LA ATENCIÓN A LA DEPENENCIA EN TIEMPO DE ELECCIONES

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Parece que importa mucho en esta campaña electoral hablar de lo nuevo y lo viejo, lo de arriba y lo de abajo, lo de antes y lo de ahora, lo que da bien en televisión y lo que no. La corrupción y lo que todavía no se ha corrompido. Todo lo anterior es malo y todo lo que viene es bueno. Por eso, tal vez, oigo hablar muy poco de las necesidades de nuestras personas mayores. Porque vienen de lejos y han visto mucho malo y también algunas cosas buenas.

Una de esas cosas buenas que vieron nuestras personas mayores, fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Coincidió que la fecha de publicación fue el mismo día en que se cumplían 18 años de la Huelga General del 14-D. Es decir, el 14-D de 2006.

Como ya sabéis, mi amigo Indio Juan, decía que nada es casual y tampoco en este caso parecía serlo. La Huelga General del 14-D y la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP), que presentamos CCOO y UGT un año después, incluían ya toda una batería de demandas al gobierno socialista de turno, sobre protección a las personas, pensiones, rentas mínimas y atención a las personas mayores.

De hecho, la ley de Dependencia fue el fruto de la reivindicación constante y de la negociación de CCOO y UGT con los gobiernos. Entendíamos que era necesario que España, como los países más avanzados de la Unión Europea, contase con un sistema de atención a la dependencia que asegurase no sólo los recursos económicos, sino la calidad de vida de las personas dependientes. Y lo conseguimos, con el gobierno de Zapatero y sin oposición posible por parte de los demás partidos políticos.

La aprobación de la ley de Dependencia supuso una esperanza para todas aquellas personas mayores y con algún tipo de discapacidad, que no sólo necesitan recursos y rentas para atender su suficiencia económica, sino también ayudas que permitan asegurar su autonomía personal. Sin embargo esa esperanza se vería pronto defraudada con la llegada de la crisis económica y el acceso al poder del gobierno de los recortes de Mariano Rajoy.

Los ajustes presupuestarios aplicados por el Gobierno central y exigido a los Gobiernos autonómicos, acabó con buena parte de los recursos presupuestarios para la aplicación de la ley de Dependencia. Lejos de crecer, desde mediados de 2012, el número de personas atendidas es menor (un 4´53% menos), al tiempo que se han reducido las prestaciones ( un 15% menos en prestaciones económicas y entre un 20 y un 60% menos, según los casos, en ayuda a domicilio).

Se da así, con frecuencia, el caso de que cuando a alguien le reconocen un grado de dependencia ha pasado tanto tiempo que esa persona ha fallecido. Es también muy frecuente que cuando le reconocen el acceso a una prestación lo que ocurre es que le reducen las prestaciones, con respecto a las que venía percibiendo a cargo de su ayuntamiento de residencia.

Los recortes han intentado ser compensados con alguna barbaridad como trasladar la responsabilidad de financiación del sistema a los propios beneficiarios, por el mecanismo de aplicar copagos, o financiar tan solo parcialmente los servicios. Por unos u otros mecanismos, un derecho que debería cubrir en estos momentos a 1´2 millones de personas, está tan sólo atendiendo a 745.000.

Uno de los retos de quienes afronten el gobierno de este país, a partir del 20 de diciembre, consistirá en asegurar los recursos necesarios para atender a las casi 500.000 personas dependientes que tienen derecho a una prestación, pero a las que se priva de la misma. Al tiempo que mejorar la calidad e intensidad de las prestaciones y servicios que reciben los actuales beneficiarios.

No obstante, no sólo se trata de reconocer prestaciones, sino de que las mismas sean cubiertas por profesionales bien formados y acreditados y eso requiere un esfuerzo compartido de todas las administraciones, que no se está realizando en estos momentos.

Tampoco hay que olvidar que la atención a la dependencia requiere una buena coordinación de los servicios sociales y el sistema sanitario, porque debe convertirse en un sistema bien coordinado que permita cubrir de forma integral las necesidades de nuestras personas mayores y con discapacidad.

Hemos perdido cuatro años en la aplicación de un derecho que costó mucho conseguir. No podemos permitirnos, como país, durante cuatro años más, que quienes más sufren los efectos de la crisis, quienes más necesitan de la capacidad protectora del Estado vean negados sus derechos. Y la atención a la dependencia es uno de esos derechos a los que no vamos a renunciar, gobierne quien gobierne.

Francisco Javier López Martín

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