Salvador Seguí en el Ateneo (Episodio 1)

diciembre 28, 2017

Debo reconocer que, hastiado de tanto debate sobre Cataluña, he dejado de escribir sobre el tema durante semanas, con la secreta esperanza de que no alimentar la confrontación entre las fuerzas en conflicto, podía contribuir a que la reflexión serena, apaciguase los ánimos. Ya se han celebrado las elecciones catalanas y la espiral ha vuelto a situarnos en lo que algunos han denominado la vuelta a la casilla de salida, aunque esos retornos nunca nos conducen exactamente al mismo punto de partida, ni en las mismas condiciones.

Creo que ya os he contado que unos amigos me invitaron, no hace mucho, a pronunciar una intervención, no querían excesivamente larga, sobre la izquierda, en un acto público convocado en el Ateneo de Madrid. Acepté porque creo que es necesario extender, hasta que cale, un mensaje que convoque a la unidad de la izquierda sensata y serena, en defensa de la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Además, ocurre que el Salón de Actos del Ateneo, me resulta un espacio irresistible. Siempre me sorprendo considerando la cantidad de oradores que han pronunciado, en ese mismo espacio, sus discursos, invitados por los miembros del Ateneo, que procuraban escuchar todas las voces provenientes de los más distintos lugares de las Españas, de los más diversos rincones del planeta y de las más variadas posiciones ideológicas y políticas.

Hace casi 99 años, en octubre de 1919, le tocó el turno a Salvador Seguí, el Secretario General de la CNT en Cataluña, donde el sindicato anarcosindicalista era la fuerza abrumadoramente mayoritaria. Estaba viajando por toda España para explicar qué opinaba su organización sobre la situación que se vivía en Cataluña, tras la Huelga General de 1917 y la huelga de la Canadiense, convocada ese mismo año, y su relación con los problemas de la clase trabajadora en el resto del Estado. Habló sobre el papel de los trabajadores catalanes en una coyuntura histórica muy complicada.

Los tiempos cambian, pero en este país somos expertos en vivir un eterno retorno, una interminable sucesión de vueltas y revueltas a la casilla de salida, porque nunca terminamos de leer cada página de nuestra historia antes de pasarla, lo cual nos obliga a repetir las mismas historias, siempre inconclusas. Ya dijo un político conservador, hace más de un siglo, que España aburre a la Historia.

Conviene, así pues, explicar un poco el contexto histórico en el que pronuncia su conferencia el Noi del Sucre (el chico del azúcar), que así era como llamaban a Seguí por Cataluña. En 1914, el mismo año en que estallaba la Primera Guerra Mundial, la Liga Regionalista (fruto de la fusión del Centre Nacional Català y de Unió Regionalista), liderada por Prat de la Riba, obtenía del Presidente Eduardo Dato una Mancomunidad de Cataluña.

Se trataba de una forma de autonomía basada en la cesión de competencias de las Diputaciones provinciales, que permitía la gestión unificada de los recursos, aunque carecía de capacidad legislativa. Francesc Cambó, sucesor de Prat de la Riba desde 1917, alentado tal vez por su presencia en un gobierno de España, que pretendía impulsar reformas federalistas, dirigió la redacción de un proyecto de Estatuto para Cataluña, que fue aprobado a principios de 1919 por los parlamentarios catalanes y por la Mancomunidad.

Pero para cuando llegó el momento las cosas habían cambiado, Cambó había salido del gobierno y las revueltas sociales, como la huelga de la Canadiense, habían hecho saltar todas las alertas y miedos ancestrales de las clases altas y la propia burguesía catalana, con respecto a las reivindicaciones de la clase trabajadora. Las Cortes, bajo un nuevo gobierno, terminaron rechazando el proyecto de Estatuto, hasta mejor ocasión.

En el camino, las organizaciones sindicales mayoritarias habían firmado en julio de 1916 el Pacto de Zaragoza, constituyendo un Comité Conjunto integrado por dirigentes como Julián Besteiro, o Francisco Largo Caballero, por UGT y Angel Pestaña y Salvador Seguí, por la CNT, con el objetivo de preparar una huelga general que exigiera soluciones para los problemas derivados de la crisis generada por la I Guerra Mundial.

El conflicto político decretado por el nacionalismo burgués estaba siendo desbancado por los objetivos de una clase trabajadora emergente, cuyas condiciones de vida y trabajo pasaban a primer plano. Algo distinto al momento presente, en el que parece que el imaginario de las pasiones nacionalistas han desbancado al conflicto social.


De victoria en victoria hasta la derrota final

diciembre 28, 2017

Vivimos bajo la égida de un gobierno tan acostumbrado a ganar que no se resigna a perder, ni a gobernar desde el diálogo, ni tan siquiera lo contempla como escenario, aunque para ello tenga que torcer los caminos, dilatar indefinidamente, o acelerar, alternativamente, los tiempos, o incumplir sentencias, interpretarlas torticeramente, o embridarlas hasta que terminen por no decir lo que decían.

Mariano, que pasará a la historia con minúsculas como el Indolente, se ha convertido en un maestro en estas lides. Hasta las gracias de sus plasmas, sus andares, sus bailes y sus lapsus verbales, parecen formar parte de este plan premeditado, cuyo último epígrafe consiste en “hacerse el bobo”. Y que nadie entienda esto último en demérito del ufano Presidente, dados los jugosos réditos electorales que le producen.

Alumna meritoria de esta exitosa escuela política parece ser la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien, tras haber puesto en marcha una reforma de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), que ha destrozado el preexistente (e indudablemente mejorable) sistema español de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras, sin sustituirlo por otra cosa que no sea la mera improvisación, la chapuza, el clientelismo y la persistencia de los males anteriores.

Para empezar, la convocatoria de subvenciones del Plan de FPE para el año 2014, terminó siendo anulada por la Audiencia Nacional, por ser “disconforme” con el ordenamiento jurídico, al privar a los empresarios y a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de su derecho a la participación en los informes sobre las propuestas de subvenciones. Es decir, no poder conocer, ni informar las propuestas de subvención. Con la disculpa de no ser jueces y parte, ahora no son ni lo uno ni lo otro.

En el año 2015, para empeorar las cosas, no se convocaron subvenciones, lo cual no significa que no se ejecutasen las partidas asignadas a la Comunidades Autónoma, especialmente para formación de personas desempleadas, o los fondos dedicados a formación bonificada por parte de las empresas, aunque se ha notado un menor interés de las mismas por embarcarse en una maraña reguladora que, en muchas ocasiones, obliga a devoluciones de cantidades y complejos procesos administrativos. Son los fondos gestionados directamente por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), los que dejaron de ejecutarse.

Las estimaciones de fondos aprobados y no ejecutados, procedentes de las cuotas de formación, que ingresamos en la Seguridad Social quienes trabajamos y las propias empresas,  alcanzan ya casi 1.100 millones de euros, que no se han reanualizado, ni han sido reutilizados en sucesivos presupuestos, según estimaciones de CCOO.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones para 2016, lo más triste es que fue publicada, de nuevo, sin acuerdo con quienes, según la ley, son los protagonistas del sistema y beneficiarios de mismo: las empresas que necesitan cubrir necesidades formativas y los trabajadores que necesitan de la formación para encontrar empleo, para consolidarse en el mismo, para promocionar, o para encontrar un empleo más satisfactorio. Para las empresas, la formación es una necesidad, para quienes trabajamos es también una necesidad y, además, un derecho individual y personal.

Así las cosas, las organizaciones empresariales y sindicales volvieron a recurrir la convocatoria ante los tribunales y son esos tribunales los que, de nuevo, se pronuncian duramente contra las decisiones del Gobierno. La libre concurrencia que propugna el gobierno, no puede entrar en contradicción con la participación empresarial y sindical en el gobierno del sistema. La convocatoria no contó, por ejemplo, con el informe preceptivo de la Comisión estatal de FPE, en la que están presentes la Administración de Empleo, los agentes económicos y sociales y las Comunidades Autónomas.

Tampoco el gobierno ha corregido la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales de las comisiones (llamadas órgano colegiado) donde se informa (aunque no se decide) sobre las solicitudes que se han presentado a la convocatoria. Es precisamente esta reiterada exclusión, la que ha motivado que los tribunales vuelvan a condenar al gobierno por exclusión de los agentes sociales del órgano colegiado establecido por la convocatoria 2016, como ocurría en la anterior sentencia.

La ley es muy clara, reconocen los Tribunales de Justicia. Los empresarios y los sindicatos tienen que participar en la planificación y aprobación de las acciones formativas, así como en su concreción y control de su ejecución y en la evaluación de la adecuación a la normativa, la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los fines. Algo que ha obviado claramente un gobierno que prefiere actuar sin testigos.

Los Tribunales van más allá, indicando al gobierno que el hecho de poder hacer una norma que establezca la composición de los órganos colegiados no le permite actuar de manera arbitraria. No se puede incluir, o excluir, caprichosamente, a los interlocutores sociales, del órgano colegiado que informa las propuestas de subvención. Una decisión que los jueces estiman no tiene justificación alguna y además perturbadora. Para colmo y, dando un zasca final al ministerio de Empleo, califican su actuación como “desviación de poder”, entroncada con el abuso de derecho, al actuar de manera espuria y sin justificación alguna.

Y me pregunto, llegados a estos extremos, que si el gobierno es competente para exigir el cumplimiento de leyes y sentencias, no es posible que al mismo tiempo ese mismo gobierno tenga bula para incumplir leyes, e inaplicar sentencias, de forma reiterada. Nadie debería olvidar que la función de un gobernante es cumplir y hacer cumplir las leyes. Los votos electorales no habilitan para hacer cosa distinta. Conseguir victorias pírricas aplicando el filibusterismo y la patente de corso con las leyes y las sentencias, no puede conducir a otro sitio que a una derrota final, no de Rajoy, sino de la Formación Profesional para el Empleo en este país.