SOMOS ORGULLO DE CLASE

Las CCOO de Madrid me han invitado a la clausura de su Escuela Sindical 2016 cuyo eje conductor es El Trabajo en el Centro del Debate. Una Escuela en la que los asistentes han tenido la oportunidad de debatir las prioridades de CCOO para el curso  político que se abre con nuestro Secretario General, Ignacio Fernández Toxo y afrontar temas importantes, como el papel del sindicato en las instituciones, la garantía de rentas en la salida de la crisis, el trabajo como fuente de derechos y, al final de  la cual, la organización madrileña de las CCOO ha rendido homenaje a los compañeros y compañeras que hace ya 50 años crearon la primera Inter-ramas de las CCOO en Madrid.

Me parecía importante destacar, ante los asistentes a la clausura, que las Comisiones Obreras nos encontramos inmersas en dos procesos internos que desembocarán en la celebración del Congreso Confederal de finales de junio de 2017. El primero de esos procesos nos invita a Repensar el Sindicato, reflexionar sobre las CCOO que queremos ser, partiendo de nuestras virtudes y nuestras debilidades.

El segundo proceso tiene que ver con la reivindicación de unas CCOO que hicimos, hacemos y haremos historia. Nada distinto, para una organización, de lo que nos preguntamos cada uno de nosotros y nosotras en cada momento de nuestra vida: ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?

Preguntas a las que tenemos que respondernos en un mundo que se transforma a pasos agigantados y en el que las palabras ven amenazado su valor. Siempre que esto ha ocurrido en la historia ha habido quienes exigen acabar con la palabrería inútil a base de más cuentas y menos cuentos. Más resultados y menos prédicas. El problema de este planteamiento es que el populismo de las cuentas termina resultando tan peligroso como el que generan los cuentos.

En primer lugar porque las cuentas son maquillables y manipulables, en función del relato histórico predominante en cada momento. Un fracaso en las cuentas puede ser presentado como un triunfo. Lo vemos cada día en los medios de comunicación. La lógica de las cuentas ha producido situaciones como la descrita por el Presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, en su intervención en la Escuela, quien pone de relieve el hecho de que los movimientos financieros en el planeta multipliquen por nueve la riqueza de todos los países del mundo juntos. La riqueza generada “ficticiamente” es nueve veces superior que el PIB, la riqueza real, de todo el planeta.

Ese populismo de las cuentas, de los resultados, de los beneficios, nos ha traído una brutal crisis financiera, acompañada de una burbuja inmobiliaria incontrolable, que ha derivado en crisis económica, de empleo, social y política. La tormenta perfecta, la disculpa inevitable para que los poderosos de la tierra asesten el golpe definitivo que vienen preparando desde hace cuatro décadas, a los modelos de Estado del Bienestar surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lugares como Europa.

La acción persistente y planificada de los Señores del  Dinero, los think tank que han financiado en Universidades, Fundaciones, clubs, organismos internacionales… junto a las  tareas de difusión y propaganda realizadas por numerosos medios de comunicación, que de ellos dependen, han creado tendencias que alientan, entre otras muchas cosas, a la privatización de servicios públicos esenciales, como la sanidad, educación, servicios sociales, que sustentan derechos fundamentales de la ciudadanía.

Han ido imponiendo relatos en los que lo público es caro, funciona mal, es ineficaz, ineficiente, no es de calidad. Hay que entregar la gestión de lo público al sector privado. La ofensiva topaba con un obstáculo insalvable que había que remover: acabar con el sindicalismo de clase. Tras casi 40 años la ofensiva ha alcanzado muchos de sus objetivos. Numerosos servicios públicos han sido entregados a gestión privada.

Los resultados son perceptibles: El empleo se ha precarizado en los sectores públicos y privados. Los servicios han perdido calidad y capacidad de cubrir las necesidades sociales. La corrupción en las concesiones se ha generalizado poniendo en solfa mantras como el de la «libre concurrencia». Las puertas giratorias se han multiplicado de forma escandalosa, de forma que muchos políticos pasan directamente a la gestión empresarial en sectores de los que han sido responsables y responsables empresariales pasan a la gestión de las políticas que afectan a empresas y sectores de los que provienen.

Al final la prestación de los servicios resulta más cara, porque hasta los beneficios empresariales quedan asegurados frente a pérdidas, introduciendo cláusulas de compensación de pérdidas. La privatización ha alimentado un consorcio de intereses político-económicos que se comporta como las meigas. No existen, pero haberlas haylas.

Esta evidencia encuentra algunos problemas para ser reconocida. La primera de ellas es que el tiempo juega a la contra. Durante casi 40 años la campaña privatizadora ha sido muy intensa y ha creado una poderosa tendencia que conduce a ser aceptada sin crítica alguna. En segundo lugar, la historia y el relato lo imponen los vencedores y, según ellos vivimos en el mejor de los mundos posibles. Vivimos en el país de las maravillas.

Ya se lo explicaba, en el cuento, el huevo Humpty Dumpty a Alicia, en aquel momento en que, enfrascados en el debate, la niña plantea que la cuestión es cómo una palabra puede significar dos cosas distintas al mismo tiempo. Entonces Humpty zanja la cuestión: No, Alicia, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo.

Ayer y hoy, la cuestión sigue siendo qué poder tienen los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales, sociales y políticas, para que las cosas sean vistas como las vemos desde abajo. Porque ese poder es el que permite construir identidad y escribir la historia de y desde la clase trabajadora. De ahí la importancia de actos como el que han celebrado las CCOO de Madrid para reivindicar nuestra historia, defenderla, construir nuestro propio relato. Sentir orgullo de lo que fuimos y de lo que somos. Afrontar nuestro futuro. A fin de cuentas, nuestra historia no son cuentos. Es nuestra vida contada por nosotros mismos.

CCOO es eficacia y eficiencia al servicio de la calidad de vida y trabajo de las personas trabajadoras. Pero el poder sindical necesita algo más. Necesita memoria de quienes fuimos. Capacidad de repensarnos, reivindicarnos, mejorar. Necesita sensatez en las propuestas, firmeza en las negociaciones, fuerza en las movilizaciones. Orgullo de clase.

A lo largo del acto Rosa León interpretó Volver la los 17, de Violeta Parra y Al Alba, de Luis Eduardo Aute. Juan Margallo nos dirigió unas palabras sobre los orígenes de CCOO y sus relaciones con la cultura. Juan Diego y Luis García Montero enviaron saludos.

Rosa sigue siendo nuestro Alba. Juan Diego, o Juan Margallo, siguen representándonos en los escenarios. Luis es nuestra poesía. Nuestro camino es el mismo que comenzaron hace ya 50 años los compañeros y compañeras de la primera Inter.

Todas ellas y todos ellos nos llenan de orgullo. Con todos ellos, con todas ellas, tiene sentido seguir gritando ¡Vivan las Comisiones Obreras!

Francisco Javier López Martín

El ejército de los escuderos privatizadores

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín