CUANDO DICEN REFORMA QUIEREN DECIR NEGOCIO?

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El rodillo parlamentario del PP, fruto de la mayoría absoluta que los españoles depositaron en este Gobierno, se ha impuesto de nuevo en el Parlamento, con la convalidación de un Real Decreto Ley, que justifica su urgencia en la necesidad de reformar la Formación para el empleo en nuestro país. Que nadie entienda que creemos que no es necesario reformar la formación para el empleo, como ocurre con la mayoría de las políticas públicas. Pero cualquier reforma con ambición de futuro debería asentarse, en primer lugar, en una evaluación de cada política y, en segundo lugar, en la búsqueda del consenso social y político necesarios. Y nada de eso se produce en esta iniciativa del Gobierno.

La formación para el empleo es una política pública que se ha desarrollado a lo largo de más de veinte años en nuestro país y que tiene muchas virtudes, algunos inconvenientes y bastantes problemas. Cada año formamos a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras ocupados y desempleados, con los más de 1.800 millones de euros que trabajadores y empresas depositamos en la caja de la Seguridad Social, en forma de cuota de formación. Los niveles de satisfacción con los cursos son muy elevados y superan el 85 por ciento de los participantes. Sin embargo la formación no crea empleo, aunque hace más fácil encontrarlo, porque el empleo lo crea la actividad económica.

Es cierto que hay casos de corrupción en la formación, como los hay en la banca, en la construcción, el urbanismo, en la política, en el deporte y en casi cualquier actividad económica o social en nuestro país. Sin embargo, durante años, se ha intentado desacreditar los logros de la formación vinculándola con la corrupción, hasta el punto de que vender esta nueva reforma de la formación como un combate contra la corrupción, puede ser entendido como algo completamente justificado y justificable. Ni la formación es corrupción, ni la mayoría de cuantos forman parte del sistema de formación son corruptos, aunque también en la formación haya corruptos y casos de corrupción.

Sobre la base de esta percepción intencionada, programada y premeditada de la formación como corrupción, el Real Decreto Ley de Reforma de la Formación para el Empleo, pone mucho acento en las medidas sancionadoras y de persecución del fraude. Por ejemplo, se crea una Unidad, dentro de la Inspección de Trabajo, para combatir irregularidades y fraude. El problema es que, mientras que en Europa hay un inspector de trabajo por cada 7.000 trabajadores, en España hay uno por cada más de 25.000. Así pues, queda bonito sobre el papel que todo lo aguanta, pero es imposible que la Inspección de Trabajo supervise los contratos laborales, las irregularidades con la Seguridad Social, la Salud Laboral en las empresas y ahora los cursos de formación, a no ser que Montoro ponga recursos materiales y medios humanos suficientes para reforzar notablemente el cuerpo de inspectores de trabajo.

Además estamos ante una reforma del sistema de formación para el empleo que, por primer vez y esperemos que última, se aprueba sin acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, porque el Gobierno de mayoría absoluta partía de ideas preconcebidas, que poco tienen que ver con la corrección de los problemas y que tienen más que ver con la conversión de la formación para el empleo en un negocio en manos de operadores privados.

Se incumple así, nuevamente, un Acuerdo como el suscrito en julio de 2014, en el que el Gobierno se comprometía a transformar el sistema de formación para el empleo sobre la base del diálogo social, manteniendo su vinculación a la negociación colectiva y preservando al papel de los empresarios y sindicatos en el diseño, planificación, gestión, control, seguimiento y evaluación de los procesos de formación.

Desde nuestro punto de vista, uno de los males del sistema de formación para el empleo se encuentra en que el Ministerio de Educación y el de Empleo trabajan de espaldas. El Ministerio de Educación se encarga de la formación profesional reglada y tiene sus centros de formación (Universidades, Centros de FP, Centros de adultos…) y el Ministerio de Empleo gestiona la formación para el empleo, obviando y excluyendo sistemáticamente a los centros del Ministerio de Educación, actuando con otra red completamente distinta. Esta situación no sólo pervive y se consolida con el nuevo modelo, sino que las menciones al sistema educativo y, por añadidura, al Ministerio de Educación, desaparecen del escenario de la formación para el empleo, lo cual supone un evidente derroche de recursos que no deberíamos permitirnos como país.

La reforma planteada va aún más allá, desdibujando el papel del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo como órgano de consulta y ordenación de la formación y dejando en manos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la dirección y el gobierno efectivo de los recursos.

Para atender los deseos de los grandes del mundo empresarial, el Real Decreto Ley liberaliza completamente la formación en la grandes empresas, hasta el punto de que una actuación de una hora de duración puede tener validez y ser aceptada como curso de formación. La participación de los trabajadores en su propia formación sigue reducida a la mínima expresión, a un carácter meramente consultivo.

Al tiempo, facilita que en la formación de las pequeñas empresas sigan operando cerca de 7.000 consultoras, centros de formación, asesorías, gestorías, empresas, captando alumnos y organizando cursos muy difícilmente controlables. La formación bonificada de las empresas, que gestiona anualmente más de 650 millones de euros, se convierte así en una selva en manos de operadores privados, sometidos a la ley de la jungla, difícilmente controlables por organismo alguno. Un campo abonado para la irregularidad, el fraude y la corrupción, que el Gobierno no parece tener interés alguno en corregir.

Sólo potenciando el papel de los representantes de los trabajadores en la negociación de los planes de formación en las grandes y medianas empresas y de las estructuras bipartitas de empresarios y sindicatos en la ordenación de la formación en las pequeñas empresas, se podría poner coto a esta situación, pero eso no parece entrar en los planes del Gobierno.

En cuanto a la formación de oferta, la que programa el Estado para los trabajadores de los diferentes sectores productivos y para las personas desempleadas en las Comunidades Autónomas, la única respuesta es la denominada “libre concurrencia competitiva”. Suena bonito, porque parece dar a entender que serán los mejores los que terminen impartiendo la formación. Incluso se introducen ideas importadas de otros servicios públicos, como la implantación del cheque-formación. Y también suena bonito, porque parece que cada uno, con su cheque, irá allí donde mejor formación le den.

Y, sin embargo, cuando comprobamos cómo opera la libre concurrencia en la mayoría de los sectores de la actividad pública y en la propia formación allí donde se ha puesto en marcha, nos damos cuenta de que unos cuantos grandes proveedores terminan acaparando el mercado, a base de abaratar costes y bajar la calidad, a base de información privilegiada sobre los pliegos de condiciones que les permiten la obtención sistemática de puntos extra y, en el peor de los casos, a base de corruptelas, puertas giratorias y tráfico de influencias.

Al final, la “libre concurrencia competitiva” en sanidad, servicios públicos esenciales, obra pública, educación y ahora en formación para el empleo, se traduce en el oligopolio de unos cuantos grandes proveedores que se reparten el mercado, obteniendo cuantiosos beneficios a costa del deterioro de la calidad. Además, ningún centro de FP, ninguna universidad, por muy campeones que sean en la calidad de la formación que imparten, pueden competir con tiburones empresariales entrenados y preparados para la caza en el mar abierto de los concursos públicos, aunque la calidad de su formación deje mucho que desear.

En cuanto a ideas-propaganda, como el cheque-formación, que ahora viene a copiar algún partido emergente de la órbita del poder económico, no podemos ignorar experiencias de otros países europeos. En Gran Bretaña tuvieron que abandonarlo porque en su primer año de implantación produjo un fraude de 94 millones de libras, a base de compras de cheques a cambio de no realizar los cursos, por parte de numerosos centros de formación. En otros lugares, porque producen desigualdad y, al final, son los trabajadores más preparados los que utilizan bien el cheque, mientras que los menos preparados, o no lo usan, o lo usan para realizar cursos que de poco o nada les sirven. Y hablamos de países nórdicos en los que el problema de un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras con baja cualificación es muy reducido.

Volvemos pues al punto de partida. Una formación programada por el Gobierno de turno y ejecutada por centros privados clientelares del poder de turno, no soluciona los problemas. Una formación de espaldas a los empresarios y los trabajadores, al margen de la negociación colectiva, genera endogamia y no responde a las necesidades cambiantes del tejido productivo, ni mucho menos aún al derecho constitucional de cada trabajador y trabajadora a la formación.

Para terminar de emponzoñar el problema, el Gobierno, que da libertad absoluta a la gran empresa para bonificarse la cuota, estableciendo mínimas limitaciones para programar y realizar sus planes de formación, niega esa posibilidad cuando se trata de formar a sus empleados públicos. Unos empleados públicos que cotizan anualmente unos 400 millones de euros en cuota de formación y que reciben poco más de la sexta parte de esa cantidad para su formación.

Unos empleados públicos que se ven sometidos a que sus planes formativos sean sacados a concurso y ejecutados por empresas privadas, cuando los centros públicos reúnen magníficas condiciones para asegurar la calidad de la formación de quienes sostienen los servicios públicos con su trabajo. Si lo hacen con la gran empresa privada, por qué no permiten que los acuerdos entre las Administraciones Públicas y sus trabajadores determinen los planes y condiciones de ejecución de su formación.

En definitiva, atenazado por los principios privatizadores, que convierten en líneas rojas de cualquier proceso negociador, el Gobierno del Partido Popular vuelve a errar el tiro. Lejos de solucionar los problemas existentes en la formación para el empleo, siembran un campo de minas para nuevos modelos de corrupción. Echando a los sindicatos y empresarios de la participación real en la formación, en el gobierno de la misma, dan por solucionado un problema, cuando se mantienen todas las condiciones para que la corrupción siga campando a sus anchas en ámbitos como la formación bonificada.

Desde CCOO dejamos sentado desde el principio de las largas, confusas y erráticas negociaciones, que la ejecución de la formación debe estar en manos de los mejores centros públicos y privados, pero que el gobierno del sistema debe ser compartido entre el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas y los empresarios y trabajadores que aportamos la inmensa mayoría de los recursos a través de la cuota de formación.

El Gobierno ha optado por tomar el poder absoluto sobre la formación y entregar sus recursos al “mercado” y a los mercaderes. Convalidando el Real Decreto Ley en el Parlamento de su mayoría absoluta vencerán, pero no convencerán. La tramitación parlamentaria como ley, brinda una nueva oportunidad para que actúen pensando en el interés general. Una oportunidad para aceptar enmiendas que vayan a la corrección de los problemas y vicios del sistema y no a sentar las bases para nuevos problemas y nuevas corruptelas. Una oportunidad que la mayoría de la oposición ha querido aceptar mediante la abstención en la votación durante el trámite de convalidación.

Una nueva oportunidad para hacer efectivo el derecho a la formación de los trabajadores y trabajadoras y responder a las necesidades cambiantes de las empresas. Y eso no se puede hacer desde la soberbia del poder absoluto, ni desde el desprecio a la participación. No se debe hacer de espaldas a la negociación colectiva y el diálogo social. Negociar es difícil, aunar voluntades lo es mucho más, pero siempre rinde más y mejores frutos que la imposición de las políticas.

En los duros tiempos que corren, nadie puede permitirse desperdiciar esta nueva oportunidad. Nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a escatimar el tiempo necesario para la negociación y la propuesta. Deseamos comprobar esa misma voluntad en el Gobierno.

Francisco Javier López Martín

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