LA LARGA MARCHA DEL SALARIO SOCIAL EN ESPAÑA

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La Huelga General del 14-D de 1988 es recordada como la primera y mayor huelga de la democracia en España. No fue la primera, si tomamos en cuenta la Huelga contra las reformas de las pensiones de 1985, pero es cierto que fue la primera convocada por los dos grandes sindicatos españoles (CCOO y UGT) y que abrió camino a la unidad de acción que, desde entonces, ha caracterizado al sindicalismo.

El motivo de la Huelga fue el Plan de Empleo Juvenil, aprobado por el Gobierno de Felipe González, pero la convocatoria aglutinó el malestar de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, qué habíamos asumido  sacrificios como los Pactos de la Moncloa, para estabilizar un país que iniciaba su andadura democrática.

Las gentes trabajadoras sentíamos que un gobierno socialista, como el de Felipe González, no ponía el mismo ahínco en satisfacer nuestras necesidades, como en contentar a una clase empresarial a la que prometía riqueza a un ritmo sin parangón en toda Europa.  Una manera de entender los negocios que abonó el camino para los fraudes pelotazos inmobiliarios y la corrupción sin medida, que se adueñaron del país a continuación.

La pérdida de derechos laborales encontró la gota que colmó el vaso en aquel Plan de Empleo Juvenil y aún recuerdo a los líderes juveniles de CCOO, Francisco Moreno y de la UJCE, Jesús Montero, encabezando las pancartas y organizando la movilización juvenil. La juventud de la generación de los 60 reclamaba su lugar en el empleo y en la sociedad, con el apoyo de la clase trabajadora organizada.

Como en todas las Huelgas Generales, la respuesta inmediata del Gobierno fue darse por enterado de que había habido una Huelga y seguir mirando para otro lado.  Pero como en todas las Huelgas Generales, los frutos, más o menos tardíos, comenzaron a llegar.

Al año siguiente CCOO y UGT presentamos una Propuesta Sindical Prioritaria (PSP), que recogía las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores españoles.Reivindicaciones para los jóvenes, para las personas desempleadas.  Reivindicaciones en pensiones, en materia de formación, salud pensiones, acceso a la vivienda, transportes, participación de los trabajadores y trabajadoras en la empresa y en la sociedad.

De aquella Propuesta salieron otras tantas, territorializadas, dirigidas a las Comunidades Autónomas. Joaquín Leguina presidía el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al frente de un equipo del que formaban parte personas aún reconocibles para los mayores del lugar: el arquitecto Eduardo Mangada, el abogado Agapito Ramos, el experto en cooperativismo Eugenio Royo, el médico Pedro Sabando y unos cuantos todoterrenos como Jaime Lissavetzky, Alejandro Cendrero, Ramón Espinar. Sólo una mujer en el Gobierno, hace casi treinta años, Elena Vázquez, al frente de la Consejería de Integración Social.  Una consejera que recogió el reto de poner en marcha la propuesta sindical de un salario social.

El Gobierno Central negoció la propuesta sindical de crear las Pensiones no Contributivas (PNC), para cuantas personas no hubieran cotizado el tiempo necesario para acceder a una pensión de carácter contributivo de la Seguridad Social. Pero, al mismo tiempo, se negó a negociar la creación del salario social, una última red de protección social para cubrir a aquellas personas que carecen de rentas y, por lo tanto, ven impedida su autonomía personal y su suficiencia económica.

Nos metimos en un debate agrio con el gobierno de Felipe González, que éste intentó zanjar a golpe de proverbio chino. Decía Matilde Fernández, Ministra de Asuntos Sociales del momento, “Dale un pez a un hombre y comerá un día, dale una caña y comerá toda la vida”.  Eso depende, contestamos nosotros. Si esa persona aprende a pescar y está en condiciones de hacerlo, será verdad el proverbio.  Pero para aquellos que viven en la marginación y la exclusión, en la pobreza más absoluta, el pez permite comer hoy y la caña es una herramienta inútil, si no hay mucho empleo que permita conseguir una integración social y laboral, no siempre posibles y aún menos a corto plazo.

En esta opinión coincidíamos con expertos universitarios como Mario Gaviria y su equipo de la Universidad de Navarra, en el que se integraban jóvenes profesores como Manuel Aguilar Hendrickson y Miguel Laparra.  Un equipo que asesoró a Elena Vázquez y a los sindicatos, para conseguir un Ingreso Madrileño de Integración (IMI) que inició su andadura en 1991.  Madrid, junto a Cataluña, País Vasco y Navarra, fuimos los primeros en poner en marcha el salario social.

En el caso madrileño, el salario social fue aprobado mediante un Decreto y consistía en unos ingresos asegurados, en función de las personas que componen la unidad de convivencia y un acompañamiento con programas de integración e inserción laboral y social.

Pronto, casi todas las Comunidades Autónomas, contaron con Leyes o Decretos de Salarios Sociales. De hecho, a mediados de los años 90, el equipo de Gaviria publicaba un libro titulado “La caña y el pez: el salario social en las Comunidades Autónomas”.  Un libro que se sumaba a numerosos artículos y publicaciones sobre el tema de las rentas mínimas de inserción y los salarios sociales.

Tras casi diez años de funcionamiento del IMI en Madrid, en el año 2000, Alberto RuízGallardón presidía la Comunidad Autónoma y aceptó el reto que le lanzamos en nuestro Congreso Regional de CCOO. Queríamos convertir el IMI en un derecho de cada persona, en un derecho subjetivo. Y para ello había que transformar el decreto en ley.

Nada, en aquellas negociaciones fue un regalo. Recuerdo largas y duras sesiones en las que Ana González, la responsable de Igualdad y Políticas Sociales de CCOO desplegaba argumentos para justificar la necesidad de este nuevo derecho, ante la Consejera Pilar Martínez, mientras el responsable de Acción Sindical, Juzgado Feito, marcaba férreamente al Consejero de Economía, Luis Blazquez, que esgrimía el argumento recurrente de que una renta mínima pudiera desincentivar la búsqueda de empleo. En el último momento de la negociación hubo que desbloquear las reticencias del Consjero deHacienda, Juan Bravo, para dotar de recursos suficientes al proyecto.

De hecho, fue un año y medio después, cuando, en diciembre de 2001,tras el acuerdo y posterior tramitación parlamentaria, se publicaba la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción. Lo que era una prestación asistencial se había transformado en un derecho subjetivo de las madrileñas y madrileños.

Ninguna de la negociaciones, la del Ingreso Madrileño de Integración, o la Ley de Rentas Mínimas, fueron fáciles. Los recursos siempre están disponibles para salvar a los ricos, pero siempre escasean para atender a quienes más los necesitan. Si la Renta Mínima llegaba a los jóvenes, o a los pensionistas con cargas familiares. La cuantía económica básica y los tramos de incremento, en función del número de componentes de la unidad de convivencia. El carácter abierto del Presupuesto, que podía modificarse en función del aumento de los solicitantes. Todo fue objeto de debate, negociación y búsqueda de acuerdo.

Al abordar hoy el debate sobre el establecimiento a nivel estatal de una prestación para las pensiones sin recursos, en situación de pobreza, hay mucho camino andado. Tras 25 años de Rentas Mínimas en España hay mucha experiencia acumulada y mucha conciencia de los problemas existentes en su desarrollo.

Cada programa de ingresos o rentas mínimas en las Comunidades Autónomas es diferente en cuantías, en los beneficiarios, en el derecho o carácter graciable en cada concesión de las prestaciones.  En los programas de acompañamiento e inserción.  La falta de equidad, la desigualdad, en cada Comunidad Autónoma, aconseja armonizar, equiparar el derecho de renta mínima, en el conjunto del Estado, independientemente de que cada Comunidad adapte ese derecho subjetivo a sus necesidades sociales.

De otra parte, el Salario Social, la renta mínima, no ha sido inmune a los ataques perpetrados por Gobiernos del PP en Comunidades como la de Madrid.  Desde el Tamayazo que llevó al poder a Esperanza Aguirre en 2003, el dinero no ha faltado para macroproyectos ruinosos para la mayoría, pero altamente rentables para los socios del club Gürtel, o de la trama Púnica. Sin embargo, esos recursos, en plena crisis económica, se han escatimado para las personas en situación de pobreza, con retrasos y artimañas que dificultan y alargan, cuando no impiden, la tramitación de los expedientes.

La existencia de una regulación estatal parece esencial para armonizar y equiparar las Rentas Mínimas en el conjunto del Estado, estableciendo condiciones de acceso y cuantías mínimas. Estableciendo un nuevo derecho subjetivo, personal, para que toda la ciudadanía vea asegurada su autonomía como persona y la suficiencia de recursos económicos.  Ese es el sentido de la Propuesta sobre Rentas Mínimas que CCOO y UGT hemos impulsado como Iniciativa Legislativa Popular, para que una vez recogidas las firmas necesarias, la Renta Mínima sea debatida en el Parlamento y aprobada como Ley.

Una de las causas de que la crisis esté contribuyendo a agrandar las desigualdades en nuestro país, cosa que no ocurre en otros lugares como Alemania o Francia, es precisamente la falta de recursos sociales, como este de la prestación de ingresos mínimos que proponemos, de apoyo a las personas y a sus unidades familiares, o de convivencia.

La Renta Mínima, el Salario Social, el ingreso mínimo garantizado (da igual como lo llamemos), ha tenido un largo recorrido, tras el cual es necesario ya cerrar el círculo, de forma que esta red última de protección se ponga en marcha como derecho de cada persona en este país. En ello nos va la calidad de vida de millones de mujeres y hombres, de millones de familias, golpeados por el paro y la crisis,que necesitan una barrera eficaz contra la manipulación, la exclusión social y la pobreza. La Renta Mínima seguirá siendo una exigencia sindical hasta que culmine el mandato de este Gobierno y ante el Gobierno que salga de las elecciones del 20-D, sea cual sea el signo del mismo.

Francisco Javier López Martín

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