FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín


19-F Por un salario digno, contra el desprecio al trabajo

febrero 17, 2017

19f-manifestacion

La fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece que fuera una concesión administrativa de los Gobiernos de turno, o el fruto de un acuerdo entre dos partidos que  sumen la mayoría necesaria en un Parlamento. Es lo que ha ocurrido cuando, año tras año, un gobierno en mayoría absoluta ha aprobado congelaciones del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando, como en esta ocasión, un pacto PP-PSOE ha conducido a una subida del 8%, pero lejos de las propuestas de CCOO y UGT, obviando la participación de sindicatos y empresarios en el proceso.

Las miserables subidas de los últimos años han producido pérdidas del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 2,7 puntos y subidas de menos de 14 euros acumulables en los últimos cinco años y todo ello, en una España en la que más del 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Dirá el Gobierno, en su autocomplacencia infinita, que lo hace cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, que establece que es el Gobierno quien fija el SMI “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Los Gobiernos españoles de turno se acostumbran a cumplir el trámite con una reunión informativa en la que escucha a los sindicatos y empresarios. Pero algo más que esto exige la OIT cuando, para la fijación de los salarios mínimos, su convenio 131 suscrito por el Gobierno español habla de que se consulte “exhaustivamente” con las organizaciones representativas de emprendedores y trabajadores interesadas.

Algo más parece que exige también la Comisión de Expertos de la OIT que espera que el gobierno se esfuerce en tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de sus familias y no únicamente los objetivos de política económica, a la hora de fijar los reajustes anuales del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional.

Existe, además, un Real Decreto Ley, el 3/2004, que habla de estas cosas y que establece que temas como la fijación  del Salario Mínimo deben ser aprobados en el marco del diálogo social.  Y el diálogo social no es derecho a información exclusivamente, sino derecho a propuesta, negociación y búsqueda de acuerdo.

Por eso CCOO y UGT presentamos una reclamación ante la OIT que exige el cumplimiento del convenio 131. Porque no basta informar. La fijación de un SMI que cubra las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, debe producirse tras un proceso de consultas exhaustivas con organizaciones sindicales y empresariales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ha visto obligado a recordar  al Gobierno de España que tiene obligación de garantizar un SMI que permita condiciones de existencia dignas que se ajusten al coste de la vida, tras constatar que el SMI en España no asegura un nivel de vida digno y decente.

Pero estas cosas, en España, son poco tenidas en cuenta por gobiernos que parecen pensar que, tras ser elegidos tienen barra libre para hacer las cosas de espaldas, incluso, a la sociedad, cuando no en contra de ella.

Antes, porque tenían una mayoría absoluta que parecía autorizar todo tipo de desmanes y ahora porque pactando, con unos o con otros, se sienten autorizados para despreciar el diálogo social y las recomendaciones, consideraciones y obligaciones derivadas de informes elaborados y convenios firmados en ámbitos internacionales, de las Naciones Unidas, hasta la OIT.

Mal íbamos, mal seguimos. Que no esperen silencio, ni resignación, ante tanto desprecio del diálogo social y olvido de las necesidades de la clase trabajadora. El 19 de febrero vamos a las calles a defender salarios dignos. Contra la carestía de la vida y contra la precariedad de nuestros empleos.

 

Francisco Javier López Martín


Decidnos cómo es Atocha

enero 19, 2017

abogados de atocha

He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 


El ejército de los escuderos privatizadores

septiembre 10, 2016

trabajador pobre

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín


EL DOS DE MAYO

mayo 1, 2013

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Llegamos al 1º de Mayo de 1808, día en el que el desfile de Murat y sus tropas francesas es acogido por la bronca y los silbidos del pueblo de Madrid. El 2 de Mayo, los franceses intentan sacar de Palacio al menor de los hijos de Carlos IV. Un grupo de madrileños intenta impedirlo, hasta que un batallón de la guardia dispara la artillería contra ellos. Esta refriega enciende toda la ciudad.

La población intenta bloquear los accesos a Madrid por la calle de Alcalá, hasta que son empujados por la caballería hacia la Puerta del Sol. Mal armados, los madrileños responden, con todo lo que tienen a mano, a las embestidas de las tropas de mamelucos egipcios, en una refriega que quedaría inmortalizada por Goya en la Carga de los Mamelucos.

Al final, los cañones impusieron su ley y, a los muertos de la revuelta popular, se suman de inmediato los ejecutados en el claustro de la iglesia del Buen Suceso. La venganza continúa durante la noche por toda la ciudad. Es también Goya, quien mejor ha retratado aquellos fusilamientos del 3 de Mayo.

El pintor, hasta ese momento, había realizado cartones para tapices, con escenas festivas y luminosas, en las que no deja de reflejar la realidad social, como en el Albañil Herido. También eran reconocidos sus retratos, en los que refleja cruelmente las bajezas y defectos de buena parte de la familia real -en los que solo se salvan los niños-, o de personajes ilustrados afines a sus ideas, como Jovellanos, escritores como Moratín, actrices como la Tirana, toreos como Pedro Romero, o las majas.

A partir del 2 de Mayo, Goya quedará marcado por la crueldad de la represión y los Desastres de la Guerra, las Pinturas Negras, los Caprichos y Disparates, que podemos admirar en el Prado, marcarán su trayectoria pictórica y reflejarán la amargura que se apodera de su carácter, acentuada por la tristeza y desesperanza del régimen absolutista impuesto por Fernando VII.

Huyendo de esa España, más negra que nunca, se refugia en Burdeos, donde antes de morir recupera la paz perdida y, a sus 80 años, se inicia en la técnica litográfica, recogiendo de nuevo escenas populares y festivas, como la serie de Toros de Burdeos, y nos lega una pequeña obra maestra como la Lechera de Burdeos, precursora del impresionismo.

Pocos pintores entendieron como él, plasmaron y sufrieron con tal intensidad, con tanta compasión, las alegrías y el dolor del pueblo madrileño.

Volvamos al 3 de Mayo. La campana del Buen Suceso tocó interminablemente a muerto. Los cadáveres fueron enterrados en los propios fosos de la iglesia, que fueron cegados. Paños negros cubrieron el lugar.

Bien se puede decir de Madrid, al igual que en la canción dedicada a Asturias, que ha tenido dos ocasiones de jugarse la vida en una partida y las dos se la jugó. El 2 de Mayo y el No Pasarán son mucho más que símbolos madrileños y forman parte de la cultura humana de la lucha por la libertad.

Francisco Javier López Martín