17 Octubre, menos pobres, menos iguales

octubre 18, 2018

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, me remitió una invitación para asistir, en el Consejo Económico y Social, a la presentación del Informe sobre Desigualdad en España, en su tercera edición, que cuenta en esta ocasión con la colaboración de las Fundaciones Largo Caballero y 1º de Mayo.

Más allá de los datos que  aparecen en el Informe, accesible en la página web de la Fundación. Más allá de sus análisis sobre la estructura de rentas en nuestro país, las diferencias territoriales, de empleo, edad, sexo, o nivel formativo. Por encima de las consideraciones sobre el papel de los sistemas de protección social y su debilitamiento  durante la crisis, quisiera detenerme en unas cuantas conclusiones, muchas de las cuales han sido destacadas a lo largo de la presentación.

La pobreza es casi siempre relativa. En la mayor parte del mundo  una familia con 800 euros al mes no puede ser considerada, ni mucho menos, pobre. En España, con esos mismos ingresos, una familia puede ser pobre y vulnerable. En Francia, esa familia podría ser incluida en la categoría de pobreza severa. Por lo tanto, ser pobre no sólo tiene que ver con la cantidad de ingresos absolutos, sino con lo que puedes hacer con tus rentas. Siempre somos pobres, como dice un amigo, comparado con qué.

Es cierto que el nivel de rentas en un entorno puede ser uno de los primeros indicadores, pero eso sólo mide nuestra capacidad de comprar bienes o servicios. Es cierto que en un mundo-consumo este factor es determinante. Pero quedarnos ahí sería anodino y superficial. Por eso se utilizan hoy otras formas de medir la pobreza, como el Coeficiente de Gini, que valora cualquier forma de distribución desigual.

El Indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and/or social Exclusion), ha sido desarrollado y es cada vez más utilizado en la Unión Europea. Toma en consideración el factor de las rentas, pero sin olvidar la vivienda, las vacaciones, alimentación,  movilidad, empleo, entre otros. Por su parte, las Naciones Unidas cuentan con el Indice de Desarrollo Humano y el Indice de Pobreza Humana, más centrado en las carencias y privaciones que sufren las personas en cada país.

La crisis que hemos atravesado ha convertido las desigualdades en un fenómeno estructural. La recuperación no permite que las desigualdades se reduzcan. Ese ha sido uno de los efectos que ha producido la crisis financiera que se desencadenó con Lehman Brothers, que resultó no sólo financiera, sino que terminó por pudrir la economía mundial, doblegar la política y emponzoñar las relaciones sociales.

La crisis ha descalabrado y descabalado la democracia. Los rescates han debilitado a la política en su capacidad de redistribuir la riqueza y repartir las cargas. El ultraliberalismo del menos Estado, del más dejar hacer a quienes pueden hacer y el más dejar pasar el deterioro de la vida de la mayoría de la población, ha debilitado lo público, lo de todos, cuanto garantiza la cohesión social. Convendría rastrear por ahí el surgimiento de populismos y movimientos de ultraderecha.

La reforma laboral ha supuesto un mazazo a la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras organizados en sindicatos de conseguir la redistribución de la riqueza allí donde se produce, en el seno de las empresas. El poder adquisitivo del salario se ha reducido y las diferencias salariales se han agudizado entre hombres y mujeres, temporales y fijos, jóvenes y mayores. El fenómeno de trabajar y ser pobre se extiende. La precariedad se ha convertido en ley de vida.

Hay quienes, desde los propios poderes económicos internacionales, avisan de que un aumento de las desigualdades terminará perjudicando las propias posibilidades de la economía, que es tanto como decir que los ricos serán devorados por su propia avaricia. Es el mismísimo Fondo Monetario Internacional quien avisa de que el aumento de la brecha social en un país provoca un freno para el crecimiento económico.

Perdidos como andamos en los escándalos de nuestros políticos, personales y colectivos, no queda tiempo para tomar en consideración que la libertad y la igualdad son las dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra. Es imposible. Se llenan los políticos la boca de una España de personas libres e iguales. Pero son pocos los que trabajan de verdad a favor de la igualdad de oportunidades y muchos los que en nombre de la libertad condenan a demasiada gente al trabajo indecente y la vida en miseria.

Y precisamente ahora que nos encontramos en el entorno del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y cuando el 7 de octubre pasado hemos renovado nuestro compromiso con el Trabajo Decente, sería bueno que cualquiera que gobierne, o quiera gobernar este país, firme un contrato con la ciudadanía para que la libertad y la igualdad se conviertan en principios rectores de su actividad de gobierno. Un contrato para que la pobreza y la brutal desigualdad desaparezcan de España.

Es una bonita bandera y una causa patriótica que merece todo ese esfuerzo que se dilapida en ejercicios inútiles y estériles de banderías nacionales y nacionalistas, que sólo generan odio, confrontación y el triunfo de las bajas pasiones.  Porque no es de recibo que una de cada cinco personas en España sea pobre, mientras que, en plena crisis, el número de ricos aumenta. No es admisible que, tras la crisis, salir de la pobreza sea más difícil y la brecha de la desigualdad sea más insalvable.

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La doctrina Casado

octubre 18, 2018

Me remite Antonio Rato, uno de los abogados de la estirpe de los de Atocha, un correo con algunas opiniones sobre el asunto de los títulos de Casado. Parte de algunas consideraciones sobre el desprestigio generalizado de la universidad, allá por los años 50, en sus tiempos de estudiante.

Tiempos, nos recuerda Antonio, en los que los titulares de las cátedras universitarias se encontraban en el exilio y los nuevos titulares no daban la talla, ni el nivel, exigibles. Tiempos en los que era de buen tono tener recomendaciones. Se presumía abiertamente de ello y no pocos sacaban a pasear, a las primeras de cambio, el consabido, ¡Vd. no sabe con quién está hablando!

Con 800 alumnos en el Aula Magna (porque alumnas sólo había 4),  no es extraño que los estudiantes fueran autodidactas, aprendieran casi de por libre en la biblioteca y se presentaran en las aulas para realizar los exámenes, o en todo caso para asistir a unas cuantas y poco habituales clases prácticas. Eran frecuentes los aprobados generales, o los aprobados selectivos.

Le asombra a mi amigo Rato (Antonio, no el otro), que hayan vuelto a algunas universidades, como la Rey Juan Carlos, esos modernos aprobados selectivos y discrecionales, esos aprobados generales, esa falta de aprecio por los claustros, la enseñanza oficial a la carta y de por libre.

Con todo, lo que más le asombra a nuestro compañero abogado es la pasividad del Tribunal Supremo a la hora de juzgar la concesión de títulos académicos en los que llaman la atención las facilidades pasmosas con las que se obtuvieron y que los vacían de contenido. Pese a todo lo cual, el Tribunal, a la vista de hechos tan evidentes, tan siquiera se atreve a declararlos títulos nulos.

Dicho de otra manera, Casado y algunas y algunos de sus compañeros y compañeras, que reconocieron haber obtenido el título sin haber hecho curso alguno, ni asistir a clase, podrán exhibir tranquilamente estos títulos en su currículum, acumulando méritos que falsearían cualquier selección de candidatos. Ahí quedan el mérito y la capacidad, reconocidos en nuestra Constitución, a la hora de obtener un puesto de trabajo.

El Tribunal no los declara nulos, ni mucho menos delictivos, cuando los hechos probados y reconocidos, me recuerda Antonio Rato, son subsumibles, de forma inconcusa, en el artículo 399 del Código Penal. Es decir, que los hechos son constitutivos de delito sin ningún tipo de duda.

El artículo viene a decir que, quien en el ejercicio de sus funciones comete falsedad, alterando documentos, o requisitos; o simula un documento en todo o en parte; o inventa la intervención de personas que no han intervenido, o las palabras de quien no dijo tales cosas; o falta a la verdad en la narración de los hechos, podrá ser condenado de 3 a 6 años de prisión, multas de 6 a 24 meses y a la inhabilitación de 2 a 6 años.

Habrá quien diga ahora que Casado no era funcionario, ni empleado público, ni  autor material del delito. Pero, es entonces cuando Rato nos recuerda que, o bien fue inductor, o cuando menos encubridor con beneficio personal de tales hechos. Aquí entra en acción el artículo 301, del mismo Código Penal, que castiga como encubridor a quien utilice bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva.

Devolver el prestigio a los títulos de posgrado. Recuperar la reputación de la Universidad. Resarcir a quienes han sido víctimas del engaño, al haber visto vulnerado su derecho a ostentar un título conseguido con esfuerzo personal y coste económico, exige reconocer que Casado ha participado, con el grado de responsabilidad que se determine, en el caso máster.

No puede existir una justicia para robagallinas y otra para robamillones. Prisión para unos y vías de fuga para otros. Se encarcela al político que se enriquece cobrando comisiones mientras se deja libre a quien las paga para obtener concesiones que le enriquecen ilegítimamente.

En procesos como el de las tarjetas black, los altos directivos que más gastaron se van de rositas, en otros casos quien roba niños resulta absuelto y si viene al caso y es necesario se inventa la doctrina Botín. Nunca he creído que todas y todos seamos iguales ante la ley. Ahora, a la vista de la doctrina Casado y los argumentos esgrimidos por Antonio Rato, sobradamente conocidos en los ámbitos jurídicos, aún menos.

Imagino que serán suposiciones mías, viejos rencores, pertinaces rencillas y envidia personal de lo bien que les va a algunos ante la justicia, mientras que otros sienten todo el peso, cada vez menos ciego, de la ley.


7 Octubre, Trabajo Decente: Cambiar las reglas

octubre 18, 2018

En el año 2008 la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC) convocó la Primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMDT). La convocatoria partía de la convicción de que no puede existir una vida decente si el trabajo no lo es también. Una certeza que ha conseguido unir a las organizaciones de trabajadores, sociales, religiosas, culturales, en torno al 7 de octubre de cada año.

Fue hace casi veinte años, cuando el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que forman parte organizaciones empresariales, sindicales y representantes de los gobiernos, presentó una primera Memoria sobre el Trabajo Decente, en la que acuñó el término.

El concepto de Trabajo Decente hace referencia al trabajo que ofrece oportunidades para que las personas puedan ganarse la vida, tener un salario digno, realizar una actividad productiva en condiciones de libertad, seguridad, respeto a la dignidad humana y con derechos laborales y sociales.

Tenemos derecho al trabajo, a las oportunidades de empleo, a la protección social, a negociar nuestras condiciones laborales en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. Sin ello no será posible acabar con la pobreza, no podremos asegurar que las personas alcanzan un desarrollo integral, no tendremos una sociedad cohesionada en torno a valores como la libertad y la igualdad.

Cada año, en más de 100 países del mundo, se reivindican las conquistas sindicales y un desarrollo que distribuya las rentas y que no beneficie exclusivamente a los privilegiados. Se reclama el fortalecimiento de los derechos y libertades democráticas, junto al reconocimiento de cuantas personas han dedicado su vida a este esfuerzo de mejorar la vida de todas y todos.

Este año la JMTD se ha marcado un objetivo, un lema global: Cambiar las reglas. Vivimos en un mundo en el que el 65% de los países excluyen a los trabajadores de la legislación laboral, el 85% vulnera el derecho de huelga, en cuatro de cada cinco países se deniega el derecho a la negociación colectiva, total o parcialmente y son muchos los lugares del planeta en los que se limita la libertad de expresión y reunión de los trabajadores, se ven sometidos a amenazas, violencia, detenciones, encarcelamiento, o son asesinados impunemente.

Por eso hay que cambiar las reglas. Reglas que fomentan el desorden, que favorece los intereses de los poderosos, mientras actúan sistemáticamente en contra de los trabajadores y trabajadoras. Reglas que aumentan la desigualdad y producen inseguridad, debilitan la libertad y el propio sistema democrático. Abusos como los de Coca-Cola, Amazon, o Ryanair, desbordan las fronteras de un solo país, imponiendo sus designios y sus normas a los gobiernos nacionales, para preservar su inmenso negocio.

Varias son las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro, en el conjunto del planeta. El poder ilimitado de las corporaciones económicas, la reducción de los espacios democráticos en los que podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro, la incapacidad, cuando no el desinterés, de los gobiernos para corregir la situación aplicando legislaciones que refuercen los derechos y la igualdad.

Y, sin embargo, no todo está perdido. Frente a los retrocesos, los recortes y la aceptación de la lógica perversa de un mundo en acelerado retroceso, algunos países han demostrado que se pueden introducir medidas para reducir la brecha salarial de género, dignificar el trabajo de quienes prestan servicios a las personas, proteger contra la violencia de género, recuperar derechos sociales.

Algunos gobiernos han demostrado que se puede dirigir, gobernar, hacer política, escuchando a los pueblos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Las reglas, las normas, las leyes, pueden ser elaboradas y aprobadas pensando en la vida de las personas, en lugar de poner la vida al servicio de los grandes intereses empresariales. El 7 de Octubre saldremos a las calles para cambiar las reglas, que es otra manera de decir, para darle la vuelta a la tortilla.


Cuídate de los guardianes de los dioses

octubre 18, 2018

Uno de los primeros premios de  narrativa que gané me lo concedieron por escribir un cuento que se titulaba La Academia Club Social. El jurado del Certamen Voces del Chamamé, presidido por el poeta y novelista asturiano Javier García Cellino, me entregó el galardón en el Salón de Actos del Diario Nueva España, en Oviedo.

Cada vez que pienso en aquello, hace ya más de 20 años, se me ocurre pensar que hoy aquel cuento que me llenó de tanto orgullo, no hubiera merecido un premio, sino, tal vez, un procesamiento judicial y hasta una condena.

Leo, en este diario que acoge mi blog, un artículo titulado 9 (+1) canciones que ya se metieron con el rey antes de Valtònyc y no pasó nada. Desgraciadamente, hoy sí pasa algo. Canciones así serían constitutivas de delito de amenazas, calumnias y/o injurias graves a la corona. Leo también que un juez procesa al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María, acusado de cometer un delito contra los sentimientos religiosos.

No siento especial admiración personal ni artística por el uno, ni por el otro, pero me parece que cuanto les acontece sólo contribuye a alimentar una fama que, de otro modo, no hubieran conseguido. Vean si no, cómo el actor se arroja en brazos de Teresa de Calcuta, a la que define como una de las mayores criminales que han pisado este planeta, para seguir explotando el filón.

Y es que hay cosas que pasan ahora y que no pasaban antes. Las leyes son las mismas, pero han sido retocadas y reconvertidas sutilmente, de forma que la justicia las interpreta de otra manera y la libertad va siendo recortada, cediendo paso a la condena, la cárcel y el miedo.

Hemos entrado en un tiempo de caza de brujas del que nadie puede sentirse libre. Ha pasado con los sindicalistas que un buen día van a la huelga y terminan por ser acusados de impedir el derecho al trabajo en día de huelga. Y pasa ahora con personajes públicos que la emprenden con Dios, la Virgen Santísima, o con los Reyes.

Debimos comenzar a temernos lo peor cuando Javier Krahe tuvo que sentarse ante un juez pos haber publicitado la receta para cocinar un crucifijo. Juicios tengas y los ganes. Menos mal que, en este caso, el juez terminó por estimar que nuestro Brassens familiar y de andar por casa, sólo quería ejercer su libre expresión artística, ciertamente con burla, sátira, provocación y crítica de la religión, pero sin intento de ofender.

En tiempos del dictador, al que algunos llaman aún Caudillo por la gracia de Dios, la blasfemia era delito. Durante la incipiente democracia dejó de serlo. Ahora no lo es, pero cualquiera puede denunciarte por considerar ofendidos sus sentimientos religiosos. El resultado es el mismo, y a veces peor, que durante el franquismo.

El caso es que cuando escribí el cuento, ganó el premio y fue publicado en un libro recopilatorio. Nadie objetó nada, ni en privado, ni en público, ni mucho menos ante los tribunales. Sin haberlo pretendido entonces, el cuento me parece hoy premonitorio.

Sin darme cuenta lo llené de protagonistas en las fronteras que separan lo ilegal y viciado, de lo soberbio y glorioso. Jóvenes en el escabroso mundo de la pederastia, la prostitución, la homosexualidad. Jueces, personajes corruptos. Y, para colmo, un molesto e inesperado ¡Me cagüen Dios! a bocajarro, en la primera página. Para no haberlo planeado, el relato toca todos los palos y pisa todos los charcos.

El caso es que entonces no sentí miedo ni preocupación alguna. Hoy, sin embargo, cuando el relato ha sido reeditado en un libro que recopila una decena de cuentos premiados, siento la extraña sensación de estar jugando a la ruleta rusa, el temor de que alguien pueda sentirse ofendido en cualquiera de sus creencias y hasta en alguna de sus no  creencias.

O yo era más joven, inconsciente, e indocumentado, o las cosas eran distintas y menos complicadas hace veinte años. O tal vez disfrutábamos de una libertad en expansión que, poco a poco, como sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo a manos de inquisidores de todos los colores.

Lo que es peor, lo hemos dejado estar, les hemos permitido hacer, hemos preferido callar. Esos pequeños silencios que, cuando menos lo esperas, nos dejan en manos de monstruos. Nuestros propios monstruos. Guardianes de reyes y dioses.


Tarifazos

septiembre 30, 2018

Llevamos un mesecito en el que día sí, día también, alguien anuncia que vamos a pagar máximos históricos por el precio de la luz. Me llaman desde TeleSur en Ecuador, para pedirme opinión sobre estas noticias que siembran alarma y confusión también más allá del océano. Les dirijo hacia quien puede darles una opinión más cualificada que la mía. Doctores tiene la iglesia que puedan explicar qué está pasando en esta España con los precios de la luz.

Unas veces nos explican que la justificación se encuentra en los costes que tiene para las eléctricas la emisión de CO2 en las centrales térmicas. Otras veces la culpa la tiene la subida de los precios  del gas, el petróleo, o el carbón. Hasta alguien acusa al agua de contribuir a la subida de los precios de la electricidad, en función de una cosa que llaman “coste de oportunidad”. Y eso que, este año, no ha sido particularmente seco.

En este país las eléctricas se apañan para justificar subidas de los precios de la energía, hasta recurriendo a la mala gestión de las energías renovables, que termina por encarecer los costes finales. He leído a  quien pretende demostrar que, cuanta menos inversión en renovables, menos coste final de la electricidad.

Para terminar de arreglarlo, hay que sumar el impuesto del 7 por ciento sobre la producción de energía, que acabamos pagando los consumidores, o los sobrecostes artificiales que introduce el sistema de fijación de precios, según el cual pagamos toda la electricidad al importe más alto que se haya pagado ese día. Las eléctricas nunca pierden. El Estado tampoco.

No es extraño que España, sin tener el mayor PIB de Europa, ni los salarios más altos, encabece los precios de la electricidad en la UE. Si tomamos en cuenta los impuestos, nuestro país se sitúa tan sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica, o Irlanda. Sin embargo, antes de impuestos, nuestro país se encarama a la primera posición.

Si no se quieren tocar los ingresos del Estado vía impuestos, ni se quiere racionalizar el sistema de fijación de precios, perjudicando los ingresos de las grandes y todopoderosas eléctricas, sólo cabe incrementar la publicidad y la propaganda. A ello se han lanzado con una campaña de difusión del bono social eléctrico. Un bono que podría haber beneficiado a 5´5 millones de familias, pero que sólo ha sido solicitado por algo más de 600.000 y que han terminado disfrutando poco más de 300.000. Incluso muchas personas que venían disfrutando del anterior formato de bono social, se han perdido por el camino, al exigirles un engorroso mecanismo de renovación.

He visto que en muchos debates se acusa a la falta de información de la escasa incidencia de esta medida. Dudo que el problema resida ahí. Me temo que muchas de esas familias que podrían acogerse a las categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social, desisten ante la necesidad de tener que demostrar, mediante cuantioso papeleo y no pocas esperas, que pertenecen a una de esas castas sociales marginales en las que pretenden encasillarlos. Me indigna ver a tantas personas mayores en esta carrera de obstáculos.

El Estado dispone de toda la información necesaria para renovar un bono social para adaptarlo a los nuevos requisitos, o para detectar a posibles nuevos beneficiarios. Todos los datos sobre las unidades familiares, empadronamientos, rentas, pagos de impuestos, pensiones y hasta estados de salud, niveles educativos y prestaciones sociales, están en su poder y es bien sabido que la Administración no tiene que pedir al administrado nada que ya obre en su poder. Eso, además de que terminan siendo las eléctricas las que gestionan datos privados de sus clientes, que nada tienen que ver con el servicio.

Hay, seguro, otras maneras de hacerlo, de informar, asesorar, facilitar, ayudar. Lo que es seguro es que tanta humillación no es necesaria, De verdad.


Almas rebeldes, alzadas del suelo

septiembre 30, 2018

La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal ha organizado un curso sobre el presente de la juventud en nuestro país y me invitan a participar en una mesa redonda para debatir si otra política económica es posible para los jóvenes. No sé si ser optimista, o pesimista, a la vista de la inoperancia manifiesta y las malas prácticas económicas de nuestra clases política y empresarial, cada vez menos diferenciadas y más intercambiables.

En una larga marcha de casi cuarenta años, el neoliberalismo y la crisis han conseguido que el miedo impere en el planeta, adueñándose de los pueblos, conduciéndonos a la desesperanza y la aceptación de un pensamiento único que impone la consumación de la historia y el final de cualquier posibilidad de cambio, o alternativa. Ya no hay, según estos personajes, otros mundos posibles. El único mundo que podemos concebir y permitirnos es el del mercado y sus libres mercaderes. Esa es la realidad y hay que ser realistas, parecen decirnos.

Georges Bernanos ya nos alertaba hace décadas, en ese hermoso libro titulado Los grandes cementerios bajo la luna, en el que da buena cuenta de la represión brutal del franquismo desde los primeros momentos de la Guerra Civil española, Me ha parecido siempre que el optimismo es la coartada astuta de los egoístas, preocupados por disimular su crónica satisfacción sobre ellos mismos. Son optimistas para librarse de tener miedo de los hombres, de sus desgracias.

No seamos, así pues, optimistas autocomplacientes. Lo cual no nos impide ser rebeldes, a la manera que nos enseñó Albert Camus, De los resistentes es la última palabra. Cumplimos cincuenta años de aquel Mayo del 68, que se vivió no sólo en París, sino en muchos otros lugares de Europa y del planeta (no olvidemos Estados Unidos, o la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco). La frase de Herbert Marcuse, Seamos realistas, pidamos lo imposible, marcó el camino de la necesaria rebeldía frente a la imposición, cuando no desatada violencia, del poder.

No olvidemos tampoco que los tanques del Pacto de Varsovia aplastaban, hace también medio siglo, la Primavera de Praga. Aquel golpe brutal no acabó con las ansias de libertad, sino que destrozó definitivamente la credibilidad de la Unión Soviética y preparó la caída de los muros y los regímenes del Este. El mismo año 68 en el que Luther King caía abatido en Menphis. Murió el hombre, pero el Movimiento de los Derechos Civiles siguió adelante.

Fue Nelson Mandela, del que conmemoramos los 100 años de su nacimiento, quien nos animó también a tomar buena nota de que, Siempre parece imposible hasta que se hace. Y él lo demostró en Sudáfrica, pese a arrastrar 27 años de cárcel a sus espaldas.

Con todo, el más duro, frente al falso optimismo y el realismo impuesto, vuelve a ser Georges Bernanos, Le realisme c´est la bonne conscience des salauds. Traducido viene a significar que, El realismo es la buena conciencia de los bastardos. Un término, les salauds, que también he visto traducir a alguien como, los hijos de puta.

Más allá del realismo, del optimismo, o del pesimismo, creo que todas y todos tenemos una obligación en estos momentos. Tomar conciencia, como lo hizo Antonio Gramsci, que falleció tras más de diez años de persecución y cárcel, bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos. Frente al dominio todopoderoso e implacable de esos monstruos, no nos queda otra posibilidad que mantener la rebeldía, porque, cada alma que se alza, eleva al mundo.

Dejo, a quien lea este artículo, la elección de quién haya pronunciado por primera vez esta frase, que he visto atribuida al ya citado Bernanos, a Gandhi, a Élisabeth Leseur y a François de Rochefoucauld. A fin de cuentas, sea cual sea tu elección, habrá merecido la pena.


Algunas reflexiones sobre los jóvenes

septiembre 30, 2018

La Comisión de Pastoral Social, dependiente de la Conferencia Episcopal Española, organiza un curso anual sobre Doctrina Social de la Iglesia. Este año el curso tiene un título sugerente, Los jóvenes, presente de la sociedad y de la Iglesia. Me han invitado a participar en una de las mesas redondas para reflexionar sobre una pregunta, ¿Hay otra política económica para los jóvenes?

Lo primero que se me ocurre es que sólo habrá otra política económica para los jóvenes, si es posible otra política económica para el conjunto de la población. Pero este pensamiento choca frontalmente con la concepción generalizada de que éste mundo es inmutable. Salvaje, injusto, desigual, competitivo, cruel, siniestro.

Para quienes defienden esta forma de ver el mundo (y no son pocos), las cosas son así, aunque no lo queramos y sólo es posible pactar algunos espacios de libertad condicional, bajo permanente vigilancia de ese Gran Hermano que comenzó a fraguarse en torno al 1984. Son ya muchas las personas y las instituciones que han aceptado esta lógica.

Y, sin embargo, sigo creyendo que no todo está perdido, siempre que hagamos bandera de la lucha contra la precariedad. Una precariedad que es mucho más que la temporalidad en el empleo, porque ambiciona ocupar cada espacio de nuestras vidas, desde la educación, a la salud, la vivienda, la vejez y hasta las creencias religiosas. La precariedad es un nuevo dios autista, omnipotente, omnipresente y ensimismado, incapaz de reconocernos mínimos espacios de libertad.

Yendo al asunto, un buen comienzo para afrontar una política económica que sirva a nuestros jóvenes consistiría en fortalecer el sistema educativo para acabar con el Abandono Educativo Temprano (AET), que se sitúa en España por encima del 18%, mientras que en Europa la media se encuentra levemente por encima del 10%. En el año 2020, la Unión Europea ha fijado el objetivo de que los países miembros no superen el 10%.

Hasta ahora el Gobierno del PP había venido aireando que, en 2008, justo antes del comienzo de la crisis, nuestras tasas de abandono escolar temprano estaban por encima del 31 por ciento, para justificar, a continuación, que hemos mejorado mucho. Aún así, el anterior Ministro de Educación, avanzaba que llegaríamos al final de la década con un 15% de abandono educativo temprano, lo cual me parece hasta optimista.

Durante los años de bonanza anteriores a la crisis, muchos jóvenes preferían trabajar a seguir estudiando. Cuando la crisis se quedó a vivir entre nosotros, nuestros jóvenes, atenazados por el paro, se han refugiado en mejorar su formación, aunque desde el gobierno, a base de recortes educativos, se haya hecho más bien poco para corregir las tasas de AET. Pero si el empleo se recupera, puede que la tasa de AET se estanque y hasta que vuelva a crecer.

Otra cosa que podemos hacer es promover y prestigiar nuestra Formación Profesional (FP). España mantiene, de forma irresponsable, unos niveles educativos polarizados. De una parte, más del 40% de la población no supera la pura y dura formación obligatoria (la Enseñanza Secundaria Obligatoria). En el otro extremo, casi el 36 por ciento de la población tiene formación universitaria, o de Ciclo Superior. El resto se mueve en el nivel de Bachillerato y Ciclos de FP. El hecho es que tan sólo el 12% del alumnado se matricula en FP.

No es extraño que casi el 70% de los jóvenes que tienen un empleo se sientan sobrecualificados y ocupando puestos de trabajo que se encuentran muy por debajo de su nivel formativo, mientras que los empresarios se quejan de que el 44% de los puestos de trabajo no se cubren porque no encuentran personas con la cualificación necesaria. Algo no cuadra.

La cifra de los empresarios parece exagerada y seguro que lo es. A fin de cuentas vienen demostrando que quieren lo mejor, al menor coste posible y con el máximo de beneficio rápido y seguro. Pero es cierto que una Formación Profesional infrautilizada, cuyo prestigio social no alcanza en las encuestas el aprobado, no puede contribuir a ajustar las necesidades productivas con la cualificación.

Prestigiar la FP es esencial. Pero para ello hay que acabar con la bicefalia que conlleva la doble responsabilidad de los Ministerios de Educación y Empleo sobre la Formación Profesional. Hasta eso que se ha dado en llamar FP Dual, lo es, tan sólo, por la doble manera de entender  qué cosa significa la famosa palabra.

Hay que flexibilizar la FP, estableciendo módulos formativos, itinerarios flexibles y adaptados, mejorando la transición hacia la universidad, facilitando el reconocimiento académico de la experiencia profesional adquirida. Son cosas que otros países ensayan con éxito y que en España no pasan del nivel de la formulación teórica y los buenos deseos.

Pero ya desde el nivel de la Formación, hay que combatir la precariedad y en eso aportamos pocas buenas prácticas. Los contratos de formación se han convertido en fraude generalizado con mal empleo y nula formación. Los becario padecen la inseguridad y las bajas remuneraciones y forman parte del paisaje cotidiano del tipo de profesionales que utilizan grandes empresas, instituciones y administraciones. Abundan los anuncios en los que se ofrece trabajar gratis, con tal de engordar un poquito el currículum.

Sin embargo, nadie se ha tomado en serio poner en marcha un Estatuto del Aprendizaje que regule las condiciones de trabajo y formación que deben de aplicarse en las empresas, por más que nos lo reclame la Unión Europea, como al resto de países miembros.

Claro que hay mucho que se puede hacer para impulsar otra política económica y de empleo para nuestra juventud, pero todo comienza con la formación. El proceso formativo no debería ser un reproductor de las miserias del mercado laboral, sino un momento de desarrollo personal que facilita un nuevo modelo empresarial y de empleo. Más estable, más seguro, con más derechos.