Hace dos años los titulares de los medios de comunicación anunciaban que el Gobierno español preparaba de forma inminente la llegada al Consejo de Ministros de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras su paso por el Consejo de Ministros la Ley pasaría al Congreso de los Diputados para su tramitación, debate y aprobación.
Nadie en su sano juicio puede negar que nuestro país vive una crisis habitacional marcada por los desajustes evidentes en el acceso a la vivienda. Demasiados años, siglos ya, en los que la construcción de vivienda, la manipulación de los desarrollos urbanísticos para favorecer los cambios de calificación de los suelos, han hecho que el ladrillazo especulativo sea un motor innegable de la economía española.
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