Reforma de la formación (II): un asunto de empresa

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Quedó dicho, en el primer artículo sobre la Reforma del Sistema de Formación para el Empleo, que las Comunidades Autónomas reciben más de 1000 millones de euros, de los casi 1900 de la cuota de formación que empresas y trabajadores depositamos anualmente en la Seguridad Social.

El segundo gran bloque de recursos lo constituye la formación directamente ejecutada por las empresas, por el sistema de bonificarse la totalidad, o parte, de la cuota, que han pagado.

El 77% de las ayudas para la formación gestionadas por el Estado, va directamente a las empresas. Más a las grandes que a las pequeñas. Así, mientras el 93% de las grandes empresas se bonifican la cuota de formación y programan actividades formativas, sólo el 23% de las pequeñas lo hace.

Además, el empresario tiene en sus manos todo el poder legal para decidir sobre la formación que va a impartir, sin necesidad de negociar con sus trabajadores, con la salvedad de que tiene la obligación de informar a la Representación Legal de los Trabajadores.

Otro de los problemas es que vivimos en un país de pequeñas empresas y microempresas, que no pueden por su tamaño organizar la formación que necesitan. Un campo en el que miles de consultoras, gestorías, centros de formación, asesorías, se dedican a captar alumnos para bonificar la formación de sus empresas, realizando una oferta formativa genérica, demasiado transversal y poco útil para cubrir necesidades reales de pymes y micropymes.

Una reforma de este tipo de formación es urgente y el Gobierno debería poner toda su atención en la formación de trabajadores en esas pymes y micropymes. Deberían de ser las organizaciones sectoriales de las empresas y los trabajadores, quienes trazasen necesidades y prioridades formativas y vertebrarsen y organizasen a las pymes y micropymes, para utilizar bien los recursos, al tiempo que evaluasen y propusieran los cambios necesarios para ir adaptando cada vez más y mejor las necesidades formativas con la formación que se realice. Esa formación debería ser impartida, salvo excepciones justificadas, por centros de formación acreditados y registrados, que aseguren la calidad de sus programas formativos.

Si no lo hacemos así, la calidad de esta formación seguirá siendo baja y poco adaptada a las necesidades y realidad de las empresas. Además, estos recursos seguirán siendo campo abonado para irregularidades de todo tipo, cuando no para corruptelas que comprometen la viabilidad del sistema.

En cuanto a las grandes y medianas empresas, me parece esencial que en el seno de cada empresa funcionase una Comisión de Formación, en la que empresario y Representación Legal de los Trabajadores, deberían negociar las necesidades formativas y los planes anuales de formación.

Dejamos un tercer capítulo para la formación programada directamente desde la oferta estatal, en el marco de la Fundación tripartita de Formación para el Empleo.

Francisco Javier López Martín

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