Un año nuevo sobre el viejo Chamartín

Me gustaría comenzar el año de otra manera y no embarcado en el debate sobre la Operación Chamartín. Ese proyecto en el que andan atascados el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento, RENFE, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), con la necesaria aquiescencia cómplice de la Comunidad de Madrid. Todos a una para dar vía libre a un proyecto siempre polémico, continuamente aplazado y ampliamente cuestionado.

Especialmente desde mediados del año pasado la discusión y hasta el litigio se han abierto en canal. La historia viene de muy lejos. Nada menos que desde hace 25 años. La Estación de Chamartín fue construida hace más de medio siglo en un descampado y, desde entonces, los terrenos de su entorno se convirtieron en preciosa golosina para especuladores.

En 1993 se dio el pistoletazo de salida a la Operación Chamartín, con el objetivo de conectar barrios separados por el ferrocarril, soterrar vías y crear un entramado urbano. RENFE y Ministerio de Fomento decidieron que esta actuación se realizaría, por primera vez, mediante la fórmula de concesión al sector privado, cobrando un canon y privatizando el suelo público para venderlo, alquilarlo, o comercializar los edificios construidos sobre el mismo.

La pública Argentaria (absorbida luego por el BBVA) y la Constructora San José, se lanzaron a constituir una empresa que se quedó con la concesión y que hoy se llama Distrito Castellana Norte. Los procesos judiciales abiertos por los afectados y las críticas ciudadanas a causa de la escasez de vivienda social y protegida en el proyecto y la excesiva inversión pública en detrimento del necesario equilibrio territorial de la ciudad, han determinado que hasta ahora no se haya dado vía libre al proyecto.

Digo hasta ahora, porque tras un postrero intento de aprobación, por parte del gobierno de Ana Botella, en el último momento de su mandato, ha terminado siendo el de Manuela Carmena, el que ha intentado coger el toro por los cuernos y reformular el proyecto.

Un año después de ganar la alcaldía de Madrid, encomendados a la protección de los Ayuntamientos del Cambio, presentaron un nuevo proyecto de Operación Chamartín, que fue saludado públicamente como un intento de recobrar la cordura, por parte de urbanistas como Eduardo Mangada (exconcejal del Ayuntamiento con Tierno Galván y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Joaquín Leguina), o Jesús Gago (Premio Nacional de Urbanismo por su trabajo en el desarrollo urbano de Fuenlabrada).

Saludaban el final del bloqueo  de una operación encaminada a satisfacer necesidades ciudadanas y promover las capacidades económicas de la ciudad. Un nuevo trozo de Madrid entendido como un espacio social y no como un solar al servicio del negocio inmobiliario. ¿Qué ha pasado en estos pocos años para que esa opinión haya cambiado sustancialmente? Simplemente que el espacio social se ha reconvertido en solar y puro negocio inmobiliario.

Desde mediados de julio el debate se ha agudizado. El movimiento vecinal, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, urbanistas como los mencionados Mangada, Gago y otros como López Groh, del Club de Debates Urbanos rechazan el proyecto definitivamente aprobado, argumentando el carácter especulativo del mismo, la opacidad y oscurantismo de los pactos secretos que van saliendo a la luz, la fosforescencia de un diseño que encubre lo que Gago ha denominado corrupción objetiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la denuncia que Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos han interpuesto contra el proyecto. Ventas de suelo público a bajo precio, reconocimiento de derechos que no estaban consolidados para los promotores financieros e inmobiliarios, privatización de hecho de suelo público, convalidación de irregularidades de todo tipo cometidas a lo largo de todos estos años, aliento a los desequilibrios brutales entre el Norte y el Sur de la ciudad, .

La Operación Chamartín va camino de convertirse, nos avisan los expertos, en el Caso Chamartín, dividiendo a la izquierda y fracturando a los propios partidos que la componen. Que pocos meses antes de unas elecciones difíciles como todas, pero aún más en este momento, la izquierda gobernante se vea abducida por los poderes económicos e impelida a aprobar algo groseramente especulativo, que sólidos gobiernos de la derecha no se atrevieron a poner en marcha, puede ser el principio del fin.

Los grandes promotores beneficiarios están gastando ya mucho dinero en exposiciones, maquetas y publicidad en medios de comunicación y en las redes, intentando ganarse la voluntad popular. Todas las administraciones son responsables del entuerto y se reparten las responsabilidades.

Pero, en esta tesitura, yo no olvidaría que hay un voto egoísta que lo perdona todo de aquel a quien vota, siempre que intuya que, de alguna forma, va a verse beneficiado con la más zafia especulación y la más evidente corrupción. Sin embargo el voto de progreso, de izquierdas, depende de la coherencia en la defensa de la igualdad, el equilibrio, la libertad.

Esos votantes no lo perdonan todo y menos cuando quienes han obtenido su confianza y deberían defender la ciudad y a la ciudadanía, permiten la colonización capitalista de las vidas y del territorio, convirtiéndonos en su negocio. Nuestro territorio, nuestras vidas, de todas y de todos.

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