Formación, tenemos un problema

noviembre 5, 2017

Los medios de comunicación se hacen eco de que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han iniciado una ronda de encuentros con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para presentar una propuesta de Ley de Formación, a la que han denominado de Formación Profesional en el Trabajo, con la cual pretenden reemplazar la actual Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

El intento merece un comentario y tiene su aquel. Es verdad que la Ley actual fue remitida hace dos años por el gobierno al Congreso y fue aprobada con un nivel de consenso que no se corresponde con el alto grado de incumplimiento de sus objetivos que luego ha demostrado, traicionando todas y cada una de las expectativas creadas y promesas públicas realizadas para justificar aquella reforma impuesta de la formación, que no contó con el acuerdo de empresarios y sindicatos.

De hecho, la única convocatoria estatal de formación que se ha puesto en marcha tras la aprobación de la ley, se ha dilatado en el tiempo para su resolución y se ha visto acompañada por el escándalo. Ha demostrado que los males perviven, que la libre concurrencia desordenada de “expertos” en la captación de subvenciones ha convertido la formación en un pantano ingobernable. Ha vuelto a poner de relieve que merecería la pena afrontar, sin tardanza, la negociación de un pacto político y social en torno a la Formación Profesional de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

No es mala idea, me parece, proponer una nueva Ley. Sólo que eso debería ser el resultado de una negociación previa para no sustituir la imposición del gobierno por la imposición de otra de las partes en conflicto. Dirán los responsables empresariales que otros pueden presentar sus propuestas y, ya si eso, luego las compaginamos.

Pero hubiera sido mejor que los sectores empresariales hubieran negociado con los sindicatos, para luego dirigirse al gobierno y a los partidos políticos con una propuesta conjunta. Nos ahorraríamos tiempo y estériles debates. Un problema de método, dirán entonces, pero es que el método en política es muy importante. Que se lo pregunten a un tal Carles.

Claro que, si lo hubieran hecho así, los sindicalistas les podrían haber espetado que, “ya puestos, por qué hablar sólo de la formación, que os trae por la calle de la amargura, y no de salarios, jornadas de trabajo, combate contra la precariedad, de Salario Mínimo Interprofesional, salud laboral, o de contratos decentes… De la negociación colectiva, vaya”. Y, claro, eso no.

El motivo es que la cúpula empresarial considera que lo primero para los empresarios debe ser “recuperar los altos beneficios empresariales y, cuando nos hayamos hartado, ya caerán las migajas de la mesa, casi por sí mismas, por hartazgo, por hastío, hacia las bocas de los trabajadores, aunque sea en forma de salarios de miseria y empleos precarios. La modernidad es eso. El futuro es así, inevitablemente”.

Han preferido, de nuevo, ir a lo suyo. El propio nombre que han elegido para la ley lo deja claro: Formación Profesional en el Trabajo, frente a Formación Profesional para el Empleo. Dicho de otra manera, las organizaciones empresariales plantean utilizar los recursos de la cuota de formación para formar a quienes ya tienen trabajo y, exclusivamente, en función de las necesidades de la empresa. Incluso los parados que, cuando tenían empleo, habían cotizado a la seguridad social, serían objetivo residual de esta ley. Y eso no es justo. Y lo saben.

Saben que vivimos en una sociedad de alto paro estructural, a causa de un tejido productivo que aporta muy poco valor añadido y que obtiene beneficios para los empresarios a costa de salarios bajos y de una rotación permanente de los trabajadores.

En estas condiciones, salvo unas pocas grandes y medianas empresas que invierten en cualificación de sus trabajadores y trabajadoras, el resto de la formación tiende a convertirse, casi exclusivamente, en una forma de retorno de las cotizaciones de formación, utilizando para ello las bonificaciones empresariales, a cambio de facturar algunos cursillos de formación. O en un requisito molesto, pero fácilmente sorteable y hasta eludible, cuando realizas un contrato laboral que incorpora compromisos de formación a cambio de pagar menos cotizaciones a la Seguridad Social. Basta ponerte en manos de “buenos” asesores de formación y puede que no tengas ni que hacer formación. O como mucho una cosita a distancia.

Se olvidan, además, de que la formación, a lo largo de toda la vida, es un derecho de la persona y una necesidad para el futuro de las empresas. La formación mejora la posibilidad de encontrar empleo, de promocionar, de cambiar de categoría profesional, puesto de trabajo, empresa, o de profesión.

La formación es el mejor capital de los trabajadores. El trabajo y nuestra formación es aquello con lo que contamos, casi lo único con lo que contamos, para abrirnos camino en la vida, atender las necesidades familiares, obtener derechos futuros a una pensión, o una prestación por desempleo.

Es incomprensible que, cuando los organismos europeos y las experiencias sobre mejores prácticas en materia de formación, aconsejan que los procesos y planes de formación de los trabajadores y trabajadoras sean fruto de la negociación entre empresarios y trabajadores, en el marco de la empresa y a niveles sectoriales, la CEOE y la CEPYME sigan considerando que la formación es competencia exclusiva del empresario y que los trabajadores y trabajadoras no tienen nada que decir al respecto, salvo ser informados.

El gobierno, con su ley, ha destrozado el sistema de formación para el empleo. Los empresarios, con su propuesta de Ley, ofrecen la exótica solución de establecer una dictadura del empresariado sobre la formación de los trabajadores y trabajadoras. Sin participación alguna, por lo tanto, de quienes tienen necesidad de  formarse y deberían tener mucho que decir sobre en qué formarse y cómo hacerlo.

Vivimos un tiempo en el que el cómo es tan importante como el qué. Y en este caso, las propuestas de una de las partes (las organizaciones empresariales), son formuladas unilateralmente, de forma egocéntrica y, además, lo hacen sin tomar en cuenta las necesidades, los intereses y las preocupaciones de los demás actores de la formación en nuestro país, ya sean sindicatos, o administraciones.

Comenzar la casa por el tejado es lo que tiene. Te ves obligado a cubrir aguas y poner la bandera, antes de que los muros y sus cimientos hayan sido construidos, consolidados y reforzados, de forma que sean capaces de sostener un entramado tan complejo. Aunque la intención inicial fuera buena, ni el cómo, ni el qué, hacen posible aceptar esta propuesta empresarial como animal de compañía.

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Acoso a artistas

noviembre 5, 2017

Hace poco leí una noticia en los medios de comunicación sobre las denuncias de algunas grandes actrices estadounidenses contra el superproductor Harvey Weinstein por acoso sexual. Todo un escándalo de agresiones que ha destapado uno de los inframundos sustentan el suelo sobre el que se construyen los escenarios y platós de la industria cinematográfica.

Al parecer, el miedo a no trabajar y ver arruinadas sus carreras profesionales ha permitido que el silencio imperase durante mucho tiempo en torno a un escándalo que era ampliamente conocido, pero no publicitado fuera del inframundo en cuestión.

Un suplemento periodístico dedicado a la mujer ha decidido preguntar a unas cuantas actrices españolas, para saber si la situación en España era la misma. Para ello se ha dirigido a algunas actrices conocidas, como Aitana Sánchez-Gijón, Carla Hidalgo, Ana Gracia, o María Valdivieso.

La respuesta generalizada ha sido que nuestro país no es muy diferente del Imperio en estas cuestiones de acosos sexuales, amenazas y chantajes para obtener un papel. O eso, o no hay trabajo que valga. No todo es así, evidentemente, pero hay ejemplos notorios y silenciados.

He recordado que un amigo mío contaba que su incipiente y casi non nata carrera musical, se vio malograda, merced a una negativa dirigida a un conocido crítico musical y comentarista en los medios. Mis amigos de la Unión de Actores me han referido, no pocas veces, que en una profesión tan desregulada, precaria, temporal y caprichosa como ésta, no faltan abusos, atropellos y arbitrariedades. No importa cuán cualificado te encuentres. Tus oportunidades poco tienen que ver con ello.

Tengo dos hijas que se dedican a este mundillo y, a través de su experiencia, puedo comprobar cada día lo difícil que es abrirse camino en esta profesión. Hay países europeos, conozco el caso de Bélgica, que conceden un Estatuto del Artista a quienes demuestran cada año que esa es su forma de vida principal.

Ese “status” no se regala, sino que se concede cuando se demuestra objetivamente la condición de artista. Permite acceder al desempleo cuando no se trabaja y dejar de cobrarlo cuando se producen ingresos por la actividad artística, o facilita el acceso a asesoramiento y ayuda en los temas más complejos para un artista, como contratación, facturación, o declaración de impuestos.

Pero claro, Bélgica es un país avanzado, aún con crisis y recortes, al que le preocupa seguir siendo referente cultural en Europa y en el mundo. De hecho conozco artistas españoles que actúan por Europa, con ayuda de la Embajada Española, la marca España y hasta el Instituto Cervantes, mientras que aquí no consiguen abrirse camino de forma alguna. Nuestra juventud sabe que para trabajar hay que probar suerte del lado de allá de las fronteras.

Y no es un problema de derechas o izquierdas, porque esas definiciones, en muchas ocasiones y desgraciadamente,  parecen ser tan sólo los apellidos que identifican a los caciques del lugar, elegidos, cooptados por el partido, o de carrera. La dedocracia, el amiguismo, el enchufismo, siguen siendo prácticas comunes, frecuentes y “admitidas” como animal de compañía en demasiados departamentos administrativos.

No hace mucho tiempo, paseaba por unas fiestas de barrio, amenizadas por un nutrido grupo musical. Me saludó la presidenta de la Asociación de Vecinos, que compartía mesa en la terraza de un bar, con el concejal del distrito. Comenté algo sobre la calidad de la música y la respuesta inmediata y satisfecha de aquella buena mujer fue que el grupo actuaba sin cobrar un duro.

Quizá sonó descortés mi respuesta, cuando le dije que quienes limpiasen la plaza, las calles y el parque, tras la fiesta, seguro que cobrarían un salario. Y que quienes ponían el escenario y las luces, mal que bien, también pasarían factura. En cuanto a los del bar, cobrarían las cañas y raciones servidas.

Pero en España la cultura es otro mundo. Tiene valor aleatorio y no tiene precio. Si te lo montas bien, te contrataré de vez en cuando y si, también de vez en cuando, me lo haces por la jeta. Las vidas de nuestros músicos y gentes de la escena, no son muy distintas de la que transitaron sus antecesores medievales y hasta nuestros días. En España hay cosas que nunca cambian. El acoso a los artistas y el desprecio a su trabajo, tampoco.


FPE (5): Las grandes deficiencias del sistema

mayo 5, 2017

 

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Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.

Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.

Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.

En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión,  comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.

Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.

Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.

Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.

Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.

Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.

La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO


LA FORMACION PARA EL EMPLEO TIENE ARREGLO

enero 17, 2014

Formacion

Conocer los problemas que aquejan a la Formación Profesional para el Empleo es tan sólo el primer, aunque necesario, paso para abordar las transformaciones, los cambios y las soluciones. Porque no basta conocer la realidad, es preciso mancharse las manos y transformarla.

Abundan los análisis. Hasta yo, recientemente, presenté una aproximación a los problemas de eso que hemos dado en denominar subsistema de formación para el empleo. Sin embargo, cuando hablamos de soluciones, nos adentramos en el complejo campo de los intereses creados.

Las denominadas “entidades organizadoras”, eufemismo que sirve para definir las empresas de formación creadas al calor de la ejecución de los programas de formación para el empleo, plantean que quieren estar en los organismos donde se decide el reparto de los recursos. Otros sectores empresariales plantean que el dinero de la cuota de formación lo ponen las empresas y debe volver a las empresas para ser gestionado directamente por ellas.  Algunos proponen que sean los grandes sectores empresariales y los sindicatos presentes en cada sector, los que gestionen la parte de la cuota que les corresponde, teniendo en cuenta que hay experiencias que vienen funcionando así en determinados sectores.

Hay quien plantea que la cuota la pagan empresas y trabajadores y no debe dedicarse a formar a personas desempleadas. Otros quieren expulsar a las Comunidades Autónomas del subsistema. Y no falta quien quiera expulsar a los empresarios y los sindicatos de la formación, para hincarle el diente a los 1860 millones de euros recaudados en concepto de cuota.

La Formación Profesional para el Empleo sufre, como podemos comprobar, los mismos males que la sociedad española. A perro flaco todo son pulgas y cuando los recursos escasean, quien más quien menos, quiere  decidir el destino de esos recursos menguantes. Al final, podemos satisfacer a unos y defraudar a otros, alcanzar componendas que tan sólo retrasen el encontronazo final, o negociar soluciones que permitan resolver los problemas y cumplir el objetivo para el que fue creado el subsistema de formación profesional para el empleo, buscando el punto de encuentro que permita que cada uno encuentre su espacio, el más adecuado para aportar aquello que mejor sabe hacer.

Y no basta un nuevo acuerdo de formación para el empleo como los cuatro anteriores que se firmaron y que dieron sus frutos en un país en crecimiento. No volverán aquellos tiempos. No habrá pelotazos, ni oportunidades flotando en nuevas burbujas. Sólo habrá esfuerzo, trabajo, construcción colectiva de una nueva realidad. De nosotros y nosotras dependerá que esa realidad se encuentre al servicio del desarrollo humano, o de intereses privados, alejados de la igualdad y la justicia social.

Creo, para empezar, que sería razonable que el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo contase con un organismo estatal participado por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, los empresarios y los sindicatos. Lo de menos es el nombre (Fundación, Agencia, Instituto…). El modelo podría ser el de la actual Fundación Tripartita, con presencia de las Comunidades Autónomas y con competencias sobre el conjunto de la cuota de formación, a los que habría que sumar los recursos procedentes de Presupuestos Generales del Estado para formación vinculada a políticas activas de empleo.

Creo que el objetivo de este instrumento debe ser asegurar el ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo, ya sea para encontrar un puesto de trabajo, para cambiar de empleo, o para promocionar en su carrera profesional. Para ello, debería contar con competencias para detectar necesidades formativas, planificar la formación, gestionar los recursos, controlar y evaluar los procesos formativos, partiendo de la negociación colectiva, de la libre elección de los trabajadores y trabajadoras de sus itinerarios formativos y de la correcta articulación y necesaria cooperación entre las administraciones para asegurar el derecho a la formación.

La eficacia y la eficiencia, la transparencia, la libre concurrencia, la evaluación permanente y la adaptación a las necesidades personales y de los sectores productivos, deberían formar parte de los principios rectores del nuevo modelo.

Para poder hacer realidad este nuevo modelo habría que acordar una serie de medidas que actuasen en la corrección de los actuales  problemas. En primer lugar, asegurar la cooperación entre Educación y Empleo, que permita poner al servicio de este objetivo todos los recursos existentes, incluidos los centros públicos de formación profesional, las Universidades y los centros de formación de personas adultas.

En segundo lugar, definir las competencias de las diferentes Administraciones, teniendo en cuenta que más de 1.000 millones de euros de la cuota van a las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha declarado de forma insistente que el actual sistema se ajusta a la Constitución. Al igual que los organismos estatales y la propia Fundación Tripartita. La capacidad de las Comunidades Autónomas en la ejecución de los recursos, de acuerdo con la normativa estatal, debería asegurar también la existencia de sistemas integrados de información y orientación laboral, para facilitar la mejora de la cualificación, a través de la formación y el reconocimiento de la  experiencia profesional. Dicho de otra manera, no contamos en estos momentos, tan siquiera, con una base de datos fiable sobre la formación ejecutada por las Comunidades Autónomas con fondos de la cuota. No existe un registro de la formación adquirida por cada trabajador o trabajadora a lo largo de su vida laboral.

Con respecto a los cerca de 600 millones que van a bonificaciones de la formación realizada directamente por las empresas, hay que recordar que este tipo de sistemas facilita si no el fraude, sí las irregularidades. Pese a la obligación de informar sobre los planes de formación bonificada a la Representación Legal de los Trabajadores, que no siempre se cumple, con un tejido empresarial compuesto por PYMES y la mayoría de las veces MICROPYMES, donde no hay elecciones sindicales, ni representante legal de los trabajadores y trabajadoras, el campo queda abonado para miles de consultoras y empresas formativas, que patean esas micropymes ofertando bonificaciones.

El resultado es una formación generalista, cuyo objetivo es bonificarse lo pagado en cuota de formación y no tanto mejorar la cualificación de unos trabajadores y trabajadoras cada vez más temporales y precarios. En otros casos, es utilizada para formar a los altos ejecutivos, a cargo de empresas, a veces vinculadas a medios de comunicación, que organizan cursos, eventos, saraos en hoteles para altos ejecutivos y preparan los papeles para obtener la bonificación correspondiente.

La existencia de un registro de centros públicos y privados donde poder formarse en las condiciones adecuadas y la vinculación de la formación bonificada con las necesidades sectoriales trazadas por empresarios y sindicatos en la negociación colectiva, podría contribuir a determinar qué formación es bonificable en un sector, pero no lo es en otro y quién puede ejecutar y certificar esa formación.

Hay más elementos a tomar en cuenta, pero creo que bastaría culminar planteando la necesidad de un modelo de formación para el empleo muy vinculado a la negociación colectiva de los sectores y grandes empresas para determinar las necesidades reales. Un modelo en el que participen las Administraciones y los actores sociales del empleo ( empresarios y sindicatos). Un modelo articulado en todos sus niveles y bien conectado con el sistema educativo. Un modelo que asegure el ejercicio del derecho individual a la formación, la movilidad, la libre circulación y la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras. Un modelo eficaz, eficiente, transparente y evaluable de forma permanente, porque los cambios se producen muy rápido y es necesario adaptar la formación a los mismos.

Creo que trenzar una cuerda con estos mimbres no debería ser tarea difícil en un país de gente sensata. El problema es que entre la crisis y los intereses creados, la voluntad política escasea y dejar pasar el tiempo para ver si escampa es una tentación demasiado fuerte. Bastante tenemos con Gallardón y su aborto de ley, con Wert y su chulería educativa, o con el pelotazo sanitario cada día más ilegal. Bastante tenemos con la corrupción. Con una Cataluña que amenaza con irse, un País Vasco que considera bloqueado el proceso de paz y una sociedad fracturada, individualizada y dividida, que empieza a romper las costuras del traje constitucional construido en las últimas décadas.

Por eso, una y otra vez, se anuncian para mañana unos V Acuerdos de Formación, o una reforma del subsistema, o un nuevo modelo de formación para el empleo. Luego pasan semanas y meses y años y nada sigue igual, porque todo va a peor cuando no se solucionan las cosas.

Alguien tiene que dar un paso adelante. Cuando el Secretario General de CCOO manifiesta que no tenemos ningún problema en dejar de ejecutar formación, está planteando que no es un objetivo, del modelo futuro de formación, que seamos empresarios y sindicatos quienes impartimos, o no, cursos de formación. Deberán ser los centros registrados y acreditados, sean públicos o privados, de instituciones o de empresas, de organizaciones empresariales o sindicales, o creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, los que realizan esos cursos. Ejecutar formación no es la prioridad, ni puede convertirse en el debate principal sobre el futuro del sistema de formación profesional para el empleo.

Pero, de igual manera, conviene dejar claro que los recursos con los que cuenta la Formación Profesional para el Empleo proceden de las empresas y de sus trabajadores.  Por eso, ni los empresarios, ni los sindicatos, vamos a renunciar a participar en el gobierno de la formación que se realiza con esos recursos. El diseño, la planificación, la dirección, la gestión, la evaluación permanente.

Abordar este reto es urgente, entre otras cosas porque la mejor inversión que podemos hacer, mientras dure la crisis, es la formación de eso que unos denominan capital humano de un país y otros preferimos definir como formación de las personas, derecho a la educación durante toda la vida.

Construir una sociedad democrática exige personas cualificadas profesionalmente, pero también con una cultura de la participación y del diálogo a prueba de bombas. Necesitamos excelentes profesionales, pero también empresarios, sindicalistas, políticos, ciudadanos y ciudadanas sensatos, honestos, trabajadores. Mujeres y hombres capaces de hacernos sentir que la defensa de los intereses individuales, o los de un colectivo, son y deben ser siempre compatibles con los intereses generales. Que hagan posible que nos sintamos parte de un proyecto compartido de convivencia entre libres e iguales.

Esas gentes que el país necesita no se fraguan en un día, sino en procesos de formación largos, que no se agotan en un cursillo, ni en una carrera universitaria, ni en un puesto de trabajo en una empresa. Son procesos de formación profesional y en valores del trabajo, en los que toda la sociedad, desde la familia hasta los partidos políticos, desde el colegio hasta la empresa, desde el sindicato hasta los gobiernos, debemos estar firmemente comprometidos. No va a ser fácil, pero tiene que ser.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO