Díselo con Marx

junio 3, 2018

Hay momentos en la historia, de esos que Antonio Gramci definía como de crisis, en los que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, en este interregno se producen los más variados y morbosos fenómenos. De esos que Walter Benjamin formulaba como jetztzeit, el tiempo que se sitúa al margen del discurrir contínuo de la historia. Momentos en los que se concentra toda la energía dispuesta a dar un salto hacia el futuro.

Uno de esos momentos se produjo hace 50 años, en torno a mayo de 1968. Se desencadenó en muchos lugares del planeta, aunque lo hemos terminado ubicando mentalmente en París. He conocido a no pocos que presumían de haber vivido aquel mayo del 68, en vivo y en directo, en pleno Barrio Latino, aunque, probablemente, todo se limitase a su participación en alguno de esos viajes turísticos informales y espontáneos, organizados para recorrer la Rive Gauche del Sena, tomando copas en sus bares bohemios.

Mayo del 68 fue la versión francesa de algo más que la puesta de largo de la estética “bobo” (burguesa-bohemia) y que el preámbulo de la iconografía hippie que vino después. En 1967, el Ché había caído en Bolivia. En el 68, en Estados Unidos, son asesinados el líder de los derechos civiles, Martin Luther King y el candidato a la Presidencia, Robert F. Kennedy. Al tiempo que  impresionantes movilizaciones estudiantiles recorren todo el país, contra la Guerra de Vietnam.

En México, un periodo de movilizaciones por la libertad, los derechos y contra la corrupción institucional, acaba siendo sofocado a balazos, produciendo una matanza policial de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, de la que aún desconocemos el número real de víctimas.

En Alemania, los disturbios estudiantiles precedieron al mayo francés. En el Este, la Primavera de Praga es aplastada por los tanques soviéticos y, con ella, el intento de construir un socialismo de rostro humano. La ofensiva del Tet, desencadenada por el Vietcong acaba en derrota, pero Vietnam del Norte gana ampliamente la batalla política y mediática. Indochina es una trampa mortal, un matadero donde el pueblo estadounidense se desangra. No hay victoria, ni tan siquiera gloria en el horizonte.

No estuve en aquellos escenarios. Era un estudiante de 10 años. Sí recuerdo que muchas de estas noticias asaltaban los telediarios, se difundían en el Parte con el que puntualmente conectaban todas  las cadenas radiofónicas, las leí en algunos periódicos atrasados y en algún que otro análisis y artículo del Reader´s Digest. En las casas de los pobres la información de pago entraba como de contrabando, de segunda mano y sin selección alguna de las fuentes. Captabas al vuelo, aleatoriamente, de forma arbitraria, sin orden ni concierto, pero terminabas haciéndote una composición de lugar.

Si no lo entendí mal, el mundo  construido sobre las ruinas de la II Guerra Mundial se estaba agotando. Nuevas generaciones apuntaban maneras. Exigían protagonismo, libertad, respeto a sus derechos, acceso al consumo, a la riqueza mal distribuida que se estaba generando. No quieren morir en guerras lejanas que muy poco tienen que ver con la vida a la que aspiran. La clase trabajadora siente que ha trabajado en la reconstrucción de un mundo destrozado, pero que está perdiendo la batalla del reparto equitativo de la riqueza.

Existía una sensación de que los partidos políticos de la posguerra (incluidos los socialistas y comunistas) y sus líderes, habían dado de sí hasta un límite que ya han sobrepasado hace tiempo. Abunda el sentimiento de que los sindicatos se han limitado a defender a los sectores organizados (transportes, grandes industrias, administraciones públicas y poco más), pero han dejado de representar al conjunto de la clase trabajadora.

La representación de la sociedad se fragmenta y dispersa en pequeñas organizaciones feministas, estudiantiles, ecologistas de la primera hornada, actores, pacifistas, maoístas, artistas, trotskistas, anarquistas, intelectuales, gays y lesbianas, hippies, que se unen, se separan, discrepan, convocan asambleas, convocan actos, aparecen, desaparecen, confluyen o se diluyen, se fusionan, o emprenden agrias polémicas.

Creo que, desde entonces, el mundo se ha transformado profundamente, aunque no siempre a gusto de todos. Algunos aprendieron aquella lección y otros siguieron a lo suyo, como si nada hubiera pasado. Cambiaron las caras de los políticos, pero pronto los nuevos partidos fueron viejos y vuelta a empezar.

Las fuerzas que controlaban el poder económico tomaron buena nota y, durante 50 años, han ido imponiendo su libertad a base de consumo y mercado. Comprando, siempre que ha sido posible, domesticando a los rebeldes y, en el peor de los casos, eliminando cuantos intentos se han desencadenado para abrir las puertas a otro mundo, más o menos posible. Hasta China, sin dejar de ser maoísta y Rusia, sin dejar de ser imperial, forman ya parte de este paisaje.

La política ha pactado pequeños y limitados espacios de autonomía, siempre que no afecten a los grandes intereses del mercado. La izquierda, tras tímidos intentos de recomponer la figura, termina aplicando, no pocas veces, las políticas neoliberales, hasta con más fervor que la derecha.

Los sindicatos, que han modulado, moderado y resistido embates de todo tipo, siguen siendo víctimas de la percepción interesada de haberse retirado a los cuarteles de invierno, dejando las inmensas y heladas estepas de precariedad laboral y paro en manos de nadie.  La fractura social hace que el malestar se exprese en explosiones intensas, pero pasajeras.

Hace 50 años en París y en otros muchos lugares simultáneamente, los herederos de Lampedusa volvieron a escribir la historia del Gatopardo sobre el principio de que Si queremos que todo continúe como está, debemos hacer que todo cambie. Total, como bien explica el protagonista a alguien que teme las consecuencias de las revueltas, Habrá unos cuantos episodios de tiros inocuos y, después, todo será igual aunque todo habrá cambiado.

Conmemoremos, así pues, de buen grado, sin complejos, sin triunfalismos, este 50 aniversario de los Mayos del 68.

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Las Universidades y la Formación para el Empleo

junio 3, 2018

Me invitaron recientemente a participar en una mesa redonda organizada en el marco del Congreso de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Formación Permanente (RUEPEP), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema propuesto era el de La Formación Profesional para el Empleo en las Universidades.

Para responder a esta pregunta, conviene partir de la constatación de que el denominado subsistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), dependiente del Ministerio de Empleo, fue diseñado hace ya más de 25 años, al margen y de espaldas al sistema de Formación Profesional (ya sean centros de FP, de adultos, o universitarios), dependiente de la Administración Educativa. Por eso las Universidades y Centros de FP son hoy absolutamente marginales como proveedores de formación para el empleo.

Y la respuesta a la pregunta pasa por corregir ese problema de partida, de forma que las cualificaciones, las titulaciones, los estudios, los centros de formación de uno y otro ámbito, sean equiparables, actúen conjuntamente y trabajen a favor del objetivo común y único de proteger el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y atender las necesidades formativas reales de las empresas.

Se me ocurre, por tanto, que las universidades públicas aglutinadas en RUEPEP, que han abierto esta interesante reflexión, podrían y deberían tener un papel importante en la detección de esas necesidades formativas existentes en el mundo empresarial y laboral.

Creo, también, que podrían ser fundamentales para analizar y estudiar las fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional para el Empleo, proponiendo las correcciones y soluciones necesarias para su mejora y adaptación a las nuevas realidades económicas y productivas.

Entiendo que podrían jugar un papel importante para contribuir a la mejor gestión y administración del sistema. Deberían participar en el diseño de nuevas cualificaciones. Podrían recibir el encargo de evaluar la calidad de las acciones formativas y del propio sistema.

Las universidades están en condiciones de actuar en materia de reconocimiento de la experiencia laboral, a efectos de adquirir una cualificación profesional, o para el acceso a otro tipo de programas formativos de nivel medio o superior. Considero también que podrían ser colaboradoras muy valiosas de las administraciones para el reconocimiento e inscripción de nuevos centros formativos, con criterios claros y transparentes, de cualificación y calidad.

Las Universidades son Administración Pública y, de acuerdo a la incumplida ley de Formación para el empleo, deberían poder actuar de forma directa en la impartición de especialidades formativas necesarias para la formación de los trabajadores y trabajadoras, en las empresas, en el territorio y en los diferentes sectores de la producción y los servicios.

Sin ánimo de ser exhaustivo, creo que las universidades deberían tener un papel esencial en la formación de las personas que asuman responsabilidades en la formación para el empleo, ya sea en su diseño, gestión y administración, como en la impartición de determinadas especialidades formativas.

Esos profesionales existen, pero no son muchos, ni tienen la conciencia de formar parte de un sistema formativo del que se sientan mancomunadamente responsables. Esa tarea de formación de formadores y  de las administraciones,  empresariales, o sindicales, en Formación para el empleo, debería ser una tarea encomendada a nuestras universidades.

Perdemos demasiado tiempo anunciando nuevas apuestas como la formación dual, sin que nadie sepa explicar de forma coherente qué cosa sea la famosa formación dual. Perdemos demasiado tiempo compitiendo entre administraciones educativas y de empleo y entre éstas y las administraciones autonómicas, para ver quien se lleva los recursos y qué chiringuitos clientelares crean con ellos. Se nos va el día en intentar tener un peso esencial en un sistema cada vez más cuestionado, e incontestablemente cuestionable.

Mientras tanto, desaprovechamos un potencial como el que tienen las universidades, para mejorar el sistema, hacer frente a las debilidades y corregir los problemas. Es muy habitual en este solar patrio. Pero el que sea lo de siempre, lo habitual, no significa que sea lo bueno, lo mejor, ni tan siquiera lo deseablemente posible.


El papel de lo público en la Formación para el Empleo

mayo 28, 2018

Mi experiencia en materia de formación para el empleo es limitada y se encuentra muy condicionada por la crisis económica y los efectos de las políticas de recortes aplicadas por el gobierno. Pero, a base de darle algunas vueltas al asunto de la formación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, he llegado a la conclusión de que uno de los problemas de la Formación para el Empleo reside en que, desde sus comienzos, fue concebida como un instrumento separado de la administración educativa y exclusivamente vinculada a las políticas de empleo.

Los centros de formación profesional, los centros de educación de las personas adultas, o las universidades, han pintado siempre muy poco, tendiendo a nada, en el subsistema de formación para el empleo, que ha creado sus propias redes de formación, de espaldas al sistema educativo.

La crisis ha supuesto un aumento del paro y, en consecuencia, un deterioro brutal de los recursos dedicados a Formación Profesional para el Empleo (que se nutre de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores), que ha obligado a revisar en profundidad el funcionamiento del subsistema. Sin embargo ,en las reformas sin consenso, hasta las mejores intenciones acaban diluidas. Termina por reorganizarse el negocio, sin aportar soluciones reales.

Cuando la crisis cede paso a la recuperación, el empleo crece, se recauda más cuota de formación, comprobamos que el sistema se ha reorganizado para establecer los nuevos cauces a través de los cuales unos recursos cada vez mayores, fluyen por nuevas vías… hacia los mismos bolsillos. Eso sí, con menos intermediarios.

A la manera más clásica y lampedusiana, todo ha cambiado para que nada cambie. La formación se hará en función de las necesidades de las empresas de formación y las administraciones competentes, con un peso ínfimo de las necesidades reales de empresas y trabajadores. Creo, sinceramente, que la crisis no ha supuesto una oportunidad para corregir en profundidad los males del sistema de formación permanente de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

Un buen ejemplo práctico es el fracaso de uno de los empeños sindicales, ante la reforma planteada por el gobierno, que consistió en abrir las puertas a una mayor participación de los centros educativos públicos en la formación de las personas trabajadoras, incluyendo reservas específicas de recursos para este tipo de centros y facilitando que los centros públicos sean considerados como proveedores directos de formación desde la propia administración.

Al final ni las Comunidades Autónomas, ni el Gobierno Central, han hecho gran cosa, salvo honrosas excepciones, como el caso de las Islas Baleares, por abrir  esta vía de participación de los centros públicos de formación, que permitiría enriquecer el conjunto del sistema y vincular más al Ministerio de Educación con eso que se denomina subsistema de Formación para el Empleo, dependiente, en exclusiva, del Ministerio de Empleo.

Un sistema que ha olvidado que la formación es un derecho personal a lo largo de toda la vida y, además, una necesidad para el futuro de las empresas. Tal vez si hubiéramos aprovechado la crisis para revisar en profundidad nuestro sistema productivo, tendríamos una oportunidad de detectar nuevas necesidades formativas. Desgraciadamente no ha sido así y Mariano Rajoy ha preferido esperar a que la marea creciente de la economía libere al barco varado.

El problema es que volvemos a la construcción y el turismo, como motores de la economía. Volvemos al endeudamiento de las familias, a los servicios inmobiliarios. A la hostelería, el comercio, la pizza, la hamburguesa y mucho amazon, mucho reparto a domicilio en bicicleta, llueva, nieve, o aunque el sol derrita las aceras.

Empleo precario, temporal, mal pagado, sin derechos y hasta sin contrato, que para eso se ha inventado un falso empleo autónomo. Se ha puesto en marcha un empleo de baja cualificación. Se han promocionado contratos de formación sin formación real. Becarios que terminarán pagando  por trabajar y aprender algo en una cocina.

Cuando yo era un niño había una serie televisiva de médicos que condujo a toda una generación a engrosar las listas del paro sanitario. Pronto nos sobrarán cocineros, cantantes y sastres, además de aspirantes a youtuber, probadores, o diseñadores, de videojuegos, diseñadores de robots.

Cando los gobiernos no gobiernan, no evalúan, analizan, proponen, negocian, empujan, o tiran del carro, el mundo sigue girando y el país continúa funcionando, pero la selva se adueña del paisaje urbano. Todo funciona, pero bajo la ley de la selva, que suele ser la ley del más fuerte.

Lo público, lo de todas y todos, también en la formación, tiene que recuperar su papel de gobierno, de facilitar la participación, de orientación, de hacer posible la igualdad de oportunidades y la libertad real de las personas.


Carta abierta a los habitantes de Lebu (Chile)

mayo 9, 2018

Queridos habitantes de Lebu,

Escribo esta carta para agradecer la concesión del Premio Literario Gonzalo Rojas Pizarro, que el jurado ha decidido concederme en ésta su XV edición. Hace poco más de mes y medio recibí un correo electrónico del Coordinador del Concurso, Jaime Magnan, informándome del fallo del jurado.

De acuerdo con el Acta suscrita por el jurado de este apartado, publicada en el transcurso de este día, me complace notificar que su trabajo “Sagrada Familia”, registrada con el Nº 333, firmado con el seudónimo Dios, se ha ungido Primer Lugar en nuestro certamen. A continuación, Jaime, tras felicitarme, me informaba que el acto de entrega de premios tendría lugar el 4 de mayo.

Pocas cosas me hubieran llenado de más orgullo que poder compartir con vosotras y vosotros ese momento. Algunas circunstancias personales me impedirán hacerlo. Por eso me comprometí con Jaime a enviar un vídeo, que pudiera ser proyectado en el acto.

Vayan primero las presentaciones. Soy el hijo de una criada nacida en un  pueblecito toledano, cercano a Talavera de la Reina llamado Mejorada y de un cantero de un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama llamado Collado Mediano.

Los padres de la criada, de nombre Sara, tuvieron que huir de las tropas franquistas, que en el año 36 del siglo pasado, avanzaban imbatibles hacia Madrid. Tras combatir en aquella Guerra entre hermanos, tuvieron que pagar con cárcel haber dirigido las Juventudes Socialistas Unificadas del pueblo, que ocuparon la Casa del Cura y convirtieron la iglesia en un Salón de Baile, instalando en el mismo un aparato infernal llamado radio.

En cuanto al padre de Francisco, el cantero, al que todos conocían como Paco y al que apodaban Charivari, partió a la Sierra a defender la República de Trabajadores, amenazada por las tropas sublevadas. Mis hijas (tengo dos hijas y un hijo aún adolescente), han descubierto en un apunte del Archivo Histórico de Salamanca (el dedicado por la dictadura a fichar a masones y comunistas), que mi abuelo pertenecía a la Unión General de Trabajadores (UGT), al Partido Comunista de España (PCE) y se alistó en el Quinto Regimiento, aquel al que perteneció el poeta Miguel Hernández. Desapareció, mi abuelo, en el confuso final de la Guerra y nadie sabe dónde descansa su cuerpo. Si en un erial, una trinchera, o un campo de concentración francés.

Yo crecí rodeado de silencio y miedo. Los niños no teníamos que saber estas cosas. Cualquier comentario fuera de la casa podía traer malas consecuencias. Mejor no saber. Mejor callar. Mejor que la memoria no llegara a alcanzarnos y devorarnos. Aunque nadie nos lo dijo nunca, sabíamos que éramos hijos de perdedores.

Al final, mis padres acabaron en Madrid, en un barrio del Sur más profundo, llamado Villaverde. Allí me hice maestro antes de estudiar magisterio. Luego me licencié en historia, para intentar explicarme y explicar tanta oscuridad, desmemoria, pasado oculto, vidas escondidas y humilladas. Y me di cuenta de que la existencia de aquellas gentes que habitábamos en el Sur, estaba llena de enormes cantidades de polvo de misterio y no podía ser explicada sólo con investigaciones históricas. Por eso comencé a escribir artículos, pequeños ensayos, un libro sobre el Primero de Mayo en Madrid, poemas y relatos en La Tierra de los Nadie.

No soy un profesional de la escritura. Soy maestro de profesión y sindicalista de las Comisiones Obreras de España. Escribo a ratos perdidos. Algunas noches envío un relato, algunos poemas, a concursos literarios y así he ido recibiendo premios en lugares como las cuencas mineras asturianas, o el Voces del Chamamé en Oviedo; en el pueblecito de Sopó, ubicado en el Departamento de Cundinamarca, Colombia; en Lima, provincia de Buenos Aires; en Hervás, un pequeño pueblo del Valle del Ambroz, al Norte de Cáceres; o en Lekunberri, un pueblecito navarro a mitad de camino entre Pamplona y San Sebastián.

Premios que nunca tienen grandes dotaciones económicas. A veces conllevan la publicación de los poemas, o de los relatos. Para mí son grandes premios. Para mí es suficiente premio el que un jurado me haya leído y haya sentido que algo en mi escrito le  hacía vibrar.

Cuando recibí el correo de Jaime, debo confesarlo, lo primero que hice fue adentrarme en internet para ver dónde se encontraba Lebu. Pronto me di cuenta de que escribiendo sobre las gentes de mi Sur, había llegado, como a través de un agujero de gusano, a otro Sur, en la frontera araucana. Un Sur minero, pescador, centro comercial y turístico, azotado también por el paro y las necesidades sociales.

Luego, me dediqué a repasar la andadura de Gonzalo Rojas y leer algunos de sus poemas. Premio Reina Sofía de Poesía, Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes. Colaborador del gobierno de Salvador Allende. Exiliado. Pero, sobre todas las cosas, maestro, educador, alfabetizador de los trabajadores por los parajes de Atacama.

A mis 16 años, decidí ser maestro. Cuando yo tenía 16 años, aquel experimento de socialismo en democracia y libertad que venía de Chile, fue aplastado por las botas militares y, cuantos vivíamos bajo la bota militar de un dictador estepario, aprendimos a tocar la guitarra tarareando clandestinamente a Violeta Parra y a aquel Victor Jara, al que siempre nos representábamos en el Estadio Nacional de Santiago.

Creímos que se cumpliría la profecía de Allende y que nuestras grandes alamedas podrían abrirse de nuevo, para dejar pasar a hombres y mujeres libres, cuando otros militares, con claveles en la bocana de sus fusiles, se alzaron contra nuestra vecina dictadura salazarista, en Portugal, aquel 25 de Abril del año siguiente.

Todo fue, sin embargo, más complejo, más arduo, bastante más complicado. Las dictaduras siempre dejan un rastro de sangre y víctimas, muy difícil de limpiar. Una degradación de la condición humana, muy difícil de recomponer. Construir una sociedad mejor no es empeño fácil en esas condiciones. Ni en Chile, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en España.

Y, pese a todo, ahí seguimos intentándolo. Muchas gentes decentes, humildes, sencillas, respetuosas, que tan sólo queremos una educación que nos haga iguales, una sanidad que cuide nuestras vidas, unos servicios públicos que atiendan nuestras necesidades esenciales, un trabajo y unas pensiones que nos permitan satisfacer las necesidades de nuestras familias. Sólo queremos pensar, hablar, escribir, festejar, crear, vivir, en libertad.

Gracias por el premio que me habéis concedido. Un premio que me alcanza como un compromiso, un contrato y que vincula mi vida con las vuestras. Para lo bueno y para lo malo. Y más allá de cualquier muerte que pretenda separarnos.

Un fuerte abrazo,


Profesionales

mayo 9, 2018

Entro en los hospitales, las escuelas, los centros de servicios sociales. Me indigna el deterioro que compruebo a mi alrededor. No son sólo las manos necesarias de pintura que faltan en sus paredes. Es, sobre todo, la masificación que amenaza a cada instante con colapsar en funcionamiento de los servicios que allí se prestan. La imposibilidad de trabajar planificando la oferta y atendiendo las nuevas demandas. La sensación de que la urgencia marca el frenético ritmo de la actividad.

Se deposita en los centros educativos la responsabilidad de formar a futuras generaciones. El cuidado de nuestra salud en los centros sanitarios. Nuestro bienestar personal en los centros de servicios sociales. Y, sin embargo, permitimos que los profesionales sobre los que descansan los bienes más preciados de nuestra existencia, se vean abandonados a su suerte. Consentimos que muchos de esos servicios esenciales para la calidad de nuestras vidas sean gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo prioritario no es nuestro bienestar, sino su beneficio económico.

Los formamos durante años y financiamos sus especialidades universitarias en docencia, sanidad, trabajo social. Veo como se esfuerzan por demostrar su profesionalidad cada día. Cómo asisten a cursos de especialización. Cómo tensan sus nervios para no perder  la paciencia y mantener intacta su vocación. Claro que hay quienes han caído en la desidia y en una suerte de muda desesperación. Y claro que hay quienes están ahí porque tiene que haber de todo. Pero eso ocurre en todas las profesiones, sin que por ello nadie convierta la excepción en un estado general de las cosas.

He dedicado muchos años al sindicalismo y he tenido que escuchar, no pocas veces, ese tipo de opiniones que descarga en los sindicatos toda la responsabilidad de los males que sacuden la vida de los trabajadores, muy por encima de  las responsabilidades de los empresarios, o de los gobiernos que legislan sobre los derechos laborales. También he tenido que enfrentarme a esas interpretaciones que convierten al extranjero en el causante de nuestras altas tasas de paro. Las versiones simplonas, pero claras y  entendibles, siempre suelen terminar por imponerse sobre razonamientos coherentes, pero complejos.

Entiendo que, quienes vemos denegado el acceso a un derecho, tenemos enfrente a un empleado público al que le pedimos explicaciones indignadas sobre las causas por las que se nos excluye de unos servicios o prestaciones, a los que considerábamos deberíamos poder acceder. Y, sin embargo, ese empleado público, no es el responsable de lo que consideramos desmanes inadmisibles. No basta con dar cuatro voces en una “ventanilla”, para que nuestros problemas se solucionen.

Compruebo, en muchas ocasiones, cómo esos trabajadores y trabajadoras, conscientes de las lamentables situaciones a las que nos vemos abocados, en no pocas ocasiones, nos animan a presentar reclamaciones, denuncias, quejas. Y compruebo también, en otras muchas ocasiones,  que estas acciones nunca son emprendidas por quienes alzan la voz ante un funcionario pero no dejan constancia escrita, ante ninguna instancia responsable de la buena gestión de los servicios.

Creo que contamos con magníficos profesionales y que merece la pena convertirlos en nuestros aliados en la defensa de derechos tan nuestros y esenciales, como el de la educación,  la sanidad y los servicios sociales. Hemos invertido mucho para formarlos y su trabajo como servidores públicos, es la llave que nos permite vivir como  mujeres y hombres libres e iguales a lo largo de toda nuestra vida.

Su buen trabajo son nuestros derechos.


Yo, Universidad pública

mayo 3, 2018

El asunto de Cristina Cifuentes tiene vida propia y terminará devorando a su protagonista, víctima del fuego amigo, o enemigo. Cristina caerá y ella lo sabe. Pero, dicho esto, el verdadero problema son las cargas de profundidad que el dragaminas de la derecha mediática ha ido sembrando en el mar universitario madrileño, a cuenta del máster famoso.

Yo estudié en la Escuela de Magisterio Pablo Montesinos, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid y más tarde, ya trabajando como profesor, a fuerza de tiempo arrancado a las noches y a los periodos vacacionales, me licencié en Geografía e Historia en la UNED. Ni más ni menos que lo que hicieron muchas compañeras y compañeros míos y lo que hoy hacen millones de jóvenes en España. Me siento orgulloso de haber recorrido ese camino y no envidio a nadie que escogiera otro más fácil.

Por eso, creo que es forzoso reconocer que el asunto de los másteres regalados tiene mucho que ver con el privilegio ilegítimo del que han disfrutado algunas personas, pero no con la calidad de esos estudios. El máster que “cursaron” Cristina, o Pablo Casado, es un máster con más de 60 créditos, cuyo precio, además, en cualquier universidad privada, es el triple del que paga el alumnado en la pública.

Si ellos quisieron tener ese título será, sin duda, porque les añadía un plus reconocido de calidad y cualificación, al tratarse de un máster que incorpora en su programa elementos esenciales en la Administración Pública y Autonómica. Vaya, que así, de entrada, el máster en cuestión tiene toda la pinta de ser un título de calidad y a precio razonable, comparado con lo que se vende por ahí.

Entiendo perfectamente que, en un escenario educativo madrileño, plagado de universidades privadas, gracias al aliento y la permisividad de Aguirre y sus alumnos privatizadores aventajados, viene muy bien cargarse la imagen de competencia y rigor académico de las universidades públicas y seguir cobrando precios de usura en titulaciones y másteres privados. Es la diferencia entre cursar un máster y comprar un máster.

No sé si en el seno del Instituto de Derecho Público, alguien ha regalado másteres a personajes selectos. Parece que así ha sido y los beneficiarios y los facilitadores, deberán asumir sus responsabilidades personales y legales. Pero, en contrapartida, sí he tenido la ocasión de colaborar con Laura Nuño, directora, en ese Instituto Universitario, de la Cátedra de Género y del Observatorio de Igualdad. Con ella, la Fundación de Formación y Empleo Miguel Escalera, que presidí durante cuatro años, había organizado  un Máster en Género y Políticas de Igualdad y otro de Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones.

Unos estudios que han sido cursados por muchas mujeres y unos pocos hombres, sindicalistas o no, convencidos de que la igualdad es la base de la política y el desarrollo en una sociedad moderna. Personas preocupadas por promover un liderazgo democrático que ponga el acento en la cooperación y la igualdad y no en la reproducción del autoritarismo como fórmula de dirección de todo tipo de organizaciones económicas, sociales, o políticas.

Nunca estos máster supusieron negocio, ni para la universidad, ni para la Fundación Miguel Escalera. No se hacían para eso. El coste era un 10 por ciento de cualquiera de esos másteres privados que te clavan 12.000 euros por la misma cantidad de horas (unos 60-70 créditos ECTS), como los llaman ahora.

Creo que no es buen sistema poner en cuestión todo, para terminar tapando responsabilidades personales y colectivas concretas. Cristina Cifuentes deberá dimitir, o ser cesada. Es lo que hace cualquier cargo público por Europa, cuando le pillan en una de éstas. Y quienes hayan puesto en bandeja un título a su libre disposición, deberán también asumir sus responsabilidades profesionales y legales, si las hubiera.

Además, creo que el Ministro de Educación y los responsables autonómicos del asunto universitario (que permanecen calladitos como para pasar desapercibidos) tienen que hacerse mirar esa condena a la que han conducido a las Universidades Públicas, a base de aprobar Grados de tres y cuatro años, a la carta y Másteres forzados de pago, utilizados en exceso para captar recursos externos, con la disculpa de adaptarse a la normativa europea de Bolonia. Si a eso le sumamos los recortes presupuestarios que estrangulan la docencia y la investigación en las universidades, el panorama resultante es muy preocupante.

El polémico máster de Cifuentes debe servir para establecer evaluaciones de calidad de los cursos y de la gestión de los recursos universitarios (y no me refiero a los ineficaces e ineficientes Tribunales de Cuentas). De otra parte, debería servir para reforzar la autonomía y la participación de la comunidad educativa y de la sociedad, en las universidades.

No olvidemos que el caso Cifuentes, lejos de tener su origen en el exceso de autonomía, procede de los abusos despóticos provocados por la evidente dependencia de algunos espacios universitarios, con respecto al poder político de turno.


Contratos de formación que no forman

mayo 3, 2018

En un intento del gobierno por salvar la imagen de desgobierno de la formación veo a la Ministra de Empleo presentar algunas medidas que aparecen en el Proyecto de  Presupuestos Generales del Estado que Montoro ha presentado en el Congreso.

Cuenta la ministra que quiere poner en marcha un Bono de Formación de 430 euros durante 18 meses para aquellos jóvenes que suscriban un contrato de formación y aprendizaje. No queda la cosa ahí. También piensa conceder una bonificación en las cuotas empresariales de 3.000 euros/año, durante 3 años, para aquellos empresarios que transformen en fijos estos contratos.

De nuevo me temo que estamos ante la política de reinaugurar, sin reflexionar sobre los problemas de los cimientos sobre los que se pretende construir. Se fomenta e incentiva económicamente, un contrato sobre el que pesan serias sospechas de ser tan sólo una fórmula de financiación del fraude y la precariedad laboral, con dinero de todas y todos.

El propio Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) reconoce con sus datos que este contrato es utilizado en la mitad de los casos para formar camareros, peones, limpiadoras y dependientes de comercio. Un contrato que ha permitido durante los años de la crisis contratar a cientos de miles de jóvenes de forma barata, bonificada, precaria, sin compromiso alguno de estabilidad y con escasos, a veces nulos, niveles de formación.

Tan sólo cuando los sindicatos forzamos que se pusiera coto a abusos como el hecho de que la formación fuera inexistente en muchos casos, o se limitara a un sistema de cursillos a distancia, en el que te mandan unos materiales sin control de calidad y luego ya te apañas, hizo que algunos empresarios de pymes dejaran de ver negocio fácil y seguro en este tipo de contrato y su número se ha reducido desde casi 175.000 en 2014, hasta los menos de 50.000 en 2017.

Aquí hay una diferencia sustancial entre la pequeña empresa y la gran empresa. En el caso de las microempresas, son las asesorías, consultoras y gestorías que les llevan las cuentas, las nóminas, o los contratos, las que les aconsejan las fórmulas más baratas y precarias de contratación laboral y hasta les orientan en cómo suscribir un contrato de formación, con el mínimo compromiso de formación y el máximo beneficio de retorno económico. Negocio para la empresa, para la consultora y para las empresas de formación, que cobran por alumno “formado”. Todos ganan, menos el joven, o la joven, que trabaja en precario y sin formación que merezca tal nombre.

En el caso de grandes y medianas empresas, que cuentan con una política de personal y de cualificación propias, la situación es distinta y se pone más el acento en la formación que acompaña a este tipo de contratos y en terminar convirtiendo en personal fijo a algunos de estos jóvenes, al acabar el periodo de formación.

Así las cosas y aunque parezca una paradoja, el contrato de formación y aprendizaje consigue integrar más y mejor a nuestros jóvenes, cuantas menos bonificaciones y ayudas económicas recibe la empresa. Parece extraño, pero lo que ocurre realmente es que, cuando hay dinero de por medio, algunos empresarios usan y abusan de este contrato, obteniendo beneficios económicos de las ayudas y sin compromiso alguno de transformarlo en fijo. Sin embargo, con unas ayudas más ajustadas y requisitos formativos asegurados, es un contrato que se utiliza para formar y cualificar a las trabajadoras y trabajadores jóvenes que la empresa termina contratando de forma más estable.

Seguir insistiendo en inyectar dinero a esta modalidad de contrato, sin corregir sus problemas, sólo contribuye a  empeorar las cosas. Además, con una situación de ingresos insuficientes en la Seguridad Social, entre otras cosas por el empleo precario y temporal que se está creando, a causa de la reforma laboral, creo que no conviene seguir abusando de desgravaciones, bonificaciones y regalos fiscales a las empresas, a costa de bajar los ingresos de la Seguridad Social, tan necearios para el pago de las pensiones. Sobre todo cuando esas ayudas ni forman, ni crean  puestos de trabajo, ni estabilizan el empleo de nuestra juventud.

A estas cosas las llaman en el Gobierno Formación Dual, pero bien saben gobiernos como el de Alemania que esas políticas tienen poco de formación, ni de relación entre centros de formación y empresa. Habrá que seguir esperando tiempos de más sensatez y menos propaganda.