EL MAL GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN

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El Gobierno del Partido Popular ha afrontado el problema de la educación en España desde una concepción partidista y sectaria que ha renunciado a entender que gobernar es sumar consensos políticos y sociales y no la imposición de decretazos, avalados posteriormente por los rodillos parlamentarios de una mayoría absoluta, no por legal menos cuestionada y cuestionable.

El PP ha batido las marcas de cualquier gobierno anterior, imponiendo en una sola legislatura una batería de recortes y retrocesos, a los que eufemísticamente han denominado “reformas estructurales”, que lejos de corregir problemas de nuestra estructura económiva, laboral, o social, han intentado asegurar la salvación de lo peor de España, para preparar el camino de las élites hacia los futuros pelotazos.

En el caso de la Educación, el debate pendiente en España no es el una nueva reforma del sistema educativo, sino la orientación del mismo en función de las nuevas necesidades personales, económicas y sociales. No es un problema sólo español, por cierto.

Desde hace casi 40 años el debate educativo se suscita entorno a dos opciones posibles. De una parte, quienes defienden (caso de la UNESCO) que formamos para ser personas capaces de afrontar un futuro de desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos. De otra parte, aquellos que como la OCDE, ponen de relieve que lo importante es formar para generar “capital humano”, capaz de asegurar el crecimiento económico sostenido (que no siempre sostenible).

La crisis económica mundial ha servido a gobiernos como el español, para despejar la incógnita a favor de la segunda de las opciones. Han usado y abusado de las pruebas estandarizadas de la OCDE (el famoso estudio PISA), para provocar un desprestigio constante de la educación pública y favorecer opciones de predominio del sector privado, entendidas como nuevas oportunidades de negocio seguro.

Es curioso que el informe PISA no sea elaborado por organismos internacionales públicos, sino por una empresa privada, que utiliza a placer los datos extraídos en más de 500.000. exámenes realizados por todo el planeta. Es curioso que esos exámenes no sean los mismos, ni tan siquiera homologables, en todo el mundo. Es curioso que sistemas educativos como el coreano, basados en la memorización, la repetición y la obediencia ciega del alumnado, obtengan las mejores notas, mientras que países como Alemania se encuentran, algunos años, al borde del suspenso. No es extraño que India se haya desentendido del Informe PISA y que las críticas en países como Gran Bretaña, Alemania , o Finlandia, sean sonoras.

La Reforma Educativa se ha concebido como un nuevo pelotazo desde el principio, abriendo las puertas de par en par a la iniciativa privada, cuando no a la corrupción, tal y como ha puesto de relieve la concesión de terrenos públicos para la construcción de colegios privados concertados, operada en numerosas localidades, a cargo de personajes como Francisco Granados y sus chicos del caso Púnica, instalados en el corazón del Gobierno de Esperanza Aguirre y del propio PP de Madrid.

La combinación de elementos ideológicos con intereses privados, en el marco de una crisis económica sin precedentes, han sido la disculpa y el argumentario utilizados por el Gobierno para aprobar recortes y reformas del sistema educativo que han permitido el aumento de la enseñanza privada, en detrimento de la enseñanza pública. España tiene un problema de incremento de la pobreza, que no hace sino agudizarse con las desigualdades en el acceso a la educación que ha fomentado el PP con sus políticas educativas.

Reflexionar sobre la escuela y sobre la educación, su función en la sociedad, sus métodos, es una necesidad, no sólo derivada de la crisis económica, sino de los intensos cambios económicos y sociales que se producen. Las reformas que se deriven de esa reflexión no pueden realizarse en detrimento del derecho de las personas a la educación pública, gratuita y de calidad.

Muy al contrario, las reformas deben producirse para profundizar en el combate contra las desigualdades derivadas del origen social. Deben actuar a favor de la igualdad de oportunidades, promoviendo proyectos sociales integradores que permitan afrontar, desde la cohesión, los retos de un desarrollo humano sostenible, económica, social y medioambientalmente, tal y como recientemente ha ratificado el Foro Mundial de la Educación, en al marco de la Agenda 2030 de la UNESCO.

Un Gobierno sensato, debería plantearse seriamente suspender la aplicación de la LOMCE y las reformas universitarias, aprobadas sin consenso bajo la batuta del inefable ministro Wert, abriendo un proceso de concertación social que de lugar a un proyecto educativo compartido, que asegure la estabilidad del sistema educativo, más allá de los vaivenes y avatares políticos de cada momento.

Un Gobierno decente debería de plantearse acabar con la lacra del abultado abandono educativo temprano, asegurando la igualdad y gratuidad de la educación entre los 3 y los 18 años. Si cumpliéramos el objetivo de la Estrategia 2020 de reducir el abandono educativo al 10 por ciento, significaría que el 90 por ciento de nuestros jóvenes contarían con una formación postsecundaria a nivel de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.

Uno de los problemas de nuestra educación es que no es capaz de asegurar la igualdad del alumnado con mayores dificultades. Establecer los programas de compensación educativa y apoyo académico necesarios debe quedar fuera del debate económico de los recortes. Y eso supone además que nuestros gobiernos deben garantizar la gratuidad de los recursos y servicios complementarios a la escolarización. Ya sean educativos, como ocurre en el caso de los libros, material escolar, o actividades extraescolares. Ya sean servicios que condicionan el derecho a la educación, como la extensión y gratuidad de los comedores escolares, superando el enfoque asistencialista de ayuda graciable y becada de los mismos.

La educación es un derecho de cada persona para toda la vida. Un Gobierno no debería olvidarse de desarrollar la formación permanente en los centros públicos, ampliando y abriendo la oferta educativa para todas las personas adultas. No podemos seguir manteniendo un sistema educativo en el que la administración educativa y la de empleo actúan de espaldas, cuando no abiertamente en contra, porque eso impide un trabajo conjunto en materia de formación de las personas y el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas a lo largo de toda la vida.

Es verdad, por último, que no todo se hace con dinero, pero el Gobierno cualquier gobierno debería de plantearse muy seriamente ampliar los fondos destinados a becas de estudio, becas-salario, o la reducción de las tasas universitarias. El hecho de que las fuerzas políticas que vayan a gobernar España, a partir de Diciembre, adquieran el compromiso de elevar progresivamente la financiación del sistema educativo, en su conjunto, hasta el 7% del PIB, abriría las puertas a las inversiones necesarias para asegurar la igualdad y una educación pública, gratuita y de calidad.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

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