FPE (y 6) Las soluciones son aún posibles

mayo 9, 2017

Mirar para otro lado, una de las prácticas habituales de nuestro Presidente del Gobierno,  sólo contribuye a mantener una situación insostenible. El modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentra al borde del colapso. Hemos explicado  su desarrollo. Hemos analizado sus logros y sus deficiencias. Hemos reflexionado sobre la inutilidad de abordar reformas impuestas a espaldas de las necesidades de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras.

Va llegando el momento de enunciar las propuestas que pueden desbloquear la situación y avanzar hacia un modelo de FPE que combine el derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y la necesidad de las empresas a contar con trabajadores y trabajadoras cualificados en un mundo cambiante.

  1. Desarrollar el derecho de formación y aumentar la cohesión social.

Para ello contamos con algunos instrumentos muy poco promocionados. Cada trabajador o trabajadora cuenta con 20 horas anuales para formación que deberían constituir un derecho individual efectivo, pero que no se ejerce.

De otra parte, los actuales Permisos Individuales de Formación (PIF) deberían garantizar la igualdad, de forma que las personas menos cualificadas pudieran beneficiarse de ellos.

Vivimos en un país en el que, junto a un alto nivel de titulados superiores, de en torno al 35 por ciento, convive un porcentaje aún mayor, de entorno al 45% de la población activa con niveles básicos, o incluso inferiores, de formación. En el centro un pequeño porcentaje con estudios profesionales. Habría por lo tanto que poner en marcha programas específicos para formar a las personas menos cualificadas y abrir convocatorias permanentes de reconocimiento de cualificaciones.

  1. Calidad y oportunidad de la formación.

Contamos con una excelente red de centros público de Formación Profesional, Universidades y Centros de Educación de Personas Adultas, que viven al margen del Sistema de Formación para el Empleo. Por un lado, el Ministerio de Educación y su formación reglada, por otro el Ministerio de Empleo, al frente de un subsistema de formación en el empleo. La descoordinación entre ambas administraciones es absoluta.

Los centros públicos de Formación profesional deben jugar un papel esencial para asegurar una oferta más amplia y menos discriminatoria. Es necesario contar cuanto antes con una red de centros (públicos y privados) acreditados, con mecanismos de financiación suficientes y controles de calidad y requisitos comunes.

Además, el sistema de subvenciones no es el más adecuado para la provisión de un servicio como el que necesita la Formación para el Empleo. Los controles administrativos y económicos son tremendos, pero ello no impide la aparición de empresas especializadas en burlarlos, mientras que la agilidad se resiente y la evaluación de la calidad es una asignatura siempre pendiente.

Contamos ya con Centros de Referencia Nacional, Centros Integrados, Observatorios, que deben funcionar de forma coordinada para mejorar la calidad del sistema. Las actuales Comisiones Paritarias, compuestas por empresas y representantes sindicales en los diferentes sectores, deberían ser reducidas en número y reforzadas en sus funciones, convirtiéndose en instrumentos esenciales para reconducir el sistema actual, burocratizado e inoperante, hacia la realidad de las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Vivimos en un país en el que se inaugura mucho, hasta varias veces los mismos proyectos y sus fases de ejecución, pero que evalúa muy poco la calidad de cada proyecto y de las políticas que los sustentan.

  1. Recursos suficientes, estables y transparentes.

Un reciente encuentro sobre la experiencia francesa en Formación Profesional para el Empleo revelaba un gasto anual de más de 30.000 millones de euros en formación para el empleo, en nuestro país vecino. En España, por el contrario, dedicamos a Formación para el Empleo casi exclusivamente los recursos procedentes de la cuota de formación (en torno a 2000 millones de euros), y aún así, en los últimos seis años hemos dejado de gastar 450 millones de euros, cuyo destino es desconocido.

Es urgente asegurar, tal como sentencia el Tribunal Constitucional, que todos los recursos procedentes de la cuota de formación se reanualizan y se dedican a formación y no a otros fines. Es necesario reforzar esos fondos, no sólo con aportaciones de Fondos Europeos, sino con otras aportaciones para formación de colectivos no cotizantes y personas desempleadas. Es preciso que los fondos sean gestionados, en todos los ámbitos, empezando por la propia Administración, de forma transparente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas trabajadoras.

  1. Diálogo y negociación. Bases para mejorar la formación.

En las empresas, la formación debe ser fruto de la negociación y el acuerdo entre empresarios y Representación Legal de los Trabajadores, con posibilidad de contar con aportaciones públicas y de las empresas,  para conseguir la mejor formación y la más necesaria en cada momento.
La movilidad laboral dentro de cada sector y la atención de las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresa, tienen que ser fruto de la negociación empresarial y sindical en el marco de las actuales Comisiones Paritarias, que la nueva ley define como Estructuras Paritarias.
La formación en los ámbitos territoriales, cuyo objetivo es la formación y la recualificación de personas ocupadas, o desempleadas, debe ser objeto de negociación entre Administraciones, empresarios y sindicatos, tomando en cuenta los recursos que pueden aportar los Centros de Formación Profesional, la realidad económica y del tejido productivo, las necesidades de empleo y orientación y la articulación de prácticas en las empresas.
Siguiendo las orientaciones europeas sería bueno acordar un Estatuto del Aprendiz que regule las prácticas y su conexión con el aprendizaje en los centros. Se habla mucho de formación dual, pero se hace muy poco para que la formación con prácticas no sea explotación laboral de nuestros jóvenes, a través de la docena de fórmulas dispersas que existen en estos momentos para abusar del trabajo de aprendices y becarios.

  1. Gobierno democrático de la Formación.

El objetivo del Gobierno, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, parece haber pivotado en torno a la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales, no sólo de la ejecución, sino del gobierno del sistema. Para afrontar el problema generado hay que entender que no se puede hacer formación de los trabajadores y trabajadoras sin los trabajadores y trabajadoras y sin las empresas en las que trabajan. Los países con mejores experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras son aquellos que cuentan con modelos negociados y acordados en los que participan administraciones y agentes sociales.

Por eso es esencial asegurar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los instrumentos de gobierno y de gestión del sistema. Contamos con instrumentos como el Consejo de la Formación Profesional, o la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, que deben ser redefinidas, orientándolas hacia la articulación de mecanismos de detección de necesidades, coordinación de la oferta formativa, simplificación de la organización, gestión, seguimiento y evaluación del sistema.

A modo de resumen, podemos decir que la reforma impuesta debe dejar paso  a la negociación del desarrollo de un sistema de formación profesional para el empleo, que haga posible el derecho de las personas a formarse y recualificarse a lo largo de toda la vida y cubra la necesidad de las empresas de contar con trabajadores y trabajadoras cualificados.

La cualificación y formación de las personas es la mejor garantía de un futuro económico estable y de la cohesión social que sustenta la convivencia democrática en cualquier país.

Las soluciones negociadas son inaplazables. No podemos mirar hacia otro lado.

Francisco Javier López Martín

Secretario Formación CCOO

 

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FPE (5): Las grandes deficiencias del sistema

mayo 5, 2017

 

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Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.

Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.

Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.

En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión,  comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.

Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.

Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.

Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.

Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.

Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.

La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO


Cultura de la Integridad, no hay excusas

mayo 3, 2017

No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO