La energía devora nuestros salarios

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC-CES) ha publicado un informe elaborado por el Instituto Sindical Europeo (ITUC) en el que analiza la incidencia de los precios de la energía sobre nuestros salarios, contemplando las diferencias entre los países de la Unión Europea.

La primera conclusión es que en todos los países europeos el pago de la factura anual de la energía en las familias supone el desembolso de entre 30 y 65 días hábiles de salario mínimo bruto. En Francia supone 30 días, es el valor más bajo y en República Checa 65. En España 38 días hábiles.

La factura eléctrica ha subido un 38% hasta julio, a lo largo del último año, con el agravante de que los precios siguen subiendo sin control. Hace un año los trabajadores de 8 países tenían que reservar al menos un mes de salario para pagar el coste de su gasto energético. Hoy ya son 16 los países en los que hay que dedicar al menos un mes para pagar ese coste.

Ante esta situación es cada vez más incomprensible que haya sectores empresariales que se niegan sistemáticamente a incrementos salariales que mantengan, cuando menos, el poder adquisitivo perdido por una inflación desbocada. Una situación aún más lacerante cuando comprobamos que la productividad aumenta y los beneficios empresariales también lo hacen.

Hay quienes se han empecinado en que cualquier medida que contribuya a controlar beneficios empresariales y precios claramente especulativos supone atentar contra la libertad de mercado, cuando cualquiera en su sano juicio sabe que tan sólo a través del establecimiento de medidas reguladoras del mercado podremos contener la avaricia y la destrucción social y de la naturaleza.

Establecer topes a los precios de la energía, e impuestos a las ganancias extraordinarias empresariales son medidas absolutamente justificadas que van mucho más allá de las posiciones políticas de cada partido. Es más, son medidas que no parecen extrañas en otros países que tienen al frente a  gobiernos conservadores.

Es necesario combinar estas medidas con aquellas otras destinadas a ayudar a las familias que no pueden pagar los costes de la energía, impidiendo que se pueda cortar el suministro energético en momentos extremos como los que estamos viviendo, con olas de calor y de frío cada vez más frecuentes  y duras.

En cualquier caso seguiremos empantanados en un círculo vicioso, en un bucle sin salida, mientras seamos incapaces de entender que convertir todo en negocio, por la vía de las privatizaciones, no es solución alguna, sino todo lo contrario. Mientras no comprendamos que hay que sustituir un modelo de consumo desaforado e infinito por otro modelo de austeridad y consumo racional.

Los altos ejecutivos de las empresas energéticas ven crecer sus sueldos y los grandes accionistas asisten a un enriquecimiento acelerado, al tiempo que millones de trabajadoras y trabajadores europeos no pueden pagar sus facturas energéticas, o sufren cada vez mayores dificultades para poder hacerlo.

Se acerca el invierno. Tras un verano especialmente caluroso puede que tengamos que enfrentar situaciones climáticas inesperadas y duras. Por ello, parece cada vez más necesario que eso que llamamos clase política y el conjunto de las organizaciones sociales coincidamos en que ante una situación extraordinaria como la que vivimos, debemos acabar con la inmoralidad entendida como algo natural y normal.

Nos encontramos en el momento de impulsar aumentos salariales justos. Es tiempo de establecer topes, controlar y limitar los precios de la energía. Resulta hipócrita negarse a gravar los beneficios excesivos. Nadie podrá entender que se produzcan muertes o enfermedades en los hogares más pobres, a causa de la incapacidad de afrontar los brutales efectos de unos precios energéticos desbocados.

O se negocian estas medidas, o los sindicatos europeos se verán abocados a movilizaciones cada vez más intensas. Los componentes energéticos de la crisis en la que nos hemos metido hacen necesario que las propuestas del sindicalismo europeo no caigan en saco roto, para que en cada país sean difundidas, negociadas y formen parte de los objetivos de los trabajadores y las trabajadoras.

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