Patriotismo de la cohesión

noviembre 18, 2018

El pasado mes de octubre hemos celebrado el Día del Trabajo Decente (7 de octubre) y el dedicado a la Erradicación de la Pobreza en el Mundo (el 17-O). La virtud de estos días mundiales, o internacionales, es que durante un día del año, las noticias, los eventos, los informes, ayudan a centrar la atención de mucha gente sobre un problema.

El inconveniente es que podemos perder la cuenta de los días y pasar de uno a otro sin solución de continuidad. Por ejemplo, el 16 de octubre se conmemora el Día de la Alimentación, el mismo 17 también el Día del Dolor y el 18 el Día de la Menopausia. No cabe duda de que cada día tiene su afán y que todos requieren atención. Nos acostumbramos a ello y nos habituamos a pensar o hacer algo que tenga que ver con cada día en cuestión. Mañana será otro día.

Por eso, para romper la monotonía de un día tras otro, para no aclimatarnos en exceso, me atrevo a volver al Día de la Pobreza, porque para muchas personas y familias, es todos y cada uno de los días. Pongamos un ejemplo, Madrid pasa por ser la región más rica de España. Nuestro Producto Interior Bruto per cápita se encuentra un 35% por encima del nacional. Por detrás de nosotros, comunidades como País Vasco, Navarra y Cataluña.

Y, sin embargo, en este capitalino, orondo y boyante, Madrid musulmán y comunero, de los Austrias y los Borbones, Republicano y obrero, franquista y democrático, una da cada cinco personas vive por debajo del umbral de la Pobreza, según un Informe recientemente presentado por CCOO de Madrid, titulado Marcadores de Pobreza, riesgo social y desigualdad en la población madrileña.

Muy desencaminado no debe andar el Informe cuando, inmediatamente, el Presidente del Gobierno Regional, en vivo y en directo, ha salido a contestar y matizar los datos. Pero los datos son tozudos. Ser pobre en Madrid significa vivir con menos de 8.522 euros al año en hogares de una persona y 17.896 euros para familias de 2 adultos y 2 niños. Así lo considera la Unión Europea, cuando fija el umbral de la pobreza por debajo del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo.

La crisis ha golpeado duramente a la Región. Desde que comenzó, allá por 2008, cuando el responsable empresarial madrileño del momento decía que nuestra economía iba como un tiro, la pobreza en Madrid ha pasado del 16% al 20´6%, alcanzando picos del 21´7% en 2016.

Por muy ricos que nos creamos, casi 1´4 millones de personas viven en Madrid en situación de pobreza. 350.000 personas viven en situación de pobreza severa y 300.000 niños y niñas son pobres. Por muy ricos que quieran vendernos que somos, la pobreza y la desigualdad se enquistan y amenazan con convertirse en parte de la estructura social y económica de nuestro Madrid.

La crisis se ha cebado en las familias. Hogares con todos sus miembros en paro, o con muy baja intensidad de trabajo. Un tercio de las familias no pueden acometer gastos imprevistos y casi la mitad llega con muchas dificultades a fin de mes. Familias que no pueden comer carne, pollo, o pescado cada dos días. O las que tienen que pasar frío, porque no pueden pagar los precios de la energía. Aquellas que reducen o suprimen las vacaciones. Datos preocupantes, incontestables, que aparecen en el informe y que no pueden dejar indiferente a nadie.

Los riesgos de pobreza de una familia se incrementan hasta el 52% cuando una sola persona tiene que hacerse cargo de los hijos e hijas. Mientras tanto, nuestros gobernantes regionales se llenan la boca con el derecho a la vida y la protección a la familia. Otras regiones menos ricas, mientras tanto, presentan tasas de pobreza inferiores y menos riesgos de pobreza para las familias.

La democracia y el desarrollo de los derechos constitucionales, a lo largo de estos cuarenta años, nos han permitido ir estableciendo redes de protección, asentadas en derechos reconocidos por ley. La protección por desempleo, la Seguridad Social que garantiza el sistema de pensiones y las Pensiones No Contributivas (PNC), para quienes no reúnen los requisitos de contribución que permiten acceder a una pensión del sistema de Seguridad Social.

La sanidad pública universal y gratuita, la educación pública, obligatoria y gratuita en los niveles obligatorios, las Rentas Mínimas con diferentes tratamientos autonómicos, una red de servicios sociales muy importante, o la Ley de Atención a las situaciones de Dependencia. Y. sin embargo, la pobreza persiste y las desigualdades aumentan.

La única explicación que se me ocurre es que estos instrumentos, que han costado muchas reivindicaciones y hasta huelgas generales y que no han sido nunca regalos, se ven acosadas por los intereses privados, han nacido sin los recursos suficientes para garantizar la efectividad de los derechos, o han sido las primeras víctimas de los recortes neoliberales que intentaron ser justificados por la crisis económica.

Un motivo más para que la salida de la crisis tenga que notarse de inmediato en la reducción de las tasas de pobreza y de la desigualdad. Esa debería ser la tarea prioritaria a la que deberían aplicarse los gobiernos y los partidos de la oposición, buscando el consenso necesario para que la cohesión y la redistribución justa de la riqueza sustenten una convivencia libre y democrática. Ese es el auténtico patriotismo, el más heroico de los himnos y la mejor de las banderas.

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Mi nombre entre los nombres

noviembre 4, 2018

Tenía pensado escribir este artículo sobre alguno de los temas que me preocupan. Sobre El fascismo que viene, o tal vez sobre La vida con filosofía. Sin embargo, una noticia ha trastocado mis intenciones y me ha incitado a adentrarme, una vez más, en un asunto espinoso, de aquellos de los que nunca sales bien parado, porque a muchos incomoda, a otros contraría y a no pocos duele.

Un medio de comunicación ha publicado una noticia sobre un supuesto homenaje de la “vieja cúpula” de CCOO a uno de los condenados por las tarjetas Black, antes de que entre en la cárcel. Sólo dan el nombre de dos de los asistentes y uno de ellos soy yo, lo cual me llena de cólera, simplemente porque no es verdad.

Ya he vivido episodios parecidos, cuando han confundido mi nombre, Francisco Javier López Martín, con el del compiyogui zalzuelero y yernísimo de Villar Mir, Javier López Madrid, también implicado en el asunto tarjetas. Como cada vez que esto ocurre, me toca desencadenar una campaña en todas las redes a mi alcance, hasta que el medio correspondiente, espero que sólo desinformado y no malintencionado, termina corrigiendo la noticia.

Así ha ocurrido también ahora. Disculpas privadas y rectificación pública de la noticia. Nada de esto merecería más atención y ya me parece hasta mucha. Avatares de la vida en el solar patrio. Si lo traigo a colación es por dos comentarios que he recibido, uno público y otro privado. El público, viene de toda una profesora de universidad con alguna responsabilidad en CCOO. Viene a decir, Bueno, seguramente es porque tú eras uno de sus amigos, sindicalmente me refiero. Los que no nos gustó nunca no figuramos en ninguna quiniela.

El mensaje privado, tampoco daré nombres, me dice, Javier, disculpa, creo que al contrario, lo mejor es no darle mayor difusión… es lo que buscan y la estrategia de las “fake news” es esa, entre mentiras y desmentidos, marcar la agenda informativa y que se siga hablando para que las redes lo amplifiquen al máximo.

En el primer caso, el comentario me parece, cuando menos, desafortunado. Cuando pertenecemos a una organización y personal, o colectivamente, alguien que forma parte de la misma se ve implicado en un asunto como el de las black, no creo que la frivolidad de la mofa, la burla y la guasa sirvan de mucho. Bien lo saben las personas que trabajan en universidades, acosadas por el desprestigio general que han sembrado quienes han utilizado la institución en beneficio propio.

En el segundo caso, agradezco la opinión, cargada de sentido común, si atendemos a la estrategia de la tensión y el debate crispado que utilizan algunos medios como ariete, abusando de los mejores principios propagandísticos de Goebbels, según los cuales la mentira repetida mil veces, adquiere apariencia de verdad.

Yo, en esto, me he fiado siempre del consejo que un buen día Burroughs le dio a Patty Smith, Crea un buen nombre, mantén limpio tu nombre, no lo comprometas, no te preocupes por hacer mucho dinero, o ser exitosa. Preocúpate por hacer un buen trabajo, tomar las decisiones correctas y proteger tu obra. Y si creas un buen nombre, finalmente ese nombre será su propia moneda.

Pues bien, pese a la mofa de la señora profesora y el prudente consejo del segundo compañero, lo único que tengo, lo único que he construido a lo largo de todos estos años, allá donde me haya tocado estar, lo único con lo que he salido de cada cargo o responsabilidad, lo único con lo que me terminaré yendo del tiempo que me quede, es mi nombre, limpio y libre. He cometido errores, sin duda, pero nunca me cegó el dinero, ni el poder.

Dicho lo cual, quiero también contaros que algunos de quienes hoy están en la cárcel por las tarjetas black, han compartido conmigo momentos muy duros para los trabajadores madrileños. Desde la primera gran huelga general del 14-D, hasta el NO a la Guerra, el 11-M y la T-4 de Barajas. Desde la lucha de SINTEL en la Castellana, hasta la de Coca-Cola en Lucha.

Desde las miles de viviendas protegidas entregadas por la cooperativa VITRA, en silencio, sin escándalo alguno, hasta la defensa cerrada contra la ofensiva contra lo público de la beneficiaria del Tamayazo, que comenzó con el brutal ataque a los profesionales del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Allí dieron comienzo todas las mareas y la dura confrontación contra el neoliberalismo que puso pica, hizo nido y se fortificó en Madrid.

Cómo no voy a sentir dolor, cuando esas personas ingresan en la cárcel. Tal vez algunos creyeron que en los despachos de Cajamadrid, o de Bankia, comenzaban a formar parte de la élite financiera, ignorando que nunca seremos uno de los suyos, como ellos nunca serán uno de los nuestros. Ignorando que la justicia suya y la nuestra tienen poco que ver. Pese a su ceguera aparente, sabe quien tiene que acabar en prisión y quién no.

Cómo no voy a sentir dolor si forjé parte de lo que soy junto a ellos y algo de mí, sin duda, guardarán dentro. Si conozco a sus mujeres y a sus hijos. Algunas de sus virtudes y sus defectos. Cómo no sentir que una parte de mí está hoy en prisión. No me pidáis que me alegre su desgracia.

No, no he ido, ni iré, a homenajes, ni despedidas. No juzgo a los que van, ni a quienes los organizan, ni a quienes los rechazan. Tampoco a los que guardan silencio para no verse salpicados. Pero no puedo dejar de pensar en aquel Napoleón, tan bien descrito por Bernanos, que, recluido y abandonado en Santa Elena, presumía de haber sabido aprovecharse de los imbéciles, cuando la verdad es que fueron los imbéciles quienes se aprovecharon de él, primero como incondicionales bonapartistas y más tarde, engendrando sobre su ruina humana, un nacionalismo patriotero que les permitió blindar su posición social y su riqueza.

Es cuanto os puedo contar en 1001 palabras.


Papeles errantes, papeles urgentes

noviembre 4, 2018

Recientemente falleció la madre de un buen amigo. Tal vez el mejor amigo que tengo. Una mujer, viuda, de 94 años de edad, que vivía sola hasta el momento en que cayó gravemente enferma. Una de esas señoras que, cuando mueren, dejan a las comunidades de vecinos y los viejos barrios del Sur sin una de esas presencias que hilvanaba el tejido de relaciones que sustentan toda convivencia vecinal.

Me cuenta mi amigo que, en los últimos meses, andaba  cada vez más débil y enferma. Tuvo que ser hospitalizada. Por eso, intentando anticiparse a los avatares que se pudieran desencadenar, acudió a ver a su trabajadora social, en el Ayuntamiento. Fue ella la que le pidió los papeles necesarios para iniciar el trámite de revisión de la situación de Dependencia ante la Comunidad Autónoma, avisándole de que no son cosas que se resuelvan en un día, ni en dos, ni en meses.

Cuando mi amigo pidió, por primera vez, el reconocimiento de la situación de dependencia para su madre, que ya andaba en el entorno de los 90 años, la mujer había sufrido varios internamientos hospitalarios por enfermedades que no pueden considerarse menores. Tras los meses correspondientes de papeleos y tramitaciones administrativas, le fue reconocido el más ínfimo, menor y más bajo de los grados de dependencia, al que han dado en llamar Grado I. El resultado inmediato es que la ayuda a domicilio que recibía del Ayuntamiento, le fue reducida por la Comunidad. En total pasó de seis horas a cuatro horas y media a la semana.

Por lo demás, su tránsito por la dependencia, terminó siendo similar al de otras muchas mujeres en parecida situación. Auxiliares de ayuda a domicilio que venían a su casa, la sacaban a pasear, hacían algo de compra, barrían o fregaban, según el día. En pocos años conoció a bastantes de estas trabajadoras, porque cambiaban de destino, no las renovaban el contrato, o ganaba el concurso otra contrata. Parece ser que alguna vez la llamó la coordinadora, también de turno rotatorio y hasta acudió a verla. En ocasiones la llamaban desde el servicio de teleasistencia.

Falleció, al cabo de tres meses, la madre de mi mejor amigo sin ver resuelto el nuevo expediente de revisión de la situación de dependencia. Tal vez era mucho pedir que en tan poco tiempo, medido en términos administrativos, quedara solventada una tramitación que para muchas familias se cuenta por semestres y hasta por años. No tiene mi amigo nada que objetar, muy al contrario, al trato humano que recibió, ni con la calidad humana de las personas que la atendieron. Ni en la medicina, ni en la enfermería (ya fuera en atención primaria, hospitalaria, o residencial), ni en el trabajo social, ni en la ayuda a domicilio, ni en las voces siempre amables de la teleasistencia.

La mujer era  además tan discreta que, probablemente no le hubiera gustado que nadie  hablase de ella. Era de esas personas que a lo largo de su vida, piden lo que necesitan y aceptan lo que les dan, sin exigencias, sin reproches, sin que una mano sepa lo que la otra ha hecho. En silencio, sin presumir de sus logros, ni lloriquear sus derrotas. Afrontando de frente la ruina desencadenada, cuando ésta llega.

Sin embargo, acaba mi amigo de recibir una carta inesperada, más bien un oficio, sin que hayan transcurrido ni dos meses desde la fecha del fallecimiento de su madre, en la que se le comunica que, Se notifica Resolución (…) del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, por la que se declara concluso el procedimiento de revisión de la situación de dependencia iniciado por (…), por fallecimiento del titular, circunstancia que determina la imposibilidad material de continuarlo, y archivar las actuaciones practicadas en dicho expediente. Así, a palo seco, sin un Hola, un Estimado Señor, Querido ciudadano de a pié, ni fórmula alguna de saludo.

A continuación otro párrafo dedicado a informar sobre las posibilidades de interponer recurso administrativo ante el organismo correspondiente, en el plazo determinado, de conformidad con tales y cuales disposiciones legales, o cualquier otro recurso que considere oportuno. Aunque el escrito viene firmado digitalmente por la Jefatura de Servicio competente, tampoco hay fórmula alguna de despedida, ni mucho menos de condolencia, o pésame. Un frío oficio administrativo es cuanto puedes esperar en el momento de la muerte, tras soportar largas esperas en los momentos de la vida.

Pido permiso a mi amigo para contar estas cosas en un artículo. Comento cuanto he descrito con un jubilado conocido, que ha dedicado su vida a la Seguridad Social, a la atención sanitaria, a las Mutuas de Accidentes en el Trabajo y que participó, hace ya años, en la elaboración del Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección de las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, que no hace mucho ha cumplido su décimo aniversario.

Coincidimos en que la buena voluntad que marcó las negociaciones para hacer posible este nuevo derecho social, que pretendía equipararnos con Europa y que queda reflejada en el propio título de la Ley, ha tenido un desarrollo desigual, insuficiente y ha dejado un poso de amargura. Ni los recursos han sido suficientes, ni el personal ha sido el necesario, ni la coordinación entre Ministerios competentes y entre éstos y las Comunidades autónomas y Ayuntamientos, ha sido la indispensable. La larga crisis hizo el resto, convirtiendo la Ley de Dependencia en una declaración de buenas intenciones, sin los recursos necesarios.

Para las personas mayores y dependientes, la protección, la suficiencia económica y la autonomía personal, pasan por unas pensiones dignas y ayudas para poder atender sus necesidades, pero también es necesario desarrollar la protección social necesaria para continuar viviendo en su entorno, mientras puedan y para contar con otros dispositivos públicos que aseguren la calidad de sus vidas hasta el momento de la muerte.

No es caridad, beneficencia, auxilio social, misericordia, lo que necesitan. Es el reconocimiento del derecho a la vida digna hasta el mismo momento de la muerte.


Todo lo que puede empeorar

noviembre 4, 2018

Recuerdo la hilaridad que despertaba en algunos contertulios, la propuesta de la Ministra de Vivienda del Gobierno Zapatero, allá por el año 2005, de construir pisos de protección oficial de 25, o 30 metros cuadrados, para solucionar los problemas de vivienda de nuestra juventud.

Se ve que los responsables ministeriales se habían dado una vuelta por Europa y traían en la mochila la idea de construir viviendas modulares para jóvenes, ampliables al piso de al lado, si las circunstancias familiares cambiaban. Edificaciones con espacios comunes para lavandería, salas de usos múltiples y actividades comunes, portería… hasta espacios deportivos, o piscina comunitaria, podrían añadirse a los proyectos.

La Ministra, Trujillo se apellidaba, su nombre María Antonia, llegó a firmar un convenio con el ITEC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), con el fin de realizar un estudio sobre tipologías, características y requisitos de habitabilidad de estas casas protegidas.

La hilaridad con la que fue recibida la propuesta se completó cuando la Ministra se embarcó en otra idea aún más atrevida. Regalar unas zapatillas kelifinder para ayudar a nuestra juventud a patease las calles en busca de vivienda, Si la encontraban, podían acceder luego a algún tipo de ayuda para alcanzar su sueño.

Todo aquello nos parecía un poco desatinado, cuando menos, en aquellos momentos. Hasta que se desencadenó la crisis, con sus recortes y sus retrocesos sociales. Una crisis que convirtió la precariedad en entorno y paisaje estructural de nuestras vidas.

Ahora, una docena de años después, se nos presentan, como gran avance hacia la modernidad, los alojamientos colmena, las viviendas burbuja, los smart-zulos, las casas ataúd, las mini-houses. Soluciones de cubículo, habitáculo y covachuela, inspiradas en las habitaciones cápsula que tan acostumbrados estamos a ver en los documentales sobre hoteles japoneses.

Innovadoras empresas pretenden ofrecer, en nuestras grandes ciudades, antros, cuartuchos y cuchitriles de 2 metros de largo, por 120  centímetros de ancho y otros 120 de alto. No como alojamiento provisional, turístico, de paso, sino como residencia permanente para nuestros jóvenes. Eso sí, con derecho a un inestable somier elevable, para poder guardar maletas, ropa y enseres, ínfima mesa plegable, estantería exigua, un enchufe y un cargador USB, además de una cabecera-almacén.

Habrá espacios comunes de desahogo, para calentar comida, aseo personal y unas estrictas normas de convivencia que, al parecer, incorporan el control de ruidos y llamadas telefónicas molestas, la prohibición del consumo de sustancias ilegales, o el préstamo a amigos y familiares.

Alquileres baratos para personas con pocos recursos que quieran disponer de un chiscón, desván, almacén, garito, o leonera, donde aguardar en precario, siempre en precario, el momento de la muerte. El Ayuntamiento de Barcelona ha negado las licencias, por razones de habitabilidad e incumplimiento de la normativa, pero estas empresas cuentan con inversores poderosos y potentes abogados. El tiempo dirá.

Con todo, lo más alarmante es que, si en 12 años hemos pasado de “soluciones habitacionales” de 30 metros cuadrados a poco más de dos metros cuadrados y de rodillas, ¿qué terminaremos ofreciendo a nuestra juventud en 2030? Todo lo que puede empeorar, termina empeorando y ya sólo nos queda poner a trabajar a nuestros arquitectos de futuro en proyectos de cuartos-sarcófago, o féretros de diseño, desde donde nuestros precarizados y empobrecidos jóvenes, puedan asomar la cabeza y respirar la inmensa paz de esos grandes y bernanianos cementerios bajo la luna.


17 Octubre, menos pobres, menos iguales

octubre 18, 2018

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, me remitió una invitación para asistir, en el Consejo Económico y Social, a la presentación del Informe sobre Desigualdad en España, en su tercera edición, que cuenta en esta ocasión con la colaboración de las Fundaciones Largo Caballero y 1º de Mayo.

Más allá de los datos que  aparecen en el Informe, accesible en la página web de la Fundación. Más allá de sus análisis sobre la estructura de rentas en nuestro país, las diferencias territoriales, de empleo, edad, sexo, o nivel formativo. Por encima de las consideraciones sobre el papel de los sistemas de protección social y su debilitamiento  durante la crisis, quisiera detenerme en unas cuantas conclusiones, muchas de las cuales han sido destacadas a lo largo de la presentación.

La pobreza es casi siempre relativa. En la mayor parte del mundo  una familia con 800 euros al mes no puede ser considerada, ni mucho menos, pobre. En España, con esos mismos ingresos, una familia puede ser pobre y vulnerable. En Francia, esa familia podría ser incluida en la categoría de pobreza severa. Por lo tanto, ser pobre no sólo tiene que ver con la cantidad de ingresos absolutos, sino con lo que puedes hacer con tus rentas. Siempre somos pobres, como dice un amigo, comparado con qué.

Es cierto que el nivel de rentas en un entorno puede ser uno de los primeros indicadores, pero eso sólo mide nuestra capacidad de comprar bienes o servicios. Es cierto que en un mundo-consumo este factor es determinante. Pero quedarnos ahí sería anodino y superficial. Por eso se utilizan hoy otras formas de medir la pobreza, como el Coeficiente de Gini, que valora cualquier forma de distribución desigual.

El Indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and/or social Exclusion), ha sido desarrollado y es cada vez más utilizado en la Unión Europea. Toma en consideración el factor de las rentas, pero sin olvidar la vivienda, las vacaciones, alimentación,  movilidad, empleo, entre otros. Por su parte, las Naciones Unidas cuentan con el Indice de Desarrollo Humano y el Indice de Pobreza Humana, más centrado en las carencias y privaciones que sufren las personas en cada país.

La crisis que hemos atravesado ha convertido las desigualdades en un fenómeno estructural. La recuperación no permite que las desigualdades se reduzcan. Ese ha sido uno de los efectos que ha producido la crisis financiera que se desencadenó con Lehman Brothers, que resultó no sólo financiera, sino que terminó por pudrir la economía mundial, doblegar la política y emponzoñar las relaciones sociales.

La crisis ha descalabrado y descabalado la democracia. Los rescates han debilitado a la política en su capacidad de redistribuir la riqueza y repartir las cargas. El ultraliberalismo del menos Estado, del más dejar hacer a quienes pueden hacer y el más dejar pasar el deterioro de la vida de la mayoría de la población, ha debilitado lo público, lo de todos, cuanto garantiza la cohesión social. Convendría rastrear por ahí el surgimiento de populismos y movimientos de ultraderecha.

La reforma laboral ha supuesto un mazazo a la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras organizados en sindicatos de conseguir la redistribución de la riqueza allí donde se produce, en el seno de las empresas. El poder adquisitivo del salario se ha reducido y las diferencias salariales se han agudizado entre hombres y mujeres, temporales y fijos, jóvenes y mayores. El fenómeno de trabajar y ser pobre se extiende. La precariedad se ha convertido en ley de vida.

Hay quienes, desde los propios poderes económicos internacionales, avisan de que un aumento de las desigualdades terminará perjudicando las propias posibilidades de la economía, que es tanto como decir que los ricos serán devorados por su propia avaricia. Es el mismísimo Fondo Monetario Internacional quien avisa de que el aumento de la brecha social en un país provoca un freno para el crecimiento económico.

Perdidos como andamos en los escándalos de nuestros políticos, personales y colectivos, no queda tiempo para tomar en consideración que la libertad y la igualdad son las dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra. Es imposible. Se llenan los políticos la boca de una España de personas libres e iguales. Pero son pocos los que trabajan de verdad a favor de la igualdad de oportunidades y muchos los que en nombre de la libertad condenan a demasiada gente al trabajo indecente y la vida en miseria.

Y precisamente ahora que nos encontramos en el entorno del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y cuando el 7 de octubre pasado hemos renovado nuestro compromiso con el Trabajo Decente, sería bueno que cualquiera que gobierne, o quiera gobernar este país, firme un contrato con la ciudadanía para que la libertad y la igualdad se conviertan en principios rectores de su actividad de gobierno. Un contrato para que la pobreza y la brutal desigualdad desaparezcan de España.

Es una bonita bandera y una causa patriótica que merece todo ese esfuerzo que se dilapida en ejercicios inútiles y estériles de banderías nacionales y nacionalistas, que sólo generan odio, confrontación y el triunfo de las bajas pasiones.  Porque no es de recibo que una de cada cinco personas en España sea pobre, mientras que, en plena crisis, el número de ricos aumenta. No es admisible que, tras la crisis, salir de la pobreza sea más difícil y la brecha de la desigualdad sea más insalvable.


La doctrina Casado

octubre 18, 2018

Me remite Antonio Rato, uno de los abogados de la estirpe de los de Atocha, un correo con algunas opiniones sobre el asunto de los títulos de Casado. Parte de algunas consideraciones sobre el desprestigio generalizado de la universidad, allá por los años 50, en sus tiempos de estudiante.

Tiempos, nos recuerda Antonio, en los que los titulares de las cátedras universitarias se encontraban en el exilio y los nuevos titulares no daban la talla, ni el nivel, exigibles. Tiempos en los que era de buen tono tener recomendaciones. Se presumía abiertamente de ello y no pocos sacaban a pasear, a las primeras de cambio, el consabido, ¡Vd. no sabe con quién está hablando!

Con 800 alumnos en el Aula Magna (porque alumnas sólo había 4),  no es extraño que los estudiantes fueran autodidactas, aprendieran casi de por libre en la biblioteca y se presentaran en las aulas para realizar los exámenes, o en todo caso para asistir a unas cuantas y poco habituales clases prácticas. Eran frecuentes los aprobados generales, o los aprobados selectivos.

Le asombra a mi amigo Rato (Antonio, no el otro), que hayan vuelto a algunas universidades, como la Rey Juan Carlos, esos modernos aprobados selectivos y discrecionales, esos aprobados generales, esa falta de aprecio por los claustros, la enseñanza oficial a la carta y de por libre.

Con todo, lo que más le asombra a nuestro compañero abogado es la pasividad del Tribunal Supremo a la hora de juzgar la concesión de títulos académicos en los que llaman la atención las facilidades pasmosas con las que se obtuvieron y que los vacían de contenido. Pese a todo lo cual, el Tribunal, a la vista de hechos tan evidentes, tan siquiera se atreve a declararlos títulos nulos.

Dicho de otra manera, Casado y algunas y algunos de sus compañeros y compañeras, que reconocieron haber obtenido el título sin haber hecho curso alguno, ni asistir a clase, podrán exhibir tranquilamente estos títulos en su currículum, acumulando méritos que falsearían cualquier selección de candidatos. Ahí quedan el mérito y la capacidad, reconocidos en nuestra Constitución, a la hora de obtener un puesto de trabajo.

El Tribunal no los declara nulos, ni mucho menos delictivos, cuando los hechos probados y reconocidos, me recuerda Antonio Rato, son subsumibles, de forma inconcusa, en el artículo 399 del Código Penal. Es decir, que los hechos son constitutivos de delito sin ningún tipo de duda.

El artículo viene a decir que, quien en el ejercicio de sus funciones comete falsedad, alterando documentos, o requisitos; o simula un documento en todo o en parte; o inventa la intervención de personas que no han intervenido, o las palabras de quien no dijo tales cosas; o falta a la verdad en la narración de los hechos, podrá ser condenado de 3 a 6 años de prisión, multas de 6 a 24 meses y a la inhabilitación de 2 a 6 años.

Habrá quien diga ahora que Casado no era funcionario, ni empleado público, ni  autor material del delito. Pero, es entonces cuando Rato nos recuerda que, o bien fue inductor, o cuando menos encubridor con beneficio personal de tales hechos. Aquí entra en acción el artículo 301, del mismo Código Penal, que castiga como encubridor a quien utilice bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva.

Devolver el prestigio a los títulos de posgrado. Recuperar la reputación de la Universidad. Resarcir a quienes han sido víctimas del engaño, al haber visto vulnerado su derecho a ostentar un título conseguido con esfuerzo personal y coste económico, exige reconocer que Casado ha participado, con el grado de responsabilidad que se determine, en el caso máster.

No puede existir una justicia para robagallinas y otra para robamillones. Prisión para unos y vías de fuga para otros. Se encarcela al político que se enriquece cobrando comisiones mientras se deja libre a quien las paga para obtener concesiones que le enriquecen ilegítimamente.

En procesos como el de las tarjetas black, los altos directivos que más gastaron se van de rositas, en otros casos quien roba niños resulta absuelto y si viene al caso y es necesario se inventa la doctrina Botín. Nunca he creído que todas y todos seamos iguales ante la ley. Ahora, a la vista de la doctrina Casado y los argumentos esgrimidos por Antonio Rato, sobradamente conocidos en los ámbitos jurídicos, aún menos.

Imagino que serán suposiciones mías, viejos rencores, pertinaces rencillas y envidia personal de lo bien que les va a algunos ante la justicia, mientras que otros sienten todo el peso, cada vez menos ciego, de la ley.


7 Octubre, Trabajo Decente: Cambiar las reglas

octubre 18, 2018

En el año 2008 la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC) convocó la Primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMDT). La convocatoria partía de la convicción de que no puede existir una vida decente si el trabajo no lo es también. Una certeza que ha conseguido unir a las organizaciones de trabajadores, sociales, religiosas, culturales, en torno al 7 de octubre de cada año.

Fue hace casi veinte años, cuando el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que forman parte organizaciones empresariales, sindicales y representantes de los gobiernos, presentó una primera Memoria sobre el Trabajo Decente, en la que acuñó el término.

El concepto de Trabajo Decente hace referencia al trabajo que ofrece oportunidades para que las personas puedan ganarse la vida, tener un salario digno, realizar una actividad productiva en condiciones de libertad, seguridad, respeto a la dignidad humana y con derechos laborales y sociales.

Tenemos derecho al trabajo, a las oportunidades de empleo, a la protección social, a negociar nuestras condiciones laborales en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. Sin ello no será posible acabar con la pobreza, no podremos asegurar que las personas alcanzan un desarrollo integral, no tendremos una sociedad cohesionada en torno a valores como la libertad y la igualdad.

Cada año, en más de 100 países del mundo, se reivindican las conquistas sindicales y un desarrollo que distribuya las rentas y que no beneficie exclusivamente a los privilegiados. Se reclama el fortalecimiento de los derechos y libertades democráticas, junto al reconocimiento de cuantas personas han dedicado su vida a este esfuerzo de mejorar la vida de todas y todos.

Este año la JMTD se ha marcado un objetivo, un lema global: Cambiar las reglas. Vivimos en un mundo en el que el 65% de los países excluyen a los trabajadores de la legislación laboral, el 85% vulnera el derecho de huelga, en cuatro de cada cinco países se deniega el derecho a la negociación colectiva, total o parcialmente y son muchos los lugares del planeta en los que se limita la libertad de expresión y reunión de los trabajadores, se ven sometidos a amenazas, violencia, detenciones, encarcelamiento, o son asesinados impunemente.

Por eso hay que cambiar las reglas. Reglas que fomentan el desorden, que favorece los intereses de los poderosos, mientras actúan sistemáticamente en contra de los trabajadores y trabajadoras. Reglas que aumentan la desigualdad y producen inseguridad, debilitan la libertad y el propio sistema democrático. Abusos como los de Coca-Cola, Amazon, o Ryanair, desbordan las fronteras de un solo país, imponiendo sus designios y sus normas a los gobiernos nacionales, para preservar su inmenso negocio.

Varias son las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro, en el conjunto del planeta. El poder ilimitado de las corporaciones económicas, la reducción de los espacios democráticos en los que podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro, la incapacidad, cuando no el desinterés, de los gobiernos para corregir la situación aplicando legislaciones que refuercen los derechos y la igualdad.

Y, sin embargo, no todo está perdido. Frente a los retrocesos, los recortes y la aceptación de la lógica perversa de un mundo en acelerado retroceso, algunos países han demostrado que se pueden introducir medidas para reducir la brecha salarial de género, dignificar el trabajo de quienes prestan servicios a las personas, proteger contra la violencia de género, recuperar derechos sociales.

Algunos gobiernos han demostrado que se puede dirigir, gobernar, hacer política, escuchando a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Las reglas, las normas, las leyes, pueden ser elaboradas y aprobadas pensando en la vida de las personas, en lugar de poner la vida al servicio de los grandes intereses empresariales. El 7 de Octubre saldremos a las calles para cambiar las reglas, que es otra manera de decir, para darle la vuelta a la tortilla.