El 26 J voto contra la corrupción y las desigualdades

El Producto Interior Bruto comienza a crecer y hay quienes ven en ello un inicio de la recuperación económica y una salida de la crisis. Sin embargo, ese crecimiento del PIB no se está traduciendo en unas mejoras perceptibles de su situación para quienes han sufrido más intensamente los efectos de la crisis y de los recortes aplicados por el Gobierno del PP.

Entre otras cosas, porque el crecimiento español es un fenómeno peculiar en el marco de la Unión Europea y porque se ve acompañado de una inestabilidad mundial que amenaza a países emergentes como China, o como Brasil, que habían mantenido buenos ritmos de crecimiento en los años anteriores.

Algunos factores externos han ayudado a España a ver crecer su PIB. Uno de ellos las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo, con una política monetaria expansiva, en sus intentos para salvar el euro, e impulsando el comercio exterior.La caída de los precios del petróleo ha contribuido también a esta situación de crecimiento positivo.

El Gobierno intenta contarnos que si estamos creciendo más que la media es porque han recortado mucho y bien. La verdad es que nuestro crecimiento tiene mucho que ver con situaciones excepcionales como el buen momento turístico, propiciado por la desestabilización de numerosos países mediterráneos que han dejado de recibir turistas. Además, aunque el Gobierno quiera ocultarlo, el gasto público ha crecido, a partir de 2015, porque todos los gobiernos incrementan su gasto cuando hay elecciones y eso siempre mueve la economía.

Nuestro crecimiento es muy frágil y, sobre todo, viene lastrado por la desigualdad. Estamos, por el momento, ante una salida en falso, que es más estancamiento que crecimiento sano y vigoroso. Las rentas se han debilitado de tal forma que el mayor consumo es muy desequilibrado, porque la desigualdad ha crecido en España más que cualquiera de los países desarrollados de nuestro entorno.

El Gobierno ha debilitado a conciencia los recursos para la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la atención a la dependencia, las inversiones, las políticas públicas. Las tasas de riesgo de pobreza han crecido hasta el punto de que casi una de cada tres personas se encuentra en esta situación, mientras que antes de la crisis eran una de cada cinco.

Y ahora vamos de cabeza a unas nuevas elecciones, a la repetición de un proceso que vamos a revivir como si de un año de la marmota se tratase. Un proceso que nos ha cansado y aburrido. Se les nota el desgaste a los propios candidatos, con la excepción de Rajoy, que no ha hecho nada de nada a lo largo de todos estos meses y se presenta fresco y lozano, salvo la mochila de escándalos vinculados a la corrupción que cada día se abulta más en susespaldas. Y aún así se consuela pensando que la corrupción no tiene coste electoral alguno.

Ese cansancio, ese aburrimiento puede traducirse en una menor participación electoral. Ya sabemos que cuando la abstención aumenta las fuerzas de progreso siempre salen perdiendo y los elementos más conservadores salen beneficiados.

Y sin embargo, es ahora, cuando comenzamos a ver una cierta luz en el horizonte, por débil que esta sea, cuando hay que impulsar políticas que reivindiquen una salida justa de las crisis, que combatan las desigualdades que amenazan con destrozar la convivencia en España.

Es ahora cuando hay que proteger a las personas desempleadas, consolidar las pensiones de nuestras personas mayores y dependientes. Es momento de fortalecerla inversión pública. Devolver a los trabajadores y trabajadoras los derechos arrebatados por las reformas laborales. Establecer un salario mínimo de, al menos 800 euros mensuales. Relanzar la ley de dependencia, e impulsar las rentas mínimas para quienes carecen de todo tipo de recursos. Es tiempo de que la calidad de los servicios públicos se convierta en prioridad frente a los abusos de las privatizaciones, externalizaciones y concesiones que sólo responden a intereses privados.

Estamos hastiados de que la corrupción se haya convertido en parte esencial del funcionamiento de tramas político-empresariales. Estamos hartos de que el dinero y el poder se hayan convertido en ejes vertebradores de la política. Estamos cansados de que la publicidad, la propaganda y el postureo, acaparen el debate, mientras las soluciones a nuestros problemas, se dilatan sine die. Pero, ese cansancio, ese hastío, ese aburrimiento, no deberían concluir en abstención, salvo que queramos realizar un intento fallido de castigar a los políticos castigándonos innecesariamente a nosotros mismos.

Es la hora de votar desde la conciencia de que nuestro voto masivo puede convertirse en nuestra mejor lección a la clase política. Un mandato para acabar con la corrupción e impulsar políticas que aporten soluciones y combatan las desigualdades. La campaña electoral es un buen momento para exigir que las promesas electorales se conviertan el 26-J en contrato de exigible cumplimiento para cuantos sean votados y elegidos.

Ser político ya no es lo que era. Hoy ser político debería ser firmar un contrato y cumplirlo. Y el voto es nuestra firma en dicho contrato.

Francisco Javier López Martín

DESASTRES DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN 2016

Es cansino, pero muy eficaz, ese machacón bombardeo que sitúa a la formación y la educación como instrumentos al servicio de la economía. Alentar insistentemente este enfoque sesgado pretende hacernos olvidar, más temprano que tarde, que la educación y la formación son derechos constitucionales y que la “competitividad” de las empresas no puede prevalecer sobre las necesidades individuales y sociales.

Para alimentar aún más estas tendencias intencionadas se promueven estudios y encuestas que concluyen sistemáticamente que existen serios desajustes entre las aptitudes que demandan las empresas y la falta de personas la formación necesaria. Se airean datos como que hay 59.000 vacantes de puestos de trabajo sin cubrir a finales de 2015, por falta de cualificación.

Pero claro, estos creadores de tendencia obvian dos circunstancias que no hay que olvidar: contamos con la generación de jóvenes en paro más cualificada de la historia y con 4.800.000 personas paradas en estas mismas fechas. Así visto, el planteamiento de la falta de personas cualificadas suena hasta ridículo.

Vivimos en un país poco valorado internacionalmente desde el punto de vista educativo. Los niveles de fracaso y abandono escolar son demasiado altos. De otra parte, el famoso informe de pago, el llamado informe PISA, nos sitúa también bastante mal. La respuesta del PP, inducida por la soberbia de ministro Wert, ha consistido en atacar con brutalidad el eje vertebrador de la educación española, la escuela pública.

Si la LOMCE ha destrozado el consenso educativo, el Ministerio de Educación ha ido reduciendo la inversión en programas que compensan desigualdades, hasta un 24% entre 2009 y 2015. El número de docentes ha caído en 30.000 personas menos, mientras el alumnado crecía un 17%. Sin embargo los centros concertados han observado la tendencia contraria. Más inversiones pese a que el alumnado en los mismos sólo ha crecido un 5%.

Las alumnas y alumnos son segregados, clasificados, dirigidos durante la educación infantil y la enseñanza obligatoria. Al final la desigualdad se consagra dirigiendo a las alumnas y alumnos con mayores dificultades hacia una artificialmente devaluada Formación Profesional. Ese procedimiento perverso consigue mantener la mala imagen de la formación profesional que es, sin embargo, prioritaria y preferente como opción en muchos países de Europa.

El gobierno del PP ha propiciado la caída de efectivos en el profesorado, el aumento del mínimo de alumnas y alumnos por profesor, o profesora, la elevada rotación de las plantillas. La única preocupación de la reforma de Wert y la aprobación sin acuerdos de su LOMCE, consiste en actuar sobre la formación del profesorado para que cumplan los objetivos de la nueva ley y mejorar así nuestra posición en el informe PISA, un informe devaluado y sesgado, que se elabora en función de los interesas económicos de la OCDE.

Se desprecian así, criterios y orientación de otros organismos mundiales, como la UNESCO, que prestan atención no solo a los contenidos, sino a la capacidad de las nuevas generaciones, para vivir en sociedades complejas, lo cual exige un profesorado preparado para el diálogo y el consenso. Para preparar a las nuevas generaciones para analizar, diseccionar, juzgar y actuar sobre la realidad, desde diferentes puntos de vista.

Es verdad que mejorar la cualificación general es importante. Pero prestando atención, especialmente, a las personas desempleadas. Sólo se ha ejecutado el 60% del presupuesto para formación de personas desempleadas, mientras que sólo el 5% de ellas han recibido formación.

Una posible línea de actuación podría pasar por el impulso a la formación dual tanto desde el Ministerio de Educación, como el de Empleo. Sin embargo, más allá de las declaraciones rimbombantes, no existen evaluaciones de calidad, cantidad, e impacto de ese tipo de formación en nuestro país.

Además de que la implantación de programas autodenominados de “formación dual” en la educación y a través de los contratos de formación, deja mucho que desear y tiene muy poco que ver con el modelo alemán, o de otros países europeos. Hay recursos, se aplican bonificaciones y ayudas a las empresas, crecen los contratos de formación, pero la realidad es muy poca formación y muy baja y mala contratación.

Por último, en lugar de implicar a las universidades en estos retos de cualificación y empleo, se las embarca en la expansión de la oferta formativa descontrolada de másters, cursos, títulos propios, de cuestionable calidad en algunos casos.

En lugar de racionalizar y coordinar cada vez mejor la Universidad con la sociedad y la realidad de las empresas, se alienta la constitución de nuevas universidades privadas y la desregulación de la duración del primer ciclo, situándolo en 3ó 4 años, en lugar de buscar una mayor racionalización de la formación universitaria.

El panorama en la educación no es, ni mucho menos, prometedor. Y, sin embargo, cada vez aparece como más necesario un pacto de Estado, en esta materia, de la inmensa mayoría de los partidos políticos y del conjunto de la sociedad, que sustituya la imposición de las políticas por la capacidad de diálogo y negociación.

El horizonte de un nuevo gobierno que surja del aparentemente inevitable “ponte bien y estate quieto” de una nueva foto electoral, parece aún lejano, e incierto y, en el mientras tanto, las inercias de los recortes (también educativos), por más en funciones que las consideremos, siguen triunfando. Sembrando problemas y recogiendo malestares y contestación. Impidiendo acuerdos y soluciones negociados. Pero decididamente, en este país, cuando se trata de ir a la batalla, el fervor es imbatible. Otra cosa es cómo volvemos de la misma. Otra cosa es contabilizar los desastres de la guerra. Pero eso ya, que lo haga un tal Francisco de Goya, que se le da bien dibujar.

Francisco Javier López Martín