sus manos todo el poder legal para decidir sobre la formación que va a impartir, sin necesidad de negociar con sus trabajadores, con la salvedad de que tiene la obligación de informar a la Representación Legal de los Trabajadores.

Otro de los problemas es que vivimos en un país de pequeñas empresas y microempresas, que no pueden por su tamaño organizar la formación que necesitan. Un campo en el que miles de consultoras, gestorías, centros de formación, asesorías, se dedican a captar alumnos para bonificar la formación de sus empresas, realizando una oferta formativa genérica, demasiado transversal y poco útil para cubrir necesidades reales de pymes y micropymes.

Una reforma de este tipo de formación es urgente y el Gobierno debería poner toda su atención en la formación de trabajadores en esas pymes y micropymes. Deberían de ser las organizaciones sectoriales de las empresas y los trabajadores, quienes trazasen necesidades y prioridades formativas y vertebrarsen y organizasen a las pymes y micropymes, para utilizar bien los recursos, al tiempo que evaluasen y propusieran los cambios necesarios para ir adaptando cada vez más y mejor las necesidades formativas con la formación que se realice. Esa formación debería ser impartida, salvo excepciones justificadas, por centros de formación acreditados y registrados, que aseguren la calidad de sus programas formativos.

Si no lo hacemos así, la calidad de esta formación seguirá siendo baja y poco adaptada a las necesidades y realidad de las empresas. Además, estos recursos seguirán siendo campo abonado para irregularidades de todo tipo, cuando no para corruptelas que comprometen la viabilidad del sistema.

En cuanto a las grandes y medianas empresas, me parece esencial que en el seno de cada empresa funcionase una Comisión de Formación, en la que empresario y Representación Legal de los Trabajadores, deberían negociar las necesidades formativas y los planes anuales de formación.

Dejamos un tercer capítulo para la formación programada directamente desde la oferta estatal, en el marco de la Fundación tripartita de Formación para el Empleo.

Francisco Javier López Martín

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REFORMA DE LA FORMACIÓN ( y 3): UNA OFERTA SECTORIAL PUBLICA Y DE CALIDAD

marzo 18, 2015

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Hasta el momento quedó dicho que los recursos de la cuota de formación para el empleo, que pagamos las empresas y los trabajadores, tienen un reparto muy desigual y problemas específicos en cada caso. Tanto en la gestión de los más de 1.000 millones de euros que van a las Comunidades Autónomas, como en los más de 650 millones que este año se bonifican las empresas directamente.

Tras realizar estos repartos, quedan poco más de 200 millones de euros de la cuota, de los cuales unos 30 se destinan a las tareas administrativas y de gestión que realiza la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo ( en adelante FTFE). Esto supone poco más del 1´5% de los recursos de la cuota. Quien se permite hablar descaradamente de despilfarro y derroche de la FTFE, debería explicar cuánto costaría externalizar esta gestión de cuantiosos recursos que van a las empresas, a las Comunidades Autónomas, o son gestionados directamente por el Estado y entregarla al negocio privado.

Otros 180 millones, es decir menos del 10% de los recursos de la cuota, se los reserva el Estado para realizar una oferta formativa al servicio de los trabajadores y trabajadoras empleados en los diferentes sectores productivos de la economía española y para atender problemas de formación general e intersectorial para trabajadores y trabajadoras con baja cualificación, acceso a nuevas tecnologías, trabajadores autónomos, economía social, idiomas.

Se da el curioso caso de que los empleados públicos ingresan unos 400 millones en las arcas de la Seguridad Social, en concepto de cuota, pero reciben menos de 60 para su formación. Una formación ajustada a necesidades, pese a los escasos recursos, bien gestionada, pero que ahora el Gobierno quiere entregar “al mercado” de las grandes consultoras y centros de formación.

No se encuentran aquí, en la formación gestionada directamente por la FTFE, los escándalos de la formación. Pero sin embargo es aquí, donde el Estado quiere escenificar la solución mágica de la “libre concurrencia competitiva”, expulsando a los sindicatos y a los empresarios, no ya de la ejecución de formación, sino del gobierno de unos recursos que ellos depositan en manos de la Seguridad Social y cuya gestión debe ser realizada con su participación, tal como reconoce el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.

La denominada libre concurrencia, en el caso de la prestación de un servicio público, constitucionalmente reconocido como derecho de las personas a su formación profesional a lo largo de toda la vida, no puede convertirse en dogma, so pena de que lo que encubra sea una mercantilización y conversión en negocio de lo que es un derecho.

La libre concurrencia se ha ido extendiendo progresivamente, desde la llegada del PP al poder, hasta alcanzar a una parte importante de la formación profesional programada por el Estado. De hecho, la última convocatoria de subvenciones estatales para formación la incorpora, al menos, en un 50% de los programas subvencionados. Un primer efecto, por poner un ejemplo, ha sido que se han perdido casi 5 millones de euros, porque no se han presentado suficientes centros a la convocatoria de garantía juvenil.

Una segunda lectura, más detenida, apunta que la denominada “libre concurrencia” produce monopolios, hasta el punto de que 17 solicitantes han acaparado más del 40% del presupuesto destinado a centros en las iniciativas de oferta y de jóvenes. En cuanto a las líneas de formación en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), la famosa concurrencia se limita a los centros homologados por las multinacionales de la informática, como Microsoft u Oracle.

Así las cosas, la “libre concurrencia” puede traducirse en una limitación de acceso real de muchos centros a la formación, dejando desasistidas aquellas líneas de formación menos rentables económicamente para los centros, pero no por ello menos necesarias para los trabajadores. Otra cosa sería extender la necesidad, tal como se plantea en el ámbito europeo, de presentar diversas ofertas y seleccionar la mejor, en función no solo de costes, sino de calidad.

El modelo según el cual la Administración decide las necesidades formativas prioritarias y luego selecciona los centros que ejecutan formación, sin participación de los agentes económicos y sociales, termina produciendo lobbys que se reparten el mercado y concentran la concesión de ayudas en unos pocos solicitantes. Supone confundir la buena gestión de los recursos con el gobierno del reparto de los mismos. Conllevaría, de seguir delante de forma indiscriminada, aumentar los riesgos y crear clientelismos inaceptables.

No podemos abordar una reforma de la formación para el empleo desde la lógica exclusiva de incrementar el control y la exigencia de calidad, a base de establecer una mayor burocracia, que termina impidiendo la ejecución de la formación.

Empresarios y sindicatos hemos planteado abiertamente que una cosa es el gobierno del sistema de formación para el empleo y otra la ejecución de los planes concretos de formación. Deben ser centros acreditados y registrados, con suficientes garantía de calidad, los que impartan la formación. Y entre estos centros no se puede excluir como ocurre actualmente, sino que muy al contrario, se debe incentivar, la presencia de los centros públicos (Universidades, Centros de FP, Centros de Educación de Personas Adultas).

Pero esa lógica debe corresponderse con un papel reconocido de participación real de los empresarios y sindicatos, junto a las Administraciones Central y Autonómica, en la gestión y Gobierno del Sistema de Formación para el Empleo. En todos sus aspectos. Desde la detección de necesidades hasta la evaluación, pasando por la programación, aprobación de planes, control y seguimiento de los planes, información y orientación de las empresas y los sectores.

El sistema de Formación para el Empleo tiene mucho que mejorar, pero también tiene muchos logros adquiridos. Millones de trabajadores y trabajadoras, ocupados o desempleados, se forman en cursos que se organizan con recursos procedentes de la cuota que ellos mismos y las empresas pagan a la Seguridad Social.

Merece la pena mejorar el sistema, corregir ineficacias e ineficiencias, adaptarlo a nuevas realidades económicas, productivas, personales. Merece la pena perseguir a los corruptos que se hayan instalado en el sistema, aprovechando resquicios que hay que taponar. Merece la pena introducir reformas.

Pero las reformas, en un sistema democrático, deben ser reformas acordadas por los actores legítimos: Las Administraciones, junto a las organizaciones empresariales y sindicales. Merece más la pena abordar la reforma de la formación como un asunto de Estado que hay que definir para muchos años, que como una reforma partidista, parcial y partidaria, de cortos vuelos.

Las reformas en la formación siempre han venido precedidas de acuerdos bipartitos (empresarios y sindicatos) que posteriormente se convertían en tripartitos (con presencia de la Administración). Avanzar por el camino de legislar sin acuerdo, empieza a ser más que un precedente, una práctica habitual de nuestros actuales gobernantes.

Francisco Javier López Martín


Reforma de la formación (I): un asunto de Estado.

marzo 18, 2015

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Abro cada día los periódicos para encontrarme con titulares como los siguientes:

–   La mitad de los cursos de formación eran un timo

–   El dinero de los cursos de formación en Madrid se gastó en mordidas, putas y cocaína.

Y así, poco más o menos día tras día. Cualquiera que se desayune así cada mañana debe pensar que la mitad de la formación en España es fraude y corrupción. Puede pensar, de la misma guisa, que la formación se imparte en burdeles, o que los cursos versan sobre materias que tienen que ver con la cocaína.

Es el problema de un país en el que la política ha sido sustituida por las asambleas tertulianas, cuanto más crispadas mejor. Lo más importante es el titular escandaloso y llamativo y no tanto las propuestas y soluciones.

Deteriorar la imagen de la formación para el empleo, forma parte del itinerario obligado para proceder a convertirla en negocio sometido a las leyes del mercado. Lo hemos visto en cualquier servicio público, ya sea la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda social y llevamos años viéndolo en la formación de los trabajadores y trabajadoras.

No quiero decir que no haya muchas cosas que mejorar en el subsistema de formación para el empleo, ni que no haya casos de corrupción, como los hay en otras muchas cosas en nuestro país. Quiero decir que los cerca de 1900 millones que empresas y trabajadores pagamos anualmente a la Seguridad Social, en forma de cuota de formación para el empleo, son un goloso manjar para las apetencias de buitres dispuestos a obtener beneficios en un nuevo caladero.

No es lo mismo reformar y mejorar un sistema construido a los largo de más de 20 años, que ponerlo al servicio del negocio privado. Porque los centros públicos (Universidades, Centros de FP, o de Educación de Adultos) siguen siendo los grandes olvidados del sistema.

Así las cosas, el Gobierno tiene muy fácil aprobar una nueva regulación no acordada de la formación para el empleo. En un año electoral y con escándalos de la formación en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía o Madrid, muchos medios de comunicación aplaudirían la iniciativa de expulsar del sistema de formación a los empresarios y sindicatos. Pero eso no significaría poner en marcha soluciones reales a los problemas de la formación.

Conviene en este momento llamar la atención sobre los dos titulares a los que me he referido al principio. En el primero de ellos el medio de comunicación pretende atizar al Gobierno de Andalucía por el fraude de los cursos de formación. El segundo titular cuestiona a algunos empresarios de la cúpula de CEIM que mantenían un sucio negocio con un presunto delincuente, cuyo apellido ha dado nombre al “caso Anieri”. El Gobierno de Madrid pagaba esas subvenciones, pero eso no se airea tanto.

Ninguno de los dos titulares tiene que ver con los cursos programados por sindicatos o empresarios en el marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. De hecho, la Formación programada por el Estado desde la Fundación Tripartita puede mejorar su gestión, pero no propicia fraudes, irregularidades, ni grandes casos de corrupción. Sin embargo, es la Fundación Tripartita la que es presentada sistemáticamente como responsable de todos los desmanes existentes.

Estos titulares hacen referencia a recursos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas sin que existan criterios compartidos de ejecución y sin información adecuada y suficiente sobre lo que se hace y como se hace. Esta descoordinación da lugar a que haya comunidades que lo hacen bien y otras que no lo hacen tan bien. Y en cualquier caso, cada uno lo hace a su aire, sin coordinación en la gestión. Estamos hablando de más de 1000 millones de euros al año, transferidos desde la cuota de formación a las Comunidades Autónomas.

Digamos pues, que una reforma seria de la Formación para el Empleo, debería respetar las competencias de ejecución de cada Comunidad, asegurando el destino finalista de los fondos de formación, pero creando instrumentos que refuercen la información y compartiendo criterios en la ejecución, para evitar, cuando menos, irregularidades, duplicidades y disfunciones administrativas. Asegurando la participación de los empresarios y sindicatos, reconocida por el Tribunal Constitucional, pero muy irregular cuando no inexistente en determinadas Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas forman sobre todo a personas desempleadas, pero también a ocupadas. Formar a estas personas, sin valorar la información, la propuesta, el análisis, la evaluación, el conocimiento de las necesidades, trasladadas por los empresarios y representantes de los trabajadores, en el ámbito y en el marco que determine cada Comunidad Autónoma, sería un profundo error, que seguiría manteniendo los problemas.

Mas información compartida, más coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas, más relación entre Ministerio de Educación y Ministerio de Empleo y más participación de empresarios y sindicatos en el conjunto de las Comunidades, serían los elementos esenciales de una reforma real que solucione problemas y no sólo busque titulares electoralistas.

Dejo para mi siguiente artículo un análisis de la formación que se bonifican empresas y la formación de oferta que programa el Estado, con la participación de la Fundación tripartita.

Francisco Javier López Martín