Del Instituto Escuela a Isabel la Católica

noviembre 18, 2018

Vivimos en un país en el que sigue imperando el sentido trágico de la vida. Campa a sus anchas el instinto sangriento de la fiesta, mientras escasea el tacto y buen gusto para el espectáculo. Tal vez en cosas así, resida nuestra facilidad innata para pasar las páginas de nuestra historia, sin haberlas leído y aún a costa de repetirla.

Cualquier país celebraría con orgullo, algunos acontecimientos como el centenario de la fundación del Instituto-Escuela. La memoria de un tiempo en el que un puñado de iluminados intentó la modernización de España, haciendo frente a los males seculares que la atenazaban. Unos males que se resumían en unas cuantas cuestiones: la cuestión religiosa, la imperial, la social, la militar, sin olvidar, otras como la cuestión agraria.

Aquellos visionarios se aglutinaron en torno a la figura de Francisco Giner de los Ríos, un catedrático expulsado de la universidad, por solidarizarse con otros catedráticos como Nicolás Salmerón, depurados por un ministro de educación, cuyo nombre no merece emborronar estas páginas, en pié de guerra isabelina contra la libertad de cátedra.

De nada sirvió el subsiguiente Sexenio Democrático, o Revolucionario, (al gusto del lector lo dejo) con su Revolución Gloriosa del 68 y su Primera República de bandera rojigualda. Al final volvieron nuevas generaciones de Borbones, idénticos gobiernos conservadores y el mismo ministro de educación, con sus mismas obsesiones contra la libertad de cátedra y sus mismas depuraciones universitarias de los mismos catedráticos. Venga pasar páginas, para volver siempre al principio.

Creían aquellos soñadores de utopías que la educación podría abrir las puertas de las grandes transformaciones, crear un proceso imparable que nos condujera hacia Europa. Se lanzaron  a una actividad frenética. Fundaron la Institución Libre de Enseñanza y, en torno a ella, crearon el Museo Pedagógico Nacional, dirigido por Bartolomé Cossío y Lorenzo Luzuriaga; la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, al frente de la cual situaron a Santiago Ramón y Cajal; la Residencia de Estudiantes con Alberto Jiménez Faud; la Residencia de Señoritas dirigida por María de Maeztu; el Centro de Estudios Históricos, al frente del cual colocan a Menéndez Pidal y a Américo Castro, o el Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales, en torno al cual se aglutinaban el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y, en algún momento hasta las estaciones marinas de Santander, o Baleares.

Murió Giner y el impulso creador siguió adelante, con las Misiones Pedagógicas, las Colonias Escolares. En 1918, bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal, la Junta de Ampliación de Estudios, en su empeño de modernizar la enseñanza secundaria, crea el Instituto Escuela, que tendrá dos secciones. Una en pabellones de la Residencia de Estudiantes, donde luego estará el Instituto Ramiro de Maeztu y otra junto a las tapias del Retiro, en lo que, durante el franquismo, será renombrado como Instituto Femenino Isabel la Católica.

Para empezar, encargaron el proyecto del edificio a un arquitecto experimentado en construcciones escolares, el sevillano Francisco Javier Luque y López, de cuya mano salieron también los planos de la Catedral de María Inmaculada de Vitoria, donde vivió unos años, del Colegio de Jesús y María, el Instituto Geológico y Minero, la Residencia de Estudiantes, la culminación de la fachada de la Catedral de Sevilla, o la culminación del edificio del propio Ministerio de Educación, cuyo primer desarrollo planificó Velázquez Bosco.

En 1928 se inauguraba el edificio del Retiro. Hagamos el ejercicio de imaginar lo que significaba para los institucionistas modernizar la enseñanza española, comenzando por promover una educación participativa que fomentaba la iniciativa, la experimentación y la cooperación. Imaginarlos paseando por el Retiro, sentados junto al Palacio de Cristal, admirando el Observatorio Astronómico, leyendo libros en su bien nutrida biblioteca, manejando tubos de ensayo en el laboratorio, saliendo de excursión al campo, haciendo deporte, o representando obras teatrales.

De allí salieron los maestros y maestras que se dispersaron por España haciendo esas mismas cosas, que viajaron al extranjero para aprender qué se cocía por otros mundos. En sus aulas se forjaron quienes luego investigarían,  proyectarían edificios, colegios, universidades; representarían obras teatrales en La Barraca de García Lorca, escribirían poesía, novelas. Preocupados por vivir, ser buenos, los mejores, en lo suyo, servir a su pueblo, ser libres y no por enriquecerse. Pocas veces ha visto este país un esfuerzo tan impresionante como el desplegado por este puñado de mujeres y hombres, que amaban a su tierra y a sus gentes, como pocas personas lo han hecho.

Desde allí partieron a una guerra que, cualquiera que fuera su bando, sabían perdida. Y lo pagaron, todas, todos, con un exilio exterior que recuerda María Teresa León, Nosotros hemos ido perdiendo siempre nuestras eternidades, dejándolas atrás a lo largo de nuestra vida. Un destino no menos trágico que el de quienes, en el exilio interior, conservaron la eternidad de los cementerios y las fosas comunes.

La Residencia de Estudiantes, el Instituto Isabel La Católica, siguen ahí. Conservan una parte importante de lo que un día fueron. Una exposición, un documental y un puñado de necesarios actos, que se han organizado con motivo del Centenario del Instituto-Escuela, deberían ser parte de un reconocimiento mucho más amplio de toda la sociedad, a quienes un día nos quisieron libres, iguales, decentes y pensaron que en la cultura y la educación teníamos una oportunidad para reconstruir nuestros comienzos.

Anuncios

Desajustes en las competencias

noviembre 18, 2018

Existe una preocupación recurrente en algún sector del empresariado y entre algunos responsables políticos, sobre la falta de correspondencia entre las cualificaciones disponibles y las necesidades para cubrir puestos de trabajo. Eso que llaman el desajuste de competencias.

Reclaman insistentemente que el sistema educativo provea de personas cualificadas para ocupar los puestos de trabajo ofertados por las empresas. Esta demanda es desproporcionada. El sentido común indica que es imposible que el sistema educativo cumpla esa función, entre otras cosas porque no es su papel.

El sistema educativo puede aportar personas que sepan leer, no sólo un libro, sino interpretar sus propias vidas, ubicar su lugar en el mundo, en la sociedad, en su desarrollo profesional, ejercitar sus derechos, asumir sus responsabilidades. Personas creativas, con las habilidades necesarias para convivir, comunicarse, ganarse honradamente la vida, vivir. Cosas así puede hacer la educación.

La educación es un derecho de cada persona, a lo largo de toda la vida y una necesidad para la sociedad y, en consecuencia, para la economía y las empresas. Eso es lo que podemos pedir a la educación. Luego están la Formación Profesional, la Formación universitaria, la Formación para el Empleo, que tienen como misión que la persona adquiera determinadas habilidades, las actualice, o se recicle para adquirir otras nuevas.

Pero volvamos a la preocupación de unos pocos empresarios y de algunos políticos: el desajuste de las cualificaciones. Para empezar, la mayor parte de las veces eso del desajuste se restringe a unas cuantas profesiones que exigen una cualificación superior para ser desempeñadas. Principalmente profesionales de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), profesionales sanitarios, docentes y quienes desempeñan trabajos vinculados a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM), que se encuentran muy demandados.

Si en lugar de en España, nos encontrásemos en uno de esos países que figuran a la cabeza de Europa, tendríamos que incluir aquí a quienes dedican su vida a la Investigación, el desarrollo y la innovación, por más que en nuestra estepa sean tratados como parias de la tierra.

Hay, ciertamente, otros trabajos que exigen cualificaciones de tipo medio, que también  encuentran problemas para ser cubiertos. No es fácil encontrar buenos cocineros, soldadores, conductores de camiones, por poner algunos ejemplos. Esta situación convive con el exceso de personas cualificadas para desempeñar trabajos que tienen poca demanda y que terminan trabajando en profesiones que no requieren una cualificación tan alta.

Con todo, la realidad de cada país es muy diferente, lo cual hace que los desajustes no se produzcan en los mismos sectores. Recordemos cuando Gran Bretaña reclamaba profesionales sanitarios. No pocos jóvenes españoles emprendieron viaje a Londres por aquellos días. Un déficit que se repite en zonas rurales de otros muchos países. En otros casos necesitan profesionales de la judicatura, como Francia, o arquitectos especializados en construcción ecológica, como en Italia.

Entender la causa de estos desajustes, que suponen una pérdida de la inversión realizada en formación, es esencial en cualquier país. Por ejemplo, son muchos los sectores productivos que reclaman profesionales formados en CTIM, desde ingenierías, o construcción ecológica, a los fabricantes de vehículos eléctricos, o sectores con altos niveles de digitalización.

El problema es que estos profesionales tardan en formarse, en carreras intensas, que exigen altas notas para el ingreso y que cuentan con elevados niveles de fracaso. A todo lo cual tenemos que añadir que los mejores terminan emigrando y formando parte de la fuga de cerebros. Los que se quedan, acaban desanimados porque se les exige ser buenos profesionales en lo suyo y además ser buenos comunicadores, gestores, administradores, jefes de equipo y manejar varios idiomas. Eso, cuando no se les propone trabajar en plataformas externalizadas, como autónomos y por cuatro perras.

Los responsables empresariales no pueden exigir al sistema educativo que mantenga actualizados los conocimientos de estos profesionales, porque los acelerados avances tecnológicos lo hacen imposible. Se generan continuamente nuevas necesidades de cualificación, mientras que otras se van quedando desfasadas.

Para abordar, por tanto, el problema de la falta de personas cualificadas creo que hay que actuar en varios niveles. Por supuesto en el nivel educativo y formativo inicial, pero también en la cualificación permanente de quienes se encuentran trabajando,  en desempleo, o se plantean mejorar su formación para encontrar nuevas oportunidades laborales.

Pero, además, si queremos retener sus conocimientos y evitar su fuga, tendremos inevitablemente que animar a estudiar estas carreras, ofreciendo luego condiciones de empleo dignas y evitando su precariedad, los bajos salarios, cuando no el empobrecimiento de estos profesionales.

Junto a todo ello, la evaluación permanente de las necesidades nuevas, con participación de las empresas y los trabajadores, observar los desajustes que se producen y mejorar la flexibilidad en los procesos de formación, pueden permitir una mejor utilización de los recursos y una mayor capacidad de solucionar los problemas de cualificación que se vayan presentando.


Patriotismo de la cohesión

noviembre 18, 2018

El pasado mes de octubre hemos celebrado el Día del Trabajo Decente (7 de octubre) y el dedicado a la Erradicación de la Pobreza en el Mundo (el 17-O). La virtud de estos días mundiales, o internacionales, es que durante un día del año, las noticias, los eventos, los informes, ayudan a centrar la atención de mucha gente sobre un problema.

El inconveniente es que podemos perder la cuenta de los días y pasar de uno a otro sin solución de continuidad. Por ejemplo, el 16 de octubre se conmemora el Día de la Alimentación, el mismo 17 también el Día del Dolor y el 18 el Día de la Menopausia. No cabe duda de que cada día tiene su afán y que todos requieren atención. Nos acostumbramos a ello y nos habituamos a pensar o hacer algo que tenga que ver con cada día en cuestión. Mañana será otro día.

Por eso, para romper la monotonía de un día tras otro, para no aclimatarnos en exceso, me atrevo a volver al Día de la Pobreza, porque para muchas personas y familias, es todos y cada uno de los días. Pongamos un ejemplo, Madrid pasa por ser la región más rica de España. Nuestro Producto Interior Bruto per cápita se encuentra un 35% por encima del nacional. Por detrás de nosotros, comunidades como País Vasco, Navarra y Cataluña.

Y, sin embargo, en este capitalino, orondo y boyante, Madrid musulmán y comunero, de los Austrias y los Borbones, Republicano y obrero, franquista y democrático, una da cada cinco personas vive por debajo del umbral de la Pobreza, según un Informe recientemente presentado por CCOO de Madrid, titulado Marcadores de Pobreza, riesgo social y desigualdad en la población madrileña.

Muy desencaminado no debe andar el Informe cuando, inmediatamente, el Presidente del Gobierno Regional, en vivo y en directo, ha salido a contestar y matizar los datos. Pero los datos son tozudos. Ser pobre en Madrid significa vivir con menos de 8.522 euros al año en hogares de una persona y 17.896 euros para familias de 2 adultos y 2 niños. Así lo considera la Unión Europea, cuando fija el umbral de la pobreza por debajo del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo.

La crisis ha golpeado duramente a la Región. Desde que comenzó, allá por 2008, cuando el responsable empresarial madrileño del momento decía que nuestra economía iba como un tiro, la pobreza en Madrid ha pasado del 16% al 20´6%, alcanzando picos del 21´7% en 2016.

Por muy ricos que nos creamos, casi 1´4 millones de personas viven en Madrid en situación de pobreza. 350.000 personas viven en situación de pobreza severa y 300.000 niños y niñas son pobres. Por muy ricos que quieran vendernos que somos, la pobreza y la desigualdad se enquistan y amenazan con convertirse en parte de la estructura social y económica de nuestro Madrid.

La crisis se ha cebado en las familias. Hogares con todos sus miembros en paro, o con muy baja intensidad de trabajo. Un tercio de las familias no pueden acometer gastos imprevistos y casi la mitad llega con muchas dificultades a fin de mes. Familias que no pueden comer carne, pollo, o pescado cada dos días. O las que tienen que pasar frío, porque no pueden pagar los precios de la energía. Aquellas que reducen o suprimen las vacaciones. Datos preocupantes, incontestables, que aparecen en el informe y que no pueden dejar indiferente a nadie.

Los riesgos de pobreza de una familia se incrementan hasta el 52% cuando una sola persona tiene que hacerse cargo de los hijos e hijas. Mientras tanto, nuestros gobernantes regionales se llenan la boca con el derecho a la vida y la protección a la familia. Otras regiones menos ricas, mientras tanto, presentan tasas de pobreza inferiores y menos riesgos de pobreza para las familias.

La democracia y el desarrollo de los derechos constitucionales, a lo largo de estos cuarenta años, nos han permitido ir estableciendo redes de protección, asentadas en derechos reconocidos por ley. La protección por desempleo, la Seguridad Social que garantiza el sistema de pensiones y las Pensiones No Contributivas (PNC), para quienes no reúnen los requisitos de contribución que permiten acceder a una pensión del sistema de Seguridad Social.

La sanidad pública universal y gratuita, la educación pública, obligatoria y gratuita en los niveles obligatorios, las Rentas Mínimas con diferentes tratamientos autonómicos, una red de servicios sociales muy importante, o la Ley de Atención a las situaciones de Dependencia. Y. sin embargo, la pobreza persiste y las desigualdades aumentan.

La única explicación que se me ocurre es que estos instrumentos, que han costado muchas reivindicaciones y hasta huelgas generales y que no han sido nunca regalos, se ven acosadas por los intereses privados, han nacido sin los recursos suficientes para garantizar la efectividad de los derechos, o han sido las primeras víctimas de los recortes neoliberales que intentaron ser justificados por la crisis económica.

Un motivo más para que la salida de la crisis tenga que notarse de inmediato en la reducción de las tasas de pobreza y de la desigualdad. Esa debería ser la tarea prioritaria a la que deberían aplicarse los gobiernos y los partidos de la oposición, buscando el consenso necesario para que la cohesión y la redistribución justa de la riqueza sustenten una convivencia libre y democrática. Ese es el auténtico patriotismo, el más heroico de los himnos y la mejor de las banderas.


Papeles errantes, papeles urgentes

noviembre 4, 2018

Recientemente falleció la madre de un buen amigo. Tal vez el mejor amigo que tengo. Una mujer, viuda, de 94 años de edad, que vivía sola hasta el momento en que cayó gravemente enferma. Una de esas señoras que, cuando mueren, dejan a las comunidades de vecinos y los viejos barrios del Sur sin una de esas presencias que hilvanaba el tejido de relaciones que sustentan toda convivencia vecinal.

Me cuenta mi amigo que, en los últimos meses, andaba  cada vez más débil y enferma. Tuvo que ser hospitalizada. Por eso, intentando anticiparse a los avatares que se pudieran desencadenar, acudió a ver a su trabajadora social, en el Ayuntamiento. Fue ella la que le pidió los papeles necesarios para iniciar el trámite de revisión de la situación de Dependencia ante la Comunidad Autónoma, avisándole de que no son cosas que se resuelvan en un día, ni en dos, ni en meses.

Cuando mi amigo pidió, por primera vez, el reconocimiento de la situación de dependencia para su madre, que ya andaba en el entorno de los 90 años, la mujer había sufrido varios internamientos hospitalarios por enfermedades que no pueden considerarse menores. Tras los meses correspondientes de papeleos y tramitaciones administrativas, le fue reconocido el más ínfimo, menor y más bajo de los grados de dependencia, al que han dado en llamar Grado I. El resultado inmediato es que la ayuda a domicilio que recibía del Ayuntamiento, le fue reducida por la Comunidad. En total pasó de seis horas a cuatro horas y media a la semana.

Por lo demás, su tránsito por la dependencia, terminó siendo similar al de otras muchas mujeres en parecida situación. Auxiliares de ayuda a domicilio que venían a su casa, la sacaban a pasear, hacían algo de compra, barrían o fregaban, según el día. En pocos años conoció a bastantes de estas trabajadoras, porque cambiaban de destino, no las renovaban el contrato, o ganaba el concurso otra contrata. Parece ser que alguna vez la llamó la coordinadora, también de turno rotatorio y hasta acudió a verla. En ocasiones la llamaban desde el servicio de teleasistencia.

Falleció, al cabo de tres meses, la madre de mi mejor amigo sin ver resuelto el nuevo expediente de revisión de la situación de dependencia. Tal vez era mucho pedir que en tan poco tiempo, medido en términos administrativos, quedara solventada una tramitación que para muchas familias se cuenta por semestres y hasta por años. No tiene mi amigo nada que objetar, muy al contrario, al trato humano que recibió, ni con la calidad humana de las personas que la atendieron. Ni en la medicina, ni en la enfermería (ya fuera en atención primaria, hospitalaria, o residencial), ni en el trabajo social, ni en la ayuda a domicilio, ni en las voces siempre amables de la teleasistencia.

La mujer era  además tan discreta que, probablemente no le hubiera gustado que nadie  hablase de ella. Era de esas personas que a lo largo de su vida, piden lo que necesitan y aceptan lo que les dan, sin exigencias, sin reproches, sin que una mano sepa lo que la otra ha hecho. En silencio, sin presumir de sus logros, ni lloriquear sus derrotas. Afrontando de frente la ruina desencadenada, cuando ésta llega.

Sin embargo, acaba mi amigo de recibir una carta inesperada, más bien un oficio, sin que hayan transcurrido ni dos meses desde la fecha del fallecimiento de su madre, en la que se le comunica que, Se notifica Resolución (…) del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, por la que se declara concluso el procedimiento de revisión de la situación de dependencia iniciado por (…), por fallecimiento del titular, circunstancia que determina la imposibilidad material de continuarlo, y archivar las actuaciones practicadas en dicho expediente. Así, a palo seco, sin un Hola, un Estimado Señor, Querido ciudadano de a pié, ni fórmula alguna de saludo.

A continuación otro párrafo dedicado a informar sobre las posibilidades de interponer recurso administrativo ante el organismo correspondiente, en el plazo determinado, de conformidad con tales y cuales disposiciones legales, o cualquier otro recurso que considere oportuno. Aunque el escrito viene firmado digitalmente por la Jefatura de Servicio competente, tampoco hay fórmula alguna de despedida, ni mucho menos de condolencia, o pésame. Un frío oficio administrativo es cuanto puedes esperar en el momento de la muerte, tras soportar largas esperas en los momentos de la vida.

Pido permiso a mi amigo para contar estas cosas en un artículo. Comento cuanto he descrito con un jubilado conocido, que ha dedicado su vida a la Seguridad Social, a la atención sanitaria, a las Mutuas de Accidentes en el Trabajo y que participó, hace ya años, en la elaboración del Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección de las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, que no hace mucho ha cumplido su décimo aniversario.

Coincidimos en que la buena voluntad que marcó las negociaciones para hacer posible este nuevo derecho social, que pretendía equipararnos con Europa y que queda reflejada en el propio título de la Ley, ha tenido un desarrollo desigual, insuficiente y ha dejado un poso de amargura. Ni los recursos han sido suficientes, ni el personal ha sido el necesario, ni la coordinación entre Ministerios competentes y entre éstos y las Comunidades autónomas y Ayuntamientos, ha sido la indispensable. La larga crisis hizo el resto, convirtiendo la Ley de Dependencia en una declaración de buenas intenciones, sin los recursos necesarios.

Para las personas mayores y dependientes, la protección, la suficiencia económica y la autonomía personal, pasan por unas pensiones dignas y ayudas para poder atender sus necesidades, pero también es necesario desarrollar la protección social necesaria para continuar viviendo en su entorno, mientras puedan y para contar con otros dispositivos públicos que aseguren la calidad de sus vidas hasta el momento de la muerte.

No es caridad, beneficencia, auxilio social, misericordia, lo que necesitan. Es el reconocimiento del derecho a la vida digna hasta el mismo momento de la muerte.


Todo lo que puede empeorar

noviembre 4, 2018

Recuerdo la hilaridad que despertaba en algunos contertulios, la propuesta de la Ministra de Vivienda del Gobierno Zapatero, allá por el año 2005, de construir pisos de protección oficial de 25, o 30 metros cuadrados, para solucionar los problemas de vivienda de nuestra juventud.

Se ve que los responsables ministeriales se habían dado una vuelta por Europa y traían en la mochila la idea de construir viviendas modulares para jóvenes, ampliables al piso de al lado, si las circunstancias familiares cambiaban. Edificaciones con espacios comunes para lavandería, salas de usos múltiples y actividades comunes, portería… hasta espacios deportivos, o piscina comunitaria, podrían añadirse a los proyectos.

La Ministra, Trujillo se apellidaba, su nombre María Antonia, llegó a firmar un convenio con el ITEC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), con el fin de realizar un estudio sobre tipologías, características y requisitos de habitabilidad de estas casas protegidas.

La hilaridad con la que fue recibida la propuesta se completó cuando la Ministra se embarcó en otra idea aún más atrevida. Regalar unas zapatillas kelifinder para ayudar a nuestra juventud a patease las calles en busca de vivienda, Si la encontraban, podían acceder luego a algún tipo de ayuda para alcanzar su sueño.

Todo aquello nos parecía un poco desatinado, cuando menos, en aquellos momentos. Hasta que se desencadenó la crisis, con sus recortes y sus retrocesos sociales. Una crisis que convirtió la precariedad en entorno y paisaje estructural de nuestras vidas.

Ahora, una docena de años después, se nos presentan, como gran avance hacia la modernidad, los alojamientos colmena, las viviendas burbuja, los smart-zulos, las casas ataúd, las mini-houses. Soluciones de cubículo, habitáculo y covachuela, inspiradas en las habitaciones cápsula que tan acostumbrados estamos a ver en los documentales sobre hoteles japoneses.

Innovadoras empresas pretenden ofrecer, en nuestras grandes ciudades, antros, cuartuchos y cuchitriles de 2 metros de largo, por 120  centímetros de ancho y otros 120 de alto. No como alojamiento provisional, turístico, de paso, sino como residencia permanente para nuestros jóvenes. Eso sí, con derecho a un inestable somier elevable, para poder guardar maletas, ropa y enseres, ínfima mesa plegable, estantería exigua, un enchufe y un cargador USB, además de una cabecera-almacén.

Habrá espacios comunes de desahogo, para calentar comida, aseo personal y unas estrictas normas de convivencia que, al parecer, incorporan el control de ruidos y llamadas telefónicas molestas, la prohibición del consumo de sustancias ilegales, o el préstamo a amigos y familiares.

Alquileres baratos para personas con pocos recursos que quieran disponer de un chiscón, desván, almacén, garito, o leonera, donde aguardar en precario, siempre en precario, el momento de la muerte. El Ayuntamiento de Barcelona ha negado las licencias, por razones de habitabilidad e incumplimiento de la normativa, pero estas empresas cuentan con inversores poderosos y potentes abogados. El tiempo dirá.

Con todo, lo más alarmante es que, si en 12 años hemos pasado de “soluciones habitacionales” de 30 metros cuadrados a poco más de dos metros cuadrados y de rodillas, ¿qué terminaremos ofreciendo a nuestra juventud en 2030? Todo lo que puede empeorar, termina empeorando y ya sólo nos queda poner a trabajar a nuestros arquitectos de futuro en proyectos de cuartos-sarcófago, o féretros de diseño, desde donde nuestros precarizados y empobrecidos jóvenes, puedan asomar la cabeza y respirar la inmensa paz de esos grandes y bernanianos cementerios bajo la luna.


7 Octubre, Trabajo Decente: Cambiar las reglas

octubre 18, 2018

En el año 2008 la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC) convocó la Primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMDT). La convocatoria partía de la convicción de que no puede existir una vida decente si el trabajo no lo es también. Una certeza que ha conseguido unir a las organizaciones de trabajadores, sociales, religiosas, culturales, en torno al 7 de octubre de cada año.

Fue hace casi veinte años, cuando el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que forman parte organizaciones empresariales, sindicales y representantes de los gobiernos, presentó una primera Memoria sobre el Trabajo Decente, en la que acuñó el término.

El concepto de Trabajo Decente hace referencia al trabajo que ofrece oportunidades para que las personas puedan ganarse la vida, tener un salario digno, realizar una actividad productiva en condiciones de libertad, seguridad, respeto a la dignidad humana y con derechos laborales y sociales.

Tenemos derecho al trabajo, a las oportunidades de empleo, a la protección social, a negociar nuestras condiciones laborales en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. Sin ello no será posible acabar con la pobreza, no podremos asegurar que las personas alcanzan un desarrollo integral, no tendremos una sociedad cohesionada en torno a valores como la libertad y la igualdad.

Cada año, en más de 100 países del mundo, se reivindican las conquistas sindicales y un desarrollo que distribuya las rentas y que no beneficie exclusivamente a los privilegiados. Se reclama el fortalecimiento de los derechos y libertades democráticas, junto al reconocimiento de cuantas personas han dedicado su vida a este esfuerzo de mejorar la vida de todas y todos.

Este año la JMTD se ha marcado un objetivo, un lema global: Cambiar las reglas. Vivimos en un mundo en el que el 65% de los países excluyen a los trabajadores de la legislación laboral, el 85% vulnera el derecho de huelga, en cuatro de cada cinco países se deniega el derecho a la negociación colectiva, total o parcialmente y son muchos los lugares del planeta en los que se limita la libertad de expresión y reunión de los trabajadores, se ven sometidos a amenazas, violencia, detenciones, encarcelamiento, o son asesinados impunemente.

Por eso hay que cambiar las reglas. Reglas que fomentan el desorden, que favorece los intereses de los poderosos, mientras actúan sistemáticamente en contra de los trabajadores y trabajadoras. Reglas que aumentan la desigualdad y producen inseguridad, debilitan la libertad y el propio sistema democrático. Abusos como los de Coca-Cola, Amazon, o Ryanair, desbordan las fronteras de un solo país, imponiendo sus designios y sus normas a los gobiernos nacionales, para preservar su inmenso negocio.

Varias son las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro, en el conjunto del planeta. El poder ilimitado de las corporaciones económicas, la reducción de los espacios democráticos en los que podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro, la incapacidad, cuando no el desinterés, de los gobiernos para corregir la situación aplicando legislaciones que refuercen los derechos y la igualdad.

Y, sin embargo, no todo está perdido. Frente a los retrocesos, los recortes y la aceptación de la lógica perversa de un mundo en acelerado retroceso, algunos países han demostrado que se pueden introducir medidas para reducir la brecha salarial de género, dignificar el trabajo de quienes prestan servicios a las personas, proteger contra la violencia de género, recuperar derechos sociales.

Algunos gobiernos han demostrado que se puede dirigir, gobernar, hacer política, escuchando a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Las reglas, las normas, las leyes, pueden ser elaboradas y aprobadas pensando en la vida de las personas, en lugar de poner la vida al servicio de los grandes intereses empresariales. El 7 de Octubre saldremos a las calles para cambiar las reglas, que es otra manera de decir, para darle la vuelta a la tortilla.


Tarifazos

septiembre 30, 2018

Llevamos un mesecito en el que día sí, día también, alguien anuncia que vamos a pagar máximos históricos por el precio de la luz. Me llaman desde TeleSur en Ecuador, para pedirme opinión sobre estas noticias que siembran alarma y confusión también más allá del océano. Les dirijo hacia quien puede darles una opinión más cualificada que la mía. Doctores tiene la iglesia que puedan explicar qué está pasando en esta España con los precios de la luz.

Unas veces nos explican que la justificación se encuentra en los costes que tiene para las eléctricas la emisión de CO2 en las centrales térmicas. Otras veces la culpa la tiene la subida de los precios  del gas, el petróleo, o el carbón. Hasta alguien acusa al agua de contribuir a la subida de los precios de la electricidad, en función de una cosa que llaman “coste de oportunidad”. Y eso que, este año, no ha sido particularmente seco.

En este país las eléctricas se apañan para justificar subidas de los precios de la energía, hasta recurriendo a la mala gestión de las energías renovables, que termina por encarecer los costes finales. He leído a  quien pretende demostrar que, cuanta menos inversión en renovables, menos coste final de la electricidad.

Para terminar de arreglarlo, hay que sumar el impuesto del 7 por ciento sobre la producción de energía, que acabamos pagando los consumidores, o los sobrecostes artificiales que introduce el sistema de fijación de precios, según el cual pagamos toda la electricidad al importe más alto que se haya pagado ese día. Las eléctricas nunca pierden. El Estado tampoco.

No es extraño que España, sin tener el mayor PIB de Europa, ni los salarios más altos, encabece los precios de la electricidad en la UE. Si tomamos en cuenta los impuestos, nuestro país se sitúa tan sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica, o Irlanda. Sin embargo, antes de impuestos, nuestro país se encarama a la primera posición.

Si no se quieren tocar los ingresos del Estado vía impuestos, ni se quiere racionalizar el sistema de fijación de precios, perjudicando los ingresos de las grandes y todopoderosas eléctricas, sólo cabe incrementar la publicidad y la propaganda. A ello se han lanzado con una campaña de difusión del bono social eléctrico. Un bono que podría haber beneficiado a 5´5 millones de familias, pero que sólo ha sido solicitado por algo más de 600.000 y que han terminado disfrutando poco más de 300.000. Incluso muchas personas que venían disfrutando del anterior formato de bono social, se han perdido por el camino, al exigirles un engorroso mecanismo de renovación.

He visto que en muchos debates se acusa a la falta de información de la escasa incidencia de esta medida. Dudo que el problema resida ahí. Me temo que muchas de esas familias que podrían acogerse a las categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social, desisten ante la necesidad de tener que demostrar, mediante cuantioso papeleo y no pocas esperas, que pertenecen a una de esas castas sociales marginales en las que pretenden encasillarlos. Me indigna ver a tantas personas mayores en esta carrera de obstáculos.

El Estado dispone de toda la información necesaria para renovar un bono social para adaptarlo a los nuevos requisitos, o para detectar a posibles nuevos beneficiarios. Todos los datos sobre las unidades familiares, empadronamientos, rentas, pagos de impuestos, pensiones y hasta estados de salud, niveles educativos y prestaciones sociales, están en su poder y es bien sabido que la Administración no tiene que pedir al administrado nada que ya obre en su poder. Eso, además de que terminan siendo las eléctricas las que gestionan datos privados de sus clientes, que nada tienen que ver con el servicio.

Hay, seguro, otras maneras de hacerlo, de informar, asesorar, facilitar, ayudar. Lo que es seguro es que tanta humillación no es necesaria, De verdad.