FPE (2) Las reformas impuestas no funcioanan

marzo 26, 2017

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín


FPE (I) Una historia de logros y fracasos

marzo 22, 2017

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín


Desorientación laboral

marzo 15, 2017

 

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín


El indicador de la política de la miseria (IPREM)

febrero 27, 2017
foto; Fran Lorente

foto; Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín


19-F Por un salario digno, contra el desprecio al trabajo

febrero 17, 2017

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La fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece que fuera una concesión administrativa de los Gobiernos de turno, o el fruto de un acuerdo entre dos partidos que  sumen la mayoría necesaria en un Parlamento. Es lo que ha ocurrido cuando, año tras año, un gobierno en mayoría absoluta ha aprobado congelaciones del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando, como en esta ocasión, un pacto PP-PSOE ha conducido a una subida del 8%, pero lejos de las propuestas de CCOO y UGT, obviando la participación de sindicatos y empresarios en el proceso.

Las miserables subidas de los últimos años han producido pérdidas del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 2,7 puntos y subidas de menos de 14 euros acumulables en los últimos cinco años y todo ello, en una España en la que más del 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Dirá el Gobierno, en su autocomplacencia infinita, que lo hace cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, que establece que es el Gobierno quien fija el SMI “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Los Gobiernos españoles de turno se acostumbran a cumplir el trámite con una reunión informativa en la que escucha a los sindicatos y empresarios. Pero algo más que esto exige la OIT cuando, para la fijación de los salarios mínimos, su convenio 131 suscrito por el Gobierno español habla de que se consulte “exhaustivamente” con las organizaciones representativas de emprendedores y trabajadores interesadas.

Algo más parece que exige también la Comisión de Expertos de la OIT que espera que el gobierno se esfuerce en tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de sus familias y no únicamente los objetivos de política económica, a la hora de fijar los reajustes anuales del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional.

Existe, además, un Real Decreto Ley, el 3/2004, que habla de estas cosas y que establece que temas como la fijación  del Salario Mínimo deben ser aprobados en el marco del diálogo social.  Y el diálogo social no es derecho a información exclusivamente, sino derecho a propuesta, negociación y búsqueda de acuerdo.

Por eso CCOO y UGT presentamos una reclamación ante la OIT que exige el cumplimiento del convenio 131. Porque no basta informar. La fijación de un SMI que cubra las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, debe producirse tras un proceso de consultas exhaustivas con organizaciones sindicales y empresariales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ha visto obligado a recordar  al Gobierno de España que tiene obligación de garantizar un SMI que permita condiciones de existencia dignas que se ajusten al coste de la vida, tras constatar que el SMI en España no asegura un nivel de vida digno y decente.

Pero estas cosas, en España, son poco tenidas en cuenta por gobiernos que parecen pensar que, tras ser elegidos tienen barra libre para hacer las cosas de espaldas, incluso, a la sociedad, cuando no en contra de ella.

Antes, porque tenían una mayoría absoluta que parecía autorizar todo tipo de desmanes y ahora porque pactando, con unos o con otros, se sienten autorizados para despreciar el diálogo social y las recomendaciones, consideraciones y obligaciones derivadas de informes elaborados y convenios firmados en ámbitos internacionales, de las Naciones Unidas, hasta la OIT.

Mal íbamos, mal seguimos. Que no esperen silencio, ni resignación, ante tanto desprecio del diálogo social y olvido de las necesidades de la clase trabajadora. El 19 de febrero vamos a las calles a defender salarios dignos. Contra la carestía de la vida y contra la precariedad de nuestros empleos.

 

Francisco Javier López Martín


El ejército de los escuderos privatizadores

septiembre 10, 2016

trabajador pobre

Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín


2015, NO SE ME OCURRE OTRA MANERA

enero 3, 2015

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Y ha llegado 2015, como el niño deseado por todos. El año en el que comenzará la recuperación económica y podremos permitirnos algunas limosnas de ingeniería social, recuperando un buen puñado de votos perdidos, piensan unos. El año en el que consolidaremos un nuevo líder y romperemos la mala racha que nos dejaron los inexistentes brotes verdes, piensan otros. El año en el que se hará realidad el fenómeno mediático, se prometen felices unos terceros, aunque para ello haya que retranquear las protuberancias programáticas y limar las aristas que asustan al público en general. El año en el que lo que era pequeño, será grande y, en muchos casos, llave inevitable para la gobernabilidad de Ayuntamientos, Comunidades y el mismísimo Estado que, por más estigmatizado que se encuentre, no deja de ser menos deseado y deseable.
Son los sueños de los políticos. Porque 2015 es un sueño que se libra en la cama de la política. Estamos ante un año electoral y todo sueño que se precie aspira al poder que emana de las urnas. Tiene su lógica. Es el momento de la política. Tal vez por eso muchos de cuantos han emergido, a lo largo estos años, desde las filas de una sociedad hastiada de los recortes, aplicados como indiscriminada receta para superar la crisis, recomponiendo los beneficios y procurando un nuevo reparto de la riqueza en favor de los más ricos, se preparan para intervenir en política. Tal vez porque son muchos y muchas, los que no quieren que la desigualdad y la libertad sean las víctimas propiciatorias de todo este montaje al que llaman crisis.
Muchos líderes surgidos de los movimientos sociales, algunos de ellos nacidos del descontento, la indignación y el hartazgo de una política endogámica, cargada de vicios y acostumbrada a un devenir que poco o nada tiene que ver con el del común de los mortales, se presentarán al concurso político, junto a otros que esperaban su momento, recluidos en universidades, o en tareas profesionales. Se han sentido llamados a participar en la regeneración de una forma de entender la política que muestra signos evidentes de agotamiento, tras 35 años de trayectoria democrática y que acusa los golpes de una crisis económica, social y política con pocos precedentes.
No es malo que la política renueve sus caras, e incorpore gentes venidas de otros espacios. Muy al contrario, parece saludable la permeabilidad entre la cosa política y la marea de una sociedad en constante transformación. No es un mero asunto de renovación generacional, porque muchos de los nuevos actores políticos llevan toda su vida, más corta o más larga, interviniendo como actores sociales. Eran jóvenes concejales, asesores políticos, dirigentes de organizaciones sociales, líderes estudiantiles, profesionales con larga trayectoria, profesores de universidad, dirigentes sindicales.
Tampoco me parece que se trate, tan sólo, de poner en marcha una nueva política, aunque sí de aplicar nuevas formas de hacer política. Los nuevos órganos de dirección que surgen de los procesos de renovación en las fuerzas políticas tradicionales, o en los nuevos fenómenos políticos, no parecen especialmente preocupados por integrar la diversidad y la pluralidad de la sociedad que les nutre. Las direcciones que se configuran suelen ser monolíticas y abundan los llamamientos a los perdedores, para que se aparten a un lado, cuando no a que se vayan, en el caso de no compartir el proyecto ganador.
Hasta las primarias dejan muy poco margen a otra renovación que no sea la de las caras que figurarán en la cartelería electoral. No es poco, pero tampoco mucho, cuando comprobamos que parecen ser los aparatos internos, de uno u otro signo, más viejos o más nuevos, los que terminan imponiéndose a la hora de elegir no sólo al líder, al cabeza de turco en el caso de una derrota en las urnas, sino en la decisión sobre el resto de la lista electoral. Haz tu la ley y déjame los reglamentos, cuentan que decía Romanones.
Bien, en todo caso, por la renovación de personas, bien por la incorporación de jóvenes, bien por el ensayo de nuevas formas de hacer política que permitan más transparencia y participación. Sobre todo si consiguen establecer los controles y cortafuegos necesarios para acabar con la corrupción instalada en el centro de las instituciones.
Pero ni todo lo pasado fue malo, ni todos los políticos fueron corruptos, ni todo lo nuevo será bueno y mejor. Pensar lo contrario supondría que diéramos por bueno a Lampedusa y su famoso eslogan “revolucionario”, Que todo cambie para que todo siga igual. Y no parece que sea eso lo que necesitamos como país y como sociedad.
Por eso creo que, aunque vivamos tiempos de política electoral, conviene fijar la atención en algunas de las raíces del problema que tenemos. La crisis española tiene componentes propios y hunde sus raíces en vicios que tienen que ver con un modelo de crecimiento poco sano, por no decir enfermizo. La alianza entre sectores inmobiliarios, financieros y políticos ha creado y mantenido, durante décadas, un espejismo de crecimiento con escasa base productiva y poco interés por la innovación, la investigación, la industria, la calidad de nuestros productos y servicios.
Pero además, la sociedad ha perdido protagonismo, interlocución, influencia en la política. Basta comprobar cómo dos huelgas generales y manifestaciones masivas contra las reformas y recortes laborales han sido ninguneadas sistemáticamente. Basta comprobar cómo protestas ciudadanas contra las políticas de recortes aplicadas en la educación, la sanidad, los servicios sociales, no surten efecto político alguno, salvo que se acerque un periodo electoral.
No se trata sólo de que las manifestaciones sean masivas, sino que no obtienen lectura alguna por parte de una política entregada a la autocomplacencia del gobierno de turno. Al principio parece que no pasa nada por proceder de esta manera, pero, mas temprano que tarde, comienzan a aparecer la incertidumbre, el desapego, la indignación y el rechazo, ante una política y unos políticos que no han entendido que son elegidos como representantes, que no como dictadores cuatrienales y que tienen la obligación de gobernar desde el diálogo permanente con la sociedad.
No es un problema constitucional, porque es nuestra Constitución la que asigna a los partidos políticos un papel vertebrador de la voluntad política y a los empresarios y sindicatos, a las organizaciones sociales, el de representar los intereses que les son propios. Es nuestra Constitución la que establece la obligatoriedad de los poderes públicos de asegurar la participación social en la política.
Solemos pensar que elegimos a alguien para gobernar y si lo hace mal lo cambiamos. Parece una fórmula sencilla y hasta útil, pero no lo es y además es nefasta. La política, como cualquier tarea humana que afecta a nuestras vidas, es tan importante para las personas, que no puede dejarse en manos exclusivas de los políticos.
Estamos ya en 2015. Se avecinan importantes citas políticas. Hay quienes anuncian grandes cambios de todo tipo. Esperemos que esos cambios no consistan en consolidar las injusticias perpetradas durante y en nombre del combate contra la crisis. Esperemos que los derechos usurpados sean restituidos y no pasen a formar parte del inventario de los beneficios de los ganadores de la crisis. Esperemos que tanto cambio no se ventile con un nuevo pacto entre la política y la economía, tras el que pervivan los problemas de fondo y todo quede reducido a un cambio de apariencias. Ya se sabe que las apariencia engañan.
Esperemos que esos cambios que se anuncian y avecinan, aseguren que el futuro de este país se asiente sobre bases económicas, educativas y sociales más sólidas y que esas bases vayan impregnadas de una cultura de la convivencia, que tenga que ver más con la honestidad y la dignidad, que con el pelotazo y el todo vale. Una cultura de la libertad, la igualdad y la solidaridad.
Y para que esto sea así no basta esperar a que las cosas ocurran. No basta elegir nuevos gobernantes. Será necesario algo más que manifestarse en las calles y protestar con ahínco renovado. Necesitamos construir una sociedad vertebrada y organizada que hable de tu a tu a la política. Que defienda sus intereses en la calle y en la propuesta creíble y realizable. Que desarrolle y consolide el Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución.
Necesitamos una sociedad que dialogue con el poder político y unos políticos que desarrollen su capacidad de mirar, escuchar y dialogar con la sociedad. El acuerdo entre los representantes de la sociedad y aquellos que son elegidos por la ciudadanía para gobernar un país, una comunidad autónoma, no debería ser algo excepcional, sino el pan nuestro de cada día.
Por eso, en estas primeras horas de 2015, no se me ocurre otra manera que ser sindicalista. No digo con ello que todos tengan que serlo, aunque no sería malo que quienes trabajan, o han trabajado, o se encuentran en el paro, se agrupasen en sindicatos para defender los valores y los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.
No niego que haya en la sociedad tareas tan dignas como ésta de ser sindicalista. Muy al contrario, creo que ha llegado precisamente el momento de que cada cual se enfrente al deber y la responsabilidad, puesto que la libertad es el ejercicio de una responsabilidad, de hacer bien aquello para lo que se encuentre más preparado. Ya sea la ciencia, la cultura, la albañilería, el comercio, la producción industrial, la enseñanza, la sanidad, o cualquier otra tarea humana.
Hablo, por lo tanto, en primera persona y a título personal. No se me ocurre otra manera que defender a los compañeros y compañeras de @cocacolaenlucha. A cuantos son perseguidos por ejercer su derecho a la huelga y la manifestación. A esas mujeres que combaten sin descanso por la dignidad de su trabajo, en las grandes superficies y cadenas comerciales, en la ayuda a domicilio, en la limpieza de edificios y locales, en los comedores escolares y de empresa. A cuantos ven amenazado su empleo, a quienes lo han perdido, a quienes nunca lo han tenido. A esas personas golpeadas por la crisis a las que se les niega el futuro.
En 2015, en esta España cargada de demonios, No se me ocurre otra manera que seguir en pie de guerra, en la lucha sindical. En mi caso, en las CCOO. Por lo demás, Feliz Año, a todas y todos.
Francisco Javier López Martín