Bono social, un teléfono escacharrado

La luz bate cada semana, incluso varias veces por semana, su record histórico de precio. Las grandes empresas del sector energético y hasta algunos miembros del gobierno y de la oposición se afanan en explicarnos que hay razones muy potentes que explican esas subidas desproporcionadas y que no tiene que ver con sus beneficios.

Unas veces culpan a los impuestos, otras a los costes de los derechos de emisión de dióxido de carbono, al mix energético, las diversas formas de producir electricidad y otras veces, muy a la italiana, claman a los cuatro vientos “porco governo”. Saben que, pase lo que pase, es un argumento potente que siempre cala.

Eso de culpar a los políticos de nuestros males, ignorando que los políticos son tan sólo lo mejor y lo peor de nosotros mismos, reflejado en los espejos deformados del callejón del Gato. Nuestros vicios, corruptelas y corrupciones. Nunca hemos dejado de ser el esperpento soñado por Valle-Inclán bajo las luces de una noche de bohemia.

En cuanto a la oposición de derechas tienen claro que no se puede tocar al mercado, que hay que dejar que las empresas se regulen, o desregulen, o que hagan lo que tengan que hacer, lo que les dé la gana y, en todo caso, que estén contentas y ganen mucho dinero, porque si ganan mucho dinero, entonces crearán empleo.

Un razonamiento que hace aguas por todos los lados, el primero de ellos los paraísos fiscales en los que acaban esas altas ganancias y el segundo, que una economía especulativa no crea empleo, porque no es productiva, sino que lo destruye tarde o temprano.

En estas llegan los bienintencionados y nos cuentan que la solución es reducir el IVA hasta hacerlo desaparecer y de remate el bono social, ignorando que ese bono es lo más parecido al teléfono escacharrado. Lo sabe cualquier hija, o hijo, que haya tenido que esforzarse en superar las trabas burocráticas, los papeleos, las renovaciones, para intentar que sus padres mayores terminen accediendo al bono social, para terminar quedando fuera de la prestación, pese a sus bajas rentas.

Fue Rodríguez Zapatero el que a mediados de 2009 puso en marcha el bono social eléctrico para que las familias con problemas económicos pudieran conseguir un descuento de hasta el 25% en la factura eléctrica. Así, de golpe, hasta alcanzar más tres millones de beneficiarios en 2010.

Luego llegaron los gobiernos del PP y, desde entonces, los tres millones se han transformado en poco más de un millón. Estas cosas ya sabemos cómo se consiguen. Una buena decisión política termina convertida en pura filfa a base de cuantiosos requisitos, complejos, incomprensibles y que, además, hay que renovar cada poco tiempo.

En estas circunstancias cunde el desánimo hasta el punto de que muchas familias vulnerables renuncian a emprender el arduo camino. Si aún así sigue habiendo muchos perceptores siempre existe la solución de establecer nuevas y más confusas condiciones, que cambian cada dos por tres.

Es cierto que con las improvisaciones del primer momento se colaron entre los beneficiarios muchos propietarios de segundas residencias. Parecía lógico eliminar estos bonos sociales mayoritariamente viviendas en la playa, o locales pequeños, y así se hizo. Así se depuraron casi 600.000 clientes que se beneficiaron de la ayuda durante algún tiempo.

La crisis económica no produjo un aumento desproporcionado de beneficiarios, ni siquiera con el aumento del desempleo, o con la aparición del coronavirus. Es a partir de 2017 cuando los cambios en las disposiciones legales y se crean las figuras de los consumidores vulnerables y de los vulnerables severos.

Una legislación que, por otro lado, es mucho más dura, lo cual contribuyó a expulsar a más de millón y medio de beneficiarios. Para ponerlo aún más difícil la persecución del fraude (en este país el fraude del menudeo es prolijo, mientras la gran evasión está bien viosta), obliga a los beneficiarios a renovar el bono periódicamente, volviendo a presentar papeles que, en muchos casos obran ya en poder de las administraciones públicas.

No presentar esos papeles supone perder la ayuda, lo cual le termina ocurriendo a muchas personas. Quienes no tienen obligación de presentar sus justificantes de rentas crecen en la proporción de perceptores, mientras que otros, como las familias más vulnerables, han bajado en su porcentaje, porque tienen que demostrar su situación.

Basta pensar que si en España hay cerca de 6 millones de personas en situación de pobreza severa no es explicable que el bono social llegue a poco más de 1 millón. Como no es explicable que con más de 3 millones de pensionistas con pensiones mínimas, o con necesidades especiales derivadas de sus rentas y de su situación personal de incapacidad permanente, sólo poco más de 150.000 pensionistas perciban el bono social.

Son los sindicatos, las organizaciones de pensionistas, o vecinales, los que tienen que reivindicar soluciones, pero son las fuerzas políticas las que tienen que tomar conciencia de que no basta enunciar, poner nombre rimbombante a algunas soluciones, porque necesitamos que esas soluciones sean accesibles realmente y hoy el bono social, en cuanto a accesibilidad, deja mucho que desear.

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