LA INTRANSITABLE CARTOGRAFIA DE LOS RECORTES

Un reciente informe de CCOO pone de relieve que uno de los peores efectos de la crisis ha sido que los ingresos públicos han disminuido brutalmente. Así, las cuentas del Estado, que se saldaban en 2007 con un superávit de 21.620 millones de euros, arrojaban en 2009 un déficit de 118.237 millones de euros. La caída de los ingresos fue de casi 70.000 millones de euros, pero las rebajas fiscales descontroladas puestas en marcha desde 1994, también tienen mucho que ver.

La solución de los recortes es la más fácil, pero la que más pone en riesgo la estabilidad y cohesión de cualquier país. En las cuentas formales, el gasto de las Administraciones Públicas disminuyó en 30.824 millones de euros entre 2009 y 2014. Pero este dato oculta un desequilibrio más complejo. Así, mientras los intereses de la deuda, el gasto energético, o las pensiones crecieron en 47.000 millones de euros, el resto del gasto público bajó en 78.000 millones de euros (casi 8 puntos del Producto Interior Bruto). Si tomamos en cuenta la inflación acumulada, el gasto público ha caído entre un 21% y un 30%.

Y el golpe no lo han sufrido exclusivamente los empleados públicos en forma de rebajas salariales y pérdida de empleo. Tan sólo en el capítulo de inversiones en transportes hemos perdido 13.000 millones de euros, 4.400 millones en vivienda, 4.000 en inversiones sanitarias y educativas, o 4.600 millones en políticas sectoriales. Las políticas de Investigación y Desarrollo (I+D+i) han perdido en su conjunto más de 1.700 millones.

Esto sólo en las inversiones, porque si miramos el retroceso de la dotación de servicios como la salud y la educación se han gastado, en 2014, 18.400 millones menos que en 2009. Pero se trata de recortes desequilibrados- Mientras la educación pública ve retroceder sus inversiones en un 70%, los conciertos con centros privados caen un 1,2%.

Los gastos con mayor componente social han sido el principal objetivo del PP a lo largo de los últimos años. Ya sea la incapacidad laboral, el apoyo a las familias y la infancia, las políticas sociales de vivienda, la protección del medio ambiente, las políticas sectoriales de impulso a la economía.

En definitiva, una orientación de la política de gasto presupuestario, que nos está colocando en los últimos puestos de la Unión Europea en nuestra capacidad de proteger a las personas y las familias frente a los efectos de la crisis.

Corregir esta deriva de empobrecimiento que fractura cada vez más a la sociedad, sería el trabajo urgente de cualquier Gobierno. Ese Gobierno que lleva ya seis meses sin constituirse y que veremos cuanto tarda en llegar después del 26j. Un lujo, que no deberíamos permitirnos como país, pero que nos estamos permitiendo. Y es que la lógica política no parece tener mucho en común con la lógica de las necesidades de la sociedad. Con el agravante de que en este caso, como en muchos otros, el tiempo solo puede empeorar las cosas.
Francisco Javier López Martín