Trump, la última vuelta de tuerca

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Los años 80 vinieron marcados por una ofensiva generalizada contra el modelo del Estado del Bienestar. La ofensiva fue preparada concienzudamente en la década anterior, utilizando el escenario del que los Estados Unidos consideran su patio trasero, América Latina. Las dictaduras militares, acompañadas de las recetas económicas de la Escuela de Chicago, sirvieron de probeta y prepararon el camino a las nuevas tendencias políticas que se desarrollaron tras el advenimiento de Reagan a la presidencia estadounidense, mientras en Europa la señora Tatcher se aupaba al puesto de primera ministra en Gran Bretaña.

En España no pudimos percibir con claridad la que se avecinaba, porque vivíamos tiempos de salida de una larga y agria dictadura y nos adentrábamos en la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa, la aprobación de una Constitución y nuestro ingreso en Europa, a mediados de los 80. El derroche de fondos estructurales europeos puso las bases y la llegada al gobierno del PP en 1996 aportó la voluntad firme de convertir el suelo y el ladrillo en boom inmobiliario. Era tanto el retraso acumulado con respecto a Europa que todo nos parecían avances sin posible retroceso. Hasta la brutal desindustrialización, la venta de empresas públicas al frente de las cuales situaron a compañeros de pupitre y amigos de los jefes del partido de turno, o los destrozos del trazado ferroviario, en aras de construir autovías y autopistas de peaje, quedaron desdibujados.

Duró la fiesta hasta que Lehman Brothers, allá por 2007 y 2008, demostró la desnudez del modelo de crecimiento especulativo, basado en un crecimiento artificial y ficticio de la riqueza, sobre la base exclusiva del consumo de bienes inmobiliarios comprados con créditos muchas veces impagables. Una economía de casino que no podía perdurar indefinidamente.

Se inició así una crisis que dura ya más de 8 años, que nos condujo a tasas de paro del 26 por ciento. Aún hoy, cuando el gobierno exhibe nuestro gran crecimiento económico y nuestra creación de empleo, casi el 60 por ciento de las personas paradas lleva más de un año en paro y uno de cada cuatro lleva más de cuatro años en situación de desempleo. Un 8 por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro y un 4 por ciento de las familias no cuenta con ningún ingreso laboral.

Entonces comenzamos a enterarnos de lo vulnerables que eran los derechos alcanzados hasta ese momento, a lo largo del periodo democrático, en forma de colegios, universidades, centros sanitarios, hospitales, incipientes servicios sociales, el anuncio de una ley de dependencia, un trabajo con derechos, unas pensiones aseguradas.

Las reformas laborales, especialmente la del PP en 2012, los recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, los salarios, las políticas públicas y la protección social nos han conducido a la modernidad de un mundo occidental de precariedad laboral e inseguridad social. Esa precariedad e inseguridad que alimentan el huevo de la serpiente que anida en Europa y que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos, donde la desacreditada política ha dejado paso al gobierno de los más ricos, directamente y sin intermediarios. El poder en estado puro, sin mediadores inútiles y desprestigiados.

Ya tienen un gran camino avanzado. En la vertiente española ya nos han acostumbrado a un horizonte de desempleo y precariedad laboral. La media de los contratos en España es de 51 días de duración y el 27 por ciento es de menos de una semana. Además han conseguido imponernos una crisis de diseño contra los sectores populares. El 54 por ciento de las personas paradas tienen niveles bajos de estudios. La crisis ha sido la disculpa perfecta para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora, al valor del trabajo, a los derechos laborales y sociales que lo acompañan.

Las políticas contra la crisis desplegadas por el Partido Popular han conseguido transformar el riesgo empresarial en inseguridad laboral. Siguiendo la consigna de que debilitar el empleo permite crear más empleo. Ignorando, eso sí, que el empleo depende de la actividad económica del país, de la tipología de nuestras empresas y no de los manotazos constantes contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ampliar las causas de despido no crea empleo. Reducir las indemnizaciones por despido, no crea empleo. Eliminar los salarios de tramitación, o suprimir la autorización administrativa de los ERE, no crea un sólo puesto de trabajo. Debilitar la negociación colectiva produce recortes unilaterales de los salarios y los derechos protegidos por el convenio colectivo, pero no crea un sólo puesto de trabajo.

Lo cierto es que seguimos teniendo un país de empresas precarias, en segmentos de actividad de poco valor añadido y eso produce empleo precario sin más remedio. Sin buenas empresas no hay buen empleo. Parece mentira que el Banco de España, durante todos estos años de boom inmobiliario, en mitad del gran pelotazo de bancos y constructoras, supiera tanto sobre el mercado de trabajo y pidiera una reforma laboral tras otra, cuando lo ignoraba todo sobre los riesgos financieros en los que nos estábamos metiendo.

La respuesta a esta situación, no exclusivamente española, no puede venir de la mano de experimentos como Trump, Marie Le Pen, o la complacencia con el Partido Popular, en nuestro caso. La respuesta no puede venir de los instintos y las pasiones que representan los movimientos populistas en auge en Gran Bretaña, Alemania, o Austria.

La respuesta debe venir de la mano de buenos gobiernos que combatan la corrupción instalada en el corazón mismo del sistema, que arrinconen a los corruptos y a los corruptores. Que deshagan es nudo de alianzas férreas entre poderes políticos y corporaciones económicas que ha conducido a que el libre mercado y la libre concurrencia se hayan convertido en un reparto descarado de la riqueza nacional entre unos pocos.

La respuesta debe venir de la construcción de un modelo de desarrollo asentado en la innovación en nuestros productos y servicios. En el trabajo decente. Un modelo que tome en cuenta a las personas y promueva y aproveche su cualificación. Un modelo político y social que considere los derechos de la ciudadanía como algo más que discursos y redacciones leguleyas para un boletín oficial, sino como garantías ineludibles que deben ser cumplidas, promovidas y desarrolladas.

Vivimos en sociedades plurales y diversas que merecen más esfuerzos de integración, respeto, compromiso y menos manotazos sobre la mesa y voces estridentes que apelan a nuestras pasiones, en lugar de a nuestros intereses reales. El sindicalismo y los sectores de progreso y de izquierdas no somos los culpables últimos de esta situación, pero sea cual sea la mínima parte de nuestra responsabilidad en la misma, tenemos la obligación de impedir que las tendencias que se apuntan en el horizonte y que comienzan a hacerse realidad en el presente, puedan conseguir el advenimiento de en un mundo que aplaste a las personas y borre para siempre su sonrisa.

 

Francisco Javier López Martín

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