Lo que debemos a los sindicalistas

La Confederación Sindical Internacional (CSI) acaba de dar a conocer su Indice Global de Derechos. Tras echarle un ojo, lo primero que destaca es que España no es de los peores países del planeta, aunque sí ocupa puestos de cola cuando nos comparamos exclusivamente con los países europeos. Estamos entre los países en los que se producen vulneraciones regulares y habituales de los derechos laborales.

Nada que ver con esos países como Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, Pakistán, Filipinas, o Zimbabwe, donde se han producido asesinatos de sindicalistas. Pero no todo es crimen organizado por los ricos y poderosos contra los sindicalistas. En el 85% de los países se vulnera el derecho de huelga. En cuatro de cada cinco no existe pleno derecho a la negociación colectiva. En 107 países se excluye a los trabajadores del derecho a crear sindicatos y en más del 70 % no pueden defender sus derechos ante la justicia.

La violencia contra los sindicalistas, incluidos crímenes y desapariciones, la prohibición de reunirse, realizar asambleas, plantear sus reivindicaciones, inscribir sindicatos, defender derechos ante los tribunales, son prácticas frecuentes en muchos países del planeta.

En el continente europeo, España se encuentra entre esos países como Rusia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Albania, o Reino Unido, en los que se producen frecuentes violaciones de los derechos laborales. Un nivel mejor que el de Rumanía, Bielorrusia, Ucrania, o Grecia, pero mucho peor que el de Francia, Alemania, Suecia, Irlanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Austria, Holanda, o Italia, entre otros.

El Indice Global de Derechos pone algunos ejemplos de lo que ocurre en nuestro país. Uno de ellos, la larga trayectoria de Amazon en vulneración de derechos laborales a sus trabajadores, que incluyen recortes salariales, abusos de trabajos en festivo, turnos de noche, sin obviar despidos de sindicalistas. La multinacional, según revela el informe, contrata despachos jurídicos bien relacionados con el poder para limitar los efectos de estas vulneraciones sistemáticas de derechos.

Otro de los ejemplos que hace referencia a nuestro país es el del tratamiento del derecho de huelga que, mediante la aplicación del Artículo 315.3 del Código Penal, hace posible la condena a numerosos años de cárcel por ejercitar el derecho de huelga, sin que gobierno alguno haya cambiado el contenido de una ley que bien pudiera ser equiparable a los más duros años del franquismo.

La construcción de sociedades democráticas no depende sólo del derecho a votar cada cierto tiempo para elegir a los políticos que han de gobernar durante un periodo de tiempo. La democracia no puede quedarse a las puertas de las empresas, o al margen de la vida cotidiana de la ciudadanía. Promover la participación es un deber constitucional de nuestros gobernantes. Nadie, ninguno de nuestros gobernantes,  debería olvidarlo.

Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en las calles, le gusta recordar a Nicolás Sartorius. La ultraderecha hubiera querido la continuidad del franquismo, con leves retoques, tal y como intentó hacer Arias Navarro avalado por una larga carrera política en los puestos más negros y duros de la dictadura.

Si el intento no fue posible se debió a las movilizaciones sindicales de las CCOO y las luchas vecinales en los barrios. Tras el asesinato de los Abogados de Atocha, el 24 de enero de 1977 y la impresionante demostración de serenidad, dolor, fuerza y capacidad organizativa durante su entierro, la legalización del PCE y de los sindicatos era ya inevitable y la democracia no tuvo vuelta atrás.

No hay democracia sin partidos políticos, es cierto. Pero eso no basta. No hay democracia sin sindicatos. No hay democracia, sin organizaciones vecinales y sociales, que vertebren las reivindicaciones de la ciudadanía. Conviene no olvidarlo. El poder, por sí mismo, dejado a su libre albedrío, tiende a convertirse en cruel, impune, corrupto. No importa quién lo detente.

Son las elecciones libres y la sociedad vertebrada y organizada las que garantizan que eso no ocurra y que gobernar un país, una empresa, un ayuntamiento, requiera de la escucha, la negociación y la búsqueda de acuerdos que establecen equilibrios de intereses distintos, diversos, plurales. Son los sindicatos y las organizaciones vecinales y sociales, los que trajeron la democracia y los que cada día defienden los derechos y libertades que la alimentan.

Nada es para siempre. Lo que conquistamos un día podemos perderlo, si no lo defendemos. También en nuestro país.

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